Bainbridge Fund inició un reclamo ante la jueza estadounidense Loretta Preska, quien en varias oportunidades falló contra la Argentina, para que libere datos sobre el destino de los lingotes. Especialistas y dirigentes de la oposición habían alertado sobre posibles embargos.
Recién luego de que el gremio presentara un pedido de informes sobre las primeras partidas -el 7 y el 28 de junio pasado-, Luis Caputo decidió abandonar el hermetismo y reconoció que el Gobierno sacó del país las reservas en oro del Banco Central.
En su defensa, el ministro declaró que se trataba de “una movida muy positiva, porque hoy tenés oro en el BCRA que es como si tuvieras un inmueble adentro que no se puede usar para nada. Si lo tenés afuera podes obtener retornos”.
Sin embargo, ni “Toto” ni su compañero de colegio del Colegio Cardenal Newman y actual presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili dieron una respuesta al pedido de información pública sobre “qué cantidad, por qué monto y en qué moneda, bajo qué características comerciales o de otra índole y a qué destino”.
Ahora, a casi dos meses y medio de destapado el asunto, se confirma el temor que por entonces plantearon varios especialistas y dirigentes opositores: un embargo del metal precioso nacional, pero en tierra y jurisdicción extranjera.
En las últimas horas un fondo buitre inició un nuevo reclamo a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, para que obligue a la Argentina a liberar datos sobre el destino de los -según se especula, dado que el Ejecutivo evita dar detalles- US$ 4.800 millones en lingotes.
Se trata de Bainbridge Fund, un holdout radicado en el paraíso fiscal de Bahamas, quien desde 2006 mantiene un reclamo US$ 95,8 millones por los bonos impagos de la deuda argentina que no ingresaron a los canjes de deuda luego del default en 2001.
En 2003, el mismo fondo logró un fallo a su favor contra nuestro país, también dictado por la misma magistrada estadounidense.
A mediados de agosto, las imágenes de camiones de caudales del Banco Central sobre Autopista Riccheri en dirección a Ezeiza no sólo generaron indignación en redes sociales. También alertaron a los conocedores del derechos internacional, que anticipaban los riesgos sobre futuros embargos a bienes nacionales que puedan resultar en jurisdicciones extranjeras, como el que hace más de una década recayó sobre la Fragata Libertad.
Hoy aquella advertencia suena a profecía autocumplida. Y la maniobra de Caputo y compañía, algo más que torpeza o ignorancia.