La UOM y los empresarios temen por la caída del empleo y la producción. Sturzenegger afirmó que habrá más trabajo. Preocupación del gobierno fueguino.
Por Alejandro Di Biasi.
La decisión del gobierno de eliminar los aranceles para la importación de teléfonos celulares disparó la reacción de funcionarios, un gobernador, empresarios, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Confederación General del Trabajo (CGT), en un conflicto que hoy se centra en Tierra del Fuego, pero que amenaza con crecer en el orden nacional.
La conducción de la UOM no sólo rechazó la medida, sino que lanzó un paro total en Tierra del Fuego, en defensa del empleo y de la industria nacional. Al mismo tiempo, solicitó al Ejecutivo que convoque “de manera urgente a una mesa de diálogo” con participación de actores sindicales, sociales y productivos.
El cese de actividades comenzó a las 12 de ayer, encabezado por la dirigencia de las seccionales de Río Grande y Ushuaia. El gremio que conduce Abel Furlán, advirtió que la iniciativa pone en peligro más de 8.000 empleos directos en la provincia. La protesta contó con el apoyo de la CGT, que afirmó que “se atenta contra la industria nacional y el trabajo argentino”.
Para Sturzenegger, va a generar más puestos de trabajo
En tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a responder las críticas y señaló que, si bien la reducción del régimen fiscal especial podría derivar en una disminución del empleo en Tierra del Fuego, el efecto neto sobre el trabajo a nivel nacional será positivo.
Detalló que el régimen provoca una pérdida neta de 60.000 puestos de trabajo, ya que se trata de una actividad con bajo requerimiento de mano de obra en comparación con el sector de servicios.
Apuntó que “el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero ‘extra’ en el bolsillo que gastarán en otras cosas” y aseguró que este nuevo gasto impulsará la creación de más empleo que los que se perderían en la isla, al cambiar el consumo de productos ensamblados localmente por otros servicios o bienes de mayor valor agregado.
Rechazo a los aranceles y beneficios fiscales
En la red X, Sturzenegger analizó el tema de la productividad, respondiendo a las declaraciones del CEO de Newsan, Luis Galli, quien había apuntado que la industria fueguina aún no alcanzaba niveles internacionales de eficiencia. Según el ministro, esta brecha persistirá mientras se mantuvieran los incentivos de protección.
Siguiendo esta línea, consideró que la existencia de aranceles y beneficios fiscales desalienta la mejora continua en la productividad y advirtió que el empresario local internaliza que aumentar su eficiencia podría llevar a una futura reducción de la protección, lo que desincentiva la inversión en procesos más competitivos. Subrayó: “El resultado: por diseño, nunca habrá convergencia”.
Para Sturzenegger, el régimen industrial había perjudicado el potencial turístico de la provincia, comparándola con destinos internacionales como Nueva Zelanda y dijo que la isla tiene los atributos para convertirse en un polo turístico de clase mundial y criticó la utilización de su territorio para actividades industriales de bajo valor agregado. Graficó que “debería ser un parque de diversiones mundial que reciba millones de turistas al año”, y criticó la instalación de galpones industriales en zonas de alto valor paisajístico. “Es como si a los norteamericanos se les hubiera ocurrido hacer un parque industrial en Yosemite o Yellowstone”, concluyó.
Un plan de lucha que puede nacionalizarse
La UOM, por su parte, consideró que el gobierno “pone en riesgo inmediato los puestos de trabajo y el futuro de comunidades enteras que dependen de la actividad industrial. No es abriendo las puertas a productos extranjeros como se resuelven los desafíos económicos de la Argentina”.
De esta forma, dio inicio al “Plan de Lucha por el Trabajo Fueguino y la Industria Argentina”, que comenzó con la paralización completa de la actividad metalúrgica en las plantas fueguinas, protesta que continuará “hasta alcanzar una resolución favorable que garantice la continuidad laboral, los derechos y las condiciones existentes”, expresó en un comunicado.
Mientras de manera formal le pidió al Gobierno que se revierta la resolución que desprotege a la industria frente a la competencia externa, fuentes gremiales revelaron que si no hay una solución, las medidas de fuerza pueden tener una escalada nacional, teniendo en cuenta que la actividad transita un potencial conflicto por la discusión salarial.
El sector empresarial preocupado por el empleo
Quien también hizo un análisis de la situación fue Ana Vainman, presidenta de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), quien afirmó que “cualquier acción que colabore con la eliminación del costo argentino es bienvenida”, aunque prefirió esperar el detalle de la medida del gobierno para tener más clara la situación.
En ese marco, aclaró que “la tarea de ensamble de un celular parece considerarse menor, cuando en realidad es todo lo contrario, ya que es el producto terminado, realizado por personal con capacitación y conocimiento”. Al mismo tiempo, alertó sobre la pérdida de puestos de trabajo en Tierra del Fuego, en una actividad que hoy cuenta con 8.000 empleos directos y 7.000 indirectos, “sobre una población de 200.000 habitantes”.
En diálogo con iProfesional, Vainman sostuvo que la industria, que también se dedica a productos como televisores, aires acondicionados y componentes para las autopartistas, “tiene una incidencia importante en la economía de la provincia”.
Reiteró que “es fundamental esperar a que se publique la normativa para entender el impacto real de estas medidas” y anunció que tiene programada una reunión con el gobierno para discutir estas medidas.
Preocupación del gobierno fueguino
El gobernador fueguino, Gustavo Melella, declaró: “Nos genera profunda preocupación el anuncio del gobierno de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego”.
Luego se sumó su ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, quien explicó que la provincia contaba con un esquema de protección que incluía aranceles del 16 por ciento para productos importados e impuestos internos del 19 por ciento para los importados. La eliminación de estos aranceles para los productos foráneos e igualar la carga impositiva “mejora la competitividad, pero de los productos importados”.
Planteó que “esto puede impactar muy fuertemente en nuestra industria” y destacó la prioridad del gobierno provincial en “buscar todas las alternativas posibles para que no haya una incidencia tan profunda en la producción y en los puestos de empleo”. Aseguró que “la industria significa soberanía, significa el empleo de nuestra gente y una vez más el gobierno nacional pone en jaque los puestos de trabajo y la producción que tiene la provincia”.
Fernández manifestó: “Lo que ocupa y preocupa siempre a nuestro gobierno ha sido el sostenimiento de los puestos de trabajo”, afirmó Fernández, y ratificó el compromiso del gobierno provincial de “estar al frente, como lo hemos hecho, para poder sostener, para poder acompañar a la gente, sobre todo a nuestros trabajadores y obviamente a nuestros empresarios que siguen apostando a nuestra provincia como un lugar para seguir creciendo”.
La CGT repudió la medida y acompañó a la UOM
En tanto, la CGT calificó la medida como un ataque directo a la industria nacional y a los puestos de trabajo, especialmente en la provincia de Tierra del Fuego. En un documento titulado “Fabricado en Tierra del Fuego”, señaló que va más allá de una simple etiqueta y representa un modelo de desarrollo clave para esta zona de Argentina.
En contraposición, avisó que la iniciativa del Ejecutivo no traerá soluciones para el país, sino que generará “nuevos problemas para una economía ya castigada por la baja de la actividad y la pérdida del poder adquisitivo”.
Por estos motivos, la central obrera exhortó al gobierno a “retrotraer esta mala decisión”, al tiempo que se puso a disposición de la Unión Obrera Metalúrgica para acompañar las medidas que el gremio considere necesarias llevar adelante frente a lo que calificaron como un “verdadero atropello”.