Edgar Lucca, el “mercenario”
Por Reenvío TMO - Tuesday, Oct. 26, 2004 at 3:16 PM

Edgar Lucca ha sido sobreseído en la causa que investigó durante más de cinco años, las estafas millonarias y las maniobras de vaciamiento del sistema previsional local.

26 Oct 2004

Autor: Tercer Mundo Online

Por Luis Moro- El reciente sobreseimiento que marca la impunidad judicial de Edgar Lucca -ex director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, durante el primer gobierno de Obeid-, en la causa que investigó, durante más de cinco años, las estafas millonarias y las maniobras de vaciamiento del sistema previsional local, marca un punto de inflexión en la política provincial, similar a lo acontecido con los saqueadores del ex Banco Provincial. La historia del “Pato” Lucca, sin embargo, no se reduce a su paso por aquel organismo.

Lucca siempre estuvo asociado a factores del poder provincial, vinculados con los “delitos de cuello blanco”; los mismos que vienen destruyendo con armoniosa progresión, desde hace más de 25 años, la estructura del Estado. La estrecha relación con su viejo socio, Juan Carlos Mercier, la directa participación en el enriquecimiento “non sancto” de Angel Malviccino, y su actual vínculo con empresarios de dudosa legalidad, vinculados al poder político entrerriano, son algunas de las caras ocultas presentadas en este informe de Tercer Mundo. Once años sin balances contables en la Caja de Jubilaciones, una institución que administra anualmente alrededor de seiscientos millones de pesos, definen el perfil de gestión que varios gobiernos justicialistas (incluidos los primeros de Reutemann y Obeid y el segundo del actual senador nacional), imprimieron al organismo previsional provincial, permitiendo su sistemático vaciamiento. Junto a ex altos funcionarios durante su mandato como director, Edgar Lucca propició el marco indispensable para que imperase la corrupción, al desarrollar una política de “omisión de controles” que sirvió para apuntalar negocios multimillonarios, en detrimento de las arcas públicas. Detrás de estas omisiones subyacen, entre otros, los intereses económicos de la históricamente denominada “industria del juicio”, que enriquece todavía hoy a algunos conocidos estudios jurídicos santafesinos como De Feo, Coppoleta y Crespi, aunque este último se especializa en trámites administrativos. Pero estos bufés no son los únicos beneficiarios de la inacción de los funcionarios estatales. El publicitado déficit previsional -inexistente de acuerdo a los estudios de especialistas en la materia-, posibilitó a las sucesivas administraciones provinciales contar con el irregular financiamiento del gobierno nacional. Dinero que, en gran parte, ha tenido un destino incierto. Este es un punto central en el análisis de los ilícitos perpetrados en el organismo, nunca investigado ni controlado por el Tribunal de Cuentas durante los años noventa, y destacado por los peritos de la causa judicial que investigaron el tema. Ni siquiera hoy el órgano de control externo del Estado santafesino aprobó los balances de 2001, 2002 y 2003 de la Caja de Jubilaciones.

En este marco de irregularidades notorias en el organismo al que históricamente el ministerio de Hacienda le negó el manejo directo de sus fondos, la figura de Lucca, su director durante el primer gobierno de Jorge Obeid, fue fundamental. Un apostolado del descontrol, si cabe la expresión dirigida a un hombre que suele recurrir, con inusitada frecuencia, a los ámbitos eclesiásticos allegados al poder político. Pero la relación de Lucca con la entidad previsional, no refleja sin embargo más que una minúscula parte de su intervención en el Estado y en negocios paralelos a éste, siempre vinculado a los factores de poder enriquecidos merced a los delitos “de cuello blanco”.

El Contador Edgar Lucca, más conocido como “Pato” en el mundillo político de Santa Fe, es un hombre que ha conservado un bajo perfil de escasa exposición mediática a lo largo de su carrera administrativa, pese a que algunas de sus intervenciones marcaron huellas imborrables en las finanzas y en la política provincial. Sus primeros pasos como empleado de la burocracia local fueron a mediados de los ‘60, cuando todavía siendo estudiante universitario logró ingresar a la antigua Dirección Provincial de Energía (DPE). En esa época, “el Pato” era militante del “Ateneo Universitario”, una organización en la que se destacaba, por su ascendencia, el abogado Alfredo “Pichón” Nogueras. La agrupación, que desarrollaba su actividad en distintas facultades y tenía estrechos lazos con la Iglesia católica, le permitió a Lucca en 1964 conseguir nada menos que una beca del Departamento de Estado norteamericano, para realizar un viaje a los Estados Unidos. Poco tiempo después, Lucca obtuvo su título de Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, y ya durante la dictadura del General Juan Carlos Onganía, gracias a sus férreos contactos con sectores de la Iglesia local -estrechos lazos que todavía hoy mantiene-, ingresa al ministerio de Hacienda de la provincia, para desempeñarse como director de Planeamiento y Control de Gestión. Allí, Lucca conoce a varios hombres que luego llegarían a la cúspide del aparato estatal. Uno de ellos marcaría a fuego la historia del “Pato”: el Contador Juan Carlos Mercier, que se transformaría en uno de sus socios más ilustres con el paso de los años. En realidad, la relación de Lucca con Mercier se consolidó en la Facultad de Ciencias Económicas, por la coincidencia de ambos con el “Ateneo Universitario” y por el acercamiento posterior al Consejo de Ciencias Económicas de Santa Fe, un centro de lobby académico que ofició de trampolín para que estos hombres escalasen hacia las posiciones más encumbradas del poder. En esa época, mediados de los sesenta, existían en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL varias corrientes de acción o grupos políticos, donde se alineaban los profesionales para canalizar su actividad. Si bien la inmensa mayoría de los contadores permanecía fuera de estos nucleamientos, en una posición “apolítica”, existían tres vertientes definidas de pensamiento y militancia, entre las que se destacaban “los Desarrollistas” (donde el CPN Fernando Pallotti tenía fuerte influencia); quienes adherían al FIP (Frente de Izquierda Popular, liderado por Jorge Abelardo Ramos), donde se distinguía el CPN Hugo Stratta, que luego se dedicara a la actividad privada en el negocio inmobiliario y Oscar Donayo, un hombre que dominaría, ya entrada la década de los ’90, la estratégica Caja de Asistencia Social de Santa Fe (la popular “Lotería”); “los Peronistas”, vinculados a la Juventud Peronista que por entonces lideraba Jorge Obeid. A esta corriente adherían el CPN Raúl Caballero, quien en épocas del gobierno de Víctor Reviglio recalara en el Tribunal de Cuentas, el CPN Ricardo Aimar, ex síndico del Banco Provincial durante el mismo gobierno, Henry Trevignani, relacionado al sindicato de Luz y Fuerza, el Contador José Armelini, que fuera Secretario de Planeamiento y Control de Gestión en la etapa previa al reutemismo y Carlos Bertone, que tiempo más tarde se dedicó, junto a los Ingenieros Roberto Ceretto (actualmente subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno santafesino), Miguel Urquía y otros jóvenes de estrecha relación con la JP, a la actividad privada en la empresa CINTER.

Mercier y Lucca, identificados con el Ateneo Universitario, formaban parte de los Contadores catalogados como “los Mercenarios” por algunos estudiantes y egresados, debido a su inescrupulosidad ideológica y política (ellos no cambiaban, cambiaban los gobiernos). Algo que se manifestó claramente durante la dictadura militar, gobierno al que asesoraron con creces. Ambos especialistas en Finanzas, obtuvieron un buen espaldarazo para arribar al poder de facto utilizando la “chapa académica” del Consejo de Ciencias Económicas, una institución que pese a no tomar posiciones políticas sirvió de plataforma a muchos contadores que llegaron a encumbradas categorías en el Estado, especialmente en el ministerio de Hacienda.

De la mano precisamente de Juan Carlos Mercier, referente del Ateneo Universitario en Ciencias Económicas, Edgar Lucca pudo ascender en su carrera en la administración pública. ¿Cómo escaló posiciones vertiginosamente en el Estado el “consiglieri” y socio político de Edgar Lucca, Juan Carlos Mercier? El hoy senador justicialista por el departamento La Capital, contó en sus primeros pasos en el Estado con el apoyo de miembros del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que también integraban el Consejo de Ciencias Económicas. Uno de ellos fue Carlos Paganini, funcionario del gobierno de facto del Vicealmirante José Aníbal Desimoni en Santa Fe (76-81) y padre del ex diputado Carlos Paganini (h) que fuera su mano derecha del polifuncional ministro reutemista en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara durante los años noventa. Pero la relación de Juan Carlos Mercier con Enzo Galaretto, otro integrante del MID, ex ministro de Salud en la gobernación de Carlos Silvestre Begnis (73-76), fue sin dudas lo que catapultó a estos dos miembros del grupo “los Mercenarios” -Mercier y Lucca-, a los puestos más altos del Estado. Ya en épocas de la última dictadura, conforme memoran varios ex funcionarios. Enzo Galaretto, padre de Eduardo, el ex diputado provincial usandizaguista hasta diciembre pasado, habría intercedido personalmente ante los hombres de la Marina al frente del gobierno santafesino en los “años de plomo”, para lograr el nombramiento de Mercier como titular del Banco Provincial de Santa Fe, reemplazando a un viejo amigo de Carlos Reutemann, José María “el Chuzo” Candioti. La conducción del Banco le otorgó a Mercier una gran experiencia en el manejo de las cuentas públicas, que pasaban obligadamente por la entidad financiera. Un saber que le permitiría junto a Lucca diseñar, desde el ministerio de Hacienda en plena dictadura, una “ingeniería” de centralización del poder financiero del Estado. En enero de 1982, ya con el sucesor del Contralmirante Rodolfo Luchetta en el Poder Ejecutivo provincial -el Farmacéutico Roberto Casís-, Juan Carlos Mercier pasa a conducir el ministerio de Hacienda provincial, reemplazando también a José María Candioti en el cargo. La parábola administrativa de Mercier arrastró a Lucca: Cuando el hijo de inmigrantes franceses (apodado entre algunos allegados “Luis XIV, el Estado soy yo, l’etat cest moi”) toma las riendas del ministerio, su segundo en la repartición era precisamente “el Pato”, quien asumió como Subsecretario de Economía. El tránsito de ambos por aquel ministerio dejaría un sello imborrable: La creación, decreto mediante, del FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales), cuya autoría intelectual se le asigna a Edgar Lucca.

El FUCO -una gran cuenta corriente que centraliza en un fondo los ingresos del Estado provincial, todos los movimientos de cuentas-, en apariencia una mera decisión técnica que serviría para “emprolijar” el manejo financiero del Estado; pero fue, en realidad, una clara herramienta de concentración del poder político, económico y financiero –“la suma del poder público- en el Ministerio de Hacienda. Todo el dinero del Estado, bajo el control del ministerio a cargo de estos dos ilustres personajes. La creación de esta cuenta única tuvo una importante incidencia en el Estado santafesino en años posteriores, al impidir que las empresas de servicios públicos (como la ex DIPOS o la EPE, y organismos como la Caja de Jubilaciones), manejaran directamente sus fondos, en cuentas propias, percibiendo los intereses devengados por dineros millonarios que los mismos entes recaudaban. Algo que hubiera permitido a dependencias como la EPE o la Caja de Jubilaciones, que facturan o recaudan alrededor de seiscientos millones de pesos anuales actualmente, contar con flujos de dinero “extra” para realizar inversiones. Luego de la entrada en vigencia del FUCO, ideado por Lucca, esos intereses bancarios fueron percibidos por Hacienda. Lucca y Mercier siempre tuvieron claro que quien maneja el dinero, en definitiva, controla el poder del Estado.

Pero el dúo de “técnicos”, dos verdaderas almas gemelas, no sólo se involucró en la función pública, sino que, aprovechando el conocimiento que generaba la experiencia en la burocracia, comenzó a asesorar a varios “pesos pesados” del poder local. Lucca y Mercier se convirtieron en consultores del poderoso gremio conducido por Alberto Emilio Maguid, la UPCN, su mutual MUPCN y también, ya durante el segundo lustro de la década del ochenta, de la Fundación “Santa Fe de la Vera Cruz”, creada por el sindicalista santafesino. Pero Maguid no fue el único que recurrió a estos contadores, alguna vez denominados “los Mercenarios”. También el empresario contratista del Estado, Angel Malviccino, que amasara la mayor parte de su fortuna realizando obras para la EPE entre 1983 y 1991, fue asesorado por el Estudio contable Mercier, donde el “Pato” Lucca era una pieza central. Si bien muchos relacionan a Mercier con Malviccino por haber sido su síndico, ésta no es la única tarea que el hombre fuerte de las finanzas reutemistas desarrolló vinculada al ex presidente del Club Unión. El patrimonio que amasó Malviccino durante los gobiernos de José María Vernet y Víctor Félix Reviglio (dinero que le permitió a “Don Angel”crecer exponencialmente y darle forma a su empresa de TV por cable (Cablevideo), y el Shoping Estación Recoleta), fue generada por su llamativa capacidad de ganar obras licitadas por la EPE en dicha época, junto al empresario Sergio Taselli, cara visible de IATE, la otra contratista mayormente favorecida por la distribuidora eléctrica santafesina en aquella época.

En la operatoria que enriqueció a Malviccino se estableció un esquema de “triangulación” en el que los compañeros Mercier y Lucca, fueron piezas imprescindibles. Mercier había conocido a “Don Angel” casi sin proponérselo, en un viaje aéreo durante los ‘70. Todavía el flamante Contador estaba armando la cartera de clientes de su Estudio, cuando Malviccino le comentó, en ese vuelo, que tenía problemas con el impuesto a los ingresos brutos. Mercier, que había realizado su tesis universitaria precisamente sobre ese impuesto, a partir de entonces se transformó en hombre de consulta permanente de “Don Angel”.

No fue sin embargo Mercier el hombre determinante en la acelerada prosperidad de Malviccino: Edgar Lucca, en cambio, fue imprescindible en el despegue del contratista de Estado. Todo comenzó cuando “el Pato” ocupó una estratégica área en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a partir del ’83, gracias a una gestión del Arzobispado local, que logró “rescatarlo” luego de ser desplazado en la DPE –su cargo natural en el Estado-, por una decisión de Alberto Joaquín, al frente de la empresa entonces. Desde el ministerio de Obras Públicas, Lucca fue artífice de una formidable invención: el denominado “índice MOSPyV”. Una fórmula de actualización de costos de la obra pública, que permitió indexar los precios originarios establecidos en los pliegos de las licitaciones, “por las variaciones sufridas en los costos de los insumos, a posteriori del comienzo de las obras”. Según los empresarios, los coeficientes de actualización establecidos en los pliegos no reflejaban la variación real del dólar, en una época de relativa inflación. En realidad, los pliegos parecían hechos para calzar con el esquema ideado por Lucca, mediante su llamativa fórmula de actualización, de variables fluctuantes, que a diferencia de la normativa nacional sobre desagio, no imponía una tabla de valores fija para determinar las actualizaciones. El esquema funcionaba con un verdadero “bunker” de técnicos en una oficina de la EPE, que diariamente se comunicaban con el Contador de la firma Malviccino, Horacio Dobler, o el Ing. Priano, para indicarles cuál era la fecha más conveniente para que la firma presente los cálculos de actualización ante el Estado. En esa oficina coordinaban su accionar Lucca, ideólogo del “índice MOSPyV” junto a algunos empleados de la EPE como los Contadores Orlando Rufanacht, Romeo Rosso y Nidia Sanseverino, esposa de un verdadero “hombre corcho” de los medios, José “Pepe” Moro. Los resultados de la aplicación de la fórmula indexatoria de Lucca fueron ruinosos para el Estado. En algunos contratos, Malviccino S.A. llegó embolsar una cifra superior al 1000% de la establecida en el pliego original, según denunciara en su momento el diputado socialista Alfredo Cecchi. Por su parte, Mercier ponía su granito de arena para la buena fortuna de Malviccino. El Estudio contable del hombre de apellido francés, era el que calculaba las otras actualizaciones de costos de obras, encaradas por “Don Angel” fuera de la EPE. Su socio en el estudio, Lucca, era desde el Estado quien había ideado la fórmula “MOSPyV”. Más claro, agua. Era la versión local de “la patria contratista”, el ejemplo más acabado. No estaban Rodolfo Barra ni Juan Carlos Cassagne, quienes descollaron en el sistema a nivel nacional, pero igualmente Mercier y Lucca habían logrado borrar, con suma eficiencia, los límites entre el Estado y la actividad privada. Algo que una teoría sociológica norteamericana había denominado “la puerta giratoria”. Los funcionarios públicos que desde el gobierno diseñaban medidas que diezmaban las arcas estatales, en beneficio de empresas privadas, terminaban luego relacionados laboralmente a las mismas sociedades. En realidad, estaban contemporáneamente relacionados, por eso estos “negocios” funcionaron sin inconvenientes.

Tras su paso por el ministerio de Obras Públicas, Edgar Lucca retorna a la EPE, todavía durante la gobernación de Reviglio, y pasa a manejar, curiosamente, el sector que se encarga de aplicar en la distribuidora eléctrica provincial el famoso “índice MOSPyV”, una subgerencia dentro de la Gerencia de Administración de la EPE.

En esa dependencia se gestaron los famosos ajustes de precios a las firmas Malviccino, Glikstein, IATE, Faraday San Luis, entre otras. El “negocio” seguía funcionando con aceitada precisión, hasta que, durante la primera gobernación Reutemann, el decreto 3199/93, curiosamente firmado por Mercier (que algo cambie para que todo siga igual: gatopardismo puro), frenó el esquema de la “patria contratista” santafesina ideado en épocas de la “Cooperativa Justicialista”. Era el fin de una fiesta, aunque no la más publicitada. Ya durante la primera gobernación de Jorge Obeid, el “Pato” Lucca tendría su participación más renombrada en el Estado, como director de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Allí ingresó por la vieja relación de la CPN Nora Vallejos, su esposa, con el obeidismo. Vallejos había sido secretaria de Hacienda municipal de Obeid en el primer lustro de los noventa, y luego diputada provincial a cargo de la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara legislativa. La actuación de Lucca al frente de la Caja de Jubilaciones, que derivó en una causa judicial por las graves irregularidades administrativas cometidas, ocasionó más de un dolor de cabeza al ex jefe de la JP Regional II. Fue el escándalo administrativo de mayores proporciones que soportó Obeid en su primera gestión como gobernador. Es que la actuación de Lucca perfeccionó el saqueo a que venía siendo sometido el ente que maneja anualmente unos seiscientos millones de pesos destinados a los pasivos. Las constantes omisiones de control administrativo amparadas por Lucca y los principales responsables de los manejos contables, permitieron la subsistencia de la “industria del juicio”, un negocio millonario promovido por algunos estudios jurídicos con la anuencia de funcionarios de la Caja, gremialistas y burócratas del Ejecutivo, específicamente preocupados por “dibujar” un déficit inexistente en el organismo previsional, que asegurara grandes sumas de dinero provenientes del Estado nacional, para “ regularizar” el funcionamiento de la Caja. En este marco –que puede graficar con precisión la inexistencia de balances contables en la Caja durante once años-, Edgar Lucca y varios funcionarios fueron cómplices necesarios; los engranajes de un esquema de saqueo que nadie parece querer detener todavía hoy. (Extracto de la investigación publicada en la revista Tercer Mundo Nº 29)

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