CHABÀN Y MARÌA JULIA:JUSTICIA DE CLASE
Por EL MILITANTE -
Tuesday, May. 17, 2005 at 1:47 PM
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CHABÁN Y MARIA JULIA: CAPITALISMO ES
CORRUPCION MÁS IMPUNIDAD |
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Autor : Daniel
Gamboa Fecha : ( 17-Mayo-2005 ) Categoria : Argentina
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agosto de 2003 el Juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención
de Maria Julia Alsogaray, luego de procesarla por peculado,
defraudación, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de
funcionario público. Luego de 21 meses en prisión, el tribunal oral
Nº 6 le concedió, el beneficio de libertad provisional
(excarcelación) en la causa en la que se investiga el pago de
millonarios sobreprecios en la refacción del edificio de la
secretaria de recursos naturales. Paralelamente otro tribunal le
concedió igual beneficio en el expediente relacionado con la
publicidad del plan nacional de manejo del fuego haciéndolo bajo
caución juratoria es decir sin pago de fianza.
Omar
Chabán empresario responsable del boliche República Cromañón fue en
su momento procesado por homicidio simple con dolo eventual en forma
reiterada (193 casos) con el argumento de que desde su posición de
organizador del show de la agrupación callejeros y responsable del
boliche conocía los riesgos que se asumían y pudo haber evitado que
se desencadenara la tragedia .
En la semana pasada,
dos días después de la liberación de Maria Julia, en un fallo
dividido, la sala quinta en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal
resolvió conceder la excarcelación a Omar Chabán, fijando para ese
beneficio la condición previa del pago de una fianza de 500.000 mil
pesos. Sin embargo éste, aconsejado por su defensa, no materializo
su libertad aduciendo que espera que la decisión quede firme.
Maria Julia estuvo muchos meses en prisión
transitando esa privación de libertad con perfil bajo. El sábado 23
de abril el diario La Nación publico una carta enviada por ella en
la que denunciaba el pago de sobresueldos durante el gobierno de
Carlos Menem. Fue esa circunstancia la que movió el precario
equilibrio que existía sobre el tema, siendo la imputada
sorpresivamente objeto de atenciones mediáticas y judiciales que se
coronan con el beneficio excarcelatorio y la paralela reactivación
con el llamado a indagatoria a tres ex ministros menemistas en la
causa judicial que hasta entonces dormía el sueño de los justos. Es
evidente que la ex polifuncionaria ha logrado presentarse como la
victima expiatoria de la corrupción menemista.
Con
estas dos libertades la burguesía fijo nuevamente, y como lo viene
haciendo desde que pudo equilibrar la relación de fuerzas quebrada
el 19 y 20 de Diciembre de 2001, la agenda pública de la situación
nacional. Orientando a los medios y valiéndose de la funcionalidad
del poder judicial centró la atención sobre aspectos secundarios de
la política superestructural con menoscabo intencional de la
situación económica y social que se encuentra enmarcada por la puja
distributiva del excedente social producido por la clase trabajadora
en el curso de los últimos dos años sobre la base de la extensión de
la jornada laboral, la intensificación de los ritmos de trabajo y el
proceso combinado devaluación-inflación regulada, y la extensión
geográfica de las luchas reivindicativas y por aumento de salario.
La liberación de Maria Julia Alsogaray y luego la
posibilidad –por ahora resignada- de conceder el beneficio de
libertad provisional de Omar Chabán, y la trascendencia mediática
que se les asignó construyendo artificialmente un debate público
generado en su consecuencia, hacen presentir el montaje de una
estrategia que permitirá en lo futuro instalar el marco adecuado
para una liberación no traumática y revelan como primera
aproximación en el análisis una tendencia enmarcada en la
imposibilidad para el conjunto de los sectores explotados de ver las
cosas en perspectivas, de poder detenerse a darle a cada una de
ellas su justa dimensión para no quedar apresados en un juego de
cataratas de noticias que nos hacen en definitiva no comprender
ninguna .
No resulta ocioso recordar que el 24 de
febrero del 2000, la Cámara de Diputados votó la media sanción de
reforma de la ley Laboral, proyecto que fue girado al Senado y el 26
de abril de 2000 obtuvo sanción definitiva . En agosto del mismo año
algunos abogados denunciaron la existencia de sobornos a varios
legisladores quedando a cargo del sumario el Juez Carlos Liporachi,
luego despojado del sumario y procesado por corrupción actuando
luego en su reemplazo Gabriel Cavallo.
Tres años
después los 6,5 millones de dólares de fondo reservados con que se
pagaron las coimas del Senado han quedado impunes por decisión de
este último Juez, que fuera nombrado en esa condición unos años
antes por el Consejo de la Magistratura a instancia del entonces
presidente Fernando de la Rúa
En estos días Luis
Zamora formuló una denuncia remarcando que entre los diputados que
en 1991 aumentaron sus ingresos a través de montos provenientes de
las partidas de gastos reservados aceptando el método de las
sobredietas, se contaban el actual ministro Pampuro, el secretario
general de la Presidencia Oscar Parrilli, el dirigente y
precandidato del ARI, Carlos Raymundi y Carlos Chacho Álvarez.
Por lo demás los sobresueldos, a pesar de que se
calculan en un monto de 4.000 millones de dólares en 20 años, son
solamente una cifra menor si se la compara con las coimas que se
pagan por las prestaciones en obras y servicios públicos o la cadena
de incentivos fiscales a las automotrices, Aluar y el resto de las
privatizadas.
Debe recordarse en ese sentido que han
pasado nada más que pocos meses de que la opinión pública también
mediatizada e ideologizada quería la cabeza de varios funcionarios
por 60 Kg. de cocaína en los aviones de SW .
Los
discursos periodísticos y la moralina eclesiástica que se activaron
a partir de la carta de lectores de Maria Julia Alsogaray en el
diario La Nación y su posterior liberación impulsaron el tema de los
sobresueldos de los funcionarios públicos, alimentando nuevamente la
imagen corrupta de los noventa, ocultando la continuidad básica del
régimen que se expresa en el actual gobierno con aquel modelo de
dominación. Mientras tanto las cuestiones auténticamente decisorias
para los sectores explotados, como lo son, las características
actuales del modelo de acumulación capitalista, la distribución de
la riqueza, las condiciones laborales, el sistema impositivo, la
propiedad y aprovechamiento de los recursos naturales, continúan
siendo orientadas en interés de los sectores comprendidos en la
función del capital industrial y financiero y la dominación
monopólica
El uso de fondos reservados para el pago
de sobresueldos es una forma de corrupción planificada y sistémica
que no puede ser vista exclusivamente haciendo eje en Maria Julia
Alsogaray, colocándola como un paradigma de una etapa de la vida
nacional signada por la idea del botín de guerra en que se convirtió
el Estado durante la administración menemista . Eso sería ocultar
que esos sobresueldos son una forma de corrupción planificada y
sistémica, funcional a la realización de la plusvalía en el modo
producción capitalista y que tiene su continuidad funcional en la
actual estructura del estado.
Acceder a posiciones
del aparato estatal implica la posibilidad de hacer uso de las redes
del poder y de influencias para obtener beneficios, sea por la vía
de pagos, comisiones o cohechos, para facilitar la obtención de
contratos públicos, etc. La corrupción no obedece a que el Estado se
ha transformado en propiedad privada de los funcionarios. Obedece a
que nunca dejó de ser propiedad colectiva de los capitalistas que se
disputan el arbitraje de los funcionarios que les permitan el
espacio para adquirir bienes públicos, ganar licitaciones y
mercados.
En una etapa de cambio social como la que
atraviesa Argentina, uno de los indicadores de la crisis de
dominación del poder burgués es la quiebra de la confianza en “la
Justicia” y el orden jurídico imperante, como resultante de un largo
proceso de desencanto.
La Constitución de un Estado,
las leyes y los códigos que en su consecuencia se dictan se exhiben,
por la burguesía, ante los ojos de los trabajadores y el conjunto de
los sectores sociales oprimidos como los reguladores formales del
funcionamiento de una sociedad. Este dogma crea la ficción de la
imparcialidad, inviolabilidad, e inmutabilidad del orden jurídico.
Se oculta de esta manera que el fenómeno jurídico, en
última instancia, es la manifestación superestructural de las
relaciones de clase y de producción de una sociedad determinada. Es
pilar formal del poder burgués y de su Estado, no sólo porque regla
su funcionamiento y pena las violaciones a la ley, sino porque arma
todo el entretejido de argumentos que moldea la conciencia y la
moral de toda la sociedad
Bajo el capitalismo la
justicia defiende los intereses de clase de la Burguesía, pero en su
fase de descomposición, de guerra y revoluciones (el imperialismo),
lo jurídico está al servicio de los sectores más concentrados del
gran capital. En el caso de Argentina es posible verificar en los
fallos y sentencia la tutela al detalle que ejercen los grupos
dominantes sobre los Jueces. El Poder Judicial como parte del
aparato del Estado responde esencialmente al proceso económico,
social y político, digitado y dirigido por el gran capital. Por las
propias contradicciones de ese proceso los Jueces pueden incluso
chocar contra los otros poderes y usar la figura de la independencia
como recurso para potenciar fallos a la medida de sus verdaderos
amos.
En ese aspecto los ingentes esfuerzos de
Duhalde-Kirchner por recomponer la imagen con cambios de figuras y
anulación de las leyes de punto final y obediencia debida no ha dado
un resultado similar al reordenamiento político conseguido con el
llamado a elecciones y la continuidad institucional del poder
burgués. Cala hondo en el sentimiento general de los explotados que
no son las leyes vigentes , ni los jueces quienes corporizan la
existencia de un orden social justo, y que toda lucha por superar
las paupérrimas condiciones de vida deberá enfrentar la política
criminal que diseñan ese orden jurídico y concretizan los organismos
judiciales.
Los dos cuerpos Judiciales que
dispusieron en un caso la libertad de Maria Julia Alsogaray y en el
otro habilitaron la excarcelación de Chabán, pusieron de resalto “la
presunción de inocencia “ de la que goza según el ordenamiento legal
todo ciudadano hasta el dictado de una sentencia condenatoria firme
de la que surge el derecho a permanecer en libertad durante todo el
trámite de la causa, agregando que la limitación personal a la
libertad durante un proceso penal desvirtúa la naturaleza cautelar
de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera pena
anticipada .
Sin embargo los medios ocultaron decir
que el 75% de los presos en las cárceles bonaerenses y en igual
proporción en el resto del país, están en idénticas condición que
Alsogaray y Chabán, pero los Jueces no aplican el mismo criterio de
darle la excarcelación e inclusive los legisladores abolieron no
hace mucho tiempo la ley del dos por uno que facilitaba la
excarcelación de presos sin condena firme.
Se explica
de esta forma el carácter prevalentemente proletario y subproletario
de la criminalidad puesto de manifiesto por las estadísticas
judiciales, y al mismo tiempo permite comprender la ideología
pequeñoburguesa que sustenta la sospecha dirigida a los componentes
de esos sectores sociales, a quienes le asignan inclinaciones
naturales a delinquir (repárese en este sentido en los frecuentes
arrestos para individualizar a personas “en actitud sospechosa”,
fundada sólo en su color de piel, el barrio o villa donde vive, su
vestimenta, etc.) Y la alarma social disfrazada como “falta de
seguridad”
La denuncia del carácter histórico y
socialmente determinado de la criminalidad moderna, el carácter
social de la responsabilidad penal y la consiguiente exigencia de
una socialización integral del tratamiento penal son los ejes para
avanzar en la construcción de hipótesis estratégicas de política
criminal trazada desde la perspectiva del proletariado.
No puede haber verdadera justicia en una sociedad
dominada por el interés privado de los grandes empresarios,
banqueros y terratenientes y sus agentes a sueldo en el Poder
Judicial, la policía y el gobierno. El primero y más decisivo
instrumento de una política criminal del movimiento obrero está
constituido por la transformación de la estructura productiva y el
control del poder del Estado por los trabajadores.
La
lucha por la verdadera justicia esta indisolublemente vinculada a la
lucha por transformar la sociedad de forma tal que las palancas
fundamentales de la economía y el estado no estén en manos de un
puñado de parásitos sino bajo el control democrático de la clase
trabajadora y el conjunto de los explotados.
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