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Mapuches denuncian atropellos ante la ONU
Por Azkintuwe Noticias -
Monday, Aug. 01, 2005 at 11:49 AM
prensa_mapuche@hotmail.com
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos
"El conflicto territorial que organizaciones de derechos humanos han mencionado en sus informes ha sido permanente desde la anexión por la fuerza de sus armas del territorio Mapuche por las republicas de Chile y Argentina entre 1860 y 1885, fecha que la resistencia armada mapuche fue sofocada por el poder militar superior de los países vecinos. Durante estos 120 años de ocupación de nuestro territorio, las republicas de Chile y Argentina sistemáticamente han continuado con su política genocida y de asimilacion cultural", señaló ante la Subcomisión, Reynaldo Mariqueo, de Enlace Mapuche Internacional.
Una activa participación tuvieron esta semana representantes mapuches ante la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en Ginebra. En su 57° Periodo de sesiones, que se desarrolla desde el 25 de julio al 12 de agosto en Suiza, organizaciones han denunciado las políticas económicas del gobierno chileno, que atentan contra el patrimonio territorial de las comunidades, y la persecución política de que son víctimas los dirigentes y profesionales de la prensa que se oponen o denuncian esta situación de atropellos.
A continuación, la presentación del dirigente Reynaldo Mariqueo, Secretario General de la organización Enlace Mapuche Internacional, con sede en Bristol, Inglaterra; y de la lamngen Andrea Marifilo Calfunao, miembro de la comunidad mapuche Juan Paillalef, de la IX Región.
Intervención de Reynaldo Mariqueo, Enlace Mapuche Internacional
"Situación de los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo Mapuche.
Sr. Presidente,
Distinguidos miembros de la Subcomisión,
Señoras y Señores.
La violación de las libertades fundamentales y los derechos humanos tanto individuales como colectivos del pueblo Mapuche ha suscitado en diversas organizaciones no-gubernamentales una sostenida preocupación. En efecto, en los últimos años varias de ellas han enviado misiones al Wallmapu (territorio mapuche) para investigar las persistentes denuncias hechas por organizaciones y comunidades mapuches sobre la violación de sus derechos básicos garantizados en las normas del derecho internacional.
Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, la Organización Mundial contra la Tortura han elaborado informes y expresado su preocupación y/o hecho recomendaciones a las autoridades chilenas sobre el así llamado "conflicto mapuche". Por su parte el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre cuestiones Indígenas Sr. Stavenhagen ha hecho recomendaciones específicas después de constatar in situ durante su visita a Chile en Julio de 2003, la dramática situación que enfrentan comunidades y dirigentes mapuches.
El 19 de julio pasado en carta al Gobierno Chileno el Sr. Stavehagen le reitera su preocupación ante la "desproporcionada acusación que pesa contra las autoridades tradicionales (los Lonko Pascual Pichun y Aniceto Norin) en comparación con los hechos que se les imputan de acuerdo con el Código Penal vigente". También le advierte que la laguna existente entre los hechos y la pena solicitada así como la aplicación de la legislación en materia de lucha antiterrorista en el marco del conflicto Mapuche pudiera interpretarse como un: "acto de persecución al movimiento social Mapuche en el país". Las autoridades mapuches aludidas por el Sr. Stavenahen, fueron absuelta el pasado 22 de julio por segunda vez por un tribunal chileno, pero como sucediera anteriormente los liberados mapuches siguen en prisión.
El Gobierno Chileno ha ignorado la preocupación de la comunidad internacional y lejos de buscar una solución política justiciera y atender las demandas de las comunidades mapuche ha respondido con la represión indiscriminada y la aplicación de legislaciones represivas introducidas durante la Dictadura del General Pinochet.
Uno de los asuntos legales más cuestionables es la aplicación de leyes antiterroristas a dirigentes y autoridades mapuches por parte del Gobierno de Chile. Se aplican estas leyes a delitos contra la persona, tal y como queda recogido en las Convenciones Internacionales al respecto, pero en el caso de Chile, estas leyes se aplican contra actos de protesta del pueblo mapuche, incluso contra la mera asociación negándoles así el ejercicio del derecho fundamental de libertad de reunión y asociación.
Esta situación conlleva la violación de los derechos humanos del pueblo mapuche protegiéndose en una aparente legalidad, reflejado en un claro abuso de poder por parte de la policía chilena, que no hace sino intimidar tanto física como psicológicamente al pueblo mapuche, incluyendo niños, mujeres y ancianos. Si me permite Sr. Presidente me gustaría ilustrar brevemente esta situación, así como informar sobre la persecución y montaje judicial que se crean contra los dirigentes mapuches, he aquí algunos ejemplos:
1.- José Nahuelpi y Lorenzo Nahuelpi, de la Comunidad Pantano de Traiguen, fueron detenidos el 3 de febrero por un contingente policial de alrededor de 80 carabineros por orden del fiscal Sergio Moya. Los policías no exhibieron orden detención ni se les explico los motivos del arresto, fueron conducidos a la comisaría de Traiguen donde permanecieron alrededor de 24 horas incomunicados. Los policías actuaron con extrema violencia, con amenazas, e insultos racistas. Lorenzo Nahuelpi fue agredido y amenazado con un revolver en la cabeza en presencia de su familia, sus padres y sus tres niños.
Solo el día siguiente durante la audiencia en el tribunal se les informo que habían sido detenidos por el robo de una bicicleta, hecho que habría ocurrido 6 meses previos y en que los imputados no tenían nada que ver, a pesar de la falta de prueba el tribunal los inculpo y condeno a prisión preventiva. El abuso de poder de la policia es evidente y el desproporcionado despliegue policial es un acto claro de intimidacion a las comunidades mapuche.
2.- El 26 de marzo pasado el Lonko José Regle Calhueque de la Comunidad Cano Antinao fue abordado por tres individuos, quienes llevaban sus rostros cubiertos. Los atacantes le inyectaron una sustancia desconocida en su tórax causándole la paralización momentánea de todo su cuerpo, la gravedad de su estado de salud obligo el traslado de urgencia al hospital de la ciudad de Temuco. En su calidad de autoridad de su comunidad el Sr. Regle encabeza la lucha de su comunidad por la recuperación de sus tierras usurpadas por latifundistas locales, en una región donde opera libre e impunemente una organización paramilitar creada por los latifundistas para amedrentar a los mapuches que luchan por sus derechos.
3.- El periodista Mapuche Pedro Cayuqueo fue nuevamente detenido el 2 de junio pasado, causado de no haber cumplido con el pago de una multa en dinero, dentro del contexto de un proceso judicial que se arrastra por mas de cinco años, después que fuera declarado culpable en el año 2003, cuya sanción incluía su arresto por 61 días, por haber participado en un acto de acción directa en pro de la recuperación de tierras mapuche en la zona de Traiguen.
La detención se efectuó en momentos que el se preparaba para participar en una serie de conferencias y reuniones en Canadá. El Sr. Cayuqueo es un destacado exponente y defensor de los derechos del Pueblo Mapuche y por lo tanto crÍtico a la política indígena del Gobierno Chileno. Las circunstancias de su detención nos hacen suponer que el Gobierno Chileno manipula los instrumentos legales y los usa a su antojo como armas para silenciar las voces del Pueblo Mapuche.
4.- Desde 1998, la destacada autoridad Mapuche, Lonko Juana Calfunao de la comunidad Mapuche Juan Paillalef, ubicada en la comuna de Cunco ha sufrido continuos ataques por la policía chilena y por particulares con los cuales su comunidad mantiene litigios de tierras pendientes. El pasado 22 de julio fue objeto de un nuevo atentado incendiario que redujo su humilde casa a escombros. Este es el tercer atentado incendiario, que creemos forma parte de una campaña de intimidacion en su contra para que se desista de luchar por los derechos de su comunidad y de su pueblo. En junio de 2004 en un atentado similar a su vivienda murió calcinado el Lonko Basilio Coñoenao de la Comunidad Juan Pichunlaf.
La Lonko Calfunao ha sido detenida en numerosas ocasiones y bajo diversos cargos, ha sido amenazada con armas de fuego por individuos desconocidos y físicamente asaltada por Carabineros, como consecuencia de la brutalidad policial sufrió la perdida de su bebe, por los mismos que luego les iniciaron un proceso por agresión a la policía. La Lonko Calfunao se encuentra en una total y absoluta indefensión jurídica, a pesar de haber iniciado acciones legales desde 1999 en contra de los criminales, la justicia chilena no investiga ni sanciona a los responsables.
Sr. Presidente, en muchos casos los detenidos mapuche son juzgados por leyes no acordes al delito en cuestión y sus garantías procesales se ven reducidas por la aplicación de estas leyes. Son juzgados por tribunales y jueces cuya imparcialidad e independencia es cuestionable, como es el caso de anulación de juicios que fallaron a favor de los acusados mapuche o inhabilitar jueces que fallan a favor de los acusados, reflejado por la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuche en su carta del 10 de Junio de este año al Presidente Chileno. Esto nos demuestra Sr. Presidente que la accion del Estado de Derecho chileno esta seriamente desprestigiado dentro del pueblo Mapuche y la administración de la justicia esta seriamente cuestionada en la Democracia Chilena.
El conflicto territorial que organizaciones de derechos humanos han mencionado en sus informes ha sido permanente desde la anexión por la fuerza de sus armas del territorio Mapuche por las republicas de Chile y Argentina entre 1860 y 1885, fecha que la resistencia armada mapuche fue sofocada por el poder militar superior de los países vecinos. Durante estos 120 años de ocupación de nuestro territorio, las republicas de Chile y Argentina sistemáticamente han continuado con su política genocida y de asimilacion cultural. El despojo de nuestras tierras y recursos continuan, condenándonos a la miseria más espantosa de nuestra historia.
El sistema democrático de gobierno y los avances económicos de Chile no pareciera haber cambiado la situación economica y social de las comunidades mapuche. Finalmente debo informar que Chile no reconoce el derecho del pueblo mapuche a su libre determinación, no reconoce la existencia del pueblo Mapuche en su constitución, ni ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indigenas.
A la luz de los hechos anteriormente mencionados llamamos a la Subcomisión actuar de acuerdo a su mandato y presionar al Gobierno Chileno para que ponga fin a su politica represiva contra el pueblo Mapuche, ratifique las convenciones internacionales, asi como poner en vigor las normativas de derechos humanos universalmente reconocidas.
Muchas Gracias Sr Presidente.
Reynaldo Mariqueo
Secretario General - Mapuche International Link
Ginebra, 27 de julio, 2005
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Intervención de Andrea Marifilo Calfunao, Comunidad Juan Paillalef
"Examen de los acontecimientos recientes relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas.
Señor Presidente,
Me dirijo hacia ustedes con el fin de dar a conocer el conflicto que existe actualmente en Chile con los pueblos indígenas, particularmente con el Pueblo Mapuche. Como miembro de la Comunidad Juan Paillalef, de la IX región de Chile, queremos manifestar nuestro más absoluto repudio hacia el actuar de los tres poderes del estado chileno: legislativo, ejecutivo y judicial.
La IX región de Chile fue la primera en donde se implemento la Reforma Procesal Penal, según el gobierno con la finalidad de acelerar procesos judiciales y hacer de la justicia chilena una institución transparente y justa. Hoy, después de 4 años de vivir bajo este sistema judicial a nosotros nos queda la clara evidencia que esta reforma es una herramienta más del Estado chileno para mantener encarcelados a nuestros peñis y lamgen (hermanos y hermanas) que reivindican nuestros derechos colectivos de pueblo-nación, y de esta forma proteger y fortalecer el dominio político y económico sobre nuestro territorio ancestral.
Esta es la situación que viven nuestros hermanos Lonkos (jefes de comunidades) Pascual Pichun y Aniceto Norin, nuestros hermanos y hermanas de la Coordinadora Arauco-Malleco, los cuales llevan dos años detenidos sin siquiera comprobar su participación en los hechos, también es la situación que viven nuestros hermanos de la comunidad de Ercilla quienes van a cumplir un año detenidos y a los cuales tampoco se les ha comprobado su participación en los hechos. Y es la situación que viven muchos hermanos más, algunos de los cuales hoy tienen que vivir bajo la clandestinidad.
Nuestra comunidad Juan Paillalef, ha sido a lo largo de su historia víctima de amenazas, ataques con armas de fuego y de la quema de nuestras casas. No podemos dejar de mencionar que todos nuestros hermanos y hermanas que hoy comparecen ante la justicia son procesados por la Ley Antiterrorista No. 18.314 legado de la dictadura de Augusto Pinochet, ley que ampara testigos sin rostros, intervención telefónica y de correos electrónicos, para esto exigimos que se respeten los derechos procesales fundamentales protegidas por el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Vale destacar que en los procesos por asociación ilícita terrorista, los acusados han tenido como querellantes al Estado chileno (Ministerio Público y Ministerio del Interior), las municipalidades, intendencias, gobernaciones, empresas transnacionales entre las cuales se encuentran forestales Bosques Arauco SA., grupo Angelini, forestal Mininco SA, grupo Matte, forestal Millalemu, cuyo dueño, Stephan Shidheiny, es de origen suizo, además de otros latifundistas y particulares. En torno a esta presión, ¿quién garantiza un juicio justo y la aplicación del Estado de Derecho en los juicios en contra de nuestras hermanas y hermanos Mapuche?
Dentro de este contexto, una de las principales problemáticas de nuestro pueblo, es actualmente la falta de apoyo jurídico, ya que es el mismo Estado que nos acusa y que nos defiende. Por eso, necesitamos urgentemente una asesoria judicial que sea independiente del Estado chileno para asegurar objetividad y transparencia en nuestros defensores.
El cese de la criminalizacion de los defensores de los derecho humanos. como son los casos de la Lonko de la comunidad Juan Paillalef, que por el hecho de defender los derechos de los pueblos indigenas de Chile y de otros paises, es constantemente atacada y perseguida por grupos paramilitares, quienes incluso quemaron su casa durante la noche del 26 de junio del 2004, matando esa misma noche a Basilio Coñoenao, Lonko de la Comunidad Juan Pichunlaf.
Del periodista Pedro Cayuqueo, director del sitio web de noticias mapuche, periódico Azkintuwe, de circulación en la zona sur de Chile y Argentina, fue detenido en un operativo policial en Temuco el 22 de enero pasado. Si bien se aseguró que su arresto fue ordenado por el tribunal de Traiguén de Temuco, para sus compañeros de labores se trataría de un claro acto de "hostigamiento" por su constante trabajo de denuncia desarrollado en la zona sur. Se pide y exige respeto por el Periodismo Mapuche, que no se violen los derechos de libertad de expresión.
Exigimos revision de los fallos condenatorios a comuneros mapuches. El gobierno chileno, a través de sus instituciones crea formas políticas y jurídicas para desarticular al pueblo Mapuche, movimientos indígenas, comunidades y familias. Queremos nuestra total reivindicacion de nuestros derechos colectivos de pueblo/nacion. Justicia, territorio, autonomía y libredeterminación.
Aplicación del derecho al consentimiento y veto previo, libre e informado sobre cualquier proyecto en el territorio mapuche. Respeto y un seguimiento conjunto a las recomendaciones de Relator Especial Rodolfo Stavenhagen. Respeto de la Convención para la Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion Racial y Trabajo Conjunto.
Por otra parte, queremos pedir intervención por nuestro hermano Leonard Peltier nativo estadounidense y activista de la Movimiento Indígena Américano (AIM) quien se encuentra encarcelado desde el año 1977 en Estados Unidos y quien sufre actualmente de graves deficiencias de salud. Queremos que se tomen en cuenta las proposiciones hechas anteriormente por un miembro de L.P.D.C (Leonard Peltier Comite Defense).
Gracias señor Presidente.
Andrea Marifilo Calfunao, Comunidad Juan Paillalef.