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Ayer a las 15:00, voceros del Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que, en lo que va del aislamiento, hubo 6.191 personas detenidas y 201.913 demoradas, es decir, que fueron liberadas tras cumplir los protocolos de identificación, imputación y notificación. A ver si entendemos la magnitud de esa data fría: se iniciaron un total de 208.104 causas penales contra otro tanto de personas, de las cuales casi 6.200 siguen privadas de su libertad. El número, además de representar un universo infernal de personas que estuvieron –y en algunos casos, siguen estando- detenidas, permite imaginar el colapso que sufrirán los sistemas judiciales de todo el país cuando se deban tramitar cada uno de esos expedientes. ¿Se acuerdan las colas de varias cuadras en los juzgados contencioso...

La pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos nacional y provinciales para contener su propagación nos confrontan con múltiples desafíos. Por una parte, es necesario que todxs aportemos a la que parece ser, de acuerdo a la experiencia internacional, la mejor vía para contener la circulación del virus, que es limitar al máximo posible el contacto entre las personas para reducir la posibilidad de circulación comunitaria del virus. Por la otra, el aislamiento social obligatorio dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia 297/2020, tiene graves consecuencias para un enorme universo de personas (trabajadorxs precarizadxs, en negro, quienes dependen de changas, personas en situación de calle, etc.), que, si obedecen la medida, no pueden garantizar una subsistencia...