Activismo mapuche en Puelmapu (Parte I)
Por Laura KROPFF* / Azkintuwe Noticias - Monday, Nov. 21, 2005 at 12:20 PM

Trayectoria histórica y principales propuestas

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A partir de mediados de la década de 1980, en el marco del importante movimiento por la defensa de los Derechos Humanos que denunció las atrocidades cometidas por la última dictadura militar, la cuestión indígena comenzó a hacerse visible en Argentina. En este artículo la intención es profundizar en el surgimiento de organizaciones mapuche autónomas en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut durante las décadas del ochenta y noventa, dando cuenta de sus principales posturas y propuestas (Foto de Alejandra Bartoliche)


A fines del siglo XIX el territorio patagónico fue apropiado violentamente por los estados argentino y chileno que desarrollaron dos campañas militares paralelas contra el Pueblo Mapuche: la “Campaña del Desierto” y la “Pacificación de la Araucanía”. Desde ese momento la política del estado argentino, que incluyó la usurpación y redistribución de las tierras y la asimilación política, fue sustentada por una ideología hegemónica que se basó en la extinción y la asimilación. Este planteo ideológico favoreció la negación discursiva de la presencia mapuche y el desarrollo de estrategias invisibilizadoras y de desmarcación de la identidad por parte de los afectados en contextos altamente represivos y discriminatorios.

A partir de mediados de la década de 1980, en el marco del importante movimiento por la defensa de los Derechos Humanos que denunció las atrocidades cometidas por la última dictadura militar en el país, la cuestión indígena comenzó a hacerse visible. Como resultado de un complejo proceso de organización política indígena en interacción con diferentes agencias, muchas de ellas vinculadas con la defensa de los Derechos Humanos, se consiguió una serie de reconocimientos jurídicos para los Pueblos Indígenas cuyo hito fundamental fue la reforma constitucional del año 1994.

En una primera parte de este trabajo, la intención es partir de una reseña breve de ese proceso poniendo el foco en el surgimiento de organizaciones mapuche autónomas en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut durante las décadas del ochenta y noventa, dando cuen ta de sus principales posturas y propuestas. Luego, en una segunda parte a publicar en Azkintuwe, analizaré las nuevas propuestas llevadas adelante por jóvenes mapuche a partir del año 2001, en lo que he denominado la emergencia de un discurso generacional mapuche.

A modo de introducción

Antes de comenzar me parece necesario explicitar que este trabajo se enmarca, por un lado, en mi investigación de doctorado sobre procesos identitarios entre jóvenes mapuche en las provincias que se nutre de la discusión teórica llevada adelante por el Grupo de Estudios en Aboriginalidad, Provincias y Nación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Ubacyt dirigido por la Dra. Claudia Briones) y, por otro, en el activismo que realizo en la Campaña de Autoafirmación Mapuche Wefkvletuyiñ -estamos resurgiendo-, conformada por jóvenes mapuche. En ese marco, la discusión está planteada desde un doble posicionamiento: en el campo académico y en el activismo político. El ámbito académico provee el marco conceptual a partir del cual abordo la problemática.

Resumidamente, parto de concebir al estado no como una estructura abstracta que se diferencia tajantemente de la sociedad civil, sino como el resultado de prácticas históricas concretas. “[El estado] debe ser examinado no como una estructura, sino como un poderoso efecto metafísico de prácticas que hacen que esas estructuras aparenten existir” (Mitchell, 1991: pp. 94). En este sentido, un punto de partida central del análisis es la conceptualización de Ana Alonso, quien piensa al estado como una construcción histórica, (re) creada en prácticas cotidianas que son a la vez su forma material. De esta manera, el estado no es meramente ideacional sino que tiene una materialidad. El elemento clave que conecta los significados hegemónicos con la experiencia de los actores sociales es la inscripción cultural, que se asegura a través de la organización simbólica y material del espacio social. Para esta autora, la nación se presenta como sujeto colectivo, superorgánico, con una esencia biocultural única. En su discurso se articulan los tropos del espacio territorializado con los tropos de substancia que refieren al “cuerpo” nacional (Alonso, 1994).

Desde esta perspectiva, el concepto de “aboriginalidad” refiere al proceso por el cual, en la creación de la matriz estado-nación-territorio, se construye lo indígena como un “otro interno” con distintos grados y formas de inclusión/exclusión en el “nosotros” nacional. A diferencia de otras construcciones de alteridad -que se caracterizan también por interpelaciones étnicas y raciales- la aboriginalidad se basa en la presunción de autoctonía de sujetos colectivos (Beckett, 1988; Briones, 1998). Partiendo de este lugar, el activismo mapuche implica, no solamente una serie de reivindicaciones de derechos en relación al acceso a bienes materiales como la tierra, sino una disputa metacultural por definir su propio status de aboriginalidad. En ese proceso la cultura misma se vuelve tópico de los planteamientos políticos y es por ello que, retomando a Briones, defino su práctica política como “activismo cultural” (Briones, 1999).

Comenzaré en esta primera parte haciendo una breve referencia al proceso de larga duración de conformación de la matriz estado-nación-territorio para delinear los planteos ideológicos a partir de los cuales el estado nacional ha construido históricamente a sus “otros internos”. Luego presentaré brevemente las dis-cusiones planteadas por las organizaciones surgidas en las décadas de 1980 y 1990 que dialogan con el discurso hegemónico. Para dar cuenta de ese diálogo prestaremos atención, no solamente a los procesos que construyen aboriginalidad en relación al estado nacional sino, principalmente, a los procesos que otorgan particularidades al activismo mapuche en relación a la constitución de los diferentes estados provinciales en los que el estado organizó la administración del territorio una vez ocupado. En especial, me interesa rastrear comparativamente las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut en las que más fuertemente se manifiestan proyectos de activismo mapuche que tienen, a pesar de considerarse parte de un mismo Pueblo, características específicas producto de su interacción con distintos estados provinciales.

Conquista, redistribución e invisibilización

La matriz estado-nación-territorio se fue consolidando en la Argentina hacia fines del siglo XIX cuando se ocuparon militarmente territorios en los cuales todavía había pueblos indígenas autónomos: chaco, pampa y patagonia. El territorio patagónico fue apropiado violentamente por dos estados: el argentino y el chileno que desarrollaron dos campañas militares paralelas: la “Campaña del Desierto” y la “Pacificación de la Araucanía”. El primero de enero de 1885 se rindió al estado argentino el cacique Valentín Sayhueque y la conquista militar argentina se dio por terminada. A partir de ese momento el gobierno aplicó diferentes políticas de radicación de los indígenas que se pueden agrupar en tres tipos: la propiedad individual, la ocupación precaria de tierras fiscales y la creación de colonias colectivas (Briones y Delrío, 2002).

Las negociaciones con el estado para obtener tierras para asentarse implicaron la reestructuración de las relaciones políticas en función de articularse en torno a un cacique referente que fuera reconocido como interlocutor por el estado. Estas rearticulaciones se producían en lugares de confinamiento (muchos de ellos ubicados en los márgenes del río Negro) donde se reunían las familias desplazadas por la avanzada militar. Del resultado de esas negociaciones, que se producían en una trama de relaciones atravesada por políticas estatales y también eclesiásticas, dependía el destino geográfico final de los caciques “y su gente” que conformarían, a partir de ese proceso, entidades políticas y sociales reconocidas por el estado (Delrio, 2001).

La política de usurpación y redistribución de las tierras y la asimilación fueron sustentadas por una ideología hegemónica que se basó en la condena a la extinción y en la negación de la presencia indígena. Paralelamente a la conquista militar y a la lenta reubicación de la población indígena, se consolidaba el proyecto nacional de la denominada “generación del 80” que, basándose en la doctrina sarmientina de “civilización o barbarie”, fomentaba la inmigración europea para “mejorar la sangre” de los criollos. Este planteo ideológico favoreció la negación discursiva de la presencia indígena en general y el desarrollo de estrategias invisibilizadoras y de desmarcación de la identidad por parte de los afectados.

En el caso mapuche, el discurso hegemónico nacional ha construido la idea de que se trata de “invasores chilenos” a través del concepto de “araucanización de las pampas” que refiere a la supuesta expansión de los indios “chilenos” (araucanos agricultores) sobre territorio “argentino” a partir del siglo XVI, generando la aculturación de los indios “argentinos” (pampas o tehuelche cazadores y recolectores) y “degenerándose” a su vez para adoptar el caballo y dedicarse al saqueo de los pueblos y las estancias de la pampa. Este concepto tiene su origen en producciones intelectuales vinculadas a la construcción de una narrativa nacional y fue usado para justificar la conquista militar delos territorios de pampa y patagonia (Lazzari y Lenton 2000).

La “araucanización de las pampas” como construcción intelectual tiene consecuencias complejas y diversas. Una de esas consecuencias es la desvinculación de las personas y el territorio. Al ser concebidos como extranjeros, se relaciona a los mapuche con otro territorio y no con aquel que le interesa ocupar al estado argentino. Esto tiene que ver con que el fundamento económico que impulsó la conquista militar fue el de obtener la tierra y la mano de obra por separado. Mientras la fuerza de trabajo estaba destinada a emprendimientos económicos de otras regiones, como los ingenios de Tucumán, o los viñedos de Cuyo, la tierra debía estar “desierta” para entrar en el nuevo capitalismo agrario que los terratenientes criollos deseaban (Masés, 1998). En este sentido la conquista militar operó como una “Campaña” de construcción “del desierto” en términos materiales pero también ideológicos.

El estado argentino comenzó a reconocer la presencia de los Pueblos Indígenas en su territorio recién en la década de 1990. Hasta la reforma constitucional de 1994, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas (art. 75 inc. 17), la única mención a los indígenas en la carta magna recomendaba mantener un “trato pacífico” con ellos y “promover su conversión al catolicismo”. Esas reformas coincidieron con la emergencia de un activismo mapuche con características específicas y un nivel de visibilidad pública que no se habían dado con anterioridad en Argentina.

Activismo mapuche en las décadas de 1980 y 1990

La década de 1990 estuvo marcada por una fuerte movilización de los Pueblos Indígenas en Latinoamérica. Durante esa década ganaron visibilidad en la arena internacional y se desarrollaron nuevos instrumentos legales. En este sentido, en Argentina se destacó la adhesión al Convenio 169 de la OIT en 1992 y la reforma constitucional de 1994. Estas, entre otras acciones, dieron nuevo impulso a la discusión sobre el status jurídico de los pueblos indígenas. Acompañando estos procesos, las organizaciones indígenas también ganaron visibilidad y derechos políticos generando un cuestionamiento sistemático a las prácticas de inclusión / exclusión de la sociedad política y civil y una exigencia de reforma del estado que supondría replantear sus principios fundantes (ver Briones y Carrasco, 2000).

Como explicamos antes, el proceso argentino de construcción de la nación se basó en la idea de extinción de los “indios argentinos” y las demandas indígenas de las décadas de 1980 y 1990 implicaron una disputa política con esta forma particular de construcción de alteridad. Aunque las organizaciones han ganado espacio y legitimado algunas de sus demandas, todavía tienen que lidiar con un discurso hegemónico negador y derogatorio. En el norte de la Patagonia específicamente, esta relación histórica entre los mapuche y la sociedad no mapuche fue modificada durante los noventa, dando nacimiento a nuevos discursos políticos y políticas culturales, así como a nuevos perfiles organizacionales (Briones, 1999).

En 1983, la dictadura militar iniciada en 1976 llegó a su fin. Desde el final de la dictadura y, sobre todo, en el comienzo del gobierno democrático cobró un lugar central en la arena pública la cuestión de la defensa de los Derechos Humanos en general y de las minorías marginales en particular, entre ellas, los indígenas. En las provincias de Neuquén y Río Negro, el surgimiento de las organizaciones mapuche autónomas y supra-comunitarias que encontramos ocupando lugares importantes en el presente estuvo íntimamente relacionado con los organismos de Derechos Humanos y con la iglesia católica (Mombello, 1991; Radovich, 1992; Fuentes, 1999; Gutiérrez, 2001). Uno de los precedentes más importantes de este perfil organizacional supra-comunitario y autónomo fue la creación, en 1972, de la Confederación Indígena Neuquina (CIN). Sin embargo, su creación estuvo fuertemente articulada con el Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido provincial de tinte populista que se mantiene en el gobierno hasta el presente.

Hacia fines de la década de 1980, el modelo económico provincial comenzó a sufrir transformaciones orientadas a generar formas capitalistas de acumulación flexible que lo pusieron a tono con el proceso nacional llevado adelante por el menemismo (Briones y Díaz, 2000). Paralelamente, comenzaron a hacerse públicos los reclamos de las organizaciones mapuche que tuvieron su génesis al amparo del movimiento de defensa de los derechos humanos, que en Neuquén logró un alto grado de movilización alrededor de la figura del obispo Jaime De Nevares (Mombello 2000). Estas organizaciones (una de las más importantes fue Nehuén Mapu) fueron generando espacios de autonomía política hasta separarse de la iglesia y los organismos de Derechos Humanos e incluso confrontar en algunas instancias. En esa disputa la misma CIN pasó a ser denominada Confederación Mapuche Neuquina (CMN) y se desprendió del dominio del MPN.

Una de las diferencias substanciales con la provincia de Río Negro es la inexistencia allí de un partido provincial con las características del MPN. De hecho, la emergencia misma de políticas estatales orientadas específicamente a la población indígena es comparativamente más tardía. Fue ante las presiones del movimiento generado en la década de 1980 que el estado provincial se vio obligado a sancionar una ley orientada a reconocer derechos indígenas. En este proceso de demanda política se conformó el Consejo Asesor Indígena (CAI), una organización indígena que, sin embargo, también nuclea y representa a los pequeños productores no mapuche y estuvo, en sus comienzos, estrechamente vinculada al obispado (Mombello, 1991). Paralelamente a la conformación del CAI, se fueron organizando Centros Mapuche en las ciudades de la provincia. Estos Centros se diferencian del CAI porque anclan su demanda en el derecho a la diferencia cultural más que en una articulación en tanto campesinos.

Luego de tres años de negociaciones, la ley 2287 se sancionó en 1988 como resultado de un proceso conflictivo entre el estado, la iglesia y el Consejo Asesor Indígena. (Mombello, op.cit; Gutiérrez, op.cit; Menni, 1996). Luego de esta fuerte disputa en la que el CAI se fortaleció como organización -recibiendo el respaldo tanto de partidos políticos como de sindicatos, entre otras agrupaciones- se logró que la ley incluyera la perspectiva de la organización. En la misma ley se dispone la creación del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI) que debe encargarse de ejecutar la ley y debe estar compuesto por representantes del CAI y del poder ejecutivo provincial. De esta manera, el CODECI se convirtió en una de las primeras instancias estatales de participación indígena en la aplicación de políticas en la Argentina.

Durante la planificación del contra festejo de los 500 años de la llegada de Colón a América, distintas organizaciones confluyeron en una propuesta orientada a representar la demanda de todo el Pueblo Mapuche de Puelmapu independientemente de las administraciones provinciales. Esta propuesta reunió a las organizaciones Nehuén Mapu (Neuquén) y Newentuayiñ (Buenos Aires), al Centro Mapuche Bariloche (Río Negro) y logró también integrar a la Confederación Mapuche Neuquina. Estas organizaciones, que tenían en común una serie de planteos centrados en la recuperación cultural y en la demanda del respeto por la diferencia, confluyeron en la Taiñ Kiñe Getuam -para volver a ser uno- (TKG).

El programa de la TKG se basó, según el análisis de Claudia Briones, en tres objetivos fundamentales: (1) consolidar el Pueblo-Nación Originario Mapuche como una entidad preexistente a los estados provinciales y nacionales que hoy ocupan su territorio, (2) exigir el reconocimiento estatal del derecho al Territorio y (3) generar espacios donde poner en práctica el derecho a la Autodeterminación y la Autonomía (Briones, en prensa). El desarrollo del programa implicó un proceso de producción cultural orientado, por un lado, a la construcción de una idea de comunidad para unificar la dispersión y, por otro lado, a explicar la distintividad ante la sociedad no mapuche. En este sentido, uno de los objetivos fundamentales de la TKG fue la “recuperación cultural” que se centró en la recuperación de rituales, lenguaje y kimvn (conocimiento). Según Briones, la ritualización en ese contexto debe interpretarse en clave política pero también en términos de disputa de sentidos y de toma de decisiones desde modos históricos y míticos de conciencia. Se trató de un proceso de fuerte reflexión que generó prácticas metapragmáticas y metaculturales con un dinamismo propio.

Hacia fines de 1995 la TKG comenzó a desmembrarse y las organizaciones que la conformaron iniciaron la etapa de provincialización de las demandas (Briones, en prensa). Nehuen Mapu y la CMN permanecieron integradas en la Coordinación de Organizaciones Mapuche (COM) de Neuquén, mientras que el Centro Mapuche Bariloche participó de la creación de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro que reúne representantes de comunidades rurales, Centros Mapuche urbanos y del CAI. A partir de su creación, la Coordinadora es la que envía representantes al CODECI y el CAI dejó de ser la única organización considerada representativa en la provincia. La TKG no contó, entre sus integrantes, con ninguna organización de la provincia de Chubut. Comparativamente, esa provincia fue la que más tardíamente generó políticas orientadas a la población indígena, siendo los primeros programas de promoción social generados en 1987 y la primera ley dictada en 1991.

A diferencia de Neuquén y Río Negro, el estado no generó espacios institucionales de diálogo con el Pueblo Mapuche como la Confederación Mapuche Neuquina y la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro (Delrio y Ramos, en prensa). Asimismo, la emergencia pública de organizaciones mapuche urbanas es, comparativamente, tardía. Recién durante las acciones promovidas por el contra festejo de los 500 años los mapuche de la ciudad comenzaron a generar una organización en función de responder a las situaciones apremiantes que atravesaba la gente del campo reuniendo reclamos dispersos y brindando asesoramiento, apoyo y difusión (Ramos, 2004).

Otra de las características específicas de la provincia del Chubut es que la demanda no se plantea desde una articulación exclusiva como mapuche sino más bien como Mapuche-Tehuelche. Es así que la primera organización supracomunitaria en ganar visibilidad se deno-minó “Organización de Comunidades Mapuche Tehuelche 11 de Octubre”. Según Delrío y Ramos, esta organización plantea sus demandas promoviendo la visibilidad de conflictos puntuales que constituyen “casos” que se proyectan públicamente como paradigmáticos de los términos en que el estado, los terratenientes y las multinacionales generan la subordinación de los mapuche. Otro de los referentes públicos que articula demandas comunitarias mapuche en Chubut es la comunidad Pillán Mahuiza surgida de la recuperación de tierras llevada adelante por activistas mapuche urbanos. Esta comunidad hizo efectivo uno de los mandatos más fuertes del activismo mapuche en Chubut: la necesidad de “retornar” a la tierra.

Neuquén, Río Negro y Chubut en el presente

A partir de las modificaciones en el escenario nacio-nal generadas por la crisis que estalló en diciembre del año 2001 provocando la caída del presidente De la Rúa, las demandas y políticas públicas específicas sobre derechos indígenas parecieron pasar a un segundo plano ante la preponderancia de las disputas en torno al acceso a políticas de asistencia social. Sin embargo, la demanda indígena por el reconocimiento a nivel nacional comenzó a rearticularse con tres tendencias claras. Por un lado, encontramos intentos de crear instancias de representatividad de alcance nacional (es el caso de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas Argentinos, ONPIA) que se orientan a participar en la aplicación de políticas indígenas estatales a través de consejos consultivos o instancias ejecutivas puntuales.

También se observa la tendencia a la creación de espacios de negociación directa entre dirigentes indígenas y agencias multilaterales, en las que se acuerdan proyectos de desarrollo y capacitación en comunidades indígenas sin mediar en la negociación agencias estatales (es el caso del Compo-nente de Atención a la Población Indígena financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y del proyecto de Desarrollo en Comunidades Indígenas del Banco Mundial). Por último, se manifiesta la emergencia de prácticas de alianza de ciertas organizaciones mapuche con movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos a partir de la discusión de agendas y reivindicaciones más amplias que involucran a indígenas y no indígenas (Briones et.al., 2003).

Algunas organizaciones mapuche vinculadas a las tres provincias que estamos presentando se enmarcan en estas tendencias. Por un lado, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro forma parte de la ONPIA (que, a su vez, dialoga con el Banco Interamericano de Desarrollo) y, junto con la COM de Neuquén, participa del proceso consultivo denominado “Parlamento de los Pueblos Indígenas de Argentina 2004” orientado a incluir los Derechos Indígenas en la agenda pública del gobierno del presidente Kirchner. Por otro lado, la COM participa activamente en el proyecto de Desarrollo en Comunidades Indígenas del Banco Mundial. Finalmente, las organizaciones de la provincia de Chubut convocan a marchas y movilizaciones con consignas englobadoras de varias demandas detrás de las cuales se articulan movimientos independientes, organizaciones piqueteras y sindicales. En el mismo sentido -y siguiendo una tendencia histórica de articulación de clase que algunos autores denominaron como “campesinista” (Valverde, 2003)- el CAI de Río Negro incluye, entre sus principales planteos, la oposición al ALCA y la denuncia a las políticas de los organismos multilaterales en la región. Desde ese lugar articula con otros movimientos campesinos y urbanos participando en instancias de discusión, apoyando sus acciones y convocándolos a algunas de sus asambleas periódicas.

A pesar de que, en Neuquén, hay varias organizaciones mapuche, es la COM la que logra mayor visibilidad en la esfera pública provincial, nacional e internacional. La COM orienta sus reclamos hacia las demandas territoriales en términos de crear antecedentes que permitan instalar la noción de “territorio indígena protegido” en base a una “idea mapuche de desarrollo”. Para ello han logrado financiamiento e instancias de diálogo directo con agencias multilaterales como el Banco Mundial (Briones, en prensa). A partir de sus demandas de autonomía y respeto a la diferencia, generan instancias de discusión en la arena jurídica y educacional, entre otras. Es en esos ámbitos donde introducen los conceptos elaborados por el activismo cultural de la TKG: Pueblo, Territorio, Autonomía, Comunidad, etc. logrando importantes niveles de aceptación en instancias nacionales y transnacionales mientras que el gobierno provincial continúa siendo un interlocutor ante el que se plantea la confrontación. Es así que algunos de sus dirigentes participan activamente de procesos consultivos nacionales y de proyectos de agencias multilaterales.

En Río Negro, a diferencia de Neuquén, las demandas no se centran en la reforma del marco legal sino en la necesidad de que el marco legal vigente sea aplicado y esto se debe al proceso específico de relación entre las organizaciones mapuche rionegrinas y el estado provincial (Briones, en prensa). Otra de las especificidades provinciales es que la demanda mapuche se encuentra fuertemente articulada con la de los sectores rurales pobres independientemente de su adscripción étnica. La tercera característica que es importante destacar es que el estado provincial rionegrinoes uno de los que más tempranamente generó un marco jurídico propio y espacios de participación indígena. Sin embargo, es también el que más fragmentación en el activismo mapuche evidencia y menos resultados concretos presenta, al menos en lo que hace a la regularización del dominio de las tierras fiscales, que es una de las principales demandas del movimiento mapuche. Esta es, quizás, una de las paradojas más interesantes, tanto para la comparación con otros estados provinciales, como para la evaluación del funcionamiento de los espacios de participación en las políticas sobre la cuestión indígena en Argentina (Cañuqueo et.al., 2004).

Según Ana Ramos, una de las características más significativas del activismo mapuche-tehuelche en la provincia de Chubut es la tendencia a generar articu-laciones amplias con otros sectores que tienen demandas contra el poder político. En estas articulaciones, los mapuche-tehuelche operan como productores de significantes detrás de los cuales se nuclean demandas diferentes que van desde la oposición a la explotación minera y a los desalojos en las áreas rurales, hasta los cuestio-namientos a algunos funcionarios provinciales y la lucha contra los terratenientes (Ramos 2004). Con su lógica de proyección pública de “casos” conflictivos, la Organización de Comunidades Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre es la que está logrando instalar la demanda mapuche a nivel nacional en el presente. De hecho el 15 de julio del año 2004, la organización presentó una Proclama del Pueblo Mapuche-Tehuelche del Chubut en el Congreso de la Nación. Esta presentación se hizo posible por el fuerte impacto público (que incluso llegó a los medios internacionales) del conflicto entre la familia Curiñanco Nahuelquir y la empresa multinacional Benetton Group S.P.A. que posee alrededor de 1 millón de hectáreas en la patagonia. Según Ramos, este caso opera como señal metacultural de un llamado al retorno a las áreas rurales que implica -desde la perspectiva de la organización- “desandar la historia”. Se trata de un caso construido públicamente como “una luz para la gente que está desesperanzada en los barrios” (OCMT 23/2/03 en Ramos, N.d.).

El activismo mapuche de las décadas de 1980 y 1990 en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut debió discutir con el discurso hegemónico argentino negador que presentamos en los primeros acápites. Ante la invisibilización, los mapuche debieron manifestar una presencia y para ello -la TKG y las organizaciones de Chubut- apelaron al esencialismo estratégico en función de marcar la diferencia cultural. En Río Negro, la articulación con la demanda de los pequeños productores lanares, generó la ruralización de la presencia mapuche que es, también, uno de los resultados del esencialismo estratégico (que en Chubut se concreta en el llamado al “retorno” al campo). Además de discutir con la invisibilización, los mapuche debieron argumentar contra el discurso que los construye como chilenos invasores y esto otorgó centralidad, en la argumentación política, a la idea de que constituyen un solo Pueblo Nación Originario preexistente a los dos estados nacionales que ocuparon militarmente su Territorio. El discurso generacional emergente que analizaré en una segunda parte, toma como base los planteamientos del activismo mapuche que describimos aquí para luego cuestionar algunos de los elementos que caracterizan su discurso así como ciertas estrategias políticas / Azkintuwe



* Artículo publicado en Periódico Azkintuwe Nº16, Septiembre-Octubre de 2005. Pag. 12, 13 y 14.

www.nodo50.org/azkintuwe/nov21_1.htm

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