Colonia Dolores pide por el regreso de la niña Violeta
Por El Litoral.com - Sunday, Mar. 04, 2007 at 11:27 PM

Se trata de una nena de 8 años, que tras ser abusada, fue apartada de la comunidad aborigen a la cual pertenece. Hubo funcionarios provinciales que cuestionaron el accionar de la jueza que dictó la medida por considerarla abusiva.

De la Redacción de El Litoral

Violeta tiene 8 años, y una infancia al borde de frustrarse, no sólo por haber sido víctima de un delito aberrante como lo es el abuso sexual, sino que a partir de allí, pasó a ser el centro de una disputa entre la Justicia de Menores y la comunidad mocoví de Colonia Dolores, que la reclama.

La nena fue violada el 3 de noviembre de 2006, por un vecino, luego detenido por la policía. Estuvo tres días internada en el hospital de Gobernador Crespo, y una vez dada de alta quedó en manos de Dora Salteño, presidenta comunal de Colonia Dolores, localidad de 600 personas, ubicada 160 kilómetros al norte de la capital santafesina, al este de la ruta nacional Nº 11.>

Pero a los pocos días fue trasladada por orden judicial a la Casa de la Niña, en Santa Fe. Como no se adaptaba a las condiciones de vida de la institución, el 8 de noviembre un abogado hizo un pedido formal para que la guarda quedara a cargo de la señora Salteño.>

La jueza de Menores Nº 1, Susana Giordano de Bilich, accedió a ese pedido, bajo la condición de que mientras tanto colaboraran con la búsqueda de una familia sustituta.>

Los 25 días de plazo se vencieron, pasó la feria judicial de enero, y finalmente el 2 de febrero la jueza citó a la mujer que estaba a cargo del cuidado de la nena y sin demasiados preámbulos, se la entregó a una familia del barrio Recoleta de Buenos Aires.>

Pero la niña tampoco logró adaptarse a la nueva vida de ciudad y fue devuelta al juzgado de calle 9 de Julio 1832. Desde entonces, los allegados a la menor desconocen dónde se encuentra, y la Justicia habría negado esa información a dos organismos oficiales.>
De paseo...

"Es una situación injusta con una chica que tras ser violada se la separó de la comunidad", dijo el defensor del pueblo, Carlos Bermúdez, que el jueves recibió a representantes de Colonia Dolores. Además "es una situación absolutamente impensada que viola todos los derechos de los chicos".

Dorita, la autoridad política doloreña, se involucró de tal manera con la nena que debió contener las lágrimas cada vez que se refería a ella. Dijo que la jueza decidió quitársela "porque la comunidad no ofrecía las garantías suficientes", y relató el incómodo momento que vivió en Tribunales:>

"Cuando vinimos al juzgado estaba la familia que la iba a llevar ese día. Le regalaron anillitos, un reloj y una vincha, y le preguntaron si quería ir a pasear. Ella dijo que sí, pero cuando se dio cuenta que tenía que irse empezó a llorar y a patalear", detalló.>

El reproche que las autoridades hacen a la Justicia tiene que ver con la falta de consideración para con la comunidad aborigen a la que pertenece la niña.>
Diferencias culturales

Desde la Dirección provincial de Asuntos Indígenas, "la posición es muy clara y abierta: hay que respetar la cultura indígena y todo sus derechos", destacó Oscar Fernández.

Además de regir la Ley de Infancia Nº 26.061 existen la Ley Nacional Nº 23.302 y la provincial Nº 11.078, ambas de protección a las comunidades indígenas.>

Lo que diferencia a Violeta de otros niños en la misma situación, es su pertenencia a "una cultura distinta y una lengua diferente" (la mocoví). En este caso "no se respeta el derecho comunitario, que para el aborigen pasa por la tierra y la cosmovisión de la naturales".>

El funcionario dijo "respetar la autonomía de la Justicia", aunque consideró que tendría que haberse "contemplado la posición de la niña y la comunidad, y no responsabilizarlos a todos".>

Desde esa dirección evaluan "presentar un recurso para que no se siga avanzando". Una medida similar sería implementada el próximo jueves, por el senador por el departamento San Justo, Ricardo Olivera, en caso de sesionar las cámaras.>

"Intentamos por todos los medios que esto se pueda resolver de otra manera, pero ante esta situación, vamos a evaluar algún tipo de presentación", declaró Olivera.>
Pérdida de referencias

La doctora Laura Manzi, psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo, expresó su preocupación por la salud mental de la nena, "porque más allá del daño que sufrió cuando fue atacada sexualmente, tenemos la plena conciencia de que continúa sufriendo".

La afirmación se basa en "la pérdida de las referencias que permiten organizar psíquicamente la forma en que ella miraba el mundo, que era a través de la familia y el pueblo".

El cambio de ámbito al que fue sometida la nena "puede dañarla gravemente" aseguró Manzi. "Los niños son castigados cuando debieran ser cuidados, protegidos y reconfortados; y probablemente aquí haya habido prejuicios" sobre la comunidad y su situación de pobreza material.

En ese sentido, el cura párroco de Colonia Dolores, Adalberto Lovato reconoció que si bien la chica no puede volver a su casa porque su madre y abuela son discapacitadas mentales, antes de que ocurriera el ataque "la nena iba a la escuela, estaba atendida, no estaba desnutrida, y la familia no se consideraba en riesgo".
Conceptos desacertados

La defensora del pueblo adjunta, Liliana Loyola, recordó que hubo un acercamiento con la jueza Susana Giordano de Bilich, a quien "le dijimos que había una población que estaba respaldando, que se estaban dando todas las condiciones para regresarla. Y ella nos contestó que la comunidad se podría haber preocupado antes de lo que pasó".

En ese encuentro, del que participó José Sampoz, responsable del Centro de Asistencia a la Víctima, la jueza habría dicho que "estos hechos no pueden ocurrir, la comunidad tiene la culpa, y en consecuencia (la nena) nunca más va a volver".

"Efectivamente tuvo algunos conceptos sobre las comunidades aborígenes", recordó Loyola. Por ejemplo, "la comparó con comunidades (aborígenes) del primer mundo, como Estados Unidos, donde tienen otros valores, hasta hizo mención a que allá las comunidades aborígenes se manejaban en 4x4", resultando una apreciación poco acertada de parte de la funcionaria.

El cura Adalberto Lovato también se quejó del trato dispensado por la jueza, puesto que tras un pedido de paradero por escrito y no contestado, "el lunes la llamé por teléfono y aparte de tratarme de muy mala manera, muy grosera, no me dio ninguna respuesta y me dijo que me ocupe de la cuestión espiritual y de contener a la familia".

www.litoral.com.ar/index.php/diarios/2007/03/04/regionales/REGI-02.html

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