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Matanza contra Pueblo Pilagá: el juez federal de Formosa falló contra Gendarmería Nacional
Por Corrientes noticias -
Wednesday, Feb. 28, 2007 at 6:08 AM
‘El juez federal de Formosa, doctor Marcos Bruno Quinteros, dictó un fallo de trascendencia nacional e internacional, porque ante las excepciones planteadas por el Estado nacional en el juicio por la matanza perpetrada por Gendarmería Nacional contra el pueblo pilagá en Rincón Bomba no ha hecho lugar a la prescriptibilidad de los crímenes, la ilegitimidad de ese pueblo originario y su competencia en la causa’, dijo el abogado Carlos Díaz.
Ese lamentable hecho ocurrido en la provincia de Formosa salió a la luz tras la investigación del letrado chaqueño. Se trata de una matanza de 1.500 niños, ancianos, mujeres y hombres desarmados del 10 de octubre 1947 mese subsiguientes. En el 2005 Díaz interpuso una acción de resarcimiento patrocinando al doctor Julio Cesar García.
El 28 de diciembre de 2005, en cercanías de la localidad formoseña de Las Lomitas se encontró la primera tumba común de las víctimas, repitiéndose los hallazgos de tres más en los mese de marzo/abril del año 2006 en una zona conocida por paraje La Felicidad, ubicado en cercanías de Pozo del Tigre, también de esa provincia. ‘Hay cientos de cadáveres de las víctimas de aquella matanza’, afirmó.
Acciones penales
Díaz dijo que como consecuencia de esa matanza, el juez federal Quinteros instruyó al fiscal que inicie las acciones penales contra los responsables que aún puedan encontrarse vivos. ‘No hay dudas ya que fue autoría de de la Gendarmería Nacional Argentina la que realizó dicha matanza. Cuando nosotros iniciamos la demanda estábamos en un número aproximado entre 600 y 700 aborígenes. Hoy las investigaciones judiciales nos llevan a afirmaron que superaron las 1.500 víctimas’.
‘Para que se vea cual fue la trascendencia, desde el punto de vista de la tragedia de este pueblo, es que hoy la etnia pilagá no tiene más de 5.000 miembros y están unicamente ubicados en Formosa y que para los estándares de las Naciones Unidas está considerado un pueblo en extinción’, acotó.
Si bien el abogado chaqueño reconoció que el gobierno nacional puede exhibir avances en defensa de los derechos humanos entiende que ‘hay bolsones dentro del mismo estado que van a contrapelo de esta posición, porque no es posible que el Ministerio de Justicia, que también incluye a la Secretaría de Derechos Humanos, que por tratarse de una cuestión indígena hayan sostenido que esos crímenes son prescriptibles’.
El Estado nacional también argumentó que en el juicio ‘no se había acreditado el carácter de herederos de las víctimas, cuando hasta 1953 no estaban registrados por el mismo estado nacional ninguno de los pueblos indígenas que habitan la Argentina. Eso fue lo que nos sorprendió y el hecho que se confirma el criterio que hay derechos humanos blancos y otro para nuestros pueblos originarios’.
‘Lo más trascendentes es decir que los pueblos originarios tienen personería para estar en juicio y para solicitar en nombre y representación de todos ellos cualquier tipo de resarcimiento por una historia lamentable de tragedia que han sufrido’, añadió.
Martes, 27 de febrero del 2007
www.corrientesnoticias.com.ar/interior.php?nid=66946
Un juez formoseño impulsa la causa por la masacre de 1.500 aborígenes
Por La Capital / Rosario -
Saturday, Mar. 17, 2007 at 4:53 PM
El juez federal de Formosa, Marcos Bruno Quinteros, rechazó en su totalidad las excepciones interpuestas por el Estado nacional en el juicio por la matanza de más de 1.500 niños, ancianos, mujeres y hombres desarmados de la etnia Pilagá. La denominada masacre de Rincón Bomba, desatada por Gendarmería el 10 de octubre del año 1947, salió a la luz por las investigaciones realizadas por el abogado chaqueño Carlos Alberto Díaz.
El magistrado dio un duro golpe a las aspiraciones del Estado nacional de evitar un juicio sobre los hechos al pronunciarse a favor de la investigación de la matanza de aborígenes en la zona de Las Lomitas.
Los abogados Carlos Alberto Díaz y Julio César García calificaron de inédito e histórico el fallo en el país y Latinoamérica. Los letrados indicaron que Quintero "echó por tierra los argumentos del Estado nacional y de esta forma permite la continuidad de la investigación. Sin lugar a dudas sienta un precedente importante para este tipo de casos porque se demanda un resarcimiento económico al Estado por un genocidio ocurrido décadas atrás".
El pronunciamiento judicial "no ha hecho lugar a la prescriptibilidad de los crímenes, la ilegitimidad de ese pueblo originario y su competencia en la causa", indicó Díaz.
A partir de la determinación de la Justicia federal la fiscalía tendrá que abocarse a la investigación penal de los hechos. Las excavaciones de fosas comunes tendrán que continuar dentro del proceso ordinario de la investigación y no dentro de una prueba anticipada, como lo solicitaron en su momento los abogados.
El letrado Díaz había interpuesto en 2005 una acción de resarcimiento, en nombre del pueblo Pilagá, patrocinando al abogado García. El 28 de diciembre de ese año, en cercanías de la localidad formoseña de Las Lomitas se encontró la primera tumba común de las víctimas, repitiéndose los hallazgos de tres más entre marzo y abril de 2006, en una zona conocida como Paraje La Felicidad, en cercanías de la localidad de Pozo del Tigre.
Al contestar la demanda a principios de 2006, el Estado nacional no negó el hecho, pero sí interpuso las tres excepciones procesales: "Prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad (pese a que la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio del año anterior había declarado la imprescriptibilidad de los mismos), falta de legitimación activa del pueblo Pilagá para estar en juicio e incompetencia del juez federal de Formosa para atender en la causa".
Jueves 1 de marzo de 2007
www.lacapital.com.ar/2007/03/01/general/noticia_369841.shtml