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Informe de Amnistía Internacional muestra preocupante situación de los Pueblos Originarios
por Aymara Net •
Saturday, Jul. 05, 2003 at 5:14 PM
Informe de AI 2002 - 2003.
Wednesday June 18, 2003 at 07:12 AM
En base al Informe 2002 - 2003 de Amnistía Internacional.- - El primer punto preocupante es el mismo informe de Amnistía Internacional que en muchos casos como en Bolivia y Perú y Ecuador donde existe una mayoritaria población indígena tanto en areas rurales como urbanas no se consideró su problemática específica de mayorías discriminadas (es más en el caso de Ecuador no encontramos la parte referida a la situación indígena). En otros casos donde la violencia se ha centrado en los indígenas como Colombia su grave situación esta inserta en la violencia generalizada.
Este es un extracto de la publicación de AI en la cual se ha tomado sólo la situación de los países del Abya Yala con la inclusión de Españna , porque es un país al cual gran cantidad de población indígena se ha desplazado, y porque España se está recibiendo a la inmigración con un fuerte odio y racismo pese a que ellos invadieron el Abya Yala y depredaron nuestras riquezas y se beneficieron de la esclavitud de indígenas. El siguiente es el extracto:
Argentina
En agosto, un centenar de miembros de la policía provincial registraron las viviendas de la comunidad indígena Toba en Formosa, a raíz de la muerte de un policía y las lesiones sufridas por otro agente en circunstancias controvertidas. Los policías fuertemente armados destruyeron bienes, golpearon y maltrataron a adultos y niños, profiriendo insultos racistas contra los Tobas. Los detenidos entre los que había un hombre de 74 años, fueron torturados o maltratados.
Bolivia
A principios de año cuatro campesinos perdieron la vida y varias personas más resultaron heridas en el Chapare. Decenas de sindicalistas fueron detenidos, existieron detenciones arbitrarias y malos tratos a detenidos por parte de las fuerzas de seguridad.
En junio hubo elecciones presidenciales y elecciones al Congreso. El resultado electoral puso de relieve el surgimiento progresivo de un voto rural de izquierda como fuerza política liderada por el Evo Morales, del partido Movimiento al Socialismo (MAS). Por primera vez, las comunidades indígenas lograron una fuerte representación parlamentaria a través de este partido, que obtuvo el segundo grupo más numeroso de escaños en la Cámara de Diputados.
En la región del Chapare cuatro miembros de las fuerzas de seguridad resultaron muertos en circunstancias controvertidas; más de 80 dirigentes sindicales fueron detenidos y precisaron tratamiento médico como consecuencia de las palizas recibidas bajo custodia. En octubre, en Ichoa, departamento de Cochabamba, el campesino Sabino Toledo resultó muerto y otros tres campesinos resultaron heridos en circunstancias que parecían indicar un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
Se recibieron informes sobre malos tratos a reclutas en un cuartel militar de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz. Según los informes, los reclutas fueron sometidos a castigos violentos y abusos sexuales. Se anunció la apertura de una investigación sobre las denuncias.
Más de 10 reclutas que cumplían el servicio militar en el cuartel de Puerto Suárez desertaron cuando, al parecer, los sometieron a acoso sexual y los castigaron por desobedecer órdenes derramándoles combustible de aviación sobre los genitales.
Continuaron las amenazas y el hostigamiento contra defensores de los derechos humanos por denunciar abusos y ofrecer su ayuda a detenidos y miembros de grupos indígenas en el contexto de disputas sobre la tierra. En marzo, César Blanco -abogado de la organización no gubernamental Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), que ofrece asistencia letrada a los campesinos y las comunidades indígenas- estuvo varias horas detenido bajo custodia de la policía de Tarija, durante su detención fue maltratado y amenazado con "desaparecerlo".
Brasil
En el contexto de disputas por la propiedad de la tierra, los activistas campesinos sufrieron acoso y agresiones a manos de agentes de la policía militar que efectuaban operaciones de desalojo, y algunos murieron a manos de sicarios armados que a menudo parecían contar con el consentimiento de la policía y las autoridades locales. La Comisión Pastoral de la Tierra documentó 38 homicidios de activistas campesinos en el conjunto del año, un incremento del 31 por ciento con respecto a 2001. Sólo en el estado de Pará los informes señalaban que se había dado muerte al menos a 10 trabajadores rurales y sindicalistas. Defensores de la reforma agraria continuaron siendo encarcelados en aplicación de órdenes de prisión preventiva y siendo acusados de delitos comunes por motivos políticos. En muchos casos parecía que los cargos se debían únicamente a sus actividades pacíficas en favor de la reforma agraria.
Almir Muniz da Silva, trabajador rural, fue visto por última vez el 29 de julio, cuando recorría un pequeño sendero rural del municipio de Itabaiana, estado de Paraíba. Las investigaciones no lograron esclarecer su paradero. Almir da Silva había declarado ante la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la Violencia Rural y la Formación de Milicias Particulares en el estado de Paraíba, y había nombrado a un policía como el principal responsable de la violencia contra los trabajadores rurales de la región. Según informes, Almir da Silva figuraba entre los 10 nombres que integraban una lista negra confeccionada por la policía y terratenientes locales, y otros cuatro individuos de la lista habían sufrido atentados contra su vida.
En junio, después de muchos años y múltiples obstáculos legales, se celebró el nuevo juicio de los agentes de la policía militar acusados de la matanza de 19 activistas campesinos cometida en 1996 en Eldorado dos Carajás, estado de Pará. Representantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST) boicotearon el juicio, afirmando que las actuaciones no eran imparciales ni independientes. Otras organizaciones no gubernamentales que colaboraban con la acusación se retiraron al conocer la decisión de juzgar a 127 soldados en una sola sesión. De todos los acusados, sólo el coronel Mario Pantoja y el comandante José María Oliveira fueron declarados culpables de haber participado dirigiendo la operación policial. Ambos continuaron en libertad en espera del resultado de su apelación. Los demás acusados, entre ellos 1 comandante, 1 capitán, 4 tenientes, 11 sargentos y 127 soldados de la Policía Militar de Pará, fueron declarados inocentes. Amnistía Internacional, al igual que los familiares de las víctimas y las organizaciones no gubernamentales locales, consideró que estas condenas eran más bien simbólicas, dada la incapacidad de la investigación policial y del proceso judicial para señalar a las personas con responsabilidad penal individual por haber dado muerte a los 19 activistas campesinos con armas de fuego e instrumentos cortantes. Se interpusieron recursos contra las sentencias del tribunal. Grupos indígenas de todo el país fueron igualmente víctimas de amenazas, agresiones y homicidios, casi siempre a causa de su lucha por los derechos sobre la tierra. Según informes, sufrieron nuevas violaciones de sus derechos -incluido acoso sexual- como consecuencia del establecimiento de bases militares en tierras indígenas. El Decreto 4.412, que regulaba la presencia de las fuerzas armadas en dichas tierras, suscitaba preocupación porque no ofrecía la protección necesaria a los grupos indígenas. Seguía pendiente la adopción de otras leyes destinadas a proteger los derechos de estos grupos: el Estatuto de los Pueblos Indígenas estaba en espera de su aprobación en el Congreso, y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo) ya había sido ratificado por el Senado y seguía pendiente de la ratificación del presidente.
El 15 de septiembre, individuos armados irrumpieron en la comunidad indígena Pataxó residente en el pueblo de Pequi, estado de Bahía, disparando al azar. Una treintena de familias huyeron del pueblo mientras sus casas eran destruidas. Muchos de sus miembros sufrieron agresiones. Tras el violento desalojo se detuvo a seis miembros de la comunidad Pataxó. Todos quedaron posteriormente en libertad, uno de ellos con señales visibles de tortura. Los miembros de la comunidad estaban convencidos de que el responsable de toda esta violencia era un terrateniente local y que en los hechos habían participado miembros de la policía civil y militar. Al concluir el año, las familias aún no habían podido regresar a sus tierras y su situación era sumamente precaria. Los miembros de la comunidad Pataxó sufrían constantes agresiones y actos de violencia a partir de la demarcación de sus tierras en 1988.
Chile
Hubo nuevos enfrentamientos y se recibieron informes sobre uso excesivo de la fuerza por parte de los carabineros en el contexto de las disputas por los derechos sobre la tierra que seguían registrándose en el sur del país. En noviembre, Edmundo Alex Lemun, de 17 años y miembro de la comunidad mapuche, fue alcanzado por disparos en la cabeza y murió en un hospital. Según informes, los carabineros le dispararon durante un enfrentamiento entre grupos indígenas mapuches y carabineros en Ercilla, en la IX Región.
Colombia
Los grupos paramilitares continuaron extendiendo y consolidando su presencia por todo el país, particularmente en zonas donde había una fuerte presencia del ejército. Los paramilitares que actuaban en connivencia con las fuerzas de seguridad fueron responsables de la gran mayoría de las "desapariciones" y homicidios de civiles. El 4 de agosto, según informes, los paramilitares mataron a tres miembros de una comunidad indígena, entre ellos el dirigente indígena Obencio Germán Crillo Queta, del resguardo indígena de Valle del Guamuez, en Hormiga, departamento de Putumayo.
El 26 de noviembre, según informes, los paramilitares mataron a no menos de cuatro campesinos en Matal de Flor Amarillo, municipio de Arauca, departamento de Arauca, que formaba parte de la Zona de Rehabilitación y Consolidación. Al parecer los paramilitares buscaban a varias personas incluidas en una lista que tenían en su poder.
Los campesinos y los miembros de comunidades afrocolombianas e indígenas que residían en las zonas de conflicto o en áreas de interés económico seguían estando entre las principales víctimas de violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas de seguridad y sus socios paramilitares o por grupos guerrilleros. Más de 350.000 personas tuvieron que desplazarse internamente en los primeros nueve meses del año como consecuencia de las amenazas recibidas y de los homicidios de civiles cometidos por ambas partes del conflicto.
En octubre, unos 800 miembros del resguardo indígena Embera Katío del Alto Sinú se vieron obligados a abandonar sus hogares tras las amenazas de muerte emitidas por las FARC contra las comunidades indígenas y el homicidio de un dirigente indígena.
Entre diciembre de 2001 y principios de 2002, las incursiones de los paramilitares en los municipios de El Tarra y Teorama, en el departamento de Norte de Santander, provocaron el desplazamiento forzoso de más de 10.000 civiles, muchos de los cuales huyeron a las capitales de otros municipios de la región.
España
En abril, Amnistía Internacional lanzó una campaña en la que pedía a las autoridades que adoptaran una estrategia nacional contra el racismo. El informe que se publicó simultáneamente concluyó que las denuncias de malos tratos por motivos racistas eran frecuentes y numerosas. A pesar de la existencia de leyes y normas contra la conducta discriminatoria o arbitraria, la aplicación de criterios raciales era algo común y el uso discriminatorio de los controles de identidad era origen de malos tratos y abusos contra los extranjeros por parte de los funcionarios. Las extranjeras indocumentadas eran especialmente vulnerables a sufrir violaciones o graves agresiones sexuales bajo custodia. Los inmigrantes sometidos a procedimientos de expulsión no eran tratados con dignidad ni transparencia, mientras que la impunidad de los agentes del orden se daba especialmente en los casos que afectaban a las minorías étnicas y los extranjeros.
El ministro del Interior aseguró a Amnistía Internacional que el gobierno, el sistema judicial y los organismos encargados de hacer cumplir la ley mantenían un compromiso absoluto para con la lucha contra el racismo, y negó de hecho que entre los funcionarios públicos existiera el problema del racismo, aunque no dio ninguna respuesta de peso al informe de Amnistía Internacional. En junio, el ministro compareció ante la Comisión de Justicia e Interior de las Cortes, donde respondió a numerosas preguntas sobre el informe. El ministro admitió que había algunos casos de malos tratos, pero afirmó que se trataba de casos "aislados". Algunos diputados instaron al gobierno a que respondiera a las recomendaciones del informe de establecer un plan nacional para combatir el racismo y a muchas de sus recomendaciones más específicas.
En noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU, que examinó el cuarto informe periódico de España sobre su aplicación de la Convención contra la Tortura, expresó su preocupación por los informes de malos tratos a inmigrantes por motivos racistas, así como por los informes de violaciones y abusos sexuales. El Comité recomendó que se ampliara la definición de tortura del Código Penal español para incluir "cualquier tipo de discriminación". Claudia Peña Ureña y su hermana Brunilda Ureña Ureña, ciudadanas dominicanas, afirmaron haber sido agredidas y sometidas a insultos racistas en marzo por dos agentes de la Policía Nacional que acudieron a intervenir ante un alboroto en una fiesta de cumpleaños en Torrejón de Ardoz (Madrid). Según los informes, a Claudia Peña le dieron patadas en la cara y la cabeza tras arrojarla al suelo y luego la pisotearon, todo ello en presencia de varios niños de corta edad. El padre de Claudia Peña ha afirmado que, cuando intentó presentar una denuncia ante la policía, le dijeron que no podía hacerlo y lo sacaron por la fuerza de la comisaría, según los informes después de insultarlo, amenazarlo y darle patadas y puñetazos. Un informe médico sobre Claudia Peña consignó "contusiones múltiples". En mayo, un tribunal absolvió a ambas mujeres del cargo de desacato a la autoridad. El juicio sobre las denuncias de malos tratos presentadas por ambas mujeres, previsto para septiembre, fue aplazado, según los informes debido a que los agentes se encontraban de vacaciones. En diciembre los policías fueron absueltos por falta de pruebas. Varios testigos no se presentaron al juicio.
En marzo, un agente de la Policía Nacional fue condenado a 12 años de cárcel por agredir sexualmente a J, mujer de nacionalidad colombiana, en Valladolid en 2001, y en abril otro agente de este cuerpo fue condenado a cuatro años de cárcel por agredir sexualmente en 1998 a la peruana Miriam Rosa Verástegui Templo. Respecto a J, el tribunal señaló que, dada su situación irregular en España, estaba en una condición de especial vulnerabilidad frente al agente. Ambos policías recurrieron las sentencias y, al no ser éstas definitivas, continuaron en libertad.
En mayo, Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación cuando las autoridades de la ciudad autónoma de Melilla declararon que en el futuro no brindarían su protección a los menores extranjeros no acompañados que entraban en la ciudad. La organización reiteró sus anteriores peticiones a las autoridades nacionales, regionales y autonómicas para que respetaran las normas internacionales sobre el cuidado y la protección de los menores no acompañados. En junio, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, expresó su "profunda alarma por las condiciones de los niños extranjeros no acompañados" y recomendó que las autoridades españolas tomaran medidas urgentes para mejorar esta situación, como evitar las expulsiones irregulares e investigar de forma eficaz las denuncias de malos tratos. Tras la publicidad negativa sobre la situación de los menores marroquíes y el recurso presentado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Málaga para que se anularan muchas de las expulsiones de Melilla por ser ilegales, durante el resto del año disminuyó considerablemente el número de expulsiones. También se informó de mejoras en las condiciones de algunos centros de acogida. Sin embargo, en junio y julio se denunció el uso abusivo de una "celda de castigo" del centro de Melilla denominado Fuerte de la Purísima. Algunos menores afirmaron que los habían golpeado por faltas de disciplina y los habían encerrado en la celda, minúscula, sucia y sin ventanas. Un profesor y un guardia de seguridad fueron acusados de golpear a los niños dentro de la celda y de animar a los de más edad a cometer actos de violencia. El fiscal de Málaga ordenó el cierre de la "celda de castigo". Se abrió una investigación judicial sobre la situación denunciada y sobre las denuncias individuales de niños que afirmaban haber sido maltratados físicamente y acosados sexualmente. En diciembre, el centro de acogida de La Montañeta, en Las Palmas de Gran Canaria, según los informes descrito como "de infierno" por un fiscal, fue clausurado tras denunciar varios menores que habían sido maltratados, violados y sometidos a abusos sexuales por compañeros de más edad. También hubo informes de agresiones a cuidadores y profesores. Preocupaba que la conflictiva situación de los centros de acogida de las Islas Canarias, como el del Puerto del Rosario (Fuerteventura), aumentara la presión política para reanudar las expulsiones de menores contra su voluntad.
Guatemala
Aumentaron los abusos contra los que presionaban para que se cumplieran los acuerdos de paz en lo relacionado con los derechos sobre la tierra. En marzo, varios dirigentes de los trabajadores rurales indígenas fueron amenazados en los departamentos de Retalhuleu y San Marcos y, en este último, varias personas asociadas a la iglesia fueron amenazadas de muerte y sufrieron otros actos de intimidación debido a sus intentos de mediar entre poderosos terratenientes particulares y campesinos indígenas que reclamaban la propiedad de tierras en virtud de la reforma agraria guatemalteca de 1944. También en marzo, activistas campesinos que reclamaban unas tierras dedicadas a plantaciones bananeras en Morales, departamento de Izabal, fueron agredidos por policías y paramilitares vinculados a terratenientes locales. Un destacado activista resultó muerto.
Varios dirigentes campesinos del departamento de Alta Verapaz denunciaron amenazas de muerte en octubre. El 14 de octubre, en Senahú, alrededor de un millar de agentes de la Fuerza Especial Policial y la Policía Nacional Civil desalojaron violentamente a mujeres y niños de las tierras que ocupaban; según informes, cuatro mujeres y ocho niños "desaparecieron".
Honduras
El nuevo gobierno prometió que los grupos indígenas no volverían a caer en el olvido y adoptó algunas medidas positivas para protegerlos frente a la discriminación. Sin embargo, los asuntos relacionados con los derechos sobre la tierra y los recursos naturales seguían suscitando controversia y persistía la discriminación.
Se dio muerte al menos a un dirigente indígena en 2002. No hubo investigaciones sobre los homicidios de indígenas cometidos en años anteriores.
En mayo mataron en el departamento de Yoro a Luis Soto, miembro de la comunidad Xicaque. Aunque hubo testigos del homicidio, las autoridades no abrieron una investigación sobre las circunstancias en que había ocurrido.
México
Las comunidades indígenas seguían sufriendo marginación y discriminación. La Suprema Corte de Justicia desestimó las impugnaciones legales de una polémica legislación sobre los derechos indígenas aprobada por el Congreso en el año 2000, ampliamente condenada por no proclamar el reconocimiento y la protección efectivos de los derechos de las comunidades indígenas. El hecho de que esta legislación no reflejara los principios negociados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional elevó la tensión en Chiapas, donde el conflicto siguió sin resolverse. Persistía una fuerte presencia militar en la zona y continuaron los informes sobre agresiones y amenazas por parte de grupos civiles armados o de los grupos llamados "paramilitares" que actuaban con la aparente protección o aquiescencia de las autoridades locales o municipales.
El 7 de agosto, José López Santís, líder de la comunidad autónoma zapatista "6 de Agosto", murió por disparos efectuados por tres hombres armados.
En el año fueron detenidos varios miembros del grupo paramilitar Justicia y Paz y 19 personas más fueron condenadas a penas de prisión en relación con la matanza de 45 miembros de la comunidad indígena de Acteal, perpetrada en 1997.
En los estados de Oaxaca y Guerrero hubo informes sobre grupos armados o autoridades locales que actuaban en representación de caciques, amenazando o atacando a facciones opositoras en la comunidad. Según informes, las autoridades del estado no impidieron semejantes actos ni los investigaron, fomentando así un clima de impunidad.
El 2 de mayo, 26 indígenas fueron abatidos a tiros en el municipio de Santiago Textitlán, Oaxaca. Según informes, las autoridades del estado no habían tomado en serio las advertencias de violencia inminente. Tras la matanza se efectuaron detenciones masivas en una comunidad vecina y, según informes, se torturó a detenidos para obtener confesiones.
Seguía siendo motivo de preocupación el hecho de que las autoridades no investigaran a fondo los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez y Chihuahua, ciudades del estado de Chihuahua. Hubo informes sobre nuevos casos y se descubrieron restos humanos. El 5 de febrero, Mario Escobedo Anaya, abogado de uno de los acusados de los homicidios, murió a manos de agentes de la policía judicial del estado, que posteriormente fueron exonerados por un juez por haber actuado en defensa propia. Se hostigó a periodistas y familiares de las víctimas que hicieron campaña sobre los casos.
Según informes, al menos dos mujeres indígenas fueron violadas por miembros del ejército en el estado de Guerrero en el curso de operaciones de contrainsurgencia.
Perú
En junio, una consulta vecinal organizada por la municipalidad y la población del distrito de Tambogrande, en el departamento norteño de Piura, dio como resultado el rechazo abrumador de los planes de una empresa minera canadiense para la extracción de minerales en la zona. Las autoridades habían dado el visto bueno a la inversión privada en actividades de minería en la región en 1999.
La población local expresó el temor de que las actividades mineras causaran la contaminación del agua y la tierra y, por tanto, pusieran en peligro sus cosechas; esta zona produce más del 40 por ciento de las cosechas de mango y cítricos de todo Perú. Las autoridades y la empresa afirmaron que la disputa se resolvería una vez que se hubiera realizado un estudio de impacto medioambiental. Sin embargo, a los habitantes del lugar les preocupaba que el estudio lo financiara la propia empresa minera y que ellos no tuvieran participación alguna en su planificación o aprobación. Al acabar el año no se había decidido aún si se autorizaba a la empresa a seguir adelante.
Dirigentes locales que se habían opuesto a los planes de extracción minera recibieron amenazas de muerte. En mayo se recibió una llamada anónima en la que se amenazaba con secuestrar a la hija de 18 años de uno de los dirigentes locales. Anteriormente, en marzo de 2001, Godofredo García Baca había muerto a manos de un agresor que, según informes, le había exigido dinero, lo que sugería que el homicidio podía haberse debido a un móvil puramente delictivo. Su familia y compañeros creen sin embargo que su muerte podría estar relacionada con su labor de activista.