LA MASACRE DE CROMAÑÓN Y EL JUICIO POLÍTICO A IBARRA
Los intereses y las miserias escondidos detrás del dolor

Boletín quincenal Nº32 - El juicio político que se está llevando a cabo contra Aníbal Ibarra no sólo pone en evidencia los posibles negociados del destituido Jefe de Gobierno con el gobierno nacional, consecuente con sus prácticas históricas, sino también pone sobre el tapete el déficit de la izquierda parlamentaria, al no poder darle un mayor marco de análisis al tema, y la capacidad de cooptación de la derecha, en su lucha por hacerse de importantes distritos políticos del país.

El juicio político es impulsado por diferentes sectores que lo consideran enjuiciable por ser la autoridad máxima de la ciudad, incluyendo algunos legisladores que lo apoyaron en el momento de su reelección. La gestión ibarrista se destacó por desplegar en la retórica progresista un nuevo tipo de propaganda gubernamental, la cultural. Esta administración se encargó de presentar la política cultural como la estrategia de inclusión social mientras las políticas sociales no se vieron fortalecidas ni en lo presupuestario ni en el acercamiento a los sectores organizados. En realidad, se hizo todo lo contrario.

Para comprobar esto basta hacer un poco de memoria. Pocos días antes de la rebelión del 20 de diciembre de 2001, en la que varias personas fueron asesinadas por las fuerzas policiales en las calles de la ciudad, la gestión de Ibarra le regaló a la Policía Federal más de 120 patrulleros nuevos. Pocos meses después, a comienzos de 2002, no dudaron en desalojar el ex-Padelai, habitado por familias de bajos recursos, a pesar de que los inquilinos tenían el título de propiedad en la mano. Tampoco dudaron a la hora de desalojar al Movimiento de Trabajadores Desocupados de San Telmo, aduciendo que ocupaban “ilegalmente” la casa más antigua de Buenos Aires, supuesto patrimonio de todos los ciudadanos, para luego derrumbarla en una ampliación del Museo de Arte Contemporáneo. Estos son sólo algunos ejemplos que evidencian la esquizofrenia política del progresismo de la ciudad, pero ninguno es tan demostrativo como que es éste el distrito más rico del país (que llegó incluso a tener superávit durante la crisis de 2001 2002) y a su vez el de mayor brecha entre ricos y pobres.

Foto: Olmo Calvo Rodríguez

En lo que hace a Cromañón, la intervención de los diferentes sectores políticos deja mucho que desear. Por un lado la izquierda parlamentaria jugó un triste papel, como la mayor parte de la Legislatura, al votar a favor de la interpelación compulsiva de Ibarra y sin hacer preguntas cuando se presentó voluntariamente en el parlamento local. Al reducir el caso a las responsabilidades del Jefe de Gobierno y del empresario del show business, Omar Chabán, el arco de la izquierda no ha logrado superar el análisis sobre las responsabilidades personales, para dar un paso más allá y analizarlo sobre la base de un sistema más amplio que el del negocio del rock y la inoperancia estatal.

Por su parte, los sectores de derecha encabezados por el empresario Mauricio Macri carecieron de cualquier tipo de criterios de acción política. Fieles representantes del stablishment, no dudaron en subirse al dolor de los familiares, cooptando algunos sectores de éstos, para generar o financiar las más diversas operaciones políticas o de prensa con el fin de lograr la destitución de Ibarra y hacerse de un distrito clave en la política nacional, cosa que no pudieron hacer por la vía electoral.

Quizá el punto de mayor acercamiento a los problemas de fondo fue el surgimiento de la consigna-canción “Ni una bengala, ni el rocanrol, a nuestros pibes los mató la corrupción”. Pero no se pudo desarrollar una visión de que Chabán no es un empresario inescrupuloso, sino que tal y como están planteadas las reglas del juego, el empresariado argentino en sí es inescrupuloso. No es un error que los organismos de control hayan fallado en no detectar un local inhabilitado, no, ésta es la lógica de funcionamiento del Estado, corrupción estructural y perpetuación de las gestiones.

La cuestión de fondo no es sólo si esta gestión no tenía conocimiento de los negociados en torno a los espacios donde se realizan recitales, la cuestión es que mientras estos temas no sean redituables políticamente para el gobierno, jamás serán tenidos en cuenta. Esto es igual para los criterios de los dueños de los boliches, toda cuestión que no sea monetariamente rentable no cuenta. En la política lo mismo, lo que no es políticamente canalizable para la siguiente campaña electoral, no existe.

Desde esta perspectiva, no se pudo canalizar este drama hacia ese punto, todo se quedó en que una persona, o a lo sumo dos, son las responsables de mecanismos que se vienen legitimando de diferentes maneras hace no menos de 20 años.

El tema de la perpetuación de los funcionarios no es menor. Más allá de las modificaciones a las normas de habilitación, no hay algún tipo de replanteo sobre cuáles son los criterios en la construcción/participación política de la ciudad. La necesidad de garantizar la continuidad lleva a negociar con personajes más que conocidos; poner al duhaldista Juan José Álvarez para sanear la crisis en la Subsecretaría de Seguridad (que es como poner a Massera en la cartera de DDHH), intentar un acuerdo con Alberto Fernández para garantizar la continuidad de Ibarra o a lo sumo la del Vicejefe de Gobierno, realizar movilizaciones de apoyo al mejor estilo punteril del PJ, etc. Evidentemente, esta gestión, no sólo no supo acumular el suficiente poder para mantenerse, sino que logra poner en evidencia cuáles son hoy los criterios políticos de los espacios institucionales.