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Crónica de la Guerra Contra las Drogas #421
Por DRCNet -
Tuesday, Feb. 07, 2006 at 2:12 PM
drcnet@drcnet.org
Crónica de la Guerra Contra las Drogas Número #421 – 03 de Febrero de 2006 “Creando Conciencia sobre las Consecuencias de la Prohibición”
Phillip S. Smith, Editor, psmith@drcnet.org
David Borden, Diretor Executivo, borden@drcnet.org
Martin Aranguri Soto, Tradutor, traducidio@riseup.net
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1. Reportaje: El Enigma del Opio Afgano – Hace Cuatro Años, el Occidente Busca Respuestas
http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/421/enigma.shtml
Esta semana, una conferencia internacional de donadores en Londres resultó en pedidos superiores a $10 billones de dólares en asistencia al desarrollo para Afganistán, pero más de cuatro años después que los Estados Unidos invadieron y derrocaron al Taliban, ni el Occidente ni el gobierno afgano del Presidente Hamid Karzai ha resuelto qué hacer con la economía floreciente del opio del país. La producción de opio ha explosionado desde 2001, con las adormideras respondiendo ahora por cerca de 90% de la oferta de heroína del mundo y más de 50% de la economía del país, de acuerdo con la Oficina de la ONU Contra Drogas y Crimen (UNODC).
El opio no fue el único artículo en la pauta de la conferencia de los donadores, pero fue crucial – especialmente para Gran Bretaña, que ha tomado el papel principal en atacar a la adormidera hasta ahora (y recibido muchas críticas por su falta de resultados) y los EE. UU., que están hallando difícil desempeñar tanto la guerra contra las drogas como la guerra contra el terror en Afganistán simultáneamente. Como el gobierno de Tony Blair en Gran Bretaña, el gobierno Bush ha sido atingido con acusaciones de que ha permitido que Afganistán se vuelva “un narcoestado fracasado”. Algunas de esas acusaciones vienen de sus adversarios políticos en casa, pero acusaciones similares han sido hechas tanto por el Banco Mundial como por el UNODC.
Con el opio desempeñando un papel tan importante en la economía política afgana, tratar de ello es integral para los esfuerzos de desarrollo del país, de creación de instituciones políticas viables y de fomentación de la instabilidad social. Para asegurar que esos objetivos sean cumplidos, el Occidente está mandando tropas junto con dinero. Unos 19.000 soldados estadounidenses están estacionados en Afganistán y se espera que la presencia de la OTAN aumente para 15.000 soldados este año, incluyendo a más de 3.000 soldados ingleses programados para ir a la provincia sureña de Helmand, tanto una provincia fundamental de producción de opio como un semillero de la insurgencia del Talibán y de Al Qaeda.
“Afganistán ha sido una historia de éxito”, aseveró bravamente el Ministro de Relaciones Exteriores, Abdullah Abdullah, en Londres esta semana. “Ha sido una historia de éxito según todos. Hoy tenemos una constitución. Hoy tenemos un presidente elegido. Hoy tenemos un parlamento elegido”. Pero, reconoció Abdullah, la presencia de insurgentes y traficantes fuertemente armadas significa que el gobierno necesitaba tropas extranjeras para apoyarlo a él. “La presencia de fuerzas internacionales en Afganistán, claro que es necesaria, no sólo por la estabilidad general del país, sino también porque nos están ayudando a entrenar nuestro propio ejército nacional, nuestra propia fuerza policíaca nacional y otras instituciones de seguridad”.
De hecho. La situación de la seguridad en Afganistán se está deteriorando. El Presidente Karzai sigue siendo en verdad “el Alcalde de Kabul” con el control del gobierno central limitado en el interior y el Talibán y la Al Qaeda están de vuelta para vengarse. Más de 1.600 personas fueron muertas en combate el año pasado, incluyendo a 99 soldados estadounidense – el doble del número de muertos en cada uno de los tres años precedentes – y los atentados a bomba, que ya fueron una raridad, se han vuelto lugar-común. La Embajada de los EE. UU. avisa constantemente a los empleados y visitantes que eviten restaurantes, hoteles y otros lugares populares entre los extranjeros y ha prohibido que el personal de la embajada viaje por la Ruta de Jalalabad, una de las principales carreteras fuera de la ciudad.
Esta semana, el Presidente Karzai advirtió al Occidente que pueden ser necesarios 15 años para suprimir el opio en su país y que probablemente eso involucraría el combate a los insurgentes y traficantes. “Puede significar luchar contra el terrorismo, como la coalición ya está haciendo”, dijo él al programa 4’s Today de la Radio BBC. El cultivo de adormideras está fomentando la insurgencia, dijo él. “Los terroristas y el dinero de las drogas pasan de mano en mano. Este dinero generado por las adormideras sustenta el terrorismo. Ahora, ellos están intimidando a los agricultores, forzándolos a cultivar adormideras”, dijo él. “Tenemos un duro combate en nuestras manos, pero tenemos que superarlo”.
Karzai puede tener un combate aún más duro en sus manos para refrenar a los miembros de su propio gobierno, un gran número de los cuales tienen relacionados con el tráfico de opio. De acuerdo con algunos observadores, hasta 60% de aquellos elegidos al parlamento el otoño pasado están relacionados con los jefes de guerra y el tráfico de drogas, como el jefe de guerra anteriormente hospedado en Jalalabad, Hazrat Ali. También se cree que algunos gobernadores y otros funcionarios estén relacionados con el tráfico.
Actuar en contra del opio no sólo amenaza llevar los agricultores a las manos de los rebeldes y sembrar el disenso dentro del gobierno, también amenaza el motor económico principal del país y los ganapanes de millones de ciudadanos afganos. Gran Bretaña, los EE. UU. y el gobierno afgano están luchando ahora para llegar a una estrategia común de combate a la droga.
“No estoy seguro que haya una única estrategia unificada”, dijo Vanda Felbab-Brown, pesquisadora en la Facultad Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard que observa los asuntos afganos. “Las autoridades políticas y militares de los Estados Unidos no querían a principio tratar de los problemas antinarcóticos porque ellos estaban preocupados con la puesta de los militares en una situación difícil. Ellos también estaban preocupados con antagonizar la población y ciertos jefes de guerra importantes que estuviesen implicados en el tráfico de drogas como Hazrat Ali”, dijo ella.
“Gran Bretaña debería desempeñar el papel principal e intentó la erradicación compensada, pero eso no funcionó”, dijo Felbab-Brown. “Entonces, ellos adoptaron el desarrollo alternativo en combinación con la interdicción y la erradicación limitada. Pero mientras tanto en los EE. UU., los Demócratas, por motivos políticos domésticos, estaban atacando al gobierno Bush por Afganistán volverse un narcoestado fracasado y hubo denuncias similares del Banco Mundial y del UNODC. Como resultado de eso, la Embajada de EE. UU. en Kabul empezó a establecer medios alternativas de ejercer los esfuerzos antinarcóticos, ellos crearon un destacamento de erradicación, de ahí expandieron la misión militar estadounidense para proteger al destacamento. Los EE. UU. quieren un esfuerzo mucho más rápido y fuerte de erradicación”, dijo ella.
Y están dispuestos a pagar por ello. El gobierno Bush pidió y consiguió $780 millones para operaciones antinarcóticos en Afganistán este año y se espera que presione agresivamente la erradicación. Los EE. UU. tienen fuertes intereses en Afganistán. Prometió $1.2 billón en auxilio al desarrollo en Londres esta semana y el Jueves el gobierno anunció que estaba buscando otros $70 billones en fondos de guerra para Iraq y Afganistán. Aunque la mayor parte de eso esté destinada a Iraq, todavía significa billones más en gasto militar en Afganistán.
El gobierno afgano está atrapado en el medio, dijo Felbab-Brown. “Los ingleses tienen el papel principal, pero los estadounidenses se están volviendo muy activos. El gobierno Karzai anunció su propia estrategia en 2004, una que adopta la erradicación, el desarrollo alternativo, la construcción de la capacidad del aparato judiciario-legal y del imperio de la ley y no creo que la conferencia de Londres cambie eso. Ninguno de estos tres actores ha capturado exitosamente el control de la política antinarcóticos. A Karzai le gustaría estar a cargo de eso, pero muchos bienes importantes están dependientes de los EE. UU. La política resultante es una mezcla de todas las estrategias clásicas de los países de origen”.
“Parece que los EE. UU. han acabado con la erradicación aérea, pero aun la erradicación muy rápida que desea iría, si llevada a cabo, generar una instabilidad muy grande en Afganistán”, dijo Felbab-Brown. “El pueblo sería privado de sus fuentes de renta y forzado a endeudarse. Ellos se pueden ir a Pakistán y serán susceptibles a la manipulación del Talibán y de los jefes de guerra locales, aun si esos jefes de guerra son gobernadores ahora. Ellos pueden decir a los agricultores que ‘Karzai es un chiflado estadounidense que impone la voluntad de los infieles’. La erradicación en grande escala creará la instabilidad en vista de una insurgencia creciente”.
Eso es lo que está pasando en la provincia de Nangahar, el escenario de un esfuerzo efectivo de erradicación el año pasado. Los ancianos del pueblo al norte de Jalalabad que conversaron con la DRCNet en Octubre se quejaron amargamente que el gobierno había destruido sus cultivos, prometido la compensación y no la había cumplido.
“Cuando cultivábamos adormideras, los agricultores eran fuertes”, dijo el anciano Amasha Kaul entre té y galletas. “Ahora tenemos poca plata. Cuando el gobierno destruyó nuestro cultivo, ellos dijeron que nos compensarían, pero nunca lo hicieron. El gobierno es un gran mentiroso”.
Con los esfuerzos de erradicación dejando un legado de amargura y desespero, el Consejo Senlis cree que tiene una idea mejor. El instituto europeo de consultoría en políticas de drogas que propuso el otoño pasado autorizar parte del cultivo de adormideras y desviarlo para el mercado medicinal legítimo, usó la ocasión de la conferencia en Londres para realizar su propia rueda de prensa para denunciar la erradicación y lanzar un informe que apoya a su posición. “La erradicación es una política peligrosa e ineficaz y ella ataca a aquellos que están lucrando menos en el tráfico de opio – los agricultores”, dijo el director ejecutivo del Consejo Senlis, Emmanuel Reinert. “Los agricultores son la parte más vulnerable de la corriente de la producción del opio; ellos son las primeras bajas de esta herramienta ineficiente usada para intentar disminuir la producción de adormideras para hacer heroína”.
“Si implementada, la erradicación planeada sería un juego peligroso que pondría en riesgo los logros conseguidos hasta ahora”, dijo Jorrit Kamminga, analista de políticas del Consejo Senlis que trabajó en el Informe de Evaluación de la Erradicación del consejo. “La erradicación es una herramienta que debería ser usada solamente como último recurso en los países en que el imperio de la ley es firmemente establecido. La erradicación, aunque anunciada como parte crucial del trabajo de reconstrucción de la comunidad internacional en Afganistán, es en verdad un impedimento a la reconstrucción en el país”.
“Estas familias dislocadas o tienen que encontrar trabajo ambulante dentro de Afganistán o cruzar la frontera a escondidas hacia Pakistán en búsqueda de un medio de sustentar a sus familias”, dijo Gulalai Momand, Subgerente Nacional del Consejo Senlis en Afganistán.
El Consejo Senlis también reveló una propuesta de una nueva ley antierradicación que castigaría severamente a cualquiera que participe de las actividades involuntarias de erradicación. “Los individuos – incluyendo a los servidores públicos de cualquier nacionalidad e incluyendo a los afganos y trabajadores privados – podrán recibir duras penas de hasta 200 billones de afganos ($200 millones) y hasta 25 años de prisión por cualesquiera actividades de erradicación forzada”, dijo Reinert. La ley será presentada al parlamento afgano para que sea considerada, dijo el Consejo Senlis.
El Consejo también está lanzando el fondo de defensa del agricultor para ayudar a las víctimas de la erradicación y ha propuesto que sea realizado un jirga, o consejo, nacional de agricultores en Kabul en Abril. “El Jirga proporcionará a los agricultores – los verdaderos interesados en la crisis del opio de Afganistán – la oportunidad de volverse parte del debate y la discusión respecto de las políticas de drogas en Afganistán”, dijo Gulalai Momand. “Ellos podrán compartir sus puntos de vista sobre la autorización y la erradicación de la adormidera y los programas alternativos de renta”.
La interdicción – el arresto de los traficantes, la aprehensión en laboratorios – es otra alternativa, pero ha tenido resultados paradójicos, dijo Felbab-Brown. “Tanto en Nangahar como en Helmand, la interdicción ha llevado a la integración vertical del comercio. Solían ser muchos pequeños comerciantes, pero ahora son los grandes comerciantes que están bien-relacionados con las autoridades locales. La policía prenderá selectivamente a los traficantes de distintos grupos étnicos o les tasará, y cuando arrestan a los traficantes, ellos frecuentemente confiscan el suministro y lo venden a otros traficantes con mejores relaciones. ¿Esto es progreso?” preguntó ella.
No son solamente, ni principalmente, los agricultores quienes están lucrando con el tráfico de opio. Aunque el valor del opio afgano el año pasado haya sido estimado en $2.7 billones, apenas cerca de $550 millones fueron pagados a los agricultores, con el restante yendo a los contrabandistas y traficantes. Aunque gran parte de ese dinero vaya a la gente en el gobierno afgano sin lugar a dudas, entre aquellos que se benefician con el tráfico está el Talibán, y posiblemente, pese a que no concluyentemente, la Al Qaeda.
“El Talibán perdió el control sobre la producción cuando fueron derrocados del poder a fines de 2001”, dijo Felbab-Brown. “Durante varios años, ella fue cortada en tanto que los jefes de guerra, quienes podían proteger a los campos y controlar la represión, tenían la ventaja. Probablemente tenía lazos con algunos traficantes pashtun, pero no podía protegerlos a ellos dentro del país. Pero ahora, con los esfuerzos de interdicción en movimiento, algunas de las organizaciones criminosas locales están buscando nuevos protectores. Hemos visto algunas luchas conjuntas con el Talibán y los traficantes locales y los traficantes realizando ataques para el Talibán. La verdadera pregunta es hasta qué punto ellos están relacionados con el tráfico en Pakistán”, dijo ella.
En cuanto a la Al Qaeda, que sigue active en la frontera entre Afganistán-Pakistán, Felbab-Brown dijo que no había “prueba persuasiva y conclusiva” de que estuviese involucrada en el tráfico. Sin una base territorial en Afganistán, sería imposible que la Al Qaeda protegiera a los cultivos y ello dificultaría la tentativa de tasación del cultivo de parte del grupo. “Es más probable que ellos intenten penetrar las rutas de contrabando y las tasen y es plausible que ellos puedan tener los medios para hacer eso en Pakistán”.
Aunque el Taliban y la Al Qaeda sean entidades distintas con objetivos separados, esos objetivos son complementares, y en algunos puntos las diferencias se pueden estar borrando, dijo Felbab-Brown. “Hay conexiones personales entre el liderazgo del Talibán y de la Al Qaeda y ser empujado hacia Pakistán les da más oportunidad de actuar. La insurgencia actual que se llama a sí misma de Talibán tiene mucho más jihadis internacionales del Golfo, aun Iraq, y ellos están luchando como Talibán”, dijo ella. “Pero aunque haya un montón de relaciones, los dos son entidades distintas”, concluyó ella.
La única solución de largo plazo, dijo Felbab-Brown, es un desarrollo rural comprehensivo, pero eso demora. “El desarrollo alternativo tendrá que ser parte de cualquier solución duradera para libertar a Afganistán de la producción de opio, pero se examina los registros históricos, eso ha sido extremadamente difícil de lograr en el nivel del país entero. El único lugar que me puedo acordar donde eso ha funcionado es Tailandia y ahí fueron necesarios 30 años y mucho dinero y un esfuerzo sistemático. Lo que estamos diciendo aquí es el desarrollo rural comprehensivo, y nosotros no podemos presuponer que eso sea adoptado rápidamente. Hay un peligro real de que el Occidente se quede impaciente y exija disminuciones considerables en la producción de adormideras en un año o dos, de ahí se mueva más agresivamente hacia la erradicación. Eso es algo que va a llevar 10 años o más y no estoy segura que la comunidad internacional tenga paciencia para eso”.
2. Reportaje: SSDP Procesa a Departamento de Educación en Disputa de la Ley de Libertad de Información
http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/421/accionhea.shtml
La organización no-gubernamental Students for Sensible Drug Policy anunció a fines de la semana pasada que ha entrado con una acción judicial contra el Departamento de Educación alegando que el departamento se está rehusando a lanzar los datos estado-por-estado sobre el número de estudiantes afectados por una ley que los impide de recibir auxilio financiare porque tienen una condenación por delito de drogas a menos que el SSDP pague una tasa considerable por el servicio. El grupo estudiantil quiere la información sobre el impacto del dispositivo antidroga de la Ley de Enseñanza Superior [Higher Education Act (HEA)], de autoría del archiguerrero antidroga, el Dip. Mark Souder (R-IN), que está en vigor desde el año 2000. El SSDP es parte de una gran coalición de organizaciones estudiantiles, académicas, profesionales y de los derechos civiles que busca revocar la disposición. (La coalición consiguió una victoria parcial en su campaña de revocación del dispositivo el Miércoles cuando el Congreso votó a favor de la restricción de la negación de auxilio a los estudiantes cuyas infracciones ocurrieron mientras estaban matriculados en la facultad y recibiendo la beca. Vea el artículo relacionado en esta edición.)
Según la Ley de Libertad de Información [Freedom of Information Act (FOIA)] federal, se requiere que las entidades gubernamentales provean información al público a menos que haya una excepción con base en la seguridad nacional u otros fundamentos limitados. También se requiere que proporcionen esta información sin ningún costo si lanzar la información sirve al interés público y no es un esfuerzo del solicitante de conseguir algún tipo de ventaja comercial.
Usando la FOIA, el SSDP solicitó una quiebra en detalles estado-por-estado del número de estudiantes afectados por el dispositivo antidroga, pero el Departamento de Educación se ha rehusado a suspender la tasa para la búsqueda de la información. Al rechazar la solicitación de suspensión de la tasa, el departamento hizo algunas afirmaciones extraordinarias y es el raro raciocinio del departamento que ha resultado en la acción judicial.
Al negar el recuso del SSDP de su decisión de no suspender las tasas – más de $4.200 – el Departamento de Educación debatió que el SSDP no había “aseverado la intención, mucho menos demostrado la capacidad, de diseminar tal información de forma que contribuya significativamente o considerablemente para el entendimiento del público en general” del problema de las políticas. De acuerdo con la oficial departamental de la FOIA, Michell Clark, que fue autora de la negación, la información estado-por-estado sobre cuántas personas tuvieron el auxilio negado no contribuiría para el entendimiento público del asunto porque no incluiría al número de personas que no había ni contestado el cuestionario de auxilio financiero estudiantil - un número imposible de conocer.
Pero Clark no se detuvo allí. En vez de eso, ella aseveró que el SSDP debería tener negado la suspensión de tasa porque lucraba con la legalización de las drogas. Vale la pena citar su raciocinio: “Una revisión de los contenidos de la página web del SSDP, y el material que ustedes sometieron junto con su pedido de suspensión de la tasa, revelan que la meta principal de su organización es ‘terminar la guerra contra las drogas’”, escribió Clarke. “Como la campaña del SSDP puede beneficiar directamente aquellos que lucrarían con la desreglamentación o legalización de las drogas, no puedo concluir, con base en la información ante mí, que el SSDP no tiene ningún interés comercial en la revelación buscada”.
“No es una gran sorpresa que el gobierno tenga miedo de revelar el verdadero impacto de sus políticas punitivas de la guerra a las drogas”, dijo la dimisionaria directora ejecutiva del SSDP, Scartlett Swerdlow. “Si los ciudadanos y los legisladores supieran cómo esta política equívoca e ineficaz impacta a sus comunidades, estaríamos muy próximos de apagarla de los libros de derecho. Impedir el ingreso a la facultad a millares de estudiantes en potencial sólo empeora los problemas de drogas de nuestro país”.
“Apenas estamos intentando conseguir un detallado estado-por-estado de quienes han sido afectados por el dispositivo antidroga”, dijo el director de campaña del SSDP, Tom Angell. “Cuando nos vamos al Capitolio y conversamos con los legisladores sobre este asunto, ellos naturalmente quieren saber cómo eso afecta a sus estados y nosotros no tenemos esa información. El Departamento de Educación está intentando asfixiarnos con todas sus fuerzas”, dijo él a DRCNet.
La conducta del departamento indica la posición general del gobierno Bush en sus políticas de drogas, dijo Angell. “Esto es parte de un esfuerzo más grande de parte de la administración y del gobierno federal de esconder los efectos de la guerra a las drogas, de bajar las cortinas para esconder lo que ellos están haciendo. Como estudiantes, estamos intentando descubrir cómo estas políticas nos afectan a nosotros y el gobierno federal ni quiere que nosotros consigamos esa información”.
En un callejón sin salida con el Departamento de Educación, el SSDP se volvió hacia el único camino restante: la acción legal. El grupo hizo contacto con el grupo nacional de defensa del consumidor, Public Citizen, que frecuentemente ha desafiado al gobierno en problemas de prestación de cuentas. La abogada de Public Citizen, Adina Rosenbaum, una especialista en FOIA, asumió el caso.
“Nosotros realizamos mucho trabajo en el gobierno abierto y en la transparencia del gobierno y creemos que éste es un caso importante sobre el poder de los grupos de interés público de conseguir las suspensiones de las tasas”, dijo Rosenbaum. “Según la FOIA, los solicitantes deben conseguir las suspensiones de tasas si el pedido contribuye considerablemente para el entendimiento de las operaciones del gobierno y no está siendo hecho para avanzar intereses comerciales. Asumimos este caso porque nosotros creemos que el SSDP cumplió ese padrón”, dijo ella a DRCNet. “Eso es importante no sólo para el SSDP, sino para otros grupos de interés público que hacen solicitaciones de prestación de cuentas”, dijo ella.
“El Departamento de Educación debatió primero que reveler la información no ayudaría al entendimiento público del asunto, pero creo que esto es claramente una información que ayudaría a la gente a comprender el impacto de este programa gubernamental”, prosiguió Rosenbaum. “Y el hecho de que el departamento no pudo hallar que esto no estaba predominantemente en el interés comercial del SSDP es muy preocupante porque, como organización sin fines lucrativos, el SSDP no tiene un interés comercial. El interés comercial que ellos citaron era algo muy atenuado, alguna persona sin nombre que puede o no beneficiarse si las drogas fueran reglamentadas. Ése no es un buen motivo para negar la suspensión de tasa”, dijo ella. “Por esta lógica, es difícil imaginar quien no tendría interés comercial en cualquiera solicitación”.
El SSDP y el Public Citizen no eran los únicos que estaban teniendo problemas con el raciocinio del departamento. “Esta decisión del Departamento de Educación parece muy imaginativa. Creo que es la forma educada de decirlo”, dijo Steven Aftergood del Proyecto Sobre el Secreteo de Gobierno de la Federación de Científicos Estadounidenses, que tiene una larga experiencia en el trato de las solicitaciones de la FOIA. “Otra forma de decirlo es que parece completamente ilegítimo. El SSDP no es una entidad lista para entrar en el negocio del tráfico de drogas, por lo tanto, no habrá pruebas para apoyar a esa afirmación”, dijo él a DRCNet.
“La decisión de negar la suspensión debería ser firmemente apelada”, dijo Aftergood. “Parece un abuso de los dispositivos de suspensión de tasas para evitar responder el pedido, y la tasa que el Departamento de Educación está exigiendo es prohibitivamente alta para una organización sin fines lucrativos”.
Esta semana, el Departamento de Educación se quedó de boca cerrada, pero sujetando sus armas. “No hemos sido servidos y no podemos comentar la acción”, dijo la vocera del departamento, Stephanie Babyak. “El departamento se rehusó a conceder la suspensión de tasa porque esta organización no logró demostrar que su pedido era de interés público (en eso ello probablemente contribuiría considerablemente para el entendimiento público de las operaciones y actividades del gobierno) y que no era principalmente de interés comercial del SSDP”, dijo ella a DRCNet vía correo-e.
“Además, y usted probablemente sabe esto, en 1998 el Congreso decidió que ellos no querían que el auxilio estudiantil federal financiado por el contribuyente fuese a estudiantes condenados por delitos de drogas”, aventó Babyak gratuitamente.
Meramente porque el Departamento de Educación puede no estar de acuerdo con las metas de las políticas del SSDP no es motivo para negar la suspensión de tasa, dijo Aftergood. “La orientación política del solicitante de la FOIA debería desempeñar precisamente un papel cero”, dijo él. “El texto de la ley dice que cualquier persona puede solicitar los registros y no está limitado a cualquier persona que tenga cierta posición en las políticas. Aunque el departamento pueda estar sugestionando que el SSDP es una parte interesada porque quiere vender drogas legalizadas, como organización sin fines lucrativos, el grupo es legalmente incapaz de hacer eso”.
Ahora, el gobierno tiene 30 días para responder la entrada inicial del SSDP. Angell del SSDP tenía alguna esperanza de que el problema pueda ser resuelto favorablemente sin tener que ir al tribunal. “Creo que tenemos un caso muy fuerte. Es el trabajo del administrador de la FOIA intentar asfixiar a organizaciones como nosotros y hacernos desistir de nuestra búsqueda por la información pública. Sí le cuesta al departamento tiempo y dinero para compilar estos datos, pero también nos cuesta a nosotros defender un caso como éste”, dijo él. “No quedaría sorprendido si ellos terminaran cediendo y nos dieran la información ahora”.
El tiempo dirá. Auque muchas solicitaciones de la FOIA – ahora, el número excede la casa de los tres millones por año – sean procesadas sin problemas, los solicitantes pueden enfrentarse tanto a individuos tercos como a un gobierno federal hiperconcentrado en el secreteo, dijo Aftergood. “Muchas solicitaciones de la FOIA son procesadas de buena fe, pero en algunos casos se depara con una agencia o un servidor que se comporta mal”, dijo él. “También ha habido un endurecimiento distinto en muchas áreas de la información del gobierno. Hay muchas categorías de documentos que ya no son lanzados al público y documentos que ya estuvieron disponibles en las páginas web del gobierno han sido retirados. Cuando se trata de la política de información del gobierno federal, estamos viviendo en un clima de secreteo oficial creciente”.
3. Reportaje: Drug Policy Alliance Emite Primero Guía Congresal del Elector en las Políticas de Drogas
http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/421/guiaelector.shtml
Los grupos de interés político emiten guías del elector, tanto para concienciar a los electores como para resaltar sus asuntos. La ACLU lo hace. La AFL-CIO lo hace. La NRA lo hace. La Iglesia Católica lo hace. Pero hasta ahora, ninguna organización que trabajase por la reforma de las políticas de drogas lo ha hecho en el nivel federal. Eso cambió esta semana, con el lanzamiento de “El Guía Congresal del Elector de Reforma de las Políticas de Drogas 2006” ["The 2006 Drug Policy Reform Congressional Voter Guide”], por la Drug Policy Alliance y su grupo de presión, la Drug Policy Alliance Network (DPAN).
Además de registrar cómo los parlamentarios votaron en medidas fundamentales de reforma de las políticas de drogas en la Cámara de los Diputados de los EE. UU. – el Senado no está incluido – el guía de electores también identificó a “campeones”, “héroes” y “villanos” de la reforma de las políticas de drogas. La Dip. Demócrata de Texas, Sheila Jackson Lee, ganó la designación de campeona de la DPAN, votando correctamente en todas las medidas y defendiendo a cuatro de ellas. En un competición apretada atrás, el Dip. Republicano de Wisconsin, James Sensenbrenner, presidente del Comité Judiciario de la Cámara, le ganó al archiguerrero antidroga, el Dip. de Indiana Mark Souder, por peor villano.
“La Dip. Lee tiene un verdadero compromiso para hacer algo en esta área”, dijo el vocero de Lee, Stony Cook. “Ella ha visto Houston y el país y el número de afroamericanos hombres que han tenido problemas con las drogas y están en la prisión, y ella se ha vuelto una defensora de la reforma en este cuerpo”, dijo él a DRCNet. “No es ningún accidente que ella tenga un registro perfecto junto a la Drug Policy Alliance porque éste es un asunto muy importante para ella”.
El gabinete del Dip. Sensenbrenner no contestó al pedido de comentarios de DRCNet.
“Estamos intentando responsabilizar a los parlamentarios por los votos y también estamos intentando concienciar a nuestros defensores sobre cuáles son las posiciones de los parlamentarios en los asuntos de la reforma de las políticas de drogas”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la DPA y el hombre por detrás del guía. “Hemos estado recibiendo muchos correos-e de los defensores agradeciéndonos por hacer esto”.
El guía del votante da puntos a cada congresista por lo que identificó como seis votaciones fundamentales de la reforma de las políticas de drogas el año pasado. “Nosotros escogimos a seis enmiendas porque ellas realmente fueron las únicas a ser votadas en la Cámara”, dijo Piper. “Una es sobre derechos de los estados, otra es sobre la desreglamentación del tratamiento químico, tres son sobre el aumento en la financiación de los programas federales y otra es sobre la discriminación racial. Cinco de estos seis asuntos pueden ser vistos como elevando las metas conservadores, pero los Demócratas tenían abrumadoramente más probabilidad de votar bien que los Republicanos”.
Las votaciones fueron:
• Votación de la Cámara 245: Enmienda al H.R. 2862 sobre las Subvenciones de Asistencia a la Justicia, aumento en la financiación del programa de Subvenciones Byrne de Asistencia ala Justicia (la DPAN se opuso);
• Votación de la Cámara 255: Enmienda al H.R. 2862 sobre la Marihuana Medicinal, prohibiendo la DEA de socavar las leyes estatales de marihuana medicinal (la DPAN la apoyó);
• Votación de la Cámara 264: Enmienda al H.R. 2862 sobre la Distribución Racial de Condenaciones, exigiendo que los destacamentos antinarcóticos locales que reciben dinero federal prohibiesen la discriminación racial e informasen sus condenaciones por raza (la DPAN la apoyó);
• Votación de la Cámara 329: Enmienda al H.R. 3057 sobre la Iniciativa Antidroga Andina, cortando la financiación para la Iniciativa Antidroga Andina (la DPAN la apoyó);
• Votación de la Cámara 344: Enmienda al H.R. 3058 sobre la Campaña Nacional Antidroga para la Juventud, aumento en la financiación de la campaña mediática antimarihuana (la DPAN se opuso); y
• Votación de la Cámara 435: S. 45, Tratamiento de la Drogadicción, aumentando el límite de 30 pacientes en las prácticas de grupo para tratar las personas que luchan con la adicción a la heroína y otros opiáceos a través de abordajes asistidos por la buprenorfina (la DPAN la apoyó).
Cuando los resultados son contados, un considerable bloc amigo de la reforma de las políticas de drogas, principalmente Demócrata, es detectable. Unos 33 diputados consiguieron puntuaciones perfectas, votando bien en todas las seis enmiendas, en tanto que más 70 votaron bien en cinco de las seis. Aunque 69 diputados hayan votado mal en cinco de las seis, ni uno logró sacar un cero votando mal todas las veces.
“Si se echa una mirada en los 33 diputados que tuvieron puntuaciones perfectivas, todos menos Ron Paul eran Demócratas”, dijo Piper de la DPA. “Si se examina los 70 diputados que votaron bien en cinco de las seis, todos eran Demócratas excepto el Republicano de Arizona, Jeff Flake, y el Independiente de Vermont, Bernie Sanders”, dijo él. “Por el otro lado, aunque nadie haya votado mal en todas las seis votaciones, de los 69 que votaron mal en cinco, todos eran Republicanos excepto Scott Matheson de Utah”, dijo él a DRCNet. “El contraste es alarmante. Está claro que los Demócratas tienen un registro mejor en las votaciones como un todo que los Republicanos”, declaró Piper. “Pero, tres Republicanos recibieron nuestro galardón de héroe”.
Aunque la clasificación de los diputados individuales haya sido hecha estrictamente por el porcentaje de votos “correctos”, cuando se trató se conceder honores, la DPAN tuvo que recurrir a criterios más subjetivos también. “Nosotros examinamos sus votos en las enmiendas, claro, pero también buscamos saber si ellos eran defensores o codefensores de buenos proyectos, cómo se habían salido en los comités y cuán pronunciados habían sido en la crítica de la guerra contra las drogas”, explicó Piper. “Tome John Conyers. Él sólo votó bien en cuatro de seis – él perdió una votación y estaba equivocado en otra – pero eso tuvo menos peso por su fuerte apoyo a cuatro de los proyectos, todo el trabajo que él ha hecho en el Comité Judiciario y su registro de oratoria sobre políticas de drogas”.
El guía del votante es sólo el comienzo del esfuerzo de presión de la DPA, que será llevado a cabo por la ala de presión del grupo, la DPAN y la D-PAC, la Drug Policy Alliance PAC. “Ésta es la fase uno de un plan de dos fases”, dijo Piper. “La segunda fase involucra dar contribuciones de campaña a los miembros que tengan buenos registros en las votaciones. Probablemente realizaremos eventos de captación de recursos en Washington y una o dos otras ciudades este año. Entre el guía del votante y las contribuciones de campaña, estamos intentando llevar las políticas de drogas al próximo nivel”, dijo él.
Sería la primera vez para el movimiento nacional de reforma de las políticas de drogas. Aunque el Marijuana Policy Project haya entregado contribuciones de campaña con base en la política de marihuana de los recibidores, ningún otro grupo ha creado una PAC federal para la reforma de las políticas de drogas en general. “Por lo que sepa, somos la única PAC federal dedicada a apoyar a los candidatos críticos de la guerra a las drogas como un todo”, dijo Piper. “Estamos intentando volver la reforma de las políticas de drogas una fuerza política en el Capitolio”.
4. Imposición de la Ley: Las Historias de Policías Corruptos de Esta Semana
http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/421/estasemana1.shtml
Esta semana, la corrupción sistémica en el escuadrón antidroga de Topeka sigue perturbando el aparato judiciario-legal y una empleada civil del gabinete del sheriff en Oakland tiene más ideas en su cabeza que llenar informes. Vamos a ello:
En Topeka, la desavenencia por la corrupción en la unidad “problemática” de narcóticos del departamento de la policía siguió esta semana. En Septiembre, el ex agente de Topeka, Thomas Pfortmiller, fue condenado a 16 meses de prisión por robar millares de dólares en dinero de compra de drogas en un caso que reveló la corrupción supurante en el escuadrón antidroga. Un mes después, El Fiscal de Shawnee County, Robert Hecht, informó que los oficiales del escuadrón antidroga modificaban pruebas y falsificaban registros rutinariamente y exigió que los agentes fueran cambiados regularmente de la unidad en un esfuerzo para reducir la corrupción. La policía y su sindicado no estuvieron de acuerdo. Esta semana, Hecht anunció que no usará más los informes de tres de los ocho oficiales en la unidad, todos los cuales habían estado más de cinco años en el escuadrón antidroga. Eso significa que los casos que ellos desarrollaron no serán procesados.
En Oakland, una antigua empleada civil del Gabinete del Sheriff de Alameda County y su esposo, un traficante de drogas condenado, fueron arrestados el Viernes pasado como grandes traficantes de drogas tras entregar seis libras o 2,72kg de cocaína y seis onzas o aprox. 180g de heroína a un agente disfrazado. Edie Nash-Hargrove, 38, y su esposo, Darrell, fueron atrapados con más de $1.1 millón de dólares en heroína y cocaína, de acuerdo con el Destacamento Antidroga de Alameda County. Nash-Hargrove es una veterana de 17 años del gabinete del sheriff, donde ella ha tenido cargos clericales. Ella ha sido puesta en licencia administrativa por el Sheriff Charles Plumier.
5. Marihuana Medicinal: Steve Kubby Preso y Sufriendo en California
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Con su odisea de cuatro años como refugiado por marihuana medicinal terminada por una orden de deportación del gobierno canadiense la semana pasada, Steve Kubby regresó a su estado patrio de California para empezar a cumplir una sentencia de 120 días de cárcel que él dijo que temía ser de muerte para él. Kubby sufre de una forma rara de cáncer adrenal que hace con que la producción de adrenalina suba, amenazándolo de ataques u otras consecuencias médicas que acarrean riesgo de vida. Él se fue a Canadá en 2001 tras ser allanado por su jardín de marihuana medicinal y, finalmente, por ser condenado de tenencia de un botón de peyote y tallos secos de hongos psicodélicos.
Él fue arrestado el Jueves pasado por la noche cuando tomó un vuelo hacia San Francisco y ahora está abrigado en la Cárcel de Placer County en Auburn, al este de Sacramento. Él está recibiendo prescripciones de Marinol, la medicación cannabinoide sintética, pero dice que no tiene el mismo efecto aliviante que la marihuana. El Marinol contiene sólo uno de las centenas de cannabinoides encontradas en la marihuana cruda.
“El Marinol no proporciona el nivel de protección que yo recibo del cannabis”, dijo Kubby el Miércoles, “pero me da protección suficiente para que no haya tenido más ningún paroxismo total e hipertenso”.
En conversaciones telefónicas desde la Cárcel de Placer County disponibles en la red, Kubby describió los problemas de salud, pero él dijo que respetaba el personal médico y sentía que estaba “en buenas manos”. Él reclamó de la sangre en el teste de orín el Viernes: “Ellos me examinaron el Viernes y justo había tenido uno de los peores aumentos en la presión sanguínea de mi vida, que es lo que probablemente empezó la hemorragia de los riñones en mi orín. Yo entro. Tengo 170 por 120, tengo dolores en el pecho por primera vez en mi vida, asustado como un tonto para ser sincero y estoy meando sangre. Y no tengo ningún cuidado médico hasta el Lunes. No veo nadie hasta el Lunes. Bueno, eso fue malo. Pero así que descubrieron qué estaba pasando, fueron muy obsequiosos conmigo, haciendo todo lo que podían para ayudarme. Éstas son personas realmente muy dedicada y muy cualificadas. La gente de la cárcel me está tratando bien”. Ayer, Kubby informó un mejoramiento. “El hinchazón y el dolor agonizante de mis riñones está finalmente, finalmente pasando y no estoy meando más sangre. Entonces, sólo eso es suficiente para hacerme sentir mucho mejor. Es muy desconcertante ver sangre saliendo de tu orín. Rosado en pocas ocasiones, rojo en algunas ocasiones”.
Kubby apareció en tribunal estatal el Martes para pedir arresto domiciliario o que le sea permitido usar marihuana medicinal en la cárcel. Pese a que la ley de California reconoce la marihuana medicinal, ninguna instalación correccional en el estado permite que los presos tengan acceso a este medicamento en particular. La audiencia también trató del problema de si Placer County intentaría juzgar a Kubby por infracción de la libertad vigilada por fugarse del estado. Él puede recibir hasta tres años más de prisión si juzgado y condenado por esa acusación.
“Puede ser que forcemos las cortes bajo una orden de despacho para mantener la ley como está escrita, que yo tengo derecho a la marihuana en la cárcel”, dijo Kubby en una llamada el Martes. “Y si ellos quieren jugar conmigo, muy bien. Por lo menos tendré la satisfacción de saber que centenas de millares de presos, los cuales merecen que sus derechos a la marihuana medicinales sean mantenidos, serán apoyados así que establezcamos este precedente importante. Entonces, ellos pueden ser exitosos en matarme, pero van a tener que tratar de la marihuana medicinal en todo el estado en todas las cárceles antes que sean exitosos”.
Juntándose a Kubby en la corte estaban su abogado, Bill McPike, y docenas de defensores y simpatizantes. Los defensores de Kubby han declarado a los cuatro vientos que él sea tratado apropiadamente mientras preso y se han manifestado frente al palacio de justicia, y también han llamado varias veces a la cárcel para conseguir garantías de que su salud sigue intacta. Esas protestas y las numerosas llamadas a la cárcel sobre su salud valieron la pena, dijo Kubby, añadiendo que más nadie precisa llamar a la cárcel.
“Él parecía muy mal”, dijo McPike a los reporteros y defensores fuera del palacio de justicia. Kubby se ha quejado de pérdida de peso desde que fue preso, pero estaba animado por la demostración de apoyo”, dijo McPike.
Entre los defensores de Kubby estaba Clark Sullivan de Hemp Evolution, que ha sido fundamental en la organización del apoyo al coautor de la ley de marihuana medicinal de California y ex candidato al gobierno bajo la sigla del Partido Libertariano. “Soy defensor de muchos usuarios de marihuana medicinal y ni siempre sé quienes ellos son”, dijo Sullivan. “Estoy aquí para apoyar a Steve y exigir que las autoridades de Placer County le permitan usar cannabis medicinal como su médico lo ha prescrito”.
Kubby estará nuevamente en la corte hoy día para ver si el juez ha decidido sobre su solicitación de arresto domiciliar, su solicitación de permiso para medicarse con marihuana mientras está en la cárcel y si él se enfrentará a más acusaciones. Esté atento.
6. Reforma de la HEA: Congreso Aprueba Reforma Parcial de la Ley que Niega Auxilio Financiero a Estudiantes con Condenaciones por Delitos de Drogas
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Los estudiantes universitarios presenciaron una reducción de $12,7 billones en los gastos en préstamos estudiantiles en el proyecto presupuestario aprobado por la Cámara de los Diputados el Miércoles. Pero al aprobar el proyecto, el Congreso también proporcionó un poco de consuelo a algunos de ellos porque también hizo retroceder el denigrado dispositivo antidroga de la Ley de Enseñanza Superior [Higher Education Act (HEA)]. Esa ley, de autoría del Dip. Mark Souder (R-IN), en 1998, impide que los estudiantes con condenaciones por delitos de drogas – no importa cuán sin importancia – reciban asistencia financiera estudiantil durante períodos específicos de tiempo (de un año a tiempo indefinido) desde sus fechas de condenación. El cambio aprobado por la Cámara enmienda la HEA para permitir que algunos estudiantes con infracciones pasadas reciban el auxilio, pero aún retiene la pena para aquellos cuyas infracciones fueron cometidas mientras estaban matriculados en la facultad, y recibiendo la beca.
La votación del Miércoles fue el procedimiento final en la Ley de Reducción del Déficit de 2005 [Deficit Reduction Act of 2005], que ambas cámaras aprobaron a fines del año pasado. Ahora ello va al Presidente Bush para que sea transformada en ley.
El arreglo parcial ocurrió en respuesta a la presión generada por una amplia coalición de organizaciones estudiantiles, educacionales, profesionales y de los derechos civiles en la Coalition for Higher Education Act Reform, un agrupamiento coordinado por la DRCNet. En vista de los pedidos de la revocación completa de la disposición, el Dip. Souder decidió que había pretendido todo este tiempo que la ley se aplicara solamente a los estudiantes actualmente matriculados y ofreció este “arreglo”. Mientras tanto, más de 180.000 estudiantes tuvieron su pedido de auxilio financiero negado, de acuerdo con el Departamento de Educación de los EE. UU.
“Tras años de posturas políticas y de promesas vacías, el Congreso finalmente ha ayudado a algunos estudiantes afectados por esta política equívoca”, dijo Kris Krane, el director ejecutivo recién-nombrado del Students for Sensible Drug Policy. “Pero este cambio menor es apenas una trama para barrer los problemas de la pena debajo de la carpeta. Decenas de millares de estudiantes aún serán quitados de la facultad todos los años porque los políticos no lograron escuchar a nuestras preocupaciones. La única opción que los estudiantes tienen es actuar en el tribunal”.
David Borden de DRCNet, que ejercido presión sobre el asunto desde que la disposición antidroga fue aprobada en 1998, fue más optimista sobre el proseguimiento de la campaña legislativa. “El Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (HELP) del Senado aprobó cambios de mayor alcance en la ley antes que el texto de la educación llegase al proyecto presupuestario. Esto no recibió su parte justa de discusión porque no había comité de conferencia sobre la educación y el comité de conferencia sobre el presupuesto existía sólo en el papel. Nosotros pretendemos ejercer presión sobre el Congreso para que quite la cuestión de las drogas del formulario FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) – que su propio Comité Accesorio del Congreso señaló como recomendación – la próxima vez que ellos examinen la Ley de Enseñanza Superior, que será probablemente este año”.
Lo que fuere que venga a continuación, la coalición por la revocación se puede felicitar por lo que ha logrado. Por primera vez desde que la legislación “válvula de seguridad” de reforma de la condenación en 1994, un pedazo importante de la guerra federal a las drogas ha sido reducido, aun si solamente en parte.
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7. Marihuana Medicinal: Proyecto de Nuevo México Pasa por el Senado, Se Encamina Hacia la Cámara Mientras el Tiempo Se Agota http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/421/proyectonm.shtml
El proyecto de marihuana medicinal de Nuevo México bendito varias veces por el Gob. Demócrata Bill Richardson fue aprobado por el senado del estado por una votación abrumadora de 34-6 el Martes y ahora se encamina hacia la Cámara, donde los legisladores tienen una semana para actuar antes que la sesión corta de 2006 termine. Si el proyecto es aprobado por la Cámara, Nuevo México se volverá el 12º estado a legalizar la marihuana medicinal.
Pero puede haber problemas. La Drug Policy Alliance informo el Jueves que los opositores se están movilizando. El grupo, que ha sido instrumental en hacer presión por el proyecto durante todo este tiempo, también informó que los opositores lo habían desviado para el hostil Comité de Agricultura de la Cámara y estaba pidiendo que los defensores inunden los legisladores de llamadas telefónicas exigiendo que el proyecto sea retirado del comité y llevado a plenario.
La aprobación del Senado vino a pesar de una tentativa de intervención el Viernes pasado de parte del Gabinete de Política Nacional de Control de las Drogas, que envió David Murray, asistente especial del secretario antidroga John Walters, para atestar contra el proyecto cuando estuvo ante el Comité Judiciario del Senado. Pero el esfuerzo del secretario antidroga de presionar los legisladores de Nuevo México salió por la culata, ya que el comité aprobó el proyecto cómodamente y los legisladores de ambos partidos criticaron públicamente los comentarios de Murray.
El SB 258, la Ley Lynn Pierson de Uso Compasivo [Lynn Pierson Compassionate Use Act], permitiría que los pacientes con serias enfermedades, incluyendo al SIDA y al cáncer, usaran marihuana para aliviar los síntomas o efectos colaterales de los tratamientos para esas enfermedades. Los pacientes con la recomendación de un médico se registrarían en el Departamento de Salud del estado, que también supervisaría la producción de marihuana medicinal sea en una instalación administrada por el estado y operada por una agencia privada que sería contratada por el estado.
El año pasado, el proyecto fue aprobado por el Senado y los dos comités de la Cámara, pero fue descarrilado por razones no-relacionadas en una reyerta política entre su defensor, el Sen. Cisco McSorley (D) y un importante legislador de la Cámara. Este año, ello tiene que salir nuevamente del comité y conseguir una votación en plenario – todo en los próximos siete días. Los defensores ya están trabajando en eso. “Tuvimos una buenísima reunión la semana pasada con el Presidente de la Cámara Ben Luján (D)”, dijo la directora de la oficina de Nuevo México de la Drug Policy Alliance, Reena Szczepanski, al Santa Fe New Mexican. Aunque Luján no hizo promesas, dijo ella, “está definitivamente en su jurisdicción ahora”.
Luján, de su parte, se quejó con el New Mexican el Martes que el proyecto de marihuana medicinal fuese una prioridad tan alta del Senado. “Yo habría esperado que los primeros proyectos aprobados habrían tratado de problemas que están más al frente de lo que el público en general realmente quiere”, dijo él. Pero, Luján dijo, “No voy a descarrilar este proyecto ni intentar impedirlo de ser oído”.
8. Marihuana: Intento de Repenalizar la Marihuana del Gobernador de Alaska Sale por la Culata Mientras Cámara Rechaza el Proyecto Combinado “Metijuana”
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El Gob. de Alaska, Frank Murkowski, y sus aliados en la legislatura estatal esperaban que atar su estimado proyecto para repenalizar la tenencia de marihuana a un popular proyecto que trata de las metanfetaminas les ayudaría a transformar la legislación en ley, pero eso no funcionó de esa manera esta semana. El Miércoles, la Cámara de Alaska rechazó el proyecto, con diversos legisladores diciendo que sus votos “no” eran una protesta contra el esfuerzo autoritario de Murkowski de mezclar y combinar los dos proyectos separados sobre las drogas en lo que ellos llamaron de “proyecto sobre la metijuana”.
Con todo, eso no significo que el esfuerzo de Murkowski sea letra muerta. Porque la Cámara aprobó una versión del proyecto del Senado el año pasado, el problema será abordado en el comité de conferencia a fines de esta sesión.
El “proyecto sobre la metijuana” fue derrotado en la Cámara en una votación de 23-15, con varios Republicanos rompiendo filas para votar contra su gobernador. Irónicamente, el proyecto combinado también perdió el apoyo Republicano porque quitó un dispositivo antimetanfetamina que solicitaba que las tiendas mantuviesen diarios de bordo para registrar las compras de drogas vendidas sin prescripción que contuviesen pseudoefedrina, un ingrediente fundamental en la manufactura casera de metanfetamina. La versión del proyecto del Senado requiere ahora que las ventas de artículos así sean restrictas.
Los Demócratas citaron una serie de motivos para oponerse al combinado “proyecto sobre la metijuana”. “Creo que hicimos un trabajo excelente, trabajo bipartidario, y ello ha regresado como árbol de Navidad”, dijo el Dip. Harry Crawford (D-Anchorage) en el plenario de la Cámara antes de votar contra el proyecto revisado. “Yo creo que el tronco del árbol de Navidad está podrido ahora, y no lo voy a aceptar”, dijo Crawford.
La Dip. Beth Kerttula (D-Juneau) dijo que ella estaba votando contra el proyecto porque la maniobra del gobernador significaba que la Cámara tendría que votar en la repenalización de la marihuana sin tener cualesquiera audiencias sobre el asunto. “No es porque quiero ver la marihuana o la metanfetamina siendo usadas”, dijo Kerttula, añadiendo que ella creía que repenalizar la marihuana no pasaría por la inspección constitucional.
La Corte Suprema de Alaska decidió en 1975 que los dispositivos de privacidad de la constitución del estado protegían el uso de marihuana en la privacidad del hogar, una decisión que fue declarada nuevamente en decisiones judiciales en 2004 y 2005. Según la actual ley de Alaska, la gente puede tener hasta un cuarto de libra [o poco más de 100g] de marihuana en sus hogares sin ninguna sanción criminal. El Gob. Murkowski quiere aprobar el proyecto antimarihuana a fin de forzar la Corte Suprema de Alaska a revisar una vez más su decisión. Murkowski y sus aliados esperan poder persuadir la corte de que la marihuana es tan más peligrosa que en 1975 que se revertirá a sí misma.
El comité de conferencia que decidirá el destino del proyecto se encontrará a fines de este mes y probablemente estará compuesto por dos Republicanos y un Demócrata de cada cámara. El Líder de la Mayoría en la Cámara, John Coghill (R-Polo Norte) dijo a los reporteros esta semana que él dudaba que el comité hiciera cualesquiera cambios en el “proyecto sobre la metijuana”. Algunos Demócratas habían sugestionado que el comité fuese desagregado y que sus integrantes ponderasen separadamente.
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9. Europa: Italia Lista Para Dar Paso Gigante Hacia Atrás en las Políticas de Drogas http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/421/italia.shtml
Durante más de una década, la tenencia de cantidades de drogas para uso personal ha sido despenalizada en Italia, pero con una nueva ley severa sobre las drogas que está siendo empujada por el parlamento, eso puede estar a punto de cambiar. El proyecto “tolerancia cero” contra las drogas, que ha languidecido durante casi tres años, fue acelerado cuando los defensores lo ataron a un proyecto de emergencia que trataba de las Olimpíadas de Invierno en Turín. Fue aprobado por el Senado la semana pasada y programado para votación en la Cámara de Diputados la semana próxima. Dado que el gobierno del Primer Ministro Silvio Berlusconi tiene una fuerte mayoría parlamentaria, es casi seguro que el proyecto pase.
Presionado por el vicecanciller Giancarlo Fini, el líder de la Alianza Nacional neofascista, el proyecto pide sentencias de prisión de seis a 20 años para delitos de drogas, incluyendo al consumo de drogas, de acuerdo con un análisis publicado por la página web italiana de reforma de las políticas de drogas, Fuoriluogo, que incluye a textos en inglés. El proyecto también quitaría la distinción entre drogas “blandas” y “duras”, volviendo la marihuana tan punible como la heroína. Según el proyecto, la gente encontrada en tenencia de cantidades muy pequeñas de una droga ilegal se enfrentaría no tiempo de cárcel, sino sanciones administrativas o órdenes de tratamiento, pero los límites para cantidades de uso personal todavía no han sido establecidos.
Los primeros indicios muestran que el gobierno intentará dejar los niveles mínimos tan bajos (un quinto de un gramo de heroína, medio gramo de cocaína) que muchos consumidores de drogas se encontrarán enfrentándose a sentencias severas de prisión. Similarmente, los usuarios de marihuana pueden hallarse rotulados como “drogadictos” y forzados a pasar por tratamiento por pequeñas cantidades de la hierba. El proyecto también permitiría que las clínicas privadas de tratamiento químico certificasen los usuarios como “adictos”, un poder anteriormente limitado al gobierno.
El proyecto superó la oposición parlamentaria en el Senado, con la líder Daniele Capezzone, secretaria del Partido Radical Italiano avisando la semana pasada que ello resultaría en un enorme boom carcelario. “Ahora con la desgraciada aceleración del gobierno sobre el tema de las drogas es concreto”, dijo ella. “Ahora hay el riesgo de prisión para centenas y millares de jóvenes. Yo estoy lanzando una apelación a los padres que pueden no gustar que sus hijos fumen un pitillo, pero es increíble que por algo tan ridículo como cinco o seis pitillos se corra el riesgo de ser buscado, detención, juicio y de ahí de un a seis años de prisión. En este momento yo pregunto si el único gran trabajo del gobierno será la construcción de nuevas prisiones”, dijo ella.
Los Radicales no estaban solos en la denuncia del proyecto y de la forma por la cual pasó por el Senado. “Éste es francamente un comportamiento escandaloso”, dijo el secretario del PRC, Fausto Bertinotti, que añadió que la ley sería revocada caso el gobierno Berlusconi fuese derrotado en las elecciones de Abril. “El gobierno está haciendo señales a la parte más reaccionaria del electorado, diciéndole que les da los brazos para disparar y reprimir aquellos con comportamiento transgresivo”. El problema de las drogas, prosiguió Bertinotti, “es un enorme problema social y la línea represiva no solucionará nada. Un problema como éste debe ser discutido en el Parlamento con las condiciones correctas y el tiempo necesario, y confrontado con la vasta experiencia no-prohibicionista que este país tiene”.
Aunque el proyecto antidroga haya provocado fuerte oposición de los usuarios de drogas, de los grupos de reforma de las políticas de drogas y de los profesionales del tratamiento, entre otros, parece imposible de detener. La última chance de bloquear el proyecto sería persuadir el Presidente Ciampi a rehusarse a firmarlo. Aunque bajo el sistema parlamentario la presidencia sea principalmente un cargo ceremonial, el presidente sí tiene el poder de rehusarse a firmar leyes que él crea que puedan ser inconstitucionales.
10. Latinoamérica: La Guerra a las Drogas de México Entra en Sangrienta Erupción en Acapulco
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Los mexicanos se han acostumbrado con los sangrientos ajustes de cuentas entre las organizaciones del tráfico de drogas que intentan consolidar el poder después de la última operación del gobierno mexicano contra el tráfico. En una consecuencia involuntaria, pero que no es más sorprendente, de la represión mexicana a las drogas, las ciudades fronterizas del norte han presencia una violencia sin precedentes el año pasado, con más de 1600 muriendo en la batalla de los llamados carteles y 144 desde que el año nuevo empezó, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
Pero eso no debía ocurrir en la soleada Acapulco, lejos de la frontera en la Costa Pacífica Sur de México. Pero, el destino turístico oscurecido pero renaciente se vio atormentado por la violencia dramática y asesina durante el Enero pasado. En un período de una semana que terminó el 27 de Enero, por lo menos 11 personas fueron muertas, 10 heridas y 12 detenidas, de acuerdo con informes de la prensa mexicana compilados por el Frontier News Service de la Universidad Estatal de Nuevo México. La semana fue maraca por ataques con granadas, batallas y cazadas urbanas llenas de luces de horas de duración, y eso fue un alto desafío tanto para el aparato judiciario-legal municipal como nacional en los meses finales del gobierno del Presidente Vicente Fox.
La violencia está siendo atribuida al conflicto entre el cartel dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán y una alianza del cartel Arellano-Félix de Tijuana y el Cartel del Golfo de Tamaulipas. Ambos lados cuentan con escuadrones paramilitares fuertemente armados de ex soldados. La violencia incluyó a un ataque contra los visitantes que salían de la prisión estatal que dejó tres muertos, un asesinato en plena calle de otro hombre del lado de fuera de un karaoké y las matanzas de más tres hombres en los puntos de venta de drogas ilícitas al por menor conocidos como “tienditas”. Entonces, las cosas realmente empezaron a ponerse fuera de control.
El 27 de Enero, la policía de Acapulco intentó detener a tres vehículos en un convoy armado en el barrio de La Garita, desencadenando una lucha armada de una hora que dejó a trabajadores, residentes y transeúntes gateando en busca de abrigo. El desorden se diseminó por toda la ciudad, mientras un convoy de 15 vehículos de la policía y los soldados gritaba por la ciudad en búsqueda de un utilitario que escapó del tiroteo. Cuando acabó, cuatro narcos estaban muertos en la calle, cuatro policías quedaron heridos y también dos civiles. Los cuatro matones muertos estaban usando chalecos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y llevaban identificaciones de la AFI. Aunque las autoridades federales dijeron que las identificaciones eran falsas, el aroma familiar de corrupción está en el aire.
Por lo menos el nuevo Alcalde Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de izquierda creía que sí. Él causó polémico ya desde el principio al afirmar que la policía estatal y federal permitió que los disparaderos en el ataque del 20 de Enero escaparan después que la policía municipal los había acosado. La policía estaba involucrada en la criminalidad, dijo él. Su acusación fue reforzada algunos días después cuando el ejército mexicano detuvo a nueve hombres en Acapulco, aprehendiendo armas militares, drogas y dinero. Los hombres detenidos incluían a dos policías del estado de Guerrero, un policía del estado de Tamaulipas y un policía de Ciudad de México.
Todo eso dejó los policías y figuras políticas de Acapulco sobresaltados. Escuadrones armados de policías y soldados vigilaban los cuartos de hospital del personal herido del aparato judiciario-legal y los edificios municipales y el cuartel-general de la policía de la ciudad fueron transformados en campos armados. Los soldados del ejército mexicano asumieron posiciones fortificadas alrededor del cuartel-general de la policía y el Alcalde Salgado canceló todas las apariciones en público. Mientras tanto, justo al norte de la carretera costera cerca de Zihuatanejo, dos helicópteros del gobierno en una misión de fumigación de las drogas fueron atingidos por disparos, y justo del otro lado de la frontera estatal en Michoacán, tres policías fueron muertos por asesinos desconocidos.
Tradicionalmente, Acapulco había estado relativamente libre de la violencia de los carteles, pero con su papel como centro de transporte de bienes que tienen el norte como rumbo, el enorme mercado local de drogas al por menor y el centro ideal de lavado de dinero, ahora está pagando los platos rotos por la guerra contra las drogas de México.
11. Búsqueda en la Red: Richard Paey en Sixty Minutes, Canadian HIV/AIDS Legal Network
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El prisionero del dolor Richard Paey en Sixty Minutes
Informe de la Canadian HIV/AIDS Legal Network: “Nada Sobre Nosotros Sin Nosotros – Envolvimiento Más Grande y Significativo de la Gente que Usa Drogas Ilegales: Un Imperativo Ético, de Salud Pública y de Derechos Humanos” – Inglés y Francés.
12. Semanal: Esta Semana en la Historia
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03 de Febrero de 1987: Carlos Lehder es capturado por la Policía Nacional Colombiana en un abrigo poseído por Pablo Escobar en las montañas cerca de Medellín. Él es extraditado a los EE. UU. al día siguiente. El 19 de Mayo de 1988, Lehder es condenado por contrabando de drogas y sentenciado a prisión perpetua sin condicional, más 135 años.
04 de Febrero de 1994: Un informe no-publicado del Departamento de Justicia de los EE. UU. indica que más de un tercio de los criminosos por drogas en las prisiones federales son pequeños infractores no-violentos.
04 de Febrero de 2003: Los jurados que habían condenado a Ed Rosenthal realizan una rueda de prensa, diciendo que ellos fueron engañados por la retención de información sobre el envolvimiento de Rosenthal con la marihuana medicinal, que ellos no lo habrían condenado si ellos supieran, y piden un nuevo juicio.
05 de Febrero de 1988: Un jurado federal en Miami emite una incriminación contra el General panameño Manuel Noriega por tráfico de drogas. Noriega había permitido que el cartel de Medellín lavase dinero y construyese laboratorios de cocaína en Panamá.
06 de Febrero de 2004: El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE. UU. rechaza la prohibición de la DEA los alimentos a base de cáñamo.
07 de Febrero de 1968: En una acción probablemente aguijoneada por la retórica de “orden público” de la campaña de Nixon, el Presidente Lyndon Johnson crea la Agencia de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BNDD) al combinar la Agencia Federal de Narcóticos (FBN) con la Agencia de Control del Abuso de Drogas. En 1972, la BNDD cuenta con 1.361 agentes.
07 de Febrero de 1985: Enrique Camarena, un agresivo agente de la DEA en México que descubrió que los traficantes de drogas allí estaban operando bajo la protección de los oficiales de la policía mexicana, es secuestrado fuera de su oficina en Guadalajara. Su cuerpo es encontrado varias semanas después llevando marcas de tortura brutal.
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