Paro nacional de ATE y CTERA

Paro nacional de ATE y CTERA este lunes. Varias jurisdicciones no volvieron a clases después del receso invernal. Ocurrió en Jujuy, Neuquén, Río Negro, Misiones, Formosa y Chubut. CTERA convoca a un paro nacional el 3/8. La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) anunció un paro de 24 horas para el martes 4 de agosto.

Por Mario Hernandez

Trabajadores del INTA denuncian negocio inmobiliario. INDEC: la decisión política de no actualizar la medición de precios. Colecta por despidos en el Centro Atómico Bariloche. Reclaman la reincorporación de dos trabajadoras del Astillero Río Santiago. Fadea (fábrica estatal de aviones) atraviesa su peor momento financiero. Continúa el conflicto judicial en Córdoba. Repudian trabajadores del ministerio de Economía a Kristalina Giorgieva.

La docencia jujeña no volvió a las escuelas el lunes pero volvió a las calles con un plan de lucha unitario de 72 horas de paro y un no inicio de clases luego del receso invernal. La medida se votó en asambleas del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y en asambleas de las bases y el activismo de Adep. Uda (Unión de Docentes Argentinos) también convocó a un paro de 48 horas para martes y miércoles. El lunes se realizó una movilización hasta Plaza Belgrano y una permanencia en la misma. La jornada central será la marcha provincial del martes bajo la consigna “Arriba los salarios, abajo los tarifazos”, buscando unir el reclamo docente con el conjunto de los trabajadores y el pueblo que sufren el ajuste.

Desde el CEDEMS recordaron que la decisión de no retomar las clases había sido aprobada en la asamblea del pasado 11 de julio, luego de rechazar la propuesta oficial de un incremento salarial del 4% en dos tramos ,2% en julio y 2% en agosto, por considerarla insuficiente frente al aumento del costo de vida. Si bien posteriormente el Ejecutivo provincial anunció que abonará el 4% completo con los salarios de julio, el gremio sostuvo que se trata de una decisión unilateral que no surge de las negociaciones paritarias y que no responde al reclamo de los trabajadores de la educación.

Entre las principales resoluciones adoptadas por la asamblea, el CEDEMS exigió la suspensión del Memorándum 038, resolvió el quite de colaboración monetaria y de carga horaria para actividades extracurriculares, ratificó el reclamo de un aumento salarial del 33,9% en función del incremento de tarifas y servicios, expresó su solidaridad con la secretaria general del sindicato ante los ataques recibidos en medios de comunicación y redes sociales, y declaró a la asamblea en estado permanente. Finalmente, el gremio reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación y convocó a fortalecer la unidad y la movilización frente a las políticas de ajuste del Gobierno.

ATEN Capital, Plottier y Senillosa, así como en muchas escuelas de la provincia de Neuquén no hubo inicio y hubo marcha. Desde ATEN Capital, que conduce la oposición a la cúpula provincial, denuncian que “el Salario NO alcanza”, por eso exigen “Reapertura de la mesa salarial ya. Salario igual al costo de la canasta familiar en un cargo. Asambleas en toda la provincia”. Además denuncia las medidas anti huelga del gobierno de Rolando Figueroa y empiezan a confluir con trabajadores y trabajadoras de la Salud, estatales y de otros sectores.

En Río Negro un congreso de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) votó el no inicio de clases tras el receso invernal y exigir la convocatoria urgente a paritarias. Entre los reclamos están: recomposición salarial que lleve el mínimo a $2 millones, rechazo a las sumas en negro, la defensa del IPROSS (obra social) y el sistema jubilatorio, así como condiciones edilicias dignas. La medida arranca con una jornada de 48 horas pero serán parte de un plan de lucha. El gobernador Alberto Weretilneck insiste con su aumento basado en un IPC trucho y descontará los días de paro.

En la localidad de Puerto Madryn, docentes autoconvocadxs no retomaron las clases este lunes, en el marco del conflicto educativo que atraviesa Chubut.

La acción se suma al paro provincial de 24 horas convocado por ATE, que alcanza también al personal docente y auxiliar de la educación. Rechazan lo que consideran una recomposición salarial “insuficiente”, reclaman la regularización de cargos y horas cátedra, el pase a planta permanente del personal auxiliar y mejores condiciones laborales.

En Formosa, las y los docentes autoconvocados también realizaron un paro de 24 horas este lunes, para denunciar que sus salarios no alcanzan para cubrir el costo de vida. Durante la jornada se movilizaron frente a la Casa de Gobierno.

Bajo la consigna “El salario docente no alcanza”, los trabajadores y las trabajadoras reclaman una recomposición salarial y rechazan el ajuste sobre el sector educativo.

En Misiones, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) convocó a un paro total sin asistencia a los lugares de trabajo y una movilización provincial para el martes 28 de julio, que partió a las 8:00 desde la Plaza 9 de Julio de Posadas.

La medida es en rechazo al último ofrecimiento salarial del Gobierno provincial, al que consideran insuficiente. Exigen mejores condiciones laborales, inversión en infraestructura escolar, defensa de la educación pública y el cese de las persecuciones y sumarios contra docentes que participan de las medidas de fuerza.

En algunas provincias, como Santa Fe y Córdoba, las asambleas y consultas ya rechazan las propuestas de aumento miserables de los gobiernos. El salario y la condición docente vienen siendo golpeados año a año, no solo desde el gobierno nacional sino desde las provincias. Uno de los mayores ejemplos es el fuerte paro bonaerense que se realizó antes del receso, a pesar de la conducción de SUTEBA, impulsado desde las seccionales opositoras como La Matanza, Bahía Blanca, Marcos Paz y Tigre, conducidas por la Multicolor. Con esa fuerza exigen un plan de lucha nacional por las demandas docentes pero también de la comunidad educativa. Porque el ajuste golpea sobre todo a las infancias y las juventudes, que terminan en la deserción escolar, el trabajo precario y terminar buscando las formas de sobrevivir en sus barrios.

Por eso la conducción de CTERA ha tenido que convocar un paro nacional para el 3 de agosto. Hay que hacerlo contundente desde abajo, con asambleas y el protagonismo de la comunidad educativa.

Paro docente de 48 horas en la provincia de Buenos Aires

Sectores disidentes de SUTEBA inician un paro docente de 48 horas este martes en la provincia de Buenos Aires, rechazando el acuerdo salarial del 7% cerrado por el Gobierno provincial. La medida, impulsada por Suteba Multicolor y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), se extenderá hasta el miércoles en diversos establecimientos educativos bonaerenses.

El cese de actividades se desarrollará el martes y el miércoles. Además, una movilización está convocada para el miércoles a las 10:00 horas frente a la Gobernación bonaerense en la ciudad de La Plata, con posterior traslado a la sede de la Dirección General de Cultura y Educación.

La medida de fuerza es impulsada por Suteba Multicolor, un espacio opositor a la conducción provincial del sindicato, junto con AMPBA. Ambos sectores rechazan el acuerdo salarial alcanzado con la administración de Axel Kicillof, argumentando que el incremento es insuficiente frente a la situación económica actual.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires había cerrado la negociación paritaria con la mayoría de los gremios docentes, acordando un aumento salarial del 7% en dos tramos. Mientras la conducción oficial de SUTEBA aceptó la propuesta, los sectores disidentes resolvieron rechazarla y avanzar con el paro para visibilizar sus reclamos.

El paro tendrá impacto principalmente en escuelas de La Plata, Berisso, Ensenada, Bahía Blanca, Marcos Paz, La Matanza y Tigre, donde los sectores opositores tienen mayor representación. Sin embargo, el nivel de adhesión final dependerá de cada establecimiento educativo y de la decisión de los docentes en cada distrito.
Desde AMPBA se aseguró que la huelga fue notificada formalmente al Ministerio de Trabajo bonaerense y a la Dirección General de Cultura y Educación. Esta comunicación se realizó mediante notas dirigidas al ministro Walter Correa y a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, luego de que surgieran cuestionamientos sobre la legalidad de la medida.

Córdoba

A la convocatoria nacional impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) se incorporó la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), por lo que esa jurisdicción tampoco iniciará el ciclo lectivo con normalidad.

Los sindicatos sostienen que la protesta responde al deterioro de las condiciones laborales y salariales del sector. Además, cuestionan las políticas nacionales en materia educativa y reclaman la apertura de instancias de negociación que, aseguran, permanecen paralizadas desde hace meses.

Uno de los principales ejes del conflicto es la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, ámbito donde habitualmente se debaten los salarios, las condiciones de trabajo, la capacitación de los educadores y las políticas de inversión para el sistema educativo.

Desde la UEPC consideran que la ausencia de esa mesa de diálogo profundiza el conflicto y deja sin respuesta los principales planteos del sector. Para el gremio, retomar las negociaciones resulta indispensable para avanzar en soluciones que permitan recomponer la situación de los trabajadores.

A esto se suma el reclamo por la recuperación del poder adquisitivo de los haberes y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Según expresaron desde la organización sindical, “Los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo mientras se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid”, una situación que impacta directamente en los ingresos de miles de educadores.

La convocatoria también incorpora otros planteos vinculados al sistema educativo y previsional. Los gremios manifestaron su rechazo a cualquier modificación que implique cambios en el régimen jubilatorio y defendieron la continuidad del sistema público de reparto.

En ese sentido, desde la organización sindical remarcaron: “Rechazamos toda reforma jubilatoria y defendemos el sistema previsional público, solidario y de reparto”, postura que será uno de los ejes centrales de la movilización prevista para este lunes.

Además, los sindicatos expresaron su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa y solicitaron la aprobación de una nueva ley de financiamiento que incremente la inversión en infraestructura escolar, conectividad, comedores, becas y programas educativos.

Ademys: 3 y 4 paro docente y el 6 de Agosto, paro y movilización al Congreso

En una asamblea abierta convocada por el sindicato docente Ademys, junto a familias y estudiantes secundarios y terciarios, como el Lola Mora, el Yrurtia y la Niní Marshall, se votó un plan de lucha para enfrentar la reforma laboral del Estatuto de Jorge Macri y el BA Aprende. Parar por 48 horas con un no inicio de clases el lunes 3 y martes 4 junto con un corte en Avenida de Mayo y 9 de Julio con la comunidad, en el marco del paro nacional de CTERA. Y el jueves 6, parar y movilizar para rodear el Congreso y evitar que Milei dé media sanción en el Senado a la Ley de extranjerización de las tierras.

La jornada contó con la presencia activa de comunidades escolares que vienen de protagonizar las tomas en el Niní Marshall, Lola Mora e Yrurtia, junto a trabajadoras y trabajadores del programa Vacaciones en la Escuela, quienes denuncian la precarización laboral y las condiciones en las que desarrollan tareas fundamentales durante el receso. También dijeron presente el Cuerpo de delegadas de primera infancia, docentes y estudiantes del Instituto de Tiempo Libre y Recreación (ISTLYR), IFTS N° 13 y 27 y de diversos terciarios de la Ciudad —como el Alicia Moreau de Justo, el Joaquín V. González y los Normales 1 y 3, el Arranz—, instituciones que se encuentran en pie de lucha contra las reformas y recortes presupuestarios.

A esto se suma el reciente ataque al Estatuto Docente, una reforma laboral que pretende avanzar sobre derechos históricos conquistados por décadas de organización y lucha. Se expresaron distintas voces en la asamblea que plantearon la necesidad de estar en las calles y hacerle frente a los ataques, coordinar los distintos conflictos y construir un verdadero plan de lucha.

En un contexto de creciente ajuste sobre la educación pública en todos los niveles, la asamblea debatió la embestida que impulsa la gestión de Jorge Macri, la cual se da en el marco de conflictos provinciales contra las políticas de los gobernadores y el Ejecutivo nacional de Javier Milei. En ese sentido, CTERA convocó a un paro nacional para el lunes 3 de agosto, jornada a la que en CABA se suma el sindicato UTE. Se hace indispensable redoblar la pelea y la exigencia a la conducción de la Celeste de continuar con un plan de lucha nacional.

Estas fueron las resoluciones votadas en la asamblea:

1) Paro de 48 horas los días lunes y martes.

2) El lunes, en el marco del paro nacional convocado por CTERA, movilizar y culminar la jornada con un corte en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio.

3) El martes, realizar una acción frente a la Jefatura de Gobierno en defensa del Estatuto Docente y contra las reformas impulsadas por Jorge Macri.

4) Paro el jueves 6 en rechazo a la Ley de Extranjerización de Tierras, articulando la pelea educativa con las luchas contra el conjunto de las políticas de ajuste del Gobierno.

La asamblea también planteó la necesidad de exigir a las conducciones de la CGT, las CTA y CTERA que abandonen la pasividad y convoquen a un verdadero plan de lucha nacional que unifique todos los conflictos en curso. Mientras los gobiernos avanzan sobre derechos laborales, la educación pública y las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras, las direcciones sindicales no pueden seguir limitándose a medidas aisladas e insuficientes.

La importante participación de docentes, estudiantes, familias y trabajadores de Vacaciones en la Escuela mostró que existe disposición para enfrentar los ataques del Gobierno porteño y defender una educación pública al servicio de las mayorías populares. El desafío ahora será fortalecer la organización en cada escuela, coordinar los distintos sectores en lucha e imponer, desde abajo, la continuidad del plan de lucha hasta derrotar el ajuste de Jorge Macri.

Paro de auxiliares convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)

Se llevó adelante el pasado 23 de julio. La medida afectó el funcionamiento de distintas instituciones educativas, ya que la falta de personal encargado de limpieza y mantenimiento impidió garantizar las condiciones necesarias para desarrollar la jornada escolar con normalidad.

A raíz de esta situación, cada establecimiento evaluó de manera individual si podía mantener las actividades o si debería suspender las clases.

En algunos casos, la continuidad pedagógica se realizó de manera virtual para evitar que los alumnos pierdan contenidos.

Paro masivo en la Provincia de Buenos Aires

El martes 14 de julio comenzó con un gran paro en el marco de una jornada de 48 horas de protesta contra la miseria salarial y presupuestaria para la educación pública en la Provincia de Buenos Aires.

El gobernador ataca a la docencia bonaerense, mayormente mujeres jefas de hogar que sostienen las escuelas con dos o tres cargos y otro empleo más, con descuentos y pretendiendo ilegalizar las medidas a pesar del fallo judicial del Tribunal Nº5 de La Plata que avala a quienes adhieran a las medidas de paro.

A pesar de los descuentos que llegan a montos de $200.000 para maestras de primaria la lucha sigue y se extiende.
Con un comunicado dirigido a todas las Jefaturas, que fue enviado a las escuelas por los grupos de WhatsApp para instalar la idea de las jornadas de lucha no eran legítimas porque no eran convocadas por el Suteba provincial, pero las y los docentes hicieron valer sus reivindicaciones y se plegaron masivamente al paro con una adhesión de un promedio del 70% en la Provincia, llegando nuevamente a distritos del interior.

La Conducción Provincial de Suteba, en manos de la recientemente electa candidata a Secretaria General María Laura Torre de la Lista Celeste-Violeta, debería repudiar estás prácticas antisindicales por parte del gobierno ya que debilitan la organización de les trabajadores de la educación en la pelea educativa y salarial. Sin embargo, se han plegado a esta campaña y amenazado a las seccionales de Conducción Multicolor con sanciones disciplinarias por expresar ni más ni menos a la docencia que dice basta.

En el centro de la escena está la denuncia por un salario de hambre que no llega a cubrir ni la mitad de una canasta básica, un aumento salarial en cuotas del 2% y 5% que toma el discurso oficial del gobierno de Milei sobre la baja de la inflación para continuar precarizando las condiciones de vida y trabajo.

El aumento del gobierno fue ofertado sobre el salario de una docente de doble cargo con 10 años de antigüedad, naturalizando la precariedad, jornadas de trabajo de hasta 10 horas por día y el pluriempleo como salida de emergencia ante los bajos salarios.

Necesitamos conquistar una verdadera organización desde abajo, con asambleas de afiliados, no afiliados, auxiliares, estudiantes y familias; plenarios de delegados con mandatos de base para coordinar provincialmente las escuelas, sumar a sectores de trabajadores en lucha y dar continuidad de la pelea. No se trata de descargar toda la bronca en una jornada aislada, sino de construir un plan de lucha que una a docentes, auxiliares, estudiantes y familias en una misma pelea por salario, presupuesto e infraestructura.

En ese camino, se vienen impulsando caravanas en apoyo a FATE desde Suteba Tigre y en Ensenada, Berisso y La Plata las y los docentes son parte de la lucha con la reincorporación de las trabajadoras en el Astillero Río Santiago.

En Tigre se votó un paro de 48 horas en coordinación con el paro de ATE, en el comienzo de una coordinación de acción que puede profundizarse y replicarse luego del receso con medidas de 48 horas. Para el miércoles se esperan movilizaciones en La Matanza que se replicarán en distritos dirigidos por la Celeste. En La Plata desde la Lista Multicolor se está organizando una movilización desde la Gobernación hasta la Dirección General de Cultura y Educación. Allí se realizará una presentación ante los descuentos arbitrarios que sufrieron miles de docentes.
En Bahía Blanca la lucha continúa con una convocatoria a asamblea a las 9:30 en Técnica 2 (Azara 1250) para debatir la situación provincial y la continuidad del plan de lucha.

Masiva movilización convocada por Suteba La Matanza

Miles de docentes se movilizaron convocados por el SUTEBA Matanza en la primera gran acción del sindicato recuperado mostrando una gran predisposición a la lucha. La presencia de docentes iniciales, primarias y secundarias y Centros de estudiantes mantuvieron cortada la Ruta 3 y Marcón durante más de dos horas mostrando una importante predisposición a la lucha desde abajo.

“Este es un punto de apoyo para organizar las escuelas desde abajo”, anunció desde el micrófono de la radio abierta Nathalia González Seligra, secretaria de organización de SUTEBA Matanza y de la Agrupación Marrón.

Estaba haciendo referencia a la movilización de casi 4.000 docentes que caminaron desde la Plaza de San Justo, pasando por la Fiscalía.

Como fue expresado en múltiples intervenciones, es un punto de apoyo fundamental para realizar acciones regionales y avanzar en la coordinación de todos los sectores que la quieren pelear hoy.

En la movilización y radio abierta también estuvieron presentes las hermanas del docente asesinado Cristian Pereyra. Agrupaciones de Jubiladxs y organizaciones sociales MTR Cuba y MULCS, trabajadores de la Agencia de Trabajo de La Matanza del ex Ministerio de Trabajo que levantaron el reclamo contra el fin del VAT; CICOP seccional Hospital Paroissien que hicieron una posta de salud, estudiantes de la UNLaM con la vocalía recientemente conquistada, centros de estudiantes secundarios, Coordinadora de Trabajadores de La Matanza, el Colegio de Trabajadoras Sociales de La Matanza, trabajadores ferroviario de Unión Ferroviaria Haedo, entre otros.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional con movilización para el lunes 3 de agosto

En el marco de un plan de lucha por mejoras salariales y en rechazo a los despidos y al ajuste en el sector público.
La medida de fuerza podría generar interrupciones en la atención de diversas dependencias estatales y coincidiría con el reinicio de las clases tras el receso invernal.

La protesta convocada por ATE incluirá un cese de actividades y una movilización hacia el ministerio de Economía.
Como consecuencia, se espera una atención reducida o directamente suspendida en distintos organismos de la Administración Pública Nacional, especialmente en oficinas donde el gremio tiene representación.

El gremio reclama una recomposición salarial y rechaza el ajuste y los despidos en la Administración Pública Nacional.

Desde ATE sostienen que los aumentos otorgados a los trabajadores estatales durante 2026 quedaron por debajo de la inflación acumulada, lo que provocó una nueva pérdida del poder adquisitivo.

Además del reclamo por una recomposición salarial, el sindicato denunció el cierre y vaciamiento de organismos públicos, así como el incremento del endeudamiento entre los empleados estatales para afrontar gastos cotidianos.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó que la situación salarial del sector es crítica y aseguró que los ingresos actuales se encuentran muy por debajo de lo necesario para recuperar el poder de compra.

La medida del 3 de agosto no será la única prevista por el gremio. ATE también confirmó su participación en la Jornada Nacional de Lucha del 7 de agosto, en el marco de la tradicional movilización por el Día de San Cayetano.

Con este nuevo plan de acción, el sindicato buscará mantener visibles sus reclamos por mejoras salariales, estabilidad laboral y mayor presupuesto para el funcionamiento de los organismos estatales.

El INTA en lista de remate

Por Laura Vales

Los gremios denuncian un negocio inmobiliario en tierras que se usan para desarrollo de tecnología agropecuaria. El Gobierno ya vendió lotes en Ituzaingó y la histórica sede del instituto en Palermo.

El gobierno anunció que evalúa poner en venta 50.000 hectáreas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Así lo blanqueó su presidente, Nicolás Bronzovich, luego de participar en un panel de la Exposición Rural de Palermo. El funcionario dijo que seguirán relevando “qué tierras se usan para investigación” y agregó que, cuando no sea así, “no vamos a tener problemas en desafectarlas”.

El INTA cuenta con unas 100.000 hectáreas a lo largo del país. Desde los gremios Apinta y ATE advierten que la Casa Rosada busca realizar un negocio inmobiliario, malvendiendo un patrimonio que es de todos.

Así lo señaló Paulo García, titular de Apinta. “¿Por qué venderlas si al INTA entra más plata de la que se gasta para su funcionamiento? ¿Por qué hay que rematar las tierras que son un valor, un activo que no genera costos de mantenimiento? Esto es porque las quieren sacar a remate un precio vil, hacer un negocio inmobiliario”, advirtió al ser consultado.

El argumento oficial

Las declaraciones de Bronzovich precisaron el plan oficial: “Ya se desafectaron 15.000 hectáreas de las que teníamos asignadas”, dijo, y agregó que “solo unas 50.000 hectáreas tienen un real uso científico o tecnológico”.

“Las que tienen uso productivo hoy han sido un aporte al financiamiento del Instituto, pero nosotros creemos poco en eso; creemos que los productores producen y los investigadores investigan”, diferenció. “Por eso, vamos a seguir relevando y mirando con qué necesidad estamos usando la tierra, si está necesariamente afectada a un proceso científico o tecnológico lo vamos a sostener. En el caso que no sea así, no vamos a tener problema en desafectarla del INTA”.

Remates y recortes

Este no es el primer intento del gobierno de Milei por sacar a la venta tierras del INTA, una iniciativa que se ha topado con una fuerte resistencia política y científica. Al asumir, el Presidente intentó derogar la Ley de Tierras para permitir la venta irrestricta de campos a capitales extranjeros. Aunque ese capítulo fue judicializado, evidenció el interés del gobierno en privatizar el suelo productivo.

A finales de 2024 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) anunció la subasta de cientos de inmuebles estatales. En ese paquete, bajo la conducción de Bronzovich, se diseñó un plan para vender 27.000 hectáreas del INTA distribuidas en 22 campos experimentales, bajo el argumento de que eran superficies “improductivas”.

Más recientemente, en marzo de este año, el gobierno sacó a subasta más de 30 hectáreas del ex INTA AMBA en Ituzaingó, una cotizada zona urbana del Gran Buenos Aires, aunque el proceso fue frenado por la Justicia. Sin embargo, el Ejecutivo sí logró subastar con éxito el histórico edificio del organismo en Palermo, ubicado sobre la avenida Cerviño. Este proceso avanza en paralelo con una reducción del 15% de la planta del INTA (cerca de dos mil despidos y retiros voluntarios) y el recorte de unos 80 programas de investigación.

¿Por qué vender?

“Quieren un INTA desfinanciado y paralizado. Es parte de su estrategia de entrega decir que las tierras no se usan para investigación mientras vacían de profesionales el organismo”, denunció Julieta Boedo, referente de ATE.

Desde Apinta, Paulo García rebatió el argumento de que los campos sin investigaciones activas no tengan utilidad. En ese sentido explicó que esas tierras no le suponen al Estado ningún costo de mantenimiento y funcionan como reservorios de material genético: “es engañoso decir que no se utilizan”, aseguró. ”El INTA produce y adapta tecnologías y material vivo, es decir semillas y diferentes materiales vegetales, a las características climáticas y de suelo de cada una de las fito-regiones”.

“¿Por qué venderlas si al INTA le entra más plata de la que gasta? Esto es porque las quieren sacar a remate a precio vil”, advirtió García. El dirigente gremial aclaró que el Instituto es autárquico y se financia mediante un impuesto a las importaciones, pero recibe menos de la mitad de lo que recauda. “Incluso se utilizaron 101.000 millones de pesos de un fondo propio de capacitación para pagar los retiros voluntarios. No tenemos un problema de déficit; la intención es solamente hacer un negocio inmobiliario para unos pocos”, concluyó.

Fuente: Página 12

Los trabajadores del INDEC denuncian el contraste entre el anuncio del gobierno para “blindar» el organismo y su práctica concreta

Por Alfonso de Villalobos

Los técnicos destacan que el propio ministro de Economía reconoció que la decisión de no actualizar la medición de precios respondió a intereses políticos del oficialismo. Dicen que hay condiciones técnicas y descreen de los anuncios del Ejecutivo.

El nuevo vocero presidencial Adrián Ravier anunció la semana pasada la intención del gobierno de avanzar con un proyecto de ley para “blindar” el INDEC. El anuncio oficial, aseguran, apunta darle mayor autonomía al ente estadístico nacional para evitar que “futuras administraciones puedan manipular las estadísticas oficiales”.

El anuncio, sin embargo, se ganó rápidamente la denuncia y el descrédito de los trabajadores y técnicos del organismo representados por la Junta interna de ATE que históricamente han velado por la transparencia y fidelidad de los informes estadísticos oficiales.

La posición de los trabajadores del INDEC contra eventuales manipulaciones se ha sostenido a través de los años con independencia del color político del gobierno en ejercicio. Esa actitud ha forjado su credibilidad y, a través de ellos, al sistema estadístico nacional.

Ahora, los mismos técnicos, salieron a desenmascarar los anuncios oficiales poniendo de manifiesto el doble discurso o, mejor dicho, el contraste entre las palabras y los hechos que emanan de los voceros del Palacio de Hacienda.

A través de un comunicado de la Junta interna de ATE, los trabajadores aseguran que “blindar al INDEC empieza por respetar su independencia”.

ATE-INDEC “observa con preocupación las recientes versiones o ‘la idea’ sobre un supuesto ‘blindaje institucional’ del INDEC mediante una futura reforma legal”.

Para ellos, si bien “toda iniciativa que fortalezca la independencia del organismo merece ser discutida” resulta imposible “hablar de blindar al INDEC después de haber vulnerado su independencia técnica”.

Es que denuncian que “hace 154 días, el 10 de febrero de 2026, el Gobierno incumplió el compromiso asumido de publicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con las nuevas ponderaciones elaboradas a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18)”.

Para los técnicos, lo más grave es que “esa decisión no respondió a fundamentos metodológicos sino a una definición política expresada públicamente por el ministro de Economía, quien sostuvo que la actualización debía postergarse hasta que concluyera el proceso de desinflación y finalizara el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos”.

Los representantes gremiales aseguran que el planteo del Ejecutivo “resulta incompatible con los principios que deben regir un organismo estadístico” en tanto, “las actualizaciones metodológicas no pueden depender de la oportunidad ni conveniencia política del gobierno de turno” sino que “deben responder exclusivamente a criterios científicos y metodológicos definidos por los equipos técnicos del INDEC”.

Con todo, los trabajadores reconocen el carácter “obsoleto” de la ley 17.622 que da marco al sistema estadístico nacional y aseguran que resulta necesario un debate que culmine en una nueva ley de estadísticas públicas. Para ellos, sin embargo, “resulta imprescindible establecer protocolos técnicos claros y objetivos de aplicación obligatoria que regulen los procedimientos y plazos para implementar actualizaciones metodológicas” que, a la vez, “deben impedir cualquier interferencia o postergación por razones políticas y garantizar que las decisiones técnicas se apliquen de manera oportuna, transparente y con reglas previamente establecidas”.

El comunicado insiste en que “durante estos 154 días, la Argentina continuó midiendo la inflación con una estructura de consumo del año 2004, cuando existían las condiciones técnicas para avanzar con la nueva metodología”.

Para ellos, por eso, “el verdadero blindaje del INDEC no comienza con una ley sino con el respeto irrestricto a su independencia técnica” y, advierten, “ninguna reforma institucional tendrá credibilidad si no garantiza que ningún gobierno pueda volver a interferir en la elaboración, actualización o difusión de las estadísticas públicas”.

Pero además, los representantes gremiales señalan que “no puede haber un INDEC verdaderamente independiente si quienes producen las estadísticas públicas trabajan bajo la amenaza de la precariedad laboral o perciben salarios que los ubican por debajo de los indicadores sociales que el propio organismo elabora” y ratifican que “la independencia técnica también se construye garantizando estabilidad laboral, carrera estadística y remuneraciones que preserven a sus trabajadores de cualquier forma de presión o condicionamiento político”.

Para los técnicos del INDEC, el anuncio del gobierno encubre su propia praxis y, por lo tanto, podría representar un cortina de humo para una política de mayor control y asfixia presupuestaria.

Fuente: Tiempo Argentino

Impulsan una colecta por los despidos

En el marco de la lucha por la reincorporación de las y los despedidos, trabajadores del Centro Atómico Bariloche (CAB) impulsan un fondo solidario para apoyar económicamente a las 18 familias afectadas por los despidos arbitrarios anunciados el pasado 30 de Junio.

Las y los trabajadores de la CNEA continúan en estado de Asamblea Permanente y convocaron el martes 28 de Julio a las 15:00 a una gran marcha desde la rotonda de Pioneros (km 8) hasta INTECNUS. Esta jornada en defensa de la soberanía, la educación y la ciencia públicas fue una acción conjunta en el marco de un paro provincial docente de 48 horas impulsado por UnTER.

El vaciamiento y el desguace del sector nuclear argentino no son hechos aislados: forman parte de un ataque que los trabajadores vienen denunciando desde hace años. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con más de 75 años de historia, ha construido una capacidad científica y tecnológica estratégica para el país. Diseña y desarrolla reactores nucleares propios y produce el 80% de los radioisótopos utilizados para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades en el país.

Destruir esa capacidad significa avanzar sobre una de las principales herramientas de soberanía científica, energética y sanitaria del país. En este marco, el desmantelamiento de la CNEA responde al plan que impulsa el imperialismo de Trump y el FMI.

A continuación, compartimos el comunicado publicado por trabajadores del CAB con los datos para aportar a la colecta:

El 30 de junio las autoridades dieron de baja 62 contratos en todo el país, impactando directamente en sectores clave del Centro Atómico Bariloche y el proyecto CAREM.

Echaron a científicos, técnicos y administrativos formados por el Estado que sostienen nuestra soberanía energética y de salud. En CNEA no sobra nadie. Somos pocos para la tarea que hacemos y tenemos bajos salarios.
Para respaldar económicamente a las 20 familias de los compañeros afectados en Bariloche, abrimos este Fondo Solidario. Lo recaudado se repartirá entre ellos a principios de agosto y luego se cerrará este fondo.

Ante el ajuste: solidaridad y compromiso.

Gracias por sumar tu apoyo.

Corte y caravana en La Plata por la reincorporación de trabajadoras al Astillero Río Santiago

El miércoles 22 de julio desde las 10:00, organizaciones sociales, gremiales, políticas, estudiantiles y feministas se movilizaron junto a trabajadores del Astillero, con un corte en la bajada de la autopista y caravana por la ciudad para exigir la reincorporación inmediata de Verónica y Victoria, despedidas del Astillero Río Santiago tras sufrir violencia de género.

En el marco de una jornada nacional de protesta convocada por las centrales sindicales, en La Plata diferentes organizaciones reclamaron por la reincorporación de dos trabajadoras al Astillero Río Santiago.

Antes de ser despedidas, Verónica y Victoria venían de atravesar graves situaciones de violencia de género en sus hogares. La empresa no solo desconoció este contexto, sino que tampoco aplicó los protocolos ni cumplió las leyes que protegen a las mujeres trabajadoras en situación de vulnerabilidad. En ese marco las despidió del Astillero. La caravana llevó el reclamo a los ministerios de Trabajo, Mujeres y Diversidad, para finalizar en la Casa de Gobierno donde exigieron una respuesta.

La pelea por la reincorporación de Vero y Vicky cuenta con el apoyo de sus compañeros y compañeras del Astillero, así como de organizaciones feministas, sociales, políticas y estudiantiles de la región. En cada asamblea del Astillero se aprobó el pedido de reincorporación, pero la empresa sigue sin abrir canales de diálogo y el ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia, a cargo de Estela Díaz, se ha negado a intervenir en los despidos alegando que “no tienen competencia”, sin tomar ninguna medida concreta para que las trabajadoras recuperen sus puestos de trabajo.

Por eso, tras haber realizado un acampe con asamblea de mujeres, festival solidario frente a gobernación, donde se exigió una reunión con el Gobernador Kicillof, el miércoles volvieron a las calles de La Plata, con corte y caravana, para visibilizar el reclamo y exigir que se respeten los derechos de Verónica y Victoria. La convocatoria fue abierta:

¡Basta de despidos discriminatorios! ¡Reincorporación inmediata de Vero y Vicky al Astillero Río Santiago!

FAdeA: sin fecha para completar los salarios

La fábrica estatal de aviones FAdeA de Córdoba atraviesa su peor momento financiero: los trabajadores cobraron solo el 60% del salario de junio y el 40% restante no tiene fecha de pago, mientras el Ministerio de Defensa y Economía se cruzan responsabilidades. La Secretaría de Trabajo intimó a la empresa y fijó un cuarto intermedio.

La crisis de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se profundizó en la tercera semana de julio sin que aparezca una solución a la vista. Después de dos jornadas de dispensa laboral (viernes 17 y lunes 20), otorgadas ante la imposibilidad de muchos trabajadores de afrontar el costo del transporte, la empresa sigue sin poder precisar cuándo completará el pago del 40% restante de los salarios de junio. La fábrica permanece virtualmente paralizada, aunque desde el ministerio de Defensa niegan que exista formalmente una medida de fuerza. La diferencia semántica no modifica el escenario dentro de la planta, donde más de 650 trabajadores siguen esperando cobrar una parte de un salario ya devengado.

El lunes 20 de julio, representantes gremiales y autoridades de la empresa participaron de una audiencia en la secretaría de Trabajo de Córdoba. Allí, FAdeA reconoció oficialmente que “adeuda el 40% del salario” y comunicó que los trabajadores permanecerán dispensados de asistir a sus puestos hasta que se acrediten los fondos. Durante la audiencia, los representantes de la empresa no pudieron informar una fecha concreta para la cancelación de la deuda. El Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) sostuvo que “configura un grave incumplimiento de las obligaciones laborales” y destacó el “carácter alimentario de la remuneración”, reclamando el pago inmediato, la actualización correspondiente y los intereses por mora, además de reservarse la posibilidad de iniciar acciones administrativas y judiciales.

Desde el ministerio de Defensa reconocieron el atraso y responsabilizaron directamente al ministerio de Economía por la demora en el envío de los fondos con los que la fábrica subsiste actualmente. En Defensa mantienen la expectativa de que la situación pueda resolverse antes del próximo fin de semana, aunque hasta el momento esa posibilidad no pasó de una expresión de deseo. La secretaría de Trabajo intimó a la empleadora a abonar de manera inmediata los salarios completos y dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 27 de julio para continuar con el seguimiento de la situación.

La situación profundiza una crisis estructural que FAdeA arrastra desde hace meses. La empresa acumula deudas con proveedores que rondan los 20 millones de dólares, obligaciones previsionales e impositivas, falta de contratos estratégicos con la Fuerza Aérea Argentina y una creciente dependencia de aportes del Tesoro para sostener su funcionamiento. La estatal apenas mantiene operativo el 30% de su estructura productiva, con el restante 70% en un estado de ociosidad que los trabajadores describen como “abandono total”. La incertidumbre se extiende también a los programas clave: el contrato de modernización de los aviones Pampa III por 110 millones de dólares sigue congelado, y se desvanece un acuerdo con México por 600 millones de dólares.

Mientras el conflicto salarial sigue, el Gobierno nacional decidió fortalecer la estructura de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que conduce Diego Chaher. Mediante un decreto publicado este lunes, prorrogó por otros dos años el organismo, ratificó a Chaher con rango de secretario y amplió formalmente sus atribuciones. La medida fortalece la posición institucional de Economía y le otorga herramientas para intervenir en la conformación de las conducciones de las empresas públicas. La prórroga demuestra que Chaher no perdió influencia dentro del Gobierno, a pesar del malestar que generó en su entorno el reciente nombramiento de Oscar López como presidente de FAdeA, una designación decidida por el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Conflicto judicial en Córdoba

Luego de la feria judicial de invierno reanudará la actividad en los tribunales provinciales de Córdoba. Durante el receso no hubo contactos entre las partes: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj).

Directivos del sindicato confirmaron que hay un paro por 60 horas que decidió la última Asamblea Extraordinaria, donde la mayoría rechazó la propuesta formalizada por el TSJ y resolvió medidas de fuerza.

El conflicto judicial por salarios, la equiparación con sus pares federales y en rechazo de los aumentos de aportes previsionales y a Apross, continúa y se extiende sin un horizonte que logre aplacar los reclamos.

La oferta del TSJ se centra, básicamente, en adelantar los tramos de la equiparación salarial con los trabajadores de la Justicia Federal y pasar a planta permanente a 146 trabajadores.

Sin embargo, la realidad de los sueldos es que los aumentos que se vienen concediendo a partir de las resoluciones de la Corte Suprema, se erosionan por el aumento de aportes, del 6 al 8 % en el caso de la Caja de Jubilaciones y un punto porcentual, para Apross.

Mientras culminaba la Asamblea Extraordinaria gremial, el 1º de julio, la Fiscalía General emitió un memorando por el impacto de los paros en las Unidades Judiciales (UJ).

La disposición administrativa instruyó a funcionarios, jefes y encargados de oficina de todas las áreas del MPF a informar la nómina del personal asignado para la cobertura mínima durante las jornadas de protesta.

Aquellos agentes de turnos o guardias como “personal único” quedaban automáticamente afectados a la prestación del servicio esencial y no podrán adherir a la medida de fuerza. El gremio rechazó de plano por considerar inconstitucional la medida.

Los empleados de las UJ son quienes -en mayoría- impusieron posición en el gremio para rechazar la oferta del TSJ, con respaldo del gobierno provincial que es el que dispone los fondos para otorgar aumentos.

Sin embargo, se supo que en la práctica -hasta ahora- no existieron sanciones ni situaciones límites donde obligaran al personal a no adherir a las medidas de acción directa.

La Junta Interna de ATE del Ministerio de Economía repudió la visita de Georgieva al país

En el marco de la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a la Argentina, la Junta Interna de ATE del Ministerio de Economía difundió una carta abierta en la que expresa su rechazo a la presencia de la funcionaria y responsabiliza al organismo por las políticas de ajuste aplicadas en el país durante los últimos años. El documento sostiene que los sucesivos acuerdos firmados con el FMI, desde 2018 hasta la actualidad, tuvieron como consecuencia un deterioro de los salarios, la reducción del empleo estatal y un incremento de la precarización laboral.

En el texto, los trabajadores también califican la deuda contraída con el FMI como una “estafa” y cuestionan que los préstamos hayan servido para favorecer la fuga de capitales, mientras que el costo de su pago recayó sobre la población trabajadora. Además, denuncian el impacto diferencial del ajuste sobre mujeres y diversidades, critican el desmantelamiento de políticas de género y concluyen con un llamado a poner fin al “tutelaje económico” del FMI sobre la Argentina.

La carta de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Economía completa:

Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional:

Sra. Kristalina Giorgieva

Para su visita a la Argentina, que incluirá un paso por el Ministerio de Economía, no espere alfombra roja, no espere pétalos de rosas. El organismo que usted preside ha exigido y aplaudido los recortes en personal y en nuestros salarios en los últimos 8 años. Desde que firmaron un acuerdo durante el Gobierno de Mauricio Macri. Luego realizaron otro acuerdo con Alberto Fernández, del que también obtuvieron el congelamiento salarial y del plantel, y ahora se encuentran tutelando a la Argentina también bajo el gobierno de Javier Milei.

Durante el Gobierno de Macri y nuevamente durante el Gobierno de Milei, los préstamos son realizados bajo condición de ajuste. Luego, cuando toca la hora de pagar una deuda injusta, exigen reforzar el ajuste. El condicionamiento no se detiene, ni al prestar ni al cobrar.

¿Por qué decimos que la deuda es injusta? Porque los préstamos que se otorgaron fueron fugados por los más ricos y por las empresas más grandes del país. Ustedes lo saben muy bien, y se trata de una figura prohibida por su propio estatuto: Se supone que el FMI viene a cubrir problemas transitorios de balanza de pagos, no a dar dólares para un pequeño sector social. Luego nos piden que paguemos todxs la factura, pero es claro que no se trata de una deuda sino de una estafa, un préstamo político.

Se beneficiaron los ricos, las grandes empresas, creció la pobreza, el desempleo, el pluriempleo, cayeron los salarios, y los gobernantes de cada momento tuvieron un poco más de espalda para no aplicar los lógicos controles de capitales.

A nosotrxs, trabajadores del Estado, cada peso que nos ajustaron nos hizo más miserables, cada puesto de trabajo por despidos, jubilaciones y retiros, cada salario que se vio reducido a la mitad en estos 8 años, obligó a reforzar la precarización de cada hogar para llevar un plato de comida a la mesa. La categoría más baja de nuestro convenio colectivo (F0), con sus $491.106, no llega al tercio de la canasta familiar que el INDEC ($1.531.472,9) utiliza para medir la pobreza. Se encuentra aún más lejos de la canasta que el Frente de Sindicales Unidos calculó con la metodología del sindicato de Aceiteros los consumos familiares mínimos ($3.000.352). Es decir, los sueldos que el FMI aplaude compran el 16% de lo que necesitamos para vivir dignamente.

La pérdida salarial se repite para el caso de los ingresos de profesionales, en este caso una persona del plantel permanente con título universitario y 10 años de experiencia (B3), que gana $1.606.078 y apenas llega al piso de la canasta familiar del INDEC, cuando en el mes previo al acuerdo con el FMI del 2018 la duplicaba.

Compartimos un par de gráficos para que se entienda, haciendo ver que cada barra roja representa la caída salarial en ese mes respecto al mes de referencia (abril de 2018, que no fue un mes especialmente bueno): en ambos casos vemos que las recetas del FMI sólo conducen a profundizar la pérdida de ingresos. La pérdida acumulada asciende a 33 salarios en ambos casos.

El ajuste nunca es neutro en términos de género, impacta especialmente sobre las mujeres y disidencias que sostienen centralmente el trabajo no remunerado y las estrategias de supervivencia hogareñas. Seguramente no le van a preguntar a Luis Caputo por el despido de Natasha Narmora, compañera despedida que había sido contratada en marco del (incumplido) cupo laboral travesti-trans. Pero veremos en sus informes las palabras “salvaguardas” sobre políticas sociales y de género, sin que se les haya movido un músculo de la cara ante la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el congelamiento del Programa Acompañar para las personas que sufren la violencia machista, el fin de los envíos de profilácticos a hospitales. Las palabras ofensivas del presidente que en enero de 2025 equiparó a la homosexualidad con la pedofilia no merecieron ningún cuestionamiento del organismo.

La perspectiva de géneros del FMI se acaba cuando se apagan las luces de los salones en Washington. La preocupación por la pobreza y las condiciones de vida de la gente desaparecen cuando sus funcionarios se sientan en los aviones.

Nuestra trayectoria salarial fue peor que la de otros sectores de nuestra clase trabajadora, cada vez es más penoso vivir del propio salario en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional, cada uno de los países que votan en el Directorio y aprueban los préstamos y los planes de ajuste, tienen la responsabilidad. Por eso repudiamos esta visita y exigimos el fin del tutelaje económico para terminar con el ajuste impuesto para pagar esta estafa.

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN ARGENTINA
JUNTA INTERNA ATE – MIN. DE ECONOMÍA

Fuentes: Colectivo Radio Pueblo, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, InfoGremiales, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Página12