Perú: La lucha del pueblo Achual del Corrientes, por Alberto Chirif
Por Servindi - Saturday, Oct. 21, 2006 at 9:25 PM

En las últimas semanas, la presencia de achuales en programas de noticias de la televisión local y en marchas por las calles, ha recordado al centralismo loretano dos cosas: que además de iquiteños, existen indígenas en la región y que muchos de ellos enfrentan problemas graves, a consecuencia de la contaminación del medio ambiente realizado por empresas extractivas, en este caso específico, de petroleras.

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Desde hace cuatro décadas, la cuenca del Corrientes es sistemáticamente explotada por empresas que, si bien se han entregado la posta unas a otras (Petroperú, Oxy y, ahora, Pluspetrol), han tenido como constante la contaminación el medio ambiente y, en especial, de los cuerpos de agua. Las protestas de la población indígena no son recientes. Un comunicado (se encuentra en Internet) de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), titulado “Alerta en el río Corrientes”, expresa protestas hechas por las comunidades el 17 de julio de 1996.

Hace unas semanas, una delegación de FECONACO viajó a Lima, donde se reunió con autoridades de diversas instituciones que tienen la responsabilidad de atender sus reclamos. El ofrecimiento del Estado fue el de formar una comisión de alto nivel para tomar medidas que encaren y resuelvan los problemas. Su compromiso fue enviar funcionarios a Iquitos, el 26 de septiembre, donde FECONACO tiene una oficina en la sede de la Organización Regional de AIDESEP Iquitos (ORAI), a fin de trazar un plan de acción.

Ese día, apus de diversas comunidades del Corrientes, dirigentes de la federación, de ORAI y de AIDESEP nacional, más instituciones y personas comprometidas con el tema, realizaron una marcha pacífica desde el local central de la UNAP hasta el de ORAI, donde esperaban reunirse con los miembros de la comisión prometida por el gobierno. Sólo algunas instituciones nacionales y regionales mandaron representantes, pero en ningún caso se trató de las cabezas, es decir, de personas con autoridad para tomar decisiones.

Recién el pasado 4 de octubre llegaron de Lima representantes de algunos ministerios. Fueron a la Prefectura y, desde allí, convocaron una reunión. Los dirigentes de FECONACO dijeron que no, que así no era, que luego del primer desplante de presentarse con ocho días de retraso, los funcionarios hacían otro, al citar a una reunión que había sido llamada por la organización, y que ellos esperarían a la delegación oficial en su local. Los funcionarios venidos de Lima se trasladaron entonces al Vicariato, y de allí no se movieron.

Para esa reunión, Pluspetrol trajo de Lima a César Sara Sara, eterno presidente de la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Peruana (CONAP) y embarcó en un avión fletado a representantes de la Federación de Pueblos Indígenas del Bajo Corriente (FEPIBAC). El 11 de septiembre pasado, esta federación publicó un comunicado en el que reconoce la contaminación en la cuenca (ahora nadie puede negarla, puesto que existen informes contundentes al respecto de la Dirección General de Salud –DIGESA-, órgano del Ministerio de Salud), pero la atribuye a empresas anteriores (Oxy, Petroperú y Pracla), aunque reconoce que la actual (Pluspetrol) también debe asumir su responsabilidad en el problema.

Luego declara, que las comunidades han “tomado la decisión de dar al Ministerio de Energía y Minas, a las Empresas que operaron el lote 8 y a la empresas Pluspetrol Norte un plazo de dos años para demostrar avances significativos en la remediación de los daños ambientales “. Sin embargo, el plato fuerte del comunicado es el embate contra instituciones que apoyan las demandas de los achuales agrupados en FECONACO, en especial, Racimos de Ungurahui, Alianza del Clima y WWF, a las que acusa a “incitar a las comunidades a rechazar la inversión privada en el país”.

Dos temas resaltan de este comunicado. Uno es el triste papel asumido por CONAP, que sólo se hace presente en los casos que AIDESEP o alguna de sus federaciones plantea un problema que afecta a sus bases, sea que se trate de la defensa de la educación bilingüe, de territorios ancestrales, del control sobre los recursos o, como en este caso, de la contaminación del medio ambiente por empresas petroleras. Es una especie de voz en negativo de las demandas de AIDESEP y sus bases o, tal vez mejor, un sindicato de trabajadores creado para defender intereses de la patronal.

El otro tema, es el ataque a las instituciones que apoyan a FECONACO, recurso usado, casi gastado, por gobiernos, empresas y ayayeros varios, cuando no se tienen razones para responder a los argumentos de fondo. Pero detrás de este tipo de recursos hay más, y es la expresión de racismo. Si el presidente de la república, los ministros, congresistas, miembros de empresas o de la Iglesia tienen asesores, es una decisión que nadie cuestiona, lo cual está bien, ni siquiera cuando los mandatarios tienen asesores extranjeros, como sucedió, hasta donde recuerdo, con Alejando Toledo y Alan García, en su primer periodo. Si los indígenas los tienen, entonces es manipulación, porque se los considera en tal grado inferiores, que no se concibe que puedan ser capaces de dialogar con foráneos de igual a igual y aprovechar sus consejos libremente. Éstos sólo los pueden manipular. Racismo puro y simple, penado por las leyes peruanas, aunque raramente por los tribunales.

Si más instituciones como las mencionadas apoyaran las demandas de sectores sociales marginados, sin duda ellos estuviesen en mejor posición para hacer valer sus derechos. No es ese tipo de asesoría la que debe preocupar, sino la presencia de funcionarios en el Ministerio de Energía y Minas que hasta hace pocos eran empleados de petroleras. Son los casos del Sr. Carvajal, de la Dirección General de Gestión Social, quien fue, hasta el 28 de julio pasado, alto empleado de Pluspetrol en sus operaciones del lote 88 de Camisea; y del propio viceminisitro del sector, Pedro Gamio, que durante varios años fue asesor legal de Repsol Exploración y de Chevron Overseas Petroleum Perú. Sería una sana medida que el Estado evite contratar personas vinculadas a las empresas que deben monitorear.

Pero el tema central, el núcleo generador del problema, no son las ONG, ni la oposición de las comunidades de FECONACO o de AIDESEP a la inversión extranjera, sino la contaminación y los efectos de ésta sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Para quienes no están al tanto de la manera cómo se explota el petróleo en el Corrientes y otras cuencas de la Amazonía peruana, hay que decirles que éste brota junto con las llamadas aguas de formación, que tienen una temperatura de 80º centígrados, por lo que literalmente cocinan la flora y fauna de los cuerpos de agua (cochas, aguajales, quebradas) donde ésas son arrojadas.

En otros países, la legislación obliga a reinyectar estas aguas; en el Perú, el desprecio del Estado por la salud de sus ciudadanos, permite que se viertan a ríos y quebradas. Pero además de altas temperaturas, las aguas de formación tienen el problema adicional de ser altamente salinas, y contener hidrocarburos, cloruros y metales pesados, como plomo, cadmio, bario, mercurio, arsénico y otros, que se acumulan en el organismo cuando la persona consume agua y alimentos contaminados. Las pruebas hechas por DIGESA arrojan índices preocupantes de acumulación de metales pesados en el organismo de las personas, tanto que ya se han producido daños irreversibles, genéticos, que ellas trasmitirán a su descendencia. No tomar decisiones para controlar y remediar la situación es incurrir en el delito de genocidio.

El principal responsable de esta situación es el Estado, porque es quien debe cautelar la salud de sus ciudadanos, ya que sus deberes primordiales son, “… garantizar la vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación ” (Constitución Política del Perú, Art. 43º). El Estado es la institución que debe representar a los peruanos y velar por su salud. Si, en cambio, representa a empresas, sean nacionales o extranjeras, poco importa, que dañan y matan a sus ciudadanos, no cumple su rol.

En lo que le queda de plazo al actual gobierno regional, es de esperar que pueda actuar de manera auténticamente regionalista y asumir una causa justa, por la que sí será recordado.

Foto: Rune Geertsen - Ibis Dinamarca

www.servindi.org/archivo/2006/1167

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