Según informaron los ediles, la normativa tiene como principal objetivo resguardar el acuífero Pampa del Chañar y toda la zona de escurrimiento, captura hídrica y su área de influencia.
El 2 de septiembre pasado el Concejo Deliberante del departamento de Jáchal, por unanimidad, declaró a la Cuenca Hídrica de Pampa del Chañar como “Área Protegida Municipal de Interés Ambiental y Público”.
Prohibiendo así la actividad minera y cualquier otra que pueda generar modificaciones en el acuífero que es la única reserva de agua dulce destinada al consumo humano para la mayor parte del departamento de Jáchal. Según informaron los ediles, la normativa tiene como principal objetivo resguardar el acuífero Pampa del Chañar y toda la zona de escurrimiento, captura hídrica y su área de influencia.
El 27 de noviembre el intendente de Jáchal Matías Espejo anuló esta normativa argumentando que la ordenanza excede competencias municipales y carece de respaldo legal. Según explicó su asesora letrada, la gestión de los recursos hídricos es una atribución exclusiva de la Provincia, conforme lo estipula la Constitución nacional y las leyes provinciales. Además, cuestionaron la ausencia de estudios científicos que respaldaran la declaración de la cuenca como área protegida.
En ese sentido, Sonia Araya, concejal de la ciudad, explicó que todo el cuerpo de concejales elaboró una ordenanza para proteger el acuífero de Pampa del Chañar: “Buscamos todo el asesoramiento legal, nos basamos en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, en la Ley general del ambiente, eso fue aprobado en el concejo deliberante”.
El viernes 29 de noviembre, la Plaza General San Martín de Jáchal fue el escenario de una movilización convocada por la Asamblea Jáchal No se Toca. Decenas de vecinos se reunieron para defender la Ordenanza N° 3172, que declaró como “área protegida municipal” a Pampa del Chañar, donde se encuentra el único acuífero de agua dulce del departamento.
El micrófono estuvo abierto donde los vecinos expresaron su preocupación . Entre las acciones acordadas, decidieron organizar reuniones semanales en la plaza cada viernes, aumentar la participación ciudadana y convocar a los concejales a una asamblea pública para que manifiesten su posición sobre la ordenanza.