Aumenta la tensión en Andalgalá en el corte selectivo contra los vehículos del proyecto minero en Agua Rica y luego que el juez Rodolfo Cecenarro rechazara el habeas corpus preventivo interpuesto en resguardo de las vecinas y vecinos que mantienen la protesta. Este martes, en el noveno día del corte, un auto proveedor de la empresa minera Yamana Gold embistió a dos manifestantes que resultaron heridos. “Salió raudamente embistiendo al grupo, en especial a dos compañerxs, arrastrando a uno de ellos 30 metros y dejando muy golpeada a la otra compañera”, dice el comunicado. Las y los pobladores denunciaron que el clima es de amenaza constante y que la policía se suma a los hostigamientos.
El 24 de marzo el juez de garantías, Rodolfo Cecenarro, rechazó el habeas corpus preventivo interpuesto en resguardo de las vecinas y vecinos para garantizar la integridad de las personas en el bloqueo selectivo que mantienen contra los trabajos de minería que lleva adelante la multinacional megamineria Yamana Gold.
Como vienen advirtiendo los pobladores, la tensión en el pueblo que en varias oportunidades ha rechazado la megamineria en la zona va en aumento y este martes, en el noveno día de corte de los caminos a a Potrero y Choya, un auto atropelló a dos manifestantes:
“Compañerxs que sostienen el bloqueo selectivo en los caminos de Choya y El Potrero notaron que empezó a haber movimiento extraño desde las 7am aproximadamente en ambos bloqueos. Vecinos del distrito El Potrero bajaron a alertarnos sobre la presencia de un auto cargado de insumos a 300 mt del camping municipal, que estaría esperando a trabajadores mineros que pasarían en vehículos particulares, sin respetar incluso las leyes laborales y el protocolo sanitario. Ya habían pasado anteriormente dos personas en moto con el uniforme de la empresa minera Agua Rica y bolsos.
A las 8.20 por el bloqueo de El Potrero, lugar donde se encuentra asentada nuestra Asamblea se vio pasar un patrullero, camino arriba con cuatro efectivos.
A las 8.25 un taxi con un empleado de la minera Yamana Gold como pasajero frenó 50 metros antes de nuestra Asamblea advirtiendo de antemano que no podría circular por ese camino. Compañerxs se acercaron a entregarle un panfleto informativo como se hace con todos los vehículos y una vez allí, el chófer manifestó que él estaba trabajando y que llevaba a un pasajero. El pasajero tenía puesto el uniforme de la empresa minera, motivo por el cual no quiso bajar la ventanilla y trataba de esconderse. Se le preguntó si estaba consciente de que estaba trasladando a un trabajador de la minera y se lo demoró. El chófer manifestó su deseo de llamar a la policía. Otros vehículos particulares pertenecientes a vecinxs pasaron con total normalidad luego de que se les entregara el folleto correspondiente. En ese momento, el patrullero que había subido anteriormente baja del distrito El Potrero y pasa por el bloqueo. El chófer del taxi no atinó a frenar al patrullero y éste siguió su camino.
Inmediatamente después apareció otro vehículo particular Fiat Duna color gris patente AOP 025 manejado por una persona que en reiteradas oportunidades pasó pateando carteles e insultando a lxs vecinxs; quien además no respeta nunca el pedido de bajar la velocidad poniendo en riesgo la integridad de quienes sostenemos el bloqueo y de todxs lxs vecinxs. Se le acerca el folleto, y es en ese momento cuando expresa que él es proveedor de Minera Agua Rica, y necesitaba dejar dinero en el proyecto avícola que es subvencionado por la empresa minera según sus propias palabras. Este vecino iba vestido con una camisa con el logo de Yamana Gold, que orgullosamente nos señaló de manera provocadora. Se le comunicó que se está bloqueando a proveedores, trabajadores y a la empresa minera. Un compañero le preguntó si estaba al tanto de que la empresa estaba trabajando de forma ilegal, y que el transito que realizaba por ese camino no está permitido por el Ministerio de Minería de la Provincia desde el año 2009, y que eso lo convertía en cómplice de una actividad que está destruyendo nuestros cerros y fuentes de agua potable, a lo que respondió que él pasaría igualmente porque iba apurado y si era necesario los atropellaría. Puso primera, acelera a toda velocidad rompiendo el cono de seguridad que indicaba que la velocidad debía ser reducida, y salió raudamente embistiendo al grupo, en especial a dos compañerxs, arrastrando a uno de ellos 30 metros y dejando muy golpeada a la otra compañera. El compañero pasó por encima del capot, y como consecuencia de esta acción se rompe el parabrisas. Acto seguido, el chófer del auto, se baja de forma muy agresiva a querer golpear al compañero que había embestido, provocándolo de forma verbal instándolo a iniciar una pelea. Fue frenado por un miembro de la Asamblea.
Inmediatamente llegó un patrullero, que en lugar de ofrecer ayuda a lxs compañerxs embestidxs, o pedir una ambulancia, cumpliendo su trabajo de buscar asistencia médica para las personas heridas, pidieron otro móvil de refuerzo, que llegó rápidamente.
Los oficiales policiales minimizaron la agresión, y nos dijeron que en realidad nosotrxs infringíamos el derecho al libre tránsito, desconociendo nuestro derecho a la protesta social. Mientras tanto, la policía quiso desviar la cuestión hacia el bloqueo del taxi que estaba demorado, escudándose en el domicilio del trabajador minero que iba en el taxi, que estaría localizado en El Potrero. A lo que les respondió que por más que fuera un vecino, éste estaba vestido con el uniforme de la empresa y en aparentes condiciones de subir al cambio de turno. Recordemos que habíamos sido alertadxs sobre la presencia de la camioneta que estaría esperándolos cerca del camping para llevarlos al proyecto ubicado a 17 km de nuestra localidad.
El personal policial en todo momento trató de recavar los datos personales de lxs compañerxs que sostienen el bloqueo, diciéndonos que si no lo hacíamos estábamos dejando solxs a lxs compañerxs atropelladxs, que por supuesto estaban dispuestxs a hacer la denuncia correspondiente.
Nuestro equipo legal presentó el primer día del bloqueo un habéas corpus preventivo, que el juez Cecenarro rechazó, muy simbólicamente el día 24 de Marzo, y cuyo rechazo fue apelado por lo que la presentación se encuentra vigente hasta que se expida la Cámara Penal de Apelaciones.
Al mencionar la existencia del habéas corpus, y el derecho a la protesta social y a un ambiente sano, un efectivo policial se dirigió a uno de los compañeros de forma amenazante, argumentando que sabe que él no nació en Andalgalá y que por ese motivo podría llegar a detenerlo para averiguar sus datos. Y al resto de lxs compañerxs les manifestó que sabe quiénes son y dónde viven.
Es decir, el personal policial, lejos de asistir a las personas embestidas, se avocó a amedrentar y amenazar a quienes sostenemos el bloqueo informativo, intentando generar miedo a lxs vecinxs, frente a posibles represalias de las autoridades. Estos hechos dolorosos que atentan contra la integridad física y emocional de la población demuestran claramente que en Andalgalá no existe ni existirá paz social mientras estas empresas mineras continúen violando nuestros derechos humanos y ambientales, sin respetar la autodeterminación del pueblo de Andalgalá que hace más de veinte años les exige que se vayan de nuestros territorios.
Responsabilizamos a las autoridades por semejante acto de violencia en contra de la población y queremos dejar bien claro que estamos firmes y con la convicción de que defendemos el agua de todas las personas de Andalgalá, incluso de quienes atentan contra nuestra integridad.
Exigimos una respuesta de parte del Estado ya que es trabajo de quienes están en los lugares de poder, hacer valer la autodeterminación de los pueblos y frenar las actividades que atentan contra la salud del pueblo que representan. Ya se realizaron las denuncias pertinentes en la Comisaria Departamental y esperamos que la Fiscalía de la 2da Circunscripción actue conforme al derecho y que investigue el accionar violento de esta persona quien ha cometido los delitos de amenaza y lesiones leves, pero que además tome acciones pertinentes respecto del comportamiento de los funcionarios policiales, los que no se condicen con sus obligaciones legales y laborales.
