Lo hizo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que advierte que pudo constatar “heridos producto del excesivo y desproporcionado uso de gases irritantes, tonfas, golpes de puño, patadas y escudos. (…) La mayoría de los heridos resultaron de la utilización de gases irritantes y golpes propinados por los efectivos”. Es en referencia a la movilización del pasado 28 de agosto en contra del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria y por los recortes en el suministro gratuito de medicamentos a través del PAMI.
“Solicitamos se abra una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades de quienes determinaron y ordenaron las acciones denunciadas, las cuales resultan contrarias de forma manifiesta a las garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, a los fines de que se dispongan las medidas necesarias a efectos de determinar responsabilidades penales de los funcionario públicos involucrados y se evalúen dictar las medidas de prevención que la magistratura considere pertinente”, afirman desde la CPM en la presentación, cuya causa quedó radicada ante el juzgado federal N°1, a cargo de María Servini, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.
En su denuncia, el organismo alerta que efectivos policiales “ejercieron de forma desproporcionada, irracional y abusiva la fuerza a través de las denominadas armas no letales”.
“Consideramos que las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar policial, que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas. Este deber implica la protección de los derechos y garantías fundamentales de las personas, en particular los establecidos en la Constituciones Nacional y en las Declaraciones, Convenciones, Tratados y Pactos Internacionales”, agregan.
La CPM relevó que además de jubilados y otras personas que se manifestaban, resultaron víctimas de la represión “periodistas y fotógrafos que estaban trabajando, provocando lesiones en la visión y en la piel”
Finalmente la CPM exige el esclarecimiento total de los hechos porque “en aquellos casos en que el Estado está directamente implicado, la investigación y resolución del mismo debe ser aún más rigurosa y precisa. (…) Por la gravedad de los hechos y la participación de funcionarios públicos como autores esenciales, se requiere el cumplimiento de principios fundamentales que deberán orientar todo el curso de la investigación. Estos son: competencia, imparcialidad, independencia, prontitud y minuciosidad”.