Nuevo documento del Centro Mandela sobre tierras fiscales
Por Diario Norte / Chaco - Sunday, May. 28, 2006 at 7:20 PM

El Centro de Estudios e Investigación Social "Nelson Mandela" que coordina el doctor Rolando Núñez dio a conocer un nuevo documento donde insiste en que el Instituto de Colonización es una inmobiliaria.

"Yo... bajo las persianas de Colonización por 90 días...limpio todo y después arranco de nuevo".

(Doctor Jorge Morales, candidato a gobernador del PJ, año 1991).

El Centro de Estudios e Investigación Social "Nelson Mandela" que coordina el doctor Rolando Núñez dio a conocer un nuevo documento donde insiste en que el Instituto de Colonización es una inmobiliaria. Para ratificar esta aseveración revela que en 1995 existían 3.900.000 hectáreas pero en 2005 sólo le queda un total de 666.000 hectáreas y en El Impenetrable sólo 490.000 hectáreas.

Ley 2913/84 (Modificada por ley 4133)

La ley 4133 fue promulgada en enero de 1995. Para la adjudicación en venta directa establece que el postulante debe acreditar tres años de actividad continua y anterior a la fecha de la promulgación de esta ley. Este requisito fundamental casi nunca ha sido cumplido, con las consecuencias nefastas que están hoy a la vista de la opinión pública.

Precios viles e irrisorios

En el año 1996 se fijaron los precios para la adjudicación en venta directa de tierra fiscales en el Impenetrable. La resolución 0002, del 2 de mayo de 1996, dictada por el presidente del Instituto, Mario A. Sacchi, fue el instrumento utilizado para fijar los precios por hectárea para los distintos departamentos territoriales del Chaco. El mantenimiento de estos precios, con nulas o ínfimas actualizaciones, ha sido el mecanismo funcional al saqueo de las tierras fiscales, que se potenciara -de manera creciente- por la burocracia y la corrupción sistémica instalada en el centro del poder político y en la estructura administrativa de Colonización. El inevitable transcurso del tiempo, más la notable influencia de la devaluación y la pesificación aplicadas desde al año 2002, envilecieron e hicieron irrisorios los precios fijados para la venta de las tierras fiscales, abriéndose de ese modo el tórrido saqueo que aún se mantiene activo y coleante.

El esquema de precios

$ 2,00 (mensura)

Hasta 250 has: $ 2,50

$ 0,50 (tierra - 20% por servicios)

$ 15,00 (mensura)

Más de 250 has: $ 18,00

$ 3,00 (tierra - 20% por servicios)



Forma de pago y las mejoras

El precio de la venta debe ser cancelado en cinco años, a través de pagos anuales, más la realización de las mejoras prometidas. Sin embargo, si la mensura se efectúa anticipadamente, se realizan quitas importantes, de modo que se beneficia a los que gozan de mayor caudal económico, quiénes terminan pagando precios casi simbólicos.

Contrariamente, el valor de la mensura prácticamente impide la compra a los pequeños productores radicados en los campos fiscales, con lo cual no se fomentó la radicación de los mismos y de las familias de escasos recursos.

La superficie fiscal libre

No existen datos, como tampoco ningún relevamiento medianamente serio, que permita conocer la extensión actual de la superficie fiscal libre de ocupantes. En cualquier caso, la metodología que se sigue data de 1970. Es anacrónica y funcional al desorden y a la corrupción.

Superficie fiscal ocupada

Tampoco se conoce con exactitud, y detalladamente, la extensión y localización de los campos fiscales que se encuentran habitados por simples ocupantes, por adjudicatarios en venta o por arrendatarios que no tienen título de propiedad. Este esquema también fue y es funcional a la corrupción.

Unidades economicas en El Impenetrable

Según estudios agroeconómicos, la unidad económica para la actividad agrícola es de 650 hectáreas, mientras que para la ganadería es de 1.200 hectáreas.

Sin embargo, se adjudicaron en venta directa tierras fiscales en superficies de 250 ha. y 500 ha. a pequeños productores, con lo cual se entregaron lotes que no constituían una unidad económica, violándose la ley que garantiza la unidad productiva como factor fundamental para la vida y el sustento de la familia campesina. En estos casos, se ha condenado a los pequeños productores y a sus descendientes a continuar viviendo en la extrema pobreza o en la indigencia, porque se les impide encarar la explotación de una actividad primaria sustentable y mínimamente rentable.

Organigramas y funcionamiento del Instituto

Existen dos organigramas en la estructuración de las dependencias y del personal del Instituto, aplicándose alternativamente uno de los dos, según las coyunturas o las conveniencias. El funcionamiento es caótico, con un gran desorden administrativo, que resulta funcional a la corrupción sistémica que se instaló a lo largo de toda la estructura del organismo con el objeto de saquear las tierras fiscales.

Actualmente el organismo cuenta con 172 empleados, un presidente (Cogno), dos vocales (señores Geijo y Silvestre) y un gerente general (ingeniero agrónomo José E. Roibon, que es el organizador de todas las operatorias). Por diversos mecanismos, fundamentalmente a través del pago de comisiones, que comprenden viáticos, pasajes, automotores y otros gastos, que durante el año 2005 superaron los 10.000 días, el Instituto funciona bajo los efectos estructurales de la corrupción. No más de 30 empleados trabajarían por fuera del sistema administrativo desordenado y corrupto. En la sede central trabajan 113 personas, de las que no más de 20 se desempeñan con transparencia, honestidad y responsabilidad, defendiendo el interés público. Se reconoce que del total de la dotación, existirían 10 personas con una situación patrimonial muy sólida y holgada, aunque perciben salarios medios según los recibos oficiales.

La organización

La organización se integró por los señores Sachi, Gasco, el ex vocal Moreno, que actualmente es el director de la Casa del Chaco y el ex vocal Puebla. Continúa con los miembros del actual directorio. El agrimensor Ciucio, ex personal del Instituto, gestiona desde afuera. Los agrimensores Robeff , Ciucio y Di Petrio son los dos profesionales que realizan la mayor cantidad de mensuras. Después aparecen los profesionales relacionados (Alvarenga, Pila, Molina, Fretes, etcétera). También actúan los agentes, grupos y sectores económicos que inician y cierran los negocios.

Las gerencias

La Gerencia de Administración está a cargo del señor Rafael R. Reynoso, que ha sido responsabilizado reiteradamente por el Tribunal de Cuentas. Indefectiblemente interviene en el procedimiento y decide sobre los aspectos esenciales de las actuaciones administrativas. La Gerencia de Régimen de la Tierra se encuentra a cargo del ingeniero agrónomo Juan Francisco Alderete. Es una pieza clave y decisiva. Conoce en profundidad las actuaciones y los actos ilegales como funcionario técnico del Instituto. El agrimensor Carmelo Maciel también tendría un rol importante en el esquema trazado. La asesoría legal actúa, entre otros tramos, en la etapa de convalidación.

Juan Francisco Alderete fue el autor del memorándum 0536, fechado el 2 de abril de 1998; a través de este instrumento sintetizó las mecánicas más paradigmáticas de la corrupción y del saqueo de las tierras fiscales. A instancia inmediata del entonces presidente del Instituto, ensayó una ratificación del contenido, seguida de algunas aclaraciones inconsistentes. El texto de este memorándum refleja magistralmente casi todo lo ocurrido durante muchos años en Colonización. Sin embargo, a pesar de que se conoce la existencia de este instrumento legal desde 1998, el festival de venta fraudulenta de tierras fiscales continuó cada vez con mayor intensidad.

Mercedes Maza

Es contratada de servicio a partir del año 2000. Se desempeña como encargada de la delegación de Fuerte Esperanza. Es a quien se atribuye el cobro sistemático de cuotas por adjudicación de tierras fiscales, otorgando para ello recibos informales. También cobraría comisiones por 20 días cuando se presenta en la delegación de Castelli o en la sede central del Instituto. Es puntera política de Angel Rozas. Es intocable. Estuvo y continúa vinculada con un paradigmático agente del Instituto, que activamente habría participado en el negocio de las transferencias o ventas indirectas, en las rescisiones de las adjudicaciones y en la división de las unidades productivas fiscales. Este agente, Héctor Rubén Kaluk, tuvo un desempeño tan peculiar y extraordinario que superó a todos, incluso a los más señalados. Actualmente vive en Salta, con muy buen pasar económico. En su momento gozó de la protección política del poder de turno, actuando con absoluta impunidad.

Oficina paralela del Instituto

No toda la documentación oficial se encuentra archivada en el organismo. Algunas de ellas, de fundamental importancia, están en lugares privados. En el barrio Santa Inés de la ciudad de Resistencia funciona una oficina paralela al Instituto. Se sabe que allí actuaría un agente público que se desempeña con el pleno conocimiento de la línea gerencial y de los miembros del Directorio.

Las negociaciones

La disposición de las tierras fiscales admite varias etapas de negociaciones, según la localización de las tierras, la extensión de las mismas, si se encuentran libres u ocupadas, con mejoras o sin mejoras o con mora en el pago del precio. De cualquier manera, encontramos repetidamente las siguientes operaciones: 1) El negocio de las mensuras, en manos de pocos profesionales. 2) El negocio de las transferencias o ventas indirectas. 3) El negocio permanente de las rescisiones de las adjudicaciones en venta de los campos fiscales y las posteriores ventas directas de los mismos. 4) La división de las unidades productivas en función de los incumplimientos de pagos de precios o de la realización de las mejoras por parte de los adjudicatarios; como ejemplo, citamos: una unidad productiva ganadera de 1.200 hectáreas se divide en dos porciones; la más pequeña se destina al adjudicatario en mora y la de mayor superficie se destina a las nuevas adjudicaciones en venta directa, a precios fijados por el Instituto, más el valor adicional que fija la persona o el grupo de negociación. Supongamos la venta de campo fiscal que supera la superficie total de 250 ha., que se vende a $18 la hectárea; habitualmente se le agrega $40, o más, como sobreprecio en el marco de la comercialización paralela. 5) Las estafas: Se estafa a compradores de buena fe, quiénes bajo la influencia del engaño y de la desmedida ambición propia, intentan comprar tierras fiscales a precios irrisorios, para lo cual deben efectuar un fuerte pago inicial a un intermediario (externo o interno del Instituto), que luego desaparece y la operación no se realiza. Existen varios casos denunciados bajo esta mecánica, utilizándose las oficinas de la Casa de Gobierno. 6) Los fondos: Encontramos cuatro variantes básicas en las negociaciones, que a veces se combinan: a) Un simple negocio inmobiliario, con un ahorrista o inversionista clásico. b) Un negocio forestal, en el cual se compra la tierra fiscal para directamente desmontar el bosque nativo, seguido del abandono del lote, que pasa a formar parte de los suelos desertificados. c) El negocio del blanqueo de plata negra o lavado de dinero de la corrupción o del narcotráfico, respectivamente. d) La compra de tierras fiscales para destinarlas operativamente al narcotráfico, como territorio de ingreso de drogas al país desde Bolivia y Paraguay, para ser redespachada hacia Buenos Aires y otras grandes ciudad de la Argentina y del exterior.

Concentración de la tierra y de las unidades productivas

La concentración de la tierra es un fenómeno de extraordinarias proporciones en la provincia del Chaco. El 7% de los propietarios, concentra el 70% de la superficie. Se han formado grandes latifundios, productivos e improductivos. El saqueo de las tierras fiscales ha sido funcional al modelo de concentración.

Bajo ese esquema, durante la campaña agrícola 2003/2004, quedaron en pie solamente 20.000 unidades productivas, lo que refleja la extrema concentración actual de las tierras. Por ello, el 80% de la producción está concentrada en manos del 20% de los productores. Esto también explica que las 700 unidades productivas más importantes son de productores no residentes en el Chaco, porque al fenómeno de la concentración se agregó la desprovincialización de las tierras.

El caso de los Gualtieri

Victorio Américo Gualtieri y Saverio Nicolás Gualtieri: El 4 de enero de 2006 el ingeniero agrónomo y presidente del Instituto de Colonización, Roberto J. Cogno dictó la Resolución 0001, a través de la cual adjudicó en venta 4.980 has., 26as. 26cas, 81dm2. a Victorio Américo Gualtieri, a razón de $45 la hectárea.

En la misma fecha, el presidente de Colonización dictó la Resolución 0002, por medio de la cual adjudicó en venta 5.019 has., 34as. 04cas a Saverio Nicolás Gualtieri, también a $45 la hectárea.

Las ventas correlacionadas suman una superficie total de 10.000 hectáreas, en clara violación de las pautas jurídicas que regulan la venta de las tierras fiscales. Estas dos operatorias, además de reflejar el fenómeno de concentración y desprovincialización de la tierra chaqueña, sintetiza los alcances del saqueo de las propiedades fiscales, que terminaron en manos de compradores paradigmáticos del escenario nacional, casi todos vinculados con el poder real de la vieja política.

Por si esto no alcanzara, el Instituto de Colonización vendió tierras de las reservas aborígenes. Esto colmó el vaso y contribuyó a consolidar y a unificar el proceso de protesta que actualmente desarrollan los pueblos originarios del Chaco, quienes finalmente predican que la provincia está administrada por un gobierno racista, que los discrimina.

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Vallejos denuncia que un funcionario se quedó con tierras fiscales
Por Diario Norte / Chaco - Sunday, May. 28, 2006 at 7:21 PM

El dirigente sindical Raúl Vallejos mostró nueva documentación relacionada con irregularidades en adjudicaciones y ventas de tierras fiscales, y mostró actuaciones que indican que hasta hubo un campo que terminó siendo ocupado por un ex vocal del Instituto de Colonización.

Efectivamente, en un radiograma del 1 de noviembre de 2005 se puede leer que el actual titular de ese organismo, Roberto Cogno, intimaba al ex vocal Rubén Nildo Puebla diciéndole que tenía prohibido introducir mejoras en un campo que antes se le había desadjudicado a un productor para ser vendido a otra persona.

"Esto y otros casos que tenemos documentados demuestran que en este tema funcionó una asociación ilícita que actuó con total impunidad", planteó Vallejos, que mostró también planillas que retratan el furor adjudicador en algunos tramos del gobierno de Angel Rozas. Por ejemplo, hubo un día de 2002 en el que se hicieron nada menos que 161 adjudicaciones, por un total de casi 200.000 hectáreas. Es decir, un promedio de una adjudicación cada tres minutos, si se considera una jornada laboral de ocho horas en el organismo (ver página 11)

Lo que queda

Vallejos, acompañado de José Luis Rivero y Héctor Retamozo, resaltó la necesidad de investigar el manejo de la tierra pública en la última década, ya que "de 2,4 millones de hectáreas de predios fiscales que había en la provincia en 1995, ahora sólo quedan unas 687.000 hectáreas". En el caso específico de El Impenetrable, señaló que sólo quedan unas 490.000 hectáreas, de lo que alguna vez fue una región de 4,3 millones de hectáreas.

Los empleados de Colonización mostraron la copia de un acta labrada el 13 de octubre de 2005, en el organismo, donde una persona llamada Miguel Angel Vizgarra contó que en 2003 el entonces vocal Puebla le había dicho que su permiso de ocupación de su campo había caducaco que y las tierras habían sido adjudicadas a un tal Enrique Ireneo Benítez. Vizgarra dijo que en la zona circulaba la versión de que en realidad Benítez era sólo un testaferro de Puebla. Poco después, el 1 de noviembre, partió el radiograma de Cogno advirtiendo a Puebla que no podía introducir mejoras al campo "hasta tanto el organismo decida sobre actuaciones administrativas a considerar". Es decir, Puebla era el dueño real de las tierras.

Actas como la que contiene la denuncia de Vizgarra hay varias. Por ejemplo, en la actuación simple 1055, del 19 de marzo de 2004, dos personas (Carlos Santiago Baili y Ernesto Juan Bautista Socin) dicen que compraron tierras sin documentación alguna, a través de varias personas, entre ellas Puebla. "Nos exigieron entrega de dinero con la promesa de remitirnos posteriormente las documentaciones que nunca llegaron, y sin entregarnos comprobante alguno", dice el texto. Y hay varias denuncias más de tenor similar, involucrando a otras personas.

"Nosotros ahora dijo Vallejos- preguntamos a los diputados de la Alianza, al gobernador y a los funcionarios en general, si ante todo lo denunciado no hay motivos más que suficientes como para investigar a fondo estos hechos consumados dentro del Instituto de Colonización en los años que pasaron, o como para modificar rotundamente la política de tierras en la provincia".

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En un solo día se hicieron 161 adjudicaciones de campos
Por Diario Norte / Chaco - Sunday, May. 28, 2006 at 7:22 PM

En sus denuncias de ayer sobre el manejo de la tierra pública en el Chaco durante la última década, Raúl Vallejos dio un dato sorprendente: en un mismo día, más precisamente el 25 de septiembre de 2002,se firmaron nada menos que 161 adjudicaciones de campos, por un total de aproximadamente 200.000 hectáreas.

Vallejos mostró las planillas que registran las adjudicaciones de aquella jornada primaveral, haciendo notar que además hay grupos de adjudicaciones hechos a personas de un mismo apelllido, y por tierras colindantes. "Todo indica que eran adjudicaciones a diferentes integrantes de un mismo grupo familiar, para que no figurase todo junto al nombre de una misma persona, pero en los hechos sí ocurría ésto", acotó.

En el Instituto de Colonización, aquel festival de adjudicaciones para nada tenía que ver con la rutina del organismo, ya que habitualmente sólo se hacen cuatro o cinco adjudicaciones en un día, porque la normativa vigente obliga a que cada resolución de ese tipo se emita previa evaluación de cada expediente en particular.

"Es materialmente imposible que se hiciera esa cantidad tan asombrosa de adjudicaciones, porque el trámite normal obliga a ver si el productor reunión todos los requisitos, a ver los informes de rigor, etcétera", apuntaron Vallejos, José Luis Rivero y Héctor Retamozo.

Para el Guinness

Si se hace un análisis matemático del dato, también se verifica la imposibilidad de que todas las adjudicaciones se hayan efectuado siguiendo el procedimiento correcto. Si se considera que una jornada normal de trabajo es de ocho horas, aquel 25 de septiembre los funcionarios de Colonización deberían haber analizado y aprobado un expediente cada tres minutos, sin tomarse siquiera un respiro para tomar un café o ir al baño.

Los trabajadores del Instituto dicen por ello que "todo este debe ser revisado e investigado, porque hasta aparecen trámites sin número, como si fueran actuaciones fantasmas, y también resoluciones mellizas en las que aparecen firmas con claras señales de haber sido falsificadas".

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