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Brasil: Panorama de falta de respeto
Por Adital -
Tuesday, May. 30, 2006 at 10:53 PM
Adital - Agresiones,
usurpación de recursos naturales, expropiación de tierras, omisión del poder público,
conflictos en función de la lucha por la tierra, negación de derechos, en fin,
un panorama de cómo los derechos humanos no han sido respetados en relación con
la población indígena. Es eso lo que revela el informe sobre la violencia contra
los pueblos indígenas en Brasil, entre 2003 y 2005, divulgado hoy, día 30, por
el Concejo Indigenista Misionero.
En el texto de introducción,
la antropóloga de la Pontificia Universidad Católica Ella afirma que los conflictos
relacionados con los derechos territoriales, daños diversos y agresiones al
patrimonio provienen de situaciones históricas. El Estado brasilero actúa a
partir de una política indigenista concebida para integrar al indígena a la
comunidad nacional, tratándolo como categoría en transición rumbo a la extinción. En el Estado de Mato Grosso
do Sul predominan acciones de cuño asistencialista, como la distribución de
cestas básicas, jubilaciones rurales, distribución de ropas y servicios de salud
caracterizados por la mala atención. Los problemas se acumulan: falta de semillas,
de remedios, transporte, vivienda, material escolar y aulas. La violencia policial
y los atropellos son constantes, así como la desnutrición, mortalidad infantil
por encima de la media nacional, peleas y agresiones fútiles, amenazas de muertes,
asesinatos, tortura, golpizas, descuartizamientos, alcoholismo, prostitución,
estupros y suicidios. "Situaciones como éstas, presentes
también en otras regiones de Brasil, transforman la vida de los pueblos indígenas
en una batalla diaria y constante, cuyo centro es la lucha por la tierra", afirma
la antropóloga. Ya en la introducción del informe, el vicepresidente del CIMI,
Saulo Feitosa, evalúa que hay una relación inversamente proporcional entre demarcación
de tierras y violencia. Entre 2003 y 2005, la media de tierras declaradas por
año no pasó de seis. En el mismo período, la media de asesinatos por año pasó
de 40. "Cuanto menos se demarcan las tierras, más casos de violencia son registrados",
afirma. De enero de 2003 a julio de
2005, el CIMI registró exactamente 99 conflictos relacionados con derechos territoriales.
Los hacendados reaccionaron a las protestas de los indígenas a través de manifestaciones
públicas, contrataciones de guardias de seguridad, divulgación de informaciones
tendenciosas y falsas. Los incumplimientos de plazos
de demarcación de tierras indígenas son una constante en todo el país. La falta
de medidas colocó a diversas comunidades en estado de aprensión, inseguridad
e inquietud, pues el retardo en las decisiones sobre las tierras implica generar
vulnerabilidad frente a la violencia de los propietarios privados, de políticos
y de otras fuerzas contrarias a las demarcaciones. Todos esos problemas dan como
resultado un alto grado de violencia contra las comunidades indígenas. El total
de asesinatos registrados en los últimos 10 años (1995-2005) fue de 287 víctimas.
"Aunque ese alto índice de violencia sea resultante de una sumatoria de varios
factores, es sin ninguna duda la cuestión de la tierra la causa principal. La
política indigenista brasilera siempre supeditó la demarcación de tierras indígenas
a los intereses de terceros sobre las tierras y las riquezas existentes en las
mismas", afirma Feitosa. El estado de Mato Grosso do
Sul llama la atención por liderar el número de casos de violencia en gran parte
de los ítems analizados. Las víctimas indígenas de asesinatos fueron 42 en 2003
(de los cuales 13 ocurrieron en este Estado), 37 en 2004 (de los cuales 18 vivían
en MS) y 43 durante el año 2005 (con 29 víctimas en MS). Llama la atención el aumento
de asesinatos de autoría indígena en 2005, involucrando conflictos familiares,
peleas y disputas políticas internas. Como la mayor parte ocurrió en Mato Grosso
do Sul, esos casos revelan el alto grado de tensión que matiza la vida cotidiana
de las comunidades Guaraní-Kaiowá, viviendo en parcelas exiguas de tierra, en
campamentos a la vera de las carreteras y en tierras demarcadas que acogen a
grupos de Tekohás (tierra tradicional) diversos, donde sobra poco espacio para
plantación y el trabajo asalariado fuera de las aldeas es la condición casi
exclusiva de supervivencia. Las tentativas de asesinato
alcanzaron no sólo a 21 individuos, sino también a dos comunidades en 2003.
En 2004, fueron 38 los casos de amenazas, destinadas a 51 individuos, además
de niños del pueblo Katukina, en Acre. Hasta mediados de 2005, el número de
tentativas de asesinato llegó a 33 casos, involucrando a 62 víctimas. En el relevamiento de amenazas
de muerte también se destaca la presencia no sólo de individuos, sino de comunidades
enteras. En 2003, fueron registrados 11 casos de amenazas de muerte, con amenazas
a 62 individuos, de los cuales 52 eran del pueblo Xukuru, en Pernambuco, y a
una comunidad de cerca de 1.700 personas, en Santa Catarina. En 2004, fueron
14 los casos de amenazas de muerte, que involucraron a 22 individuos, además
de la comunidad Koiupanká (Alagoas), de líderes Terena y Guarani-Kaiowá (Mato
Grosso do Sul) y de niños Katukina (Acre). En 2003, fueron registrados
24 casos de suicidios. De los cuales, dos casos ocurrieron en Pará, ambos en
el pueblo Kayapó, y los otros 22 se registraron en Mato Grosso do Sul. Entre
ellos, 20 se refieren al pueblo Guaraní-Kaiowá. En 2004, hubo una pequeña caída
en el número de suicidios: fueron 18 casos, todos en Mato Grosso do Sul. En
2005, sin embargo, el número de casos volvió a subir, siendo constatados 31
casos: 28 en Mato Grosso do Sul y 3 casos en Amazonas. El relevamiento sobre la situación
de la educación escolar indígena también pone de relieve algunos factores que
están presentes en los tres años evaluados. El principal es la falta de implementación
de educación diferenciada para los indígenas en las escuelas de las aldeas.
Los datos referentes a los Estados de Amazonas, Paraíba, Mato Grosso, Pará,
Tocantins, Santa Catarina y Paraná indican que las clases son dadas en portugués,
y no en los idiomas indígenas. Además de que los currículos
no están adaptados a la realidad indígena, en Santa Catarina y en Paraná el
calendario lectivo no contempla las fechas ritualísticas indígenas, sólo los
feriados nacionales, y además que en la escuela la lengua materna sólo es usada
para conversación, mientras que la alfabetización ocurre en portugués. Es recurrente
también el hecho de que las escuelas indígenas poseen solamente hasta la 4ª
serie de la enseñanza fundamental. La práctica secular de ignorar
la presencia de los pueblos indígenas en los procesos de colonización del territorio
se mantiene, mientras el escenario desarrollista, extractivista y privatista
avanza, alcanzando ahora a las tierras amazónicas. Los datos presentados en
el informe señalan la existencia de por lo menos 60 pueblos sin contacto, de
los cuales 17 están al borde de la extinción debido a prácticas de genocidio
que se reproducen hasta en los días actuales. Estos crímenes de genocidio
han sido practicados por grupos de exterminio al servicio de grileiros
de tierras públicas (apropiación ilegal), madereros y hacendados. La estrategia
es acabar con todo vestigio de la presencia indígena para inviabilizar la demarcación
de sus tierras, liberándolas para la apropiación privada, explotación de los
recursos naturales, la pecuaria y el agronegocio.
de
San Pablo (PUC/SP) Lucia Helena Rangel explica que las causas de esa violencia
tienen como telón de fondo una serie de necesidades propias de la población
indígena brasilera. Es el aumento poblacional; errores en el establecimientos
de límites territoriales; conflictos con sectores económicos; ineficiencia de
las políticas de asistencia; malas condiciones de vida; ocio improductivo por
causa de la falta de tierras; abuso del consumo de bebidas alcohólicas; racismo;
agresiones y violencia sexual.
El
documento relata que incendios criminales, robos, destrucción de residencias,
arrendamiento de pasto, caza y pesca ilegales y extracción de madera fueron
la amplia lista de delitos contra los pueblos indígenas, incluidas en las invasiones
con toma de posesión, explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos
al patrimonio. El CIMI contabiliza 37 casos de esa naturaleza en el período
comprendido por el informe, de los cuales 17 solamente ocurrieron el año pasado,
de enero a julio. También fueron registrados 13 casos relacionados con daños
ambientales en 2005.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=22753