Otro feudo perverso llamado “Juarismo”
Por Hugo Alberto de Pedro - Wednesday, Jul. 02, 2003 at 12:13 AM
hugo_de_pedro@speedy.com.ar

La Constitución de la provincia de Santiago del Estero establece dos derechos políticos que deben ser exigidos por la sociedad, ellos son el Derecho de Iniciativa (art. 41) y el de Consulta Popular (art. 42). Con ambos derechos deberán ser los propios ciudadanos los que impongan las reglas y los alcances de los mismos para terminar por desenmascarar a la vieja y autoritaria política impuesta por Carlos Arturo Juárez.

Otro feudo perverso llamado “Juarismo”

“Usted sabe cómo es la fama de los santiagueños: están tildados como tipos buenos, humildes, pacíficos. Hasta que un día se les acabó la paciencia, porque ya era tremenda la injusticia.
Los manifestantes son gente humilde, que ya venía marchando desde antes, pero un día se cansó y dijo basta.
Por no haber sabido escuchar a tiempo los reclamos“
Diciembre de 1993 - Sixto Palavecino (músico popular santiagueño)

por Hugo Alberto de Pedro

Cuando en mayo de 1949, tras la intervención federal ordenada un año antes por Juan Domingo Perón en la provincia de Santiago del Estero, asumió el electo gobernador Carlos Arturo Juárez, por entonces de 32 años, no sabemos si imaginaba en lo que se convertiría con el correr de los años, aunque tenemos nuestras sospechas porque la historia del peronismo lo justifica. 24 años después, en el año 1973, el mismo Juárez llegaba nuevamente a la gobernación para cumplir su segundo mandato. Una vez terminada la más terrible y genocida dictadura militar -1976/1983-, en el año 1983 y ya con 66 años se haría del tercer período como jefe del gobierno santiagueño. Su cuarta entrada al poder legal, no al real que nunca abandonó, a continuación del prestado y también manejado de César Iturre –1987/1991- y Carlos Mujica –1991/1995-, se produce en el año 1995 cuando contaba con 78 años. Luego, como sucedió y está por suceder en varias provincias argentinas y la Nación misma, por una reforma constitucional será nuevamente reelecto con sus 82 años gobernador de la Provincia de Santiago del Estero en el año 1999.

Toda ésta maratónica vida política lo lleva a renunciar a la gobernación hacia finales del año 2001 para asumir en su condición de Senador Nacional electo mientras detentaba el poder ejecutivo provincial, toda una hazaña sin dudas salvo que consideremos las formas adoptadas para llevar adelante su ideal feudal. La misma que cuatro veces lo llevó al Senado Nacional en los años 1952, 1987, 1998 y 2001 y que lo vio asumir y renunciar a su cargo según las conveniencias de ocupar la primera magistratura provincial sin haber cumplido jamás su mandato legal completo como legislador.

En resumen, desde hace 54 años fue 16 gobernador y 11 senador, es decir todo el control sobre las vidas y esperanzas de cientos de miles de santiagueños, que además, lo han visto violando períodos electivos de mandato adelantando elecciones y asunciones como meses atrás lo hizo el otro feudo de San Luís de los hermanos Rodríguez Saá.

Protector Ilustre del Pueblo de Santiago del Estero

Ha sido la legislatura de Santiago del Estero la que le regaló éste ilustre título como el de “Ciudadano Ilustre”, que nos da una idea de la sumisión de los representantes del pueblo tanto para con él como con su consorte la “Ministra Honorífica”. También el “Hotel Carlos V” de la provincia recuerda a su quíntuple gobernación como si se tratara de una monarquía.

Es el mismo Juárez que en una entrevista dijo al ser consultado cómo le gusta que lo llamen: “Protector, me agrada eso. Porque yo he vivido luchando por los pobres”. Claro está que no se refería a los que conforman el 60% de la pobreza o el 28% de indigencia en su provincia, o al 40% de menores de 14 años indigentes, ni a la desocupación y subocupación del 17% que es mucho más si no se tiene en cuenta el prebendario empleo público que genera cifras tres veces superiores si se lo mide en términos del desempleo abierto, encubierto y oculto. Todo ello acompañado de una tasa de empleo que no alcanza al 30% sencillamente por carecer Santiago del Estero de industrias productivas.

Libertad de Expresión

“Todo habitante tiene la libertad de expresar y difundir, sin censura previa, sus pensamientos, ideas, opiniones y críticas mediante la palabra oral o escrita, por cualquier medio de comunicación, así como la libertad de buscar, recibir y transmitir información. Tiene derecho a la libre producción y creación intelectual, literaria, artística y científica. Ninguna autoridad provincial o municipal puede dictar leyes, decretos u ordenanzas que en cualquier forma tiendan a restringir directa o encubiertamente el ejercicio de la libertad de expresión. Las instalaciones y equipos de los medios de difusión no pueden ser objeto de imposiciones extraordinarias, ni de censura, confiscaciones o decomisos. Toda norma en contrario es absolutamente nula. Todo habitante que, por causa de una información inexacta o agraviante sufra perjuicio, tiene derecho a efectuar gratuitamente por el mismo medio de comunicación su rectificación o respuesta. En caso de negativa el afectado puede recurrir a la instancia judicial, por vía del Amparo”.

El párrafo anterior es verdadero, legal y lo podemos consultar en el Art. 19 de la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero. Hasta acá un ejemplo de libertades declamadas y declaradas, para más datos y extensos por cierto podemos consultar las denuncias efectuadas por la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS) que nos demuestran que no se cumple con los preceptos de la carta magna provincial.
Señora de la Consolación de Sumampa


La población santiagueña, porfiada como la mula que en el año 1630 trasladaba la imagen de la virgen que se convertiría en patrona de la provincia, no ha dejado de dar muestras del cansancio que tanto autoritarismo va impregnando en sus vidas.


El 16 de diciembre de 1993 se produce una pueblada de gran magnitud que terminó en las cenizas de todos los íconos del poder concentrado por Juárez, la casa de gobierno, la legislatura, el palacio de justicia y propiedades de algunos dueños del poder. Lo que se convirtió en el Santiagueñazo que se suma a otras tantas manifestaciones populares de nuestra historia.


Han sido “Las Madres del Dolor” las que han denunciado con todas sus fuerzas las arbitrariedades y la sangre derramada por los tentáculos del poder “caudillesco juarista”. Desde su periódico La Verdad nos han informado todo aquello que el poder trata de esconder como son los asesinatos y las torturas, y se convirtieron en las adalides de la defensa de los Derechos Humanos en esas tierras.

También es probable que el asesinado aquel 4 de setiembre de 1998 no haya chocado con una caballo ni con una mula, sino que el Obispo Gerardo Eusebio Sueldo encontró su muerte por el simple hecho de haber desenmascarado al poder corrupto de Juárez. Sus constantes denuncias eran seguidas y controladas férreamente desde la “inteligencia” del poder, sometido a todos los viles espionajes imaginables que sin embargo no pudieron limitar su peregrinaje por la verdad y la justicia. La perversidad del “juarismo” había llegado hasta los límites de hacer una prolija investigación del sacerdote en su paso por Orán para buscarle antecedentes y desprestigiarlo. Fue Sueldo una de las tantas voces que manifestaba por aquellos años: “No creemos en la justicia. No confiamos en la policía”.

Como excepción de muchos otros jefes de la Iglesia Católica, en el Obispado de Santiago del Estero fue Sueldo quien creó en su diócesis la Secretaria de Derechos Humanos y desde ella se denunciaron cientos de violaciones a los mismos, como así también las torturas, desaparición y muertes nunca investigadas con el debido rigor judicial. Es por eso que tampoco dudó en apoyar y convertirse en cofundador de la organización “Madres del Dolor”.

La muerte detrás del poder

Si deberíamos buscar un ejemplo emblemático del autoritarismo en los pagos santiagueños debemos referirnos a Antonio Musa Azar, un comisario general retirado a cargo de la Secretaría de Informaciones y hace unos días renunciado convenientemente por la gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés de “Juárez”, o sea, en una demostración de continuidad es la esposa de Carlos Juárez.

Este nefasto personaje, Musa Azar para no confundirlo entre otros de su misma calaña, ha sido denunciado en el informe de la Comisión Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en setiembre de 1984 y publicado por Eudeba: Capítulo I La acción represiva, C Torturas (Pag. 34, Torturas a la Dra. Teresita Hazurun - Legajo Nº 1127 y Capítulo III El poder judicial durante el período en que se consumó la desaparición forzada de personas, C - La desaparición de abogados (Pag. 419/421), Desaparición del Dr. Guillermo Augusto Miguel - Legajo N° 5392.

Creemos las verdades allí expuestas y toda una vida abrazando las causas de la “inteligencia”, lo apremios ilegales y la muerte que nos liberan de escribir más sobre éste triste y temerario personaje que manejó los “servicios” por varias décadas.

Las empresas del poder

Desde ya que no vamos a sostener que solamente en Santiago del Estero el poder económico se ha montado en la política y que ésta vive desarrollando su poder con el dinero indebido que permitió que empresarios ligados a ella consiguieran sobre el hambre y desesperación del pueblo.

Néstor Carlos, no Kirchner, sino Ick, es un determinante ejemplo de lo antes mencionado con todas sus empresas relacionadas y enquistadas con las acciones del gobierno como por ejemplo: Co.Pri.Sa. SRL -correo privado contratado por el gobierno-, Banco de Santiago del Estero SA -agente financiero estatal y para todas las operatorias de los empleados públicos-, Mercurio SA -tarjeta SOL de débito y compra para los empleados públicos-, E.D.E.S.E. SA -empresa eléctrica provincial-, Casinos y Bingos del SOL, Hamburgo Compañía de Seguros -contratada para los seguros del estado provincial-, Medios de Comunicación -FM Meridiano, LRK 344, FM 101.1, Canal 7 de Televisión, Tele Imagen Codificada SA-, Parque de la Paz -cementerio privado-, entre otras.

Cabe mencionar que en todas las relaciones con la provincia ha sido adjudicatario directo o bien se realizaron sus contrataciones directamente, salvo en los casos de licitaciones realizadas “a medida”, como asimismo ha sido beneficiario de créditos para la actividad de hoteles y le han sido entregado en varias oportunidades beneficios fiscales extremos.

Walter Noé Tagliavini, quien fuera ministro de Economía provincial, ha estado ligado profesionalmente como Contador Público a Ick mientras desarrollaba funciones públicas, siendo un dato sorprendente el privilegio en el otorgamiento de código de descuentos en los haberes de los empleados públicos a favor de las empresas éste.

Para el poder político del “juarismo” las cuestiones de alto vuelo se vieron también demostradas en las arbitrarias medidas económicas tomadas a favor de Dinar Líneas Aéreas S.A. para realizar inversiones en la empresa y la mendaz justificación que se realizaba para establecer nuevos vuelos entre Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires. En éste negociado cercano a los 35 millones de dólares han asistido la complicidad del ministerio de Economía, la legislatura provincial, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de estado.

Las chicas muertas por el poder

No caben dudas de que han sido Leyla Bashier Nazar y Patricia Villalba víctimas de los abusos del poder en Santiago del Estero. La injusticia de una investigación a medida, el encubrimiento y los sospechosos de siempre -los de las fiestas de droga y de alcohol- que abrazan las cúpulas gubernamentales y del dinero son los únicos responsables.

Seguramente, y de ser posible con una investigación judicial seria, nos encontraremos con dos casos que nos remitirán a la memoria de la muerte de María Soledad Morales en Catamarca allá por comienzos de la década pasada. Es por eso que debemos recordar que en aquella oportunidad también estaba detrás el mismísimo poder político, económico y judicial. La intervención de la provincia y el envío de “eruditos” como el comisario Luís Patti nada lograron hacer de no haber surgido un movimiento popular de magnitudes que fue acorralando a los poderes del Estado.

Las crónicas periodísticas y de su investigación, junto a una excelente tarea de los abogados de los familiares de las víctimas ya son por demás de determinantes para nosotros, y esperamos una urgente acción de la justicia.

Debemos tener que ser claros en esto, si la justicia santiagueña no trabaja como corresponde debería ser urgentemente intervenida.

Las mujeres y los hombres deben luchar

Una vez más debe ser la sociedad santiagueña la que debe dar un paso adelante para no permitir más abusos del poder y trabajar para el esclarecimiento de cada uno de los hechos de corrupción, tortura, vejaciones, falta de libertades y muertes.

Como en el año 1993, aquel 16 de diciembre del “Santiagueñazo”, deberá ser el pueblo en las calles el que exija justicia y termine sin dejarle salida alguna a la impunidad del “juarismo”. Las marchas llevadas a cabo en las últimas semanas nos demuestran que es posible ir perdiendo el miedo y es por eso imprescindible contar con la colaboración y el compromiso de los medios nacionales, los representantes del pueblo de cualquier lugar del país y también de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales trabajando junto a los movimientos sociales de Santiago del Estero.

Conocemos muchos otros casos provinciales en que el desmedido empleo público ha servido a los sistemas autoritarios del poder para no permitir la libre participación ciudadana ante los casos de abusos del poder de cualquier especie. Simplemente por el hecho del “miedo” de perder el trabajo, las dádivas o las prebendas. Pero así están las cosas y con ellas nos debemos manejar, por ahora claro, con la determinación y la seguridad que estará en nosotros encontrar las fuerzas necesarias para cambiar los rumbos impuestos.

Las intervenciones del Gobierno Nacional ya sabemos que no alcanzan para nada, así lo demuestra la misma Santiago del Estero, San Juan, Salta, Santa Cruz, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Catamarca y otras tantas a largo de la historia nacional, y que tampoco sirven a los fines que se declaman ya que siempre vienen de la mano de un poder lejano que no sabe comprender las verdaderas necesidades del pueblo de cada provincia y que terminan siendo un pie para futuros pasos y apetencias políticas.

La Constitución de la provincia de Santiago del Estero establece dos derechos políticos que deben ser exigidos por la sociedad, ellos son el Derecho de Iniciativa (art. 41) y el de Consulta Popular (art. 42). Con ambos derechos deberán ser los propios ciudadanos los que impongan las reglas y los alcances de los mismos para terminar por desenmascarar a la vieja y autoritaria política impuesta por Carlos Arturo Juárez.

No hay otra forma de terminar con éste otro feudo perverso llamado “Juarismo”.

30 de junio del 2003

usuarios.advance.com.ar/hugo-de-pedro/hdp.htm

agrega un comentario