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Posible desalojo a la Comunidad Diaguita-Calchaquí en Salta
Por Prensa De Frente -
Friday, Aug. 05, 2005 at 1:50 AM
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HOY A LA TARDE HABRÁ UNA AUDIENCIA JUDICIAL DEFINITORIA
Posible desalojo a la Comunidad Diaguita-Calchaquí en Salta
En el paraje San José, a 10 kilómetros de Cafayate, Salta, ocho familias de la Comunidad Diaguita-Calchaquí resisten las amenazas de desalojo por parte de la empresa Animaná, propiedad del ex-Senador provincial del PJ Luis Murga y esperan la resolución del juzgado civil y comercial de Salta.
La empresa inició juicio contra las familias en el 2003, negando la existencia de las comunidades en la zona desde tiempos ancestrales. Muchas familias abandonaron el lugar por miedo hace veinte años, cuando fueron desalojadas por Luis Murga y reubicadas en un barrio que él bautizó "Juan Pablo II". Si bien las actuales intenciones son similares, los vecinos de San José, junto con algunas familias de San Antonio, formaron la Comunidad Diaguita-Calchaquí de Animaná y se organizaron para resistir los desalojos. De esta manera, el 28 de junio, con apoyo de los vecinos de Cafayate, realizaron un corte en la ruta nacional 40 para reclamar la suspensión del juicio.
Mañana 5 de agosto la Dra. María Cristina Montalbetti de Marinaro, jueza de primera instancia del Tribunal en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación de Salta, deberá decidir la situación de las ocho familias, que podrían ser desalojadas por orden judicial.
Esta comunidad habita la región desde hace siglos, antes de que las tierras fueran compradas en la década del ´70 por Animaná S.A. A partir de entonces, las hostilidades fueron en aumento. Ordenaron taponar todos los pasos de agua con los que la comunidad indígena regaba sus cosechas, provocando sequías desastrosas, fueron amenazados por empleados del lugar y el alambrado de las tierras hizo imposible el ingreso de vehículos, por lo que en caso de enfermedad los enfermos deben ser transportados a pie hasta el camino.
En la denuncia que encabezó la empresa Animaná no se hace mención de que los acusados son miembros de una comunidad indígena y que las tierras son parte de un legado ancestral. En este sentido, deberá esperarse la resolución de la jueza en relación a los derechos indígenas, estipulados en la Constitución Nacional y tratados de Derechos Humanos internacionales.