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Intervenir a Santiago del Estero es una cuestión de DD.HH.
Por Hugo Alberto de Pedro -
Wednesday, Sep. 24, 2003 at 12:28 AM
hugo_de_pedro@speedy.com.ar
Será así la única forma de terminar con esta larga oscuridad santiagueña de una vez por todas. Intervenir al poder político, judicial y policial de los “Juárez” es una cuestión de Derechos Humanos.
Intervenir a Santiago del Estero es una cuestión de DD.HH.
Artículo 18° Igualdad y solidaridad.
Todas las personas son iguales ante la ley, gozan de la misma dignidad y merecen idéntico respeto. La presente Constitución no admite discriminaciones por razones o pretexto de raza, etnia, sexo, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición social o económica, ni cualquier otra circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. La Provincia procurará la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad. Promueve medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución...
23 de diciembre de 1997
Constitución de la Provincia de Santiago del Estero
por Hugo Alberto de Pedro
Quienes no participamos de la vida política desde los puestos que el poder otorga a quienes de ella hacen una forma y sustento de vida conocemos muy bien lo que el “juarismo” ha representado desde el año 1949, hace más de medio siglo, en la Provincia de Santiago del Estero. Esta mención debe realizarse toda vez que Carlos Arturo Juárez supo ir colocando sus conveniencias al lado de Carlos Saúl Menem y de Néstor Carlos Kirchner según las conveniencias de los tiempos políticos.
Muchos conocemos, algunos por haber tenido la oportunidad de visitar la provincia en varias oportunidades, que desde hace muchos años la calidad de vida de la población ha ido variando de mala a peor. Claro está que más allá de los fastuosos hoteles construidos, las residencias y hermosas casas, su puente con peaje incluido y los vehículos importados que ruedan solamente por algunas privilegiadas calles, todo demuestra una contradicción con los niveles de marginación y exclusión en los suburbios capitalinos y en los pueblos del interior.
Las denuncias sobre los atropellos que son víctimas los santiagueños que no están apareados con el poder datan de hace muchos años atrás, las Madres del Dolor son un excelente ejemplo de ello, como así también los ilícitos cometidos por sus funcionarios y los negociados de los cercanos a la mesa chica donde Juárez, “Protector Ilustre”, reparte entre un puñado de personajes la posibilidad de hacerse multimillonarios bajo prebendas y contubernios públicos, como también ha entregado a las fuerzas policiales uniformadas y “de las otras” la vía libre para cometer cuanta tortura y muerte nos podamos imaginar.
Como es regla, casi institucionalizada en nuestro vapuleado país, es necesario que sea el pueblo trabajador y empobrecido -cuanto menos educado y con desatención sanitaria mejor- el que ponga las víctimas a manos de un poder que no solamente agobia a todos, sino que hace del autoritarismo, represión, tortura, drogadicción, prostitución, ilícitos, miedo y corrupción las mejores galas “democráticas” que van permitiendo largos períodos de hegemonía política. Ésta siempre posibilitada con las reformas constitucionales “que supieron conseguir” y que dan luz verde para enquistarse en el sillón ejecutivo y permitir el aumento de los miembros de las Cortes y Tribunales Superiores de Justicia que permiten salir siempre airosos y sin manchas al “funcionariato”, y también “los otros” que con ellos se enriquecen espuriamente, después de sus trapisondas e ilícitos.
En un artículo escrito hace tres meses atrás, “Otro feudo perverso llamado “Juarismo””, denunciaba con mayor nivel de detalle tanto la historia de Santiago del Estero de la mano de Juárez como así también algunos de los actos autoritarios que se habían y se estaban cometiendo. Allí establecía que la intervención federal no tenía sentido y que debería ser el pueblo de la norteña provincia quien debería tomar en sus manos la iniciativa de cambio, cuestión que hoy debo revisar en atención a la gravedad de los hechos que siguen sucediendo y otros anteriores que se van conociendo con mayor morbosidad, pruebas y exactitud.
Sigue siendo tarde para lamentarnos y seguir perdiendo el tiempo en decisiones dilatorias para pretendan acomodar la interna justicialista a la medida de las necesidades políticas partidarias. Eso es imposible de ser aceptado por cualquier persona de bien.
El 6 de junio de este año concurrimos a una audiencia concedida por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación junto a miembros de la Asamblea Popular en Defensa de la Democracia de San Luís -reclamaban su intervención en un caso de autoritarismo perpetrado por el poder feudal de “los Rodríguez Saá”- y en aquella oportunidad le pedí al secretario, Dr. Eduardo Luís Duhalde, que “por favor”, y “para el bien” de nuestro país, le hablara mucho y aconsejara, aún más, al presidente de la Nación sobre todos los temas relacionados con el respeto a los derechos humanos.
Ahora es ese momento que los funcionarios, que respetamos por su inquebrantable historia de compromiso social y popular, deben alzar muy alta la voz y exigir a quien los nombró que actúen en consecuencia con todo lo observado, investigado e informado sobre lo que sucede en la provincia de Santiago del Estero de la mano de “Ciudadanos Beneméritos” como son la gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés de “Juárez” -antes “ministra Honorífica” y su esposo.
No dudamos que el Dr. Eduardo Luís Duhalde actuará correctamente y con fidelidad a sus principios. Solamente esperamos que el presidente de la Nación, el Dr. Néstor Carlos Kirchner, no dude en tomar la iniciativa de solicitar, conforme el art. 75 inc. 31 de la Constitución Nacional, al Congreso Nacional la “Intervención Federal” de la Provincia de Santiago del Estero, como también exigimos igual acción a los legisladores nacionales. Junto con la decisión de llamar a elecciones de todos los cargos de la representación democrática en el menor plazo posible, así como también colocar en comisión a todo el poder judicial provincial y, desde ya, a la Policía provincial. Únicamente así veremos una clara demostración de que en Argentina se quiere terminar con el estado de ilegalidad, servilismo y practica clientelar. Eso está en manos de nuestros legisladores y es por eso que esperamos que no se hagan nuevamente los distraídos como suelen hacerlo habitual y normalmente.
El pueblo santiagueño tiene todo el derecho de elegir libremente y sin presiones a cada uno de todos sus muchos representantes.
Fundamentalmente en Santiago del Estero debe estar garantizada la seguridad y la vida de cada uno de sus hijas e hijos como de sus mujeres y hombres, y cualquier nuevo acto represivo -que no lo deseamos- a partir de ahora tendrá a sus responsables entre los miembros de la “clase política” nacional.
Será así la única forma de terminar con esta larga oscuridad santiagueña de una vez por todas. Intervenir al poder político, judicial y policial de los “Juárez” es una cuestión de Derechos Humanos.
23 de setiembre del 2003
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