Comunidades indígenas piden que el gobierno entregue tierras y respete sus ancestros
Por Iruya.com / Salta - Thursday, Apr. 26, 2007 at 10:24 PM

La comunidad colla de los valles del Tinkunaku, de la ciudad de Orán, reiteró su reclamo para que el gobierno concrete la entrega de títulos de propiedad de las tierras comunitarias y el gobierno prometió atender alguna de sus demandas. Como siempre, en vísperas de elecciones, los gobiernos se muestran dispuestos a conceder en temas largamente bloqueados. “El gobierno tiene frenado esos decretos. Por una decisión política no quiere firmarlos, con lo cual está trabando la entrega de las tierras a nuestras comunidades”, explicó David Sarapura, dirigente de una de ellas.

Las demoras en resolver los reclamos de estas comunidades es atribuida, por la senadora nacional Sonia Margarita Escudero (Partido Justicialista) a las divisiones entre los mismos. El gobierno de Salta rechaza la intervención de pastores anglicanos y de otras iglesias que realizan tareas misionales en esas comunidades. En esta cuestión, al igual que en el tema de derechos humanos y otros, el gobierno de Salta tiene una actitud doble, la de una retórica con la que aparenta respetarlos y la de hechos que no se compadecen con sus palabras.

Expulsados de sus tierras

Los pobladores de Iruya, Nazareno y Santa Victoria Oeste insisten en el mismo reclamo. “En esas tierras los terratenientes desalojaron a nuestras comunidades. La expulsión de nuestras tierras no terminó hace doscientos años: ahora continúa”. Mientras se desarrollaban las reuniones con funcionarios provinciales, grupos de pobladores de la comunidad colla permanecieron en el acceso a la sede del gobierno, en el barrio Grand Bourg. Los manifestantes izaron la “wilpala”, la bandera de siete colores que los identifica.

Según Sarapura, la Dirección de Pueblos Originarios y de Recursos Naturales, de la Secretaria del Medio Ambiente de la Nación, que tiene a su cargo la atención los problemas de los pueblos originarios y la protección de sus derechos, se opone al avance de los desmontes indiscriminados en tierras habitadas por pueblos originarios. Los desmontes se intensificaron en los últimos cinco años, con aprobación del gobierno de Salta, y están adquiriendo más intensidad desde el proyecto de ley destinado a la protección de los bosques nativos.

Política de tierra arrasada

Según el gobierno local, frenar los desmontes es frenar el progreso y mantener la pobreza. Para el gobierno toda protección ambiental, aunque sea moderada, es presentada como “terrorismo ecológico” y cualquier intento de ordenamiento del sector y de la definición de estándares mínimos, aparece como una inaceptable intromisión del centralismo de Buenos Aires en un tema que sólo atañe a la provincia. Para los pobladores nativos y los grupos ambientalistas, lo que en esta materia se está haciendo en Salta no tiene precedentes y, en el mediano y largo plazo, se advertirá un impacto ambiental con efectos negativos.

En Salta no se respetan los críticos mínimos de preservación, aunque el gobierno de la provincia dice que aquí hay “una excelente” ley de protección ambiental. La realidad indica que las intervenciones del gobierno de Salta están orientadas a la destrucción de esas reservas antes que a su protección. “Nos movilizamos también en repudio a esos desmontes”, dijo Sarapura.

Muertos expuestos como ‘souvenirs’

Sarapura criticó que la Secretaria de Turismo de Salta, se aprovecha de los recursos que las comunidades poseen para poder sobrevivir. “Entran empresas nacionales, internacionales y locales a donde están las comunidades y empiezan a vivir de nuestros recursos, de nuestra cultura y también de nuestros ancestros. Pasamos por el llamado Museo de Alta Montaña y vemos que se anuncia que colocarán a nuestros antepasados para ser expuestos una vidriera. El gobierno lucra con eso. Tendrían que tener respeto, porque ni a Romero, ni a Wayar le gustaría que desenterraran a sus abuelos y los expusieran como objetos raros”.

Representantes de distintas comunidades aborígenes, entre ellas wichi y guaraní, se concentraron frente al Museo de Alta Montaña de esta Ciudad para protestar por la utilización de los llamados Niños del Llullaillaco, depositados allí y cuya exhibición viene anunciando el gobierno desde hace más de cinco años. “A nadie le gusta que desentierren a un ser querido y que después sea exhibido para que se cobren entradas para verlos. Nos robaron esos cuerpos. Deben devolver los cuerpos al sitio de donde fueron arrancados”, pidió Edmundo Apaza, de la comunidad aborigen de Iruya.

Al respecto, el representante de una comunidad aborigen de Iruya Edmundo Apaza, aseguró que la protesta por sus tierras ancestrales es de muchos años. “Nosotros queremos que nos legalicen los títulos de las tierras de Nazareno, Iruya y de Santa Victoria Oeste”, lugares en donde aparecieron terratenientes y desalojaron a las comunidades, enfatizó.

El gobierno dice que hubo acuerdo

Después de dos días de reuniones entre el gobierno representantes de las comunidades collas de Iruya, Nazareno, Santa Victoria Oeste, Los Andes y Orán se ratificó el compromiso de mantener abiertas las vías de diálogo y continuar con el trabajo conjunto. Los acuerdos están contenidos en un acta firmada por esos representantes y el gobierno.
”Los temas vinculados a las tierras fueron totalmente resueltos”, afirmó el secretario General de la Gobernación, Raúl Medina. Siguen pendientes de solución los temas relacionados con mensura, expropiaciones, provisión de agua potable, convenio minero, participación en turismo y regularización de personerías jurídicas indígenas.

Según la información oficial el acuerdo incluye los siguientes temas: Respecto de la Comunidad de Tinkunaku, la adjudicación se hará a Título Único a favor de la Comunidad Indígena del Pueblo Colla Tinkunaku de los Ayllus de los Naranjos, Río Blanquito de Santa Cruz, Angosto de Paraní y San Andrés.

En cuanto a la comunidad de Mecoyita, hoy jueves se reunirá el equipo técnico del Proyecto Kay Pacha con profesionales del gobierno provincial a fin de avanzar en la mensura. Respecto a la comunidad de Rodio de Valle Delgado, la Provincia hará entrega del título comunitario en los próximos treinta días, estableciéndose como fecha a consultar con la comunidad el día 18 de mayo.

No a una hostería

Sobre la comunidad de Rodeo Colorado, se informó que la Fiscalía de Estado inició juicio de expropiación. Hoy jueves 26, el gobierno informará sobre la marcha del juicio. Respecto del Convenio Marco Minero, se procurará la instrumentación de un nuevo Convenio incorporando aportes del pueblo colla, en el plazo máximo de sesenta días.

En relación a la participación de las comunidades en el tema turismo, el gobierno se comprometió a no se construir la Hostería de Santa Victoria Oeste. Se continuará trabajando a fin de definir lineamientos comunes para los convenios a realizarse entre la Secretaría de Turismo de la Provincia, municipios y comunidades. Respecto de la regularización de la situación de la personería jurídica de asociaciones indígenas, las comunidades ratificaron su apoyo a la propuesta del Instituto Nacional Indígena aunque el secretario de Gobierno aseguró que nunca recibieron esta propuesta.

Normalización de un Instituto

Sobre el proceso de normalización del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), se realizará a corto plazo, comenzando ya la consulta con los nueve pueblos indígenas de la provincia. El Instituto fue intervenido por razones políticas hace cuatro años. Los representantes de las comunidades reclaman un nuevo sistema de representación relacionado con la cantidad de miembros de cada pueblo. La propuesta se analizará dentro de un proyecto de reforma de ley regulatoria.

En cuanto al reclamo por agua de la comunidad de los Andes, hoy jueves continuará el estudio del tema con presencia de representantes del Ente Regulador de Servicios Públicos a fin de encontrar una solución al problema.

Respecto a las demandas de las comunidades de Río Blanco Banda Norte y Banda Sur, se acordó trabajar en conjunto para lograr regularizar los títulos de tierras habitadas por las mismas. Respecto de las comunidades Tastil de la Quebrada del Toro y de San Antonio de los Cobres, se acordó una visita a las mismas en fecha próxima.

“El Gobierno de Salta viene cumpliendo en todos los sentidos con un acta firmada ya el ante año pasado. Creemos que esto es algo muy importante, para luego poder acordar con las comunidades la forma de trabajo con cada una de las comunidades en el terreno mismos. Los temas relacionados con las tierras fueron totalmente resueltos. En los casos que se encuentren en procesos judiciales, vamos a continuar con los mismos con la garantía total de que van a ser las comunidades las titulares de esas tierras”, anticipó Medina.

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