En sus alegatos, los defensores de los siete policías imputados por la Masacre de Wilde, apelaron a justificativos gastados como el del supuesto “enfrentamiento armado” o el rechazo al fallo de la Suprema Corte bonaerense que reabrió el caso. Pero en el último alegato fueron más lejos, como con la frase del título. El 5 de diciembre se escucharán las últimas palabras.
Por Colectivo de Medios Populares*. Redacción: Carlos Rodríguez.
María Celeste Vázquez, la defensora oficial de Marcos Ariel Rodríguez, rompió las normas y dijo en forma tajante que su representado “nNo estuvo en la Brigada de Lanús ni participó en el hecho” ocurrido en enero de 1994. Por eso pidió su absolución.
Para justificar su postura, rechazóo la validez de la declaración de otro policía, Daniel Roque Cinquino, quien dijo que Rodríguez estuvo y que fue uno de los que más disparó. Según Cinquino, el cabo Rodríguez le sacó su arma, una pistola 9 milímetros, y disparó contra las víctimas.
Vázquez coronó su alegato con una frase polémica: “Aplicar una pena 28 años después no es justicia, es venganza”. En su exposición, Vázquez no dijo una sola palabra sobre Edgardo Cicutín y Norberto Corbo, dos de los fallecidos, totalmente ajenos a cualquier hecho delictivo. Su postura choca con la de Raquel Gazzanego, viuda de Cicutín, quien viene reclamando “una justa justicia”, luego de casi 29 años de impunidad.
La defensora de Rodríguez Vázquez dijo que había pedido la realización del juicio oral para poder refutar “la imputación absurda” que pesa sobre su defendido. Sostuvo que en el debate “no se ha acreditado de ninguna forma la participación del señor Marcos Ariel Rodríguez”, en el cuádruple homicidio ocurrido el 10 de enero de 1994.
LLa defensora, leyó la lista de integrantes de la Brigada de Investigaciones de Lanús y señaló que Rodríguez no figuraba en la nómina, porque no formaba parte de ella. Además, recordó que su defendido “se encontraba en disponibilidad preventiva” desde el 23 de septiembre de 1993, “sin goce de sueldo”, como surge de su legajo. Eso la lleva a “presumir que no participó en ningún operativo” y que tampoco “sSalió a hacer ninguna diligencia ni a matar a nadie”.
Para justificar sus dichos, hizo mención al libro de guardia, en el que se indica que a las 14:,15 comenzó a salir personal de la Brigada, pero allí no se dejó constancia de la salida de Pedro Cinquino y de Rodríguez, en un Volkswagen Gol bordó, conducido por el primero.
De acuerdo con constancias de la causa, la parte acusadora sostiene que Rodríguez y Cinquino salieron juntos, para unirse al operativo que terminó con la Masacre de Wilde.
Cinquino estuvo imputado al comienzo del caso, junto con otros 11 policías, pero luego fue sobreseído porque se consideró probado que Rodríguez fue quien participó en la balacera contra el Peugeot 505 conducido por Norberto Corbo y el Dodge 1500 en el que iban Claudio Díaz y Edgardo Cicutín, utilizando la pistola 9 milímetros de Cinquino. Los asesinados fueron Corbo, Cicutín y los pasajeros del Peugeot, Héctor Bielsa y
Gustavo Mendoza, mientras que Díaz salió ileso.
En su alegato, Vázquez señaló que Rodríguez “no prestaba funciones en la Brigada, estaba en disponibilidad y además, no tenía armas”, precisamente por estar sancionado. Esos datos son ciertos, pero la parte acusadora afirma que Rodríguez participó en el ataque y que el hecho de estar “en disponibilidad” agrava su situación, porque no estaba en condiciones de realizar ningún acto de servicio.
Vázquez consideró que “lo único que vincula a Rodríguez con la causa es la declaración indagatoria de Daniel Roque Cinquino”. Este policía declaró que salieron con Rodríguez en el Gol, que él estaba al volante y que tenía su arma reglamentaria sobre el asiento, del lado del conductor, debajo de su pierna derecha. Según su relato, Rodríguez tomó el arma que no era suya, bajóo del auto y empezó a disparar con la pistola 9 milímetros de su compañero.
La parte acusadora dijo que fue Rodríguez el que usó el arma y fue uno de los que más disparos realizó. Vázquez, en cambio, aseguró que “es increíble” el relato de Cinquino, quien dijo que Rodríguez se llevó su pistola, que hizo varios disparos contra el Dodge 1500, que luego lo perdió de vista y que al final lo vio regresar, siempre con el arma en la mano.
Para la defensora “es inverosímil que un cabo como era Rodríguez, de más baja jerarquía que Cinquino, le haya robado su arma a un superior y que éste no haya hecho nada para recuperarla” en forma inmediata. Recalcó que esta declaración de Cinquino “no puede ser el único elemento a valorar para justificar una pena de prisión perpetua” como la que fue pedida para Rodríguez, al igual que para el resto de los acusados.
La defensora reiteró que Rodríguez “no participó de los hechos” y le dio credibilidad a lo que dijo su cliente respecto de que nunca supo que estaba prófugo y por eso “desarrolló sus actividades en forma normal” durante 20 años, en la provincia de Córdoba, donde vivió sin que la Justicia hiciera nada para detenerlo. Al hablar en el juicio, Rodríguez dijo que nunca se enteró que estaba prófugo, algo difícil de entender por la gran difusión que tuvo el caso en los medios de comunicación de todo el país. En las noticias, Rodríguez siempre figuraba como “el policía prófugo”.
Vázquez insistió en que su defendido “no estuvo presente en los hechos, ni siquiera estuvo presente en la Brigada, porque no cumplía funciones allí”. Agregó que para imputarlo “y haberlo tenido detenido ocho años (por la fuga) se ha traído al debate una declaración indagatoria realizada en 1994 por Daniel Roque Cinquino”. De todos modos, está probado que Rodríguez estuvo el 10 de enero de 1994 en la Brigada de Lanús, porque él mismo lo reconoció al dar su versión en el debate. También se demostró que lleva su firma el acta de detención del cabo y, por consiguiente, la posterior y extraña fuga de la Brigada, horas después de que ocurrieran los hechos. La abogada eludió mencionar que son varios los testigos que vieron a Rodríguez en la Brigada y que algunos de los policías imputados lo señalaron como “el principal responsable” de los hechos que terminaron con cuatro asesinatos y un quinto en grado de tentativa.
De todos modos, con toda la energía puesta en su alegato, Vázquez cerró su intervención con una frase polémica: “Aplicar una pena después de 28 años no es justicia, es venganza, y el Poder Judicial y sus representantes no pueden estar al servicio de la misma”. Aseguró que en la causa “se transitan caminos sinuosos de gravedad institucional”. Luego pidió la absolución de su defendido.
* Colectivo de Medios Populares: La Retaguardia / FM Riachuelo / Sur Capitalino / Revoluciones / Radio Presente