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Comunidades Indígenas: Suspenderían las sentencias de desalojo por 4 años
Por Diario Jujuy -
Friday, Sep. 29, 2006 at 4:12 AM
El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-INAI- Dr.Jorge Rodríguez ponderó los alcances de un proyecto de ley que se esta discutiendo en el Congreso de la Nación y que busca declarar la emergencia de las tierras que ocupan las comunidades indígenas suspendiendo las sentencias de desalojo por un plazo de cuatro años. El mismo instrumento genera un fondo especial de 30 millones de pesos para realizar el trabajo catastral.
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El titular del INAI, explicó que este proyecto, que fue elaborado por las senadoras Alicia Kirchner y la jujeña Liliana Fellner, ordena al Instituto a realizar un relevamiento de la situación dominial de las tierras que ocupan en un margen de tiempo de tres años. Este relevamiento es muy completo ya que no solo busca la situación catastral sino que va a marcar las potencialidades de cada comunidad”.
“Este proyecto de ley, termina generando un fondo especial para atender todo este trabajo de 30 millones de pesos, cuyo plazo de ejecución fue fijado en el mismo tiempo que dura la emergencia”.
“Con esto-explicó- de alguna manera las dos senadoras que postularon este proyecto lo que han querido es consolidar una política de tierras para los pueblos originarios del país y con esto entendemos que se va a poder consolidar el trabajo que venimos realizando desde la presidencia del INAI”.
Respecto a la situación particular de las comunidades aborígenes de Jujuy dijo que la misma es buena, “ya que la mayoría de las comunidades aborígenes ocupan tierras cuyo titular registral es el estado provincial. Estas ya están dentro de un programa de regularización que ya tiene varios años y que ha tenido sus altas y bajas, pero que en este momento hay todo una decisión política del gobierno provincial y de las comunidades de darle un final lo mas pronto posible”
“Estas tierras ya están en un 100% mensuradas ,lo que falta es la ultima etapa de la titularización con la aprobación de los expedientes”explicó Rodríguez a la vez que agregó que reconoció que, “hay un grupo menor de comunidades que no están dentro de este programa , pero que nosotros vamos a regularizar a través de este proyecto de ley” concluyó.
www.diariojujuy.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4572
Denunciaron al INAI por instigar a la violencia
Por El Tribuno de Salta -
Friday, Sep. 29, 2006 at 10:44 PM
http://eltribunosalta.com.ar/edicion-salta/salta/20060929_181922.php
Aseguran que al norte llegaron dirigentes de ese organismo nacional para dar apoyo logístico a los intrusos.
La provincia denunció ayer públicamente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de incitar a la violencia a una comunidad aborigen de Tartagal asentada a un costado de la ruta 86, a la altura de Tonono. Todo sucedió el lunes pasado cuando un grupo de aborígenes liderados por el cacique Antonio Cabana irrumpió en una finca privada y acusó a los propietarios de efectuar desmontes.
Durante una conferencia de prensa ofrecida ayer por el Secretario General de Gobernación, Raúl Romero Medina, el funcionario recordó que hace casi un mes la misma gente de Cabana tuvo otra actitud violenta cuando incendió material que habían acopiado en la misma otra propiedad. A partir de ese momento comenzaron las negociaciones entre los propietarios de las fincas adyacentes y las comunidades aborígenes para lograr un acuerdo que les permita contar con una suerte de reserva. Las partes llegaron a un acuerdo y nada hacía presumir que se generaran nuevos incidentes.
Sin embargo, el lunes pasado un grupo que responde al cacique Cabana irrumpió en la finca Caraguatá, propiedad de un ciudadano suizo, ubicada 70 kilómetros al Noreste de Tartagal, impidiendo el trabajo de un par de máquinas.
Según Medina "el mismo martes nos hicimos presentes en el lugar, donde algunos caciques de otras comunidades nos comunicaron que el viernes último vieron al titular del INAI, Jorge Rodríguez, conversando con Cabana y su gente".
El funcionario sostuvo que "nos llamó la atención que los aborígenes intrusos cuenten con camiones a disposición, abundantes provisiones, agua mineral y varios kilos de hojas de coca. Ellos no disponen de dinero en cantidad suficiente para efectuar este tipo de compras, así que está claro que alguien, con muy malas intenciones, los movilizó".
Medina sostuvo que a partir de estas acciones se montó una campaña de prensa a nivel nacional, alertando sobre la posibilidad de que un grupo de aborígenes iba a ser reprimido por la policía salteña. "Hasta la agencia oficial de noticias Télam emitió un cable advirtiendo sobre una dura represión, y en todos los casos tuvimos que salir a aclarar que esto no era cierto", apuntó el funcionario.
Frente a lo expuesto Medina fue terminante en sus expresiones al señalar que "creemos firmemente que hay intencionalidad del INAI de desestabilizar la zona. Creemos que se busca victimizar a algunas comunidades aborígenes para obtener por parte de la Cámara de Diputados de la Nación la aprobación de la ley que frena los desalojos y que ya tiene media sanción del Senado". Y agregó: "Concretamente, estamos denunciando este tipo de acciones que pretenden buscar víctimas en nuestra provincia, sobre todo cuando conocemos a la perfección la zona y desde hace casi dos años trabajamos en buscar una solución para todas las comunidades asentadas sobre la ruta 86".
Qué es el INAI
El INAI es la institución del Estado Nacional que tiene la responsabilidad de crear canales interculturales para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional (Art. 75, Inc. 17). Fue fue creado a partir de la sanción de la Ley 23.302, en septiembre de 1985 como entidad descentralizada y reglamentada por el Decreto 155 en febrero de 1989. Al frente del organismo está el abogado jujeño Jorge Rodríguez.
Según la norma legal, el INAI se constituye como una entidad descentralizada con participación indígena, que depende en forma directa del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner.
Entre sus muchas funciones su tarea consiste en coordinar acciones con los gobiernos provinciales y asesorar a las comunidades mediante el desarrollo de talleres de capacitación a los efectos de facilitar los trámites. También es responsable de arbitrar todos los mecanismos disponibles para cumplir con el imperativo constitucional de "reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan" y regular, además la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
Una zona alejada
La comunidad que protagonizó el conflicto reside a unos 30 kilómetros al Este de Tartagal, sobre la ruta 86, en el paraje denominado Tonono. Sobre esa vía de comunicación hay asentadas una docena de comunidades, en su mayoría de la etnia wichí, varias de las cuales vieron solucionado su problema de acceso a la tierra cuando la provincia les entregó en propiedad el lote fiscal 4, hace dos años, con cerca de 14.000 hectáreas distribuidas.
La disputa planteada ahora es en una finca ubicada al Norte del lote 4, donde la comunidad que dirige el cacique Cabana nunca tuvo injerencia por esta muy alejada. Todas estas tierras están surcadas o quedan cerca del río Caraparí, en el tramo que discurre dentro de la jurisdicción del municipio de Tartagal.
Ayer el secretario de Gobierno de la provincia, Lucas Amado, solicitó a la Dirección de Inmuebles que realice una medición detallada de las tierras en la zona, para lo que se cuenta como antecedente con un croquis precario elaborado por los mismos aborígenes. El funcionario explicó que "en base a esta mensura vamos a trabajar para determinar un predio coherente sobre el que se pueda empezar tratativas con los propietarios para lograr la solución por todos buscada".
Tratativas de la provincia
El diciembre de 2004 se firmó un acta entre las comunidades aborígenes asentadas a un costado de la ruta 86 y el Gobierno provincial por la que se anticipaba la elaboración de un proyecto de ley nacional para expropiar parte de las fincas privadas para que sean entregadas a los aborígenes. También establecía que se comenzarían tratativas con los propietarios para buscar una solución que satisfaga las necesidades de las partes.
El proyecto fue presentado al Congreso de la Nación por la senadora salteña Sonia Escudero a principios de 2005 y fue desestimado a los pocos meses. La Nación adujo que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no contaba con fondos para llevar adelante una expropiación semejante.
Frente a esa situación, la provincia emprendió nuevas tratativas con los propietarios de las fincas. En ese aspecto se avanzó bastante, según se pudo averiguar ayer, dado que hay una suerte de consenso de los privados para que cedan una parte de sus propiedades, las que serían distribuídas a las distintas comunidades.
Pero estas acciones violentas de la comunidad comandada ahora por el cacique Cabana echan por tierras todo lo que se había avanzado hasta hoy, estimaron funcionarios provinciales.
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