| versión para imprimir - envía este articulo por e-mail |
EL KIRCHNERISMO FRUSTRÓ LA INTERPELACIÓN AL JEFE DE GOBIERNO ANIBAL IBARRA
Por Comisión de Prensa Autonomía Popular -
Monday, Jan. 10, 2005 at 3:08 PM
autonomiapopular@yahoo.com.ar 43383385 perú 160 3er.piso of. 324bis.
Buenos Aires, 10 de Enero de 2005.- En la sesión que se llevó acabo el viernes 07 de enero en el recinto de la Legislatura Porteña para pedir la interpelación al Jefe de Gobierno por los hechos acaecidos en el Boliche de Once el 30 de diciembre pasado se frustró ya que no se pudo conseguir los 40 votos que se necesitaba para que salga aprobado el proyecto de de Ley para citar a Ibarra.
EL KIRCHNERISMO FRUSTRÓ LA INTERPELACIÓN AL JEFE DE GOBIERNO ANIBAL IBARRA
Buenos Aires, 10 de Enero de 2005.- En la sesión que se llevó acabo el viernes 07 de enero en el recinto de la Legislatura Porteña para pedir la interpelación al Jefe de Gobierno por los hechos acaecidos en el Boliche de Once el 30 de diciembre pasado se frustró ya que no se pudo conseguir los 40 votos que se necesitaba para que salga aprobado el proyecto de de Ley para citar a Ibarra.
Se pudo contar con 34 votos positivos de los bloques: Movimiento Autonomía Popular, Bloque del Sur, Bloque 19 y 20, Movimiento por un Pueblo Libre (M.P.L.) y P.C (todos ellos integrantes del Interbloque de Izquierda); Frente Compromiso para el Cambio, Juntos por Buenos Aires; Bloque Plural; Unión para Recrear; Confluencia; Alternativa por una República de Iguales (A.R.I.), y el presidente del bloque Kirchnerista Diego Kravetz, fue el único del Frente para la Victoria que apoyó la iniciativa.
Votaron negativamente el pedido los diputados Roy Cortina (PS); Laura Moersi, Alicia Caruso, Sandra Dosch (Frente Grande) y el Chango Farías Gómez (Bloque 17 de Octubre).
Mientras que decidieron abstenerse Miguel Talento, Silvia La Ruffa, Ana María
Suppa (Frente para la Victoria); Juan Manuel Velasco (Espacio Plural); Norberto
La Porta (PS); Mónica Bianchi (Integración Social); Jorge Giorno, Carlos
Ameijeiras, Julio De Giovanni y Marina Pérez (Partido de la Ciudad).
No estuvieron presentes en la sesión Noemí Olivito (Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura) y Daniel Vega (Autodeterminación y Libertad); María Eugenia Estensoro (Espacio Plural); Ricardo Busacca (Juntos por Buenos Aires); Helio Rebot (Frente Compromiso para el Cambio); Mirta anega (Compromiso Social); Marta Talotti y Claudio Ferreño (Frente para la Victoria).
En la misma sesión de aprobó un proyecto del diputado Melicíades Peña, por el cual se crea el Fondo de Asistencia Directa a las víctimas de la tragedia de República Cromagnón. El diputado también presentó una iniciativa para expropiar el inmueble done funciona el boliche, para que se instituya una especie de altar. El proyecto será analizado en un par de meses.
Entre las exposiciones sobre el pedido de interpelación la diputada Beatriz Baltroc (Autonomía Popular) sostuvo que “como es de público conocimiento, el día 30 de diciembre ocurrió la mayor tragedia en el país por causas no naturales: el incendio del boliche República Cromañón que dejó, como todos sabemos, un saldo de casi 200 muertos y más de 700 heridos.
La sucesión de incumplimientos a la normativa vigente en materia de habilitaciones y prevención de incendios es tal, que hace suponer que las inspecciones efectuadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no fueron realizadas o, peor aún, se realizaron de manera deficiente por algún motivo que puede sospecharse.
Es decir que las características del hecho, la sucesión de violaciones a las normas de seguridad, hacen presuponer severos incumplimientos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto encargado de controlar la vigencia de estas normas. En conclusión, el Poder Ejecutivo no ejerció debidamente el más elemental poder de policía.
La diputada Moresi hablaba de “mejorar las normas”. Las causas de la catástrofe no deben buscarse en deficiencias normativas. Tanto el Código de Habilitaciones y Verificaciones, como su reglamentación por medio del Decreto N° 2516/98, junto con otras normas de importancia, dan una cobertura preventiva suficiente en materia de incendios y otros siniestros. Lo que pasa es que las normas no se cumplieron y no se controlaron.
Respecto de la habilitación del local, resulta que la del año 1997 preveía una capacidad para 1.031 personas; además, existía un certificado de inspección de la Superintendencia Federal de Bomberos, con fecha 24 de noviembre de 2003. De allí que se pueda suponer que esta certificación se encontraba vencida al día 25 de noviembre y que, al resultar éste un requisito renovable anualmente para mantener la habilitación, el Gobierno de la Ciudad tenía cabal conocimiento del vencimiento de la certificación de la Superintendencia Federal de Bomberos. Esto supone una omisión de carácter administrativo en el control del establecimiento, teniendo en cuenta que el hecho ocurrió a más de un mes del vencimiento de la certificación, y que es función de la Dirección General de Fiscalización y Control ocuparse de estos temas, tal como lo establece la normativa.
La circunstancia de que hubo menores de 18 años de edad en el lugar un día jueves, no feriado y fuera del horario que prescribe la norma –Artículo 10.3.1–, supone otro incumplimiento imputable, principalmente, al titular del establecimiento, pero también a la actividad de control del gobierno. Ni hablar de la venta de alcohol, de la cual tanto se llena la boca el Poder Ejecutivo, que votó en esta Legislatura una norma prohibiendo la venta de alcohol a mayores en los quioscos, pero no supervisa la venta masiva de alcohol a menores de 18 años en todos los locales bailables de la ciudad.
Hubo varias advertencias al respecto por parte de la Defensoría del Pueblo. Ya la Defensora Alicia Oliveira, mediante la Resolución 1884/01, había planteado la necesidad de controlar distintos locales bailables. Según la Resolución 2022/03, también de la anterior Defensora del Pueblo, se había recomendado a la Dirección General de Verificaciones, Habilitaciones y Control que disponga la clausura de los locales de baile que no contaran con la correspondiente habilitación. La solicitud del Defensor Adjunto, el arquitecto Atilio Alimena, con fecha 5 de mayo de 2004, planteaba: “Que el no cumplimiento y/o violación de las normas de seguridad contra incendio y otras, referidas al funcionamiento de locales bailables, pone en peligro la vida de más de 400.000 personas por fin de semana, especialmente jóvenes”.
Como dice el asesor tutelar en el dictamen que emitió ante una presentación judicial que hicimos algunos diputados del Interbloque de Izquierda, “la acción material de la administración en materia de policía implica la vigilancia u observancia como verificación de la conducta de los particulares que han obtenido una autorización en lo que se refiere a la observancia de los límites impuestos por las leyes y, en su caso, por la reglamentación de su actividad. Esta verificación no tiene por objeto la comprobación de transgresiones ya cometidas, sino más bien de los actos preparatorios dirigidos a esa comisión, la actitud personal que hace presumir el peligro inminente, las condiciones ambientales que hacen posible o muy probable la transgresión.”
“En el caso de mis representados...” –dice el asesor tutelar– “...recuérdese que el Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, pero tales derechos a la diversión y al entretenimiento públicos, al quedar tutelados como bienes colectivos, imponen al Estado velar por la seguridad en la prestación, por lo que es su responsabilidad no adoptar decisiones en ejercicio de la policía administrativa de naturaleza preventiva o de fiscalización, susceptibles de evitar la producción de un evento dañoso”.
Frente a un hecho de esta gravedad, debe recurrirse a todos los mecanismos institucionales con que se cuente para establecer las responsabilidades y avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida del conjunto de la población. Un camino es la justicia.
Los diputados del Interbloque de Izquierda, el lunes 3 de enero hemos presentado un recurso de amparo contra el Gobierno de la Ciudad para que cese en su omisión –manifiestamente ilegal y arbitraria–, consistente en no garantizar el efectivo cumplimento de la reglamentación vigente. Además, hemos pedido una serie de medidas.
En el ámbito legislativo, junto con otros bloques, hemos promovido la citación al Jefe de Gobierno –este mecanismo está previsto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad– por considerar que como máximo representante del Gobierno y de un Estado donde estos desastres son producto de la alianza entre los funcionarios del poder político y empresarios inescrupulosos, priorizando ganancias materiales sobre la vida de los ciudadanos, es su obligación constitucional responder ante esta Legislatura. Esto debe ser en el marco de los mecanismos institucionales, y no de un acto de neto corte efectista y mediático como el que hemos presenciado el miércoles pasado.
Nos parece que el Poder Ejecutivo ha respondido de acuerdo con la presión popular, destituyendo funcionarios dos días después de la tragedia; reuniéndose con empresarios sospechados de estar en las mismas condiciones que el actualmente imputado; presentándose en la Legislatura para usarlo en los medios y reuniéndose recién después de una semana con los familiares de las víctimas. No se es Jefe de Gobierno para asumir sólo los supuestos éxitos; también se ejerce el poder político para asumir los fracasos y las tragedias.
El doctor Ibarra, como Estatuyente, votó esta Constitución. Que hoy la respete y se someta a su mandato, como lo hacen por otro lado los funcionarios de primer nivel de los países que nos ponen permanentemente como ejemplo.
Con respecto a la votación de hoy, es esperable que el sector vinculado con el oficialismo no apoye la interpelación; pero nos sorprende, por ejemplo, que varios diputados del kirchnerismo que promovieron la citación de distintos funcionarios –entre ellos, el Jefe de Gabinete–, por cuestiones absolutamente menores respecto del tema en cuestión, hoy increíblemente se abroquelen junto al Poder Ejecutivo, después de la farsa montada por el doctor Ibarra el día miércoles.
La verdad es que nos indigna la ausencia en este recinto de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, tanto hoy como los días anteriores.
Nosotros creemos que hay que acompañar la lucha en la calle. Por eso, estuvimos en todas las marchas y acompañamos a los presos en las comisarías. Pero también creemos que, como legisladores, debemos utilizar las vías institucionales. Los que reniegan de todo, deberían tener la dignidad de abandonar lugares que les quedan grandes.
En definitiva, si el Jefe de Gobierno no puede ser citado formalmente por un hecho que produjo la muerte de casi 200 personas, este mecanismo –como dijo la diputada Michetti– no tiene razón de ser.
Por todo lo expuesto, exhortamos al conjunto de los diputados a asumir la responsabilidad que tenemos como legisladores frente a una tragedia que no tiene parangón en la historia de nuestra Ciudad”.
Comisión de Prensa Movimiento Autonomía Popular
http://www.autonomiapopular.org
http://www.beatrizbaltroc.net
e-mail autonomiapolar@yahoo.com.ar
1554587376