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EL GOBIERNO DE SALTA VIOLA GARANTÍAS INDIVIDUALES SEGÚN DATOS OFICIALES
Por Copenoa -
Wednesday, May. 11, 2005 at 3:58 PM
interior@copenoa.com.ar
La abogada en DDHH Mara Puntano lo revelo en el Informe sobre Violencia policial el que fue entregado a Amnety Internacional EL GOBIERNO DE SALTA VIOLA GARANTÍAS INDIVIDUALES SEGÚN DATOS OFICIALES
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(11 de mayo Agencia de Noticias Copenoa) Copenoa tuvo acceso al “Informe sobre violencia policial en Salta” entregado por Mara Puntano a los representantes de Amnistía Internacional que visitaron Salta investigando la situación actual de los derechos humanos en relación con la brutalidad policial y los centros de detención. El voluminoso documento luego de analizar el régimen legal provincial expone violaciones de derechos humanos cometidas por los funcionarios policiales , del servicio penitenciario y de las fuerzas de seguridad acompañando documentación de cada uno de los casos denunciados . El trabajo se divide en capítulos donde se tratan las torturas; fusilamientos de Orlando Justiniano, Matías Gómez, Aníbal Verón, Oscar Barrios, Carlos Santillán , Walter Javier Reales; uso de armamento prohibido por normativa internacional para disuasión de población civil; hacinamiento y violación de normas legales sobre condiciones de detenidos en centros de detención y cárceles, situación de menores detenidos , uso de gas vomitivo contra detenidas de la Comisaría de la Mujer y fumigación con gamexane sobre detenidos en comisaría de Tartagal, picana eléctrica en Brigada de Investigaciones ; represión a manifestantes : casos Gral. Mosconi, Tartagal, Embarcación, Gral. Guemes, Metán , Hipólito Yrigoyen , Orán , Salta capital , en especial represión a manifestación docente del 1de abril ; casos de represión policial y de fuerzas de seguridad a comunidades aborígenes reclamantes de su derecho a la tierra: Comunidad Ava Guaraní Estación “El Tabacal”, Tupí Guaraní Iguopeigenda, Kolla Guaraní de Río Blanco Banda Norte, Kolla de Mecoyita de Santa Victoria Oeste, Lules de Finca Las Costas ; casos de apremios ilegales y vejaciones a trabajadores de la prensa.
La investigación hecha por la abogada revela datos por demás interesantes : el propio Estado provincial , que públicamente ha negado la brutalidad policial , internamente admite desde el año 2003 la existencia de violaciones de derechos humanos por parte de los funcionarios policiales .El documento dice textualmente : “se ha constatado la existencia de numerosas causas por delitos de privación ilegítima de libertad y apremios ilegales cuya tramitación en el periodo instructorio se encontraba notoriamente demorada”. Se trata , dice Mara Puntano , del Expediente de Corte de Justicia de Salta N° 25.149/03 caratulado “Seguimiento del trámite de causas penales por supuesta violación de Derechos Humanos . En ese expediente , el 9/10/03, la Corte de Justicia de Salta resuelve :”Recomendar a los Jueces de Instrucción que adopten los recaudos necesarios para la pronta resolución de las actuaciones donde se impute a funcionarios policiales la comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad, apremios ilegales u otros ilícitos vinculados a su actuación como auxiliares de la justicia ;haciéndose saber que la evolución de esas causas será objeto de particular seguimiento a través de pedidos de informes y en los relevamientos que se cumplen en el régimen de auditorías.” Asimismo ordena que “la información debe ser acreditada y actualizada cada 30 días.”
El Informe sobre Violencia Policial elaborado por la abogada de DDHH registra 1007 denuncias contra personal policial y servicio penitenciario solamente en el distrito judicial centro que datan de 1997 a mayo del 2005 detallando policías denunciados, víctimas y juzgados donde se tramitan. Puntano sostiene en su Informe que de esas causas sólo el 30% se encuentran resueltas y la mayoría de los acusados se encuentran sobreseídos siendo procesados en un número ínfimo, y lo alarmante es que todavía no existe ni una sola condena en juicio en contra de los funcionarios violadores de derechos , evidenciándose un marcado criterio desincriminador de los Jueces intervinientes para con la fuerza policial actuante , concluye .