A pedido de la Minera San Jorge, se declaró inconstitucional que en forma genérica la ley 7722 prohibía “otras sustancias tóxicas”, y se habilita el uso de xantato, poliacrilamida y otras sustancias químicas contaminantes en Mendoza. “Es un golpe institucional del lobby minero” aseguró Lautaro Jimenez senador provincial del FIT-U.
Pese al rechazo social hacia Rodolfo Suárez (Cambiemos Mendoza), quien intento modificar el primer artículo de esta ley en 2019, la Corte Suprema hizo lo suyo y modificó una sección del artículo donde se proclama la protección del agua y del medio ambiente.
Gravísimo GOLPE INSTITUCIONAL contra la #Ley7722. La Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional parte del Art 1° y habilita el uso de xantato, poliacrilamida y otros engendros químicos contaminantes. Abajo el fallo San Jorge! #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia #La7722NoSeToca pic.twitter.com/fkJc2EVP2P
— Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) October 29, 2021
“Corresponde declarar admisible el recurso extraordinario y confirmar parcialmente la sentencia apelada con la salvedad que surge del acápite V referida a la mención que se efectúa en la ley 7722 sobre ‘otras sustancias tóxicas similares’, que se considera inconstitucional”, argumentó la Procuración General de La Nación, que luego ratificó el de fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación a pedido del recurso de queja interpuesto por la Minera San Jorge SA.
La Asamblea Popular por el Agua emitió un comunicado, donde se declara “en estado de alerta y movilización”, y convocan “a todo el pueblo a regresar a las calles para defender nuestra agua”.
“Aunque cianuro, ácido sulfúrico y mercurio siguen prohibidos en minería metalífera, este fallo facilita la explotación de proyectos mineros que utilicen otras sustancias también muy contaminantes y dañinas para la salud, como xantato, poliacrilamida y otras”, advierten.
Y agregan: “Este guiño judicial al poder político y económico nos obliga a informar el riesgo al cual quedamos expuestos. La principal beneficiaria inmediata del fallo es Minera San Jorge, pues le facilita reimpulsar su proyecto en el valle de Uspallata, con una técnica similar a la de Minera Alumbrera en Catamarca. Si diera lugar a esa pretensión, el gobierno provincial será responsable de la conflictividad social en torno a un proyecto que desde sus inicios no tuvo licencia social”.
“Desde AMPAP exigimos que la Legislatura trate y apruebe con urgencia el proyecto de creación del Área Natural Protegida Uspallata Polvaredas, y que la dirigencia política acepte que la megaminería no tiene ni tendrá jamás Licencia Social en Mendoza”, finaliza el comunicado.