Será el lunes 3 de marzo en una audiencia pedida por el CELS, CAREF y SMJ en la que se informará a la Comisión sobre los impactos negativos que tuvieron las medidas tomadas por el gobierno que afectan a las políticas de asilo y ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas que necesitan refugio.
En los últimos meses el gobierno de Javier Milei modificó la ley que protege a las personas refugiadas y cambió principios fundamentales que impiden cuidar a quienes piden asilo, como la no devolución y la confidencialidad.
En este contexto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre la situación de riesgo para la protección de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Argentina.
La audiencia se realizará el lunes 3 de marzo a las 11 (hora de Argentina) y se podrá asistir vía Zoom con registro previo en https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_gDThCYZ0Tg-Zz0u2B2nbXg#/registration
“Las modificaciones implementadas por el gobierno a través del DNU 942 impactan en los criterios para que una persona sea o no reconocida como refugiada”, apuntaron desde el CELS. “A su vez, amenazan los principios de no devolución y el de confidencialidad, fundamentales para refugiados y solicitantes de asilo”.
En el caso del primero, una persona podría ser enviada a su país, donde podría correr riesgo de vida, por la simple sospecha de que está asociada a un delito vinculado con el terrorismo. Teniendo en cuenta que en la región esta categoría suele utilizarse como excusa para la persecución política, “lo que propone el Estado es dejar en mayor vulnerabilidad a las personas refugiadas”, señalaron desde el organismo, clarificando las consecuencias de las políticas del gobierno de ultraderecha de Javier Milei.
“De igual manera, si se viola la confidencialidad y se difunde información crítica sobre las personas refugiadas en Argentina se las puede poner en peligro, alertando a quienes las persiguen de dónde se encuentran”.
Además del planteo sobre la normativa, el objetivo es que la Comisión esté informada sobre los discursos con los que el gobierno justifica estas políticas, aseguraron desde el CELS: “La estigmatización y la violación del derecho al secreto de las personas refugiadas forman parte del discurso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”.