Campaña de solidaridad con el pueblo mapuche y sus luchadores
Por ANRed - L - Thursday, Dec. 15, 2005 at 10:47 AM

El pasado viernes 9 de diciembre, en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), se realizó una conferencia de prensa para explicar las razones del pedido de refugio político del luchador mapuche, Pascual Pichún Collonao. Durante el acto denunció la criminalización de los legítimos reclamos indígenas por parte del Estado chileno. Estuvieron presentes los abogados patrocinantes, Héctor Trajtemberg y Carlos Zamorano y el escritor y periodista Osvaldo Bayer.

Pascual Pichún Collonao tiene 23 años, es integrante de la comunidad mapuche y luchador por los derechos políticos y culturales de su pueblo.

El pasado 6 de diciembre formalizó, a través de los abogados Héctor Trajtemberg (LADH) y Carlos Zamorano (LADH), el pedido de solicitud de refugio político al Estado argentino. "Pertenezco a una familia perseguida y reprimida por la justicia chilena, denunció el luchador mapuche. "Mi padre, Pascual Pichún Pillaleo, lonko (jefe tradicional de la comunidad fue acusado de "amenazas terroristas" a un latifundista. A mi hermano, Rafael Pichún Collonao, y a mí nos acusaron de "atentado" contra un camión que transportaba madera, en medio de una protesta. Fuimos condenados a cinco años de prisión."

La justicia chilena recurrió a la 'ley 18.314 Sobre Conductas Terroristas' para reprimir los reclamos de la comunidad. Esta ley fue creada durante la dictadura de Augusto Pinochet para perseguir a opositores políticos y en la actualidad posee plena vigencia. No fue necesario, como en el caso de la Argentina, crear una ley antiterrorista para adecuarse a la legislación internacional exigida por el gobierno de Estados Unidos.

El caso data de enero del 2002. Luego de cumplir un año encarcelados, se los llevó a juicio oral donde se ratificó la condena a cinco años de prisión. Ante la falta de antecedentes de los acusados se les otorgó la libertad condicional pero previo pago de una indemnización de seis millones de pesos chilenos, algo así como diez mil dólares para las víctimas. Pascual Pichún Collonao declaró: "Nuestra comunidad vive por debajo de la línea de pobreza, jamás podríamos reunir ese dinero. Es una muestra clara de que no pensaron en otorgarnos el beneficio: lo único que quieren es encarcelarnos. Cuando se ratificó la condena, decidimos no presentarnos a la justicia. No teníamos ninguna garantía. Mi hermano Rafael y yo pasamos a la clandestinidad, lejos de nuestras familias y de nuestra comunidad. Finalmente en junio de este año a mi hermano lo detuvieron y actualmente cumple la condena. Mi padre, por su parte, lleva cuatro años preso. Entonces, yo decidí venir a la Argentina para denunciar todas estas persecuciones, maltratos y violaciones".

Testigos sin rostro

Juan Agustín Figueroa, fue ministro de agricultura en el gobierno de Salvador Allende. Además es presidente vitalicio de la Fundación Pablo Neruda y es el latifundista "amenazado" por el jefe de la comunidad, el padre del joven Pascual. "Al sostener la demanda está actuando en contra de los principios de Pablo Neruda", opinó. Además agregó: "En los juicios que se llevan adelante, bajo la acusación de violar la ley antiterrorista, los testigos declaran detrás de un biombo, con la voz distorsionada. No podemos conocer la identidad de los testigos hasta que termina el juicio. Los procesados jamás conocen el nombre de los testigos; entonces, pueden decir cualquier cosa. De hecho con estas declaraciones se han fundamentado las condenas. No son condenas cualquiera. Son condenas a cinco años, a diez años de prisión".

Pascual Pichún Collonao subrayó que la aplicación de estas leyes por parte del Estado chileno sirve para privilegiar los derechos de las multinacionales en desmedró de los pueblos originarios. "Día a día, los territorios de las comunidades son avasallados por las multinacionales y nos obligan a emigrar a la ciudad para subsistir. Nuestros campos ya no son productivos, no se puede criar animales, las tierras están contaminadas", precisó.

Refugio político, persecución étnica

El miércoles 6 de diciembre, los abogados patrocinantes de Pascual formalizaron el pedido de refugio político al Estado argentino. El Dr. Héctor Trajtemberg enmarcó la situación de la familia Pichún Collonao dentro de la histórica lucha del pueblo mapuche por sus tierras, por sus derechos, culturales y políticos. Resaltó que "los mapuches no se han resignado ni se resignan ahora, permanecen en una lucha constante. Las persecuciones y represalias son parte de este carácter."

La presentación de la solicitud de refugio político se realizó ante el CEPARE (Comité de Elegibilidad para Refugiados). Este es el órgano pertinente del Estado argentino que se ocupa de evaluar la condición de un refugiado. El trámite tiene dos partes: una de instrucción, a cargo de la secretaria del Cepare, y luego pasa al Comité, propiamente dicho, donde se resuelve por la positiva o por la negativa. Para esto se tiene en cuenta la documentación. El abogado declaró: "Hemos aportado elementos más que suficientes para que se considere la petición, según la legislación internacional en la materia. Particularmente del estatuto internacional de los refugiados que se originó en 1952, del cual Argentina es parte".

Entre los avales con los que cuenta el caso de Pascual Pichún figuran: los informes de organismos internacionales como Human Rights Watch, La Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos y Amnistía Internacional y el Relator Especial de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, Rodolfo Stavenhagen y la violación del Pacto de San José de Costa Rica, firmado por el Estado chileno. "Mientras no se haya pronunciado el CEPARE, si existiera un pedido de extradición no se le puede dar curso", advirtió el Dr. Zamorano.

Para apoyar el pedido se ha conformado una "Comisión por el Refugio Político en Argentina de Pascual Pichún Collonao" . Esta comisión denuncia que existen otros nueve ciudadanos mapuches que cumplen prisión en las cárceles del sur de Chile, acusados de actos de terrorismo. Alrededor de seiscientos, fueron procesados por la justicia en los últimos cinco años y se encuentran bajo diversas modalidades de libertad condicional o vigilada.

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