La Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia penal y un habeas corpus frente a las graves torturas padecidas por Pablo Martinez, una persona intersex alojada en la Unidad Penal N° 8 de Los Hornos. El organismo, que viene siguiendo el caso hace algunos años en el marco de su trabajo como Mecanismo local de Prevención de la Tortura, debió luego ampliar la denuncia por nuevos hechos de torturas ocurridos al día siguiente. Su situación se agravó con un traslado arbitrario a la Unidad N° 52 de Azul, que desobedeció la orden judicial de no trasladarlo: a la madrugada lo despertaron a los golpes, palazos, arrojándole gas pimienta y agua fría pese a las bajas temperaturas y le rompieron y sacaron gran parte de sus pertenencias.
El reclamo de Pablo era siempre el mismo: poder vincularse y mantener contacto con otras detenidas en la unidad, realizar actividades educativas y laborales. Al estar alojado en un sector de aislamiento, que fue designado como pabellón especial para personas trans, tenía pocos momentos donde podía salir de la celda o asistir a talleres y actividades con el resto de la población. Pidió una audiencia con las autoridades del Penal N° 8 de mujeres donde estaba alojado pero la entrevista terminó en una discusión y golpiza penitenciaria.
El personal de guardia lo golpeó en el sector de vigilancia, con palos y dándole patadas por todo el cuerpo. Gravemente lastimado con lesiones visibles, muchos dolores en diferentes partes del cuerpo y orinando sangre, se comunicó con la CPM preocupado porque los golpes le hayan producido mayores daños que los que se evidenciaban a primera vista. Él atravesó procedimientos quirúrgicos como la histerectomía y mastectomía que le requieren cuidados especiales.
El organismo presentó la denuncia ante la Fiscalía General de La Plata por estos hechos y rápidamente debió ampliarla cuando Pablo se comunicó nuevamente lo habían golpeado y luego trasladado: “me sacaron mal, pero mal… me despertaron a la madrugada, con golpes y palazos, me tiraron gas pimienta, estoy en patas, me mojaron la poca la ropa que pude agarrar”, decía desde el sector de aislamiento de la Unidad N° 52 de Azul. En ningún momento fue revisado por personal de salud ni asistido por sus dolencias.
Ese traslado, además de ser utilizado como castigo agravando las condiciones de su detención, había sido rechazado por la justicia. Días antes el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca había denegado el pedido de la Unidad 8 de para sacar a Pablo de ese penal. Entre sus principales argumentos, el tribunal tuvo en consideración su condición de género.
“La trayectoria vital de Pablo en las distintas Unidades Penitenciarias de esta Provincia se han visto siempre imbricadas de agresiones, malos tratos, hechos de tortura, vinculados a su condición de género y a la imposibilidad de la administración penitenciaria de poder ofrecerle un lugar de alojamiento acorde a su identidad y auto percepción”, describieron desde la CPM en una de las presentaciones realizadas.
El organismo también interpuso un Habeas Corpus correctivo para que Pablo reingrese a la Unidad 8 donde desea quedarse. La falta de abordaje pensado desde las particularidades de la población LGBTIQ configura una situación permanente de agravamiento de las condiciones de detención. No hay lugares adecuados para su alojamiento y se suman las violencias que padecen específicamente frente a un sistema penitenciario que carece de iniciativas y dispositivos institucionales para las identidades diversas.