“Los militares se me vinieron encima”
Por Artemisa Noticias - Wednesday, May. 16, 2007 at 11:43 PM

Por A.W | 11.5.2007

En febrero pasado, Ernestina Ascencio Rosario (73) fue presuntamente violada y asesinada por militares en un paraje de la sierra de Zongolica, al este de México. El caso conmociona a la opinión pública mexicana y a la comunidad internacional por constituir un claro ejemplo de la violencia institucional, de género y de raza que viven algunas comunidades de ese país. Indígenas piden la intervención de la CIDH ante la falta de garantías de los organismos federales.

La familia de Ernestina Ascencio Rosario denunció en febrero que la anciana fue víctima de una violación tumultuaria y murió a raíz de los abusos. Responsabilizaron además a solados del 63 batallón de infantería de la zona militar de Lencero, estado de Veracruz. Pero luego de casi dos meses de contradicciones en las investigaciones, la Procuraduría de ese distrito dictaminó que la mujer nahua falleció por causas naturales. El procurador de Justicia veracrucense, Emeterio López Márquez, declaró asimismo que las investigaciones concluyeron y que no hay crimen que perseguir.

La resolución fue rechazada por cuarenta comunidades de Soledad Atzompa y 15 organizaciones indígenas de Zongolica a raíz de los contrasentidos en que cayeron las autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CIDH), quienes inicialmente aseguraron que había un delito que perseguir –el Ministerio Público Militar también reconoció en un primer momento la existencia de una violación– y posteriormente argumentaron que la anciana murió a causa de una enfermedad.

El 26 y 27 de este mes se realizará una asamblea nacional donde demandarán la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la aplicación de justicia. En ese sentido se esperaba que Francisco, Marta, Juana y Carmen, descendientes de Ascencio Rosario, apelaran el dictamen dentro del plazo de 15 días que marca la Ley, sin embargo el gobierno mexicano informó que hijos e hijas aceptaron la sentencia de muerte natural.

Actualmente no se conoce el paradero de los hermanos nahua. Únicamente se sabe que están custodiados por policías y patrullas del Instituto de la Policía Auxiliar de Veracruz. Según vecinos de Tetlacinga, fueron trasladados a Ciudad de México, donde las autoridades estatales les entregaron nuevas viviendas y unos seis millones de pesos.

En ese orden, las diputadas federales del PRD, Marcela Contreras, Alliert Bautista y Valentina Batres manifestaron que “nos parece delicado que en estos días en que la familia podría estar decidiendo sobre la impugnación del procedimiento de las investigaciones de la presunta violación de la indígena, nadie pueda acercase a sus hijos, nadie sepa dónde están, y además, se haya tendido un cerco de protección”.

Por su parte, el director de Obras Públicas de Soledad Atzompa y socio fundador de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, Julio Atenco Vidal dijo que “las presiones y coacciones que tanto el gobierno federal como el estatal cometieron con las y los hijos de la señora Ernestina Ascencio, propició que aceptaran de supuesta conformidad el dictamen de la PGJE, que ratifica las palabras de Felipe Calderón y José Luis Soberanes y exculpa a los elementos del Ejército de toda responsabilidad”.

El titular del Ejecutivo mexicano fue el primero en declarar, el 4 de marzo, que la muerte de la anciana había sido provocada por una gastritis crónica no atendida y que no se encontraron rastros de violencia sexual. Lo hizo casi un mes después de que la indígena fuera hallada moribunda por sus hijos e hijas, a quines en lengua náhuatl les dijo: “los militares se me vinieron encima”.

El 29 de marzo el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes también aseguraba que la indígena había fallecido “a causa de una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas”. Ese organismo sostuvo incluso que “simplemente Ernestina dijo los soldados se acercaron a mí, en ningún momento se hizo referencia a una violación”, en base al análisis que realizó una especialista en náhuatl sobre los testimonios de los familiares de la víctima.

El 19 de abril el titular de la CNDH anunciaba además que demandaría a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz por las incoherencias de la primera necropsia realizada al cuerpo de Ascencio Rosario, donde tres peritos del PGJE hallaron lesiones genitales, perforación anal y líquido seminal en abundancia, además de fractura y luxación de vértebras cervicales, y confirmaron la violación. Estos resultados fueron desmentidos muchas veces.

El lunes 7 de mayo el procurador de Justicia, López Márquez, señaló en ese sentido que están evaluando abrir un proceso contra los tres peritos.

El absurdo

Durante la primera semana de marzo la CNDH solicitó la exhumación del cuerpo de la indígena para realizar una segunda necropsia y contrarrestar las actuaciones que desvirtuaron lo sucedido en el paraje donde la indígena nahua pastoreaba sus ovejas. La visitadora de esa institución, Susana Thalía Pedrosa de la Llave, explicó más tarde que las lesiones señaladas en la primera necropsia corresponden “a cortes hechos con bisturí sobre el cuerpo para diferentes análisis”. Según la funcionaria, las laminillas con los resultados histopatológicos de los órganos demuestran que no hubo violación.

Por su parte, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez –médico con maestría en atención integral de salud social y con 16 años de atención a víctimas de tortura y violaciones a los derechos humanos–, al analizar el examen médico y las dos necropsias mencionadas, reconoció que hubo omisiones en la descripción de las lesiones y en el análisis de afecciones, integridad corporal, alteraciones orgánicas y funcionales, y causas de la muerte. “Existe la posibilidad de señalar esas insuficiencias en base al protocolo de la ONU respecto de la investigación forense de muertes que pueden haberse producido por violación a los derechos humanos”, añadió.

Sin embargo Ramírez aseveró que “la edad y la salud sólo son factores que predisponen a fragilidad en la persona, pero no son causa directa de muerte. Esta mujer no murió por una enfermedad crónica de evolución natural, sino como consecuencia de los hechos denunciados”. Agregó que “el cuerpo presentaba equimosis en la cabeza, espalda, muslos y en ambos brazos. Estas lesiones son compatibles y congruentes por su distribución y localización con actos traumáticos atribuidos a la participación de varios sujetos que la mantuvieron en posición de decúbito dorsal, es decir, acostada boca arriba y con los muslos abiertos”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es otra de las instituciones cuestionadas por enrarecer el caso. El 6 de marzo distribuyó en Veracruz un comunicado donde deslindaba al personal militar de los hechos: “delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta Dependencia del Ejecutivo Federal para que se abandone el área y con ello continuar con sus actividades”. Horas después exigía la devolución de ese texto. Por otra parte, en sus boletines del 6, 7 y 8 de abril la Sedena aseguraba que se analizaría “líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa” y compararía con las pruebas de los soldados bajo sospecha. Pero luego declaró que no tenían el semen y que habían previsto realizar el análisis comparativo con el líquido que entregaría la Procuraduría de Veracruz, quién habría perdido esta prueba.

La opresión del Ejército

El caso de la indígena de 73 años no es un hecho excepcional ni aislado. Lamentablemente este tipo de violación a los derechos humanos es muy frecuente en las regiones más apartadas de México, donde se asientan campamentos militares para controlar los grupos insurrectos o de guerrillas.

Maylei Blackwell, una reconocida profesora de Estudios Chicanos y de Género en la Universidad de California y miembro de una tribu estadounidense declaró hace poco que en ese país, “los soldados continúan usando a las mujeres de las comunidades indígenas como instrumento de guerra y gozan de impunidad para violarlas y asesinarlas”.

Los pueblos originarios de México soportan avasallamientos desde tiempo de la colonia. Primero los opresores fueron los dueños de las tierras, más tarde, los transportistas. A partir de 1980 las comunidades oprimidas comenzaron a organizarse, en espacial para defenderse de los taladores de madera que se instalaban en Soledad Atzompa y Tequila.

En ese periodo surge la TINAM –Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme o Unión de Todos los Pueblos Pobres–, institución cobijada por sacerdotes jesuitas y por Gloria y Norma Arenas Agis, tataranietas del general Ignacio de la Llave. Estas hermanas vivían en Orizaba, en al zona donde salían los camiones transportistas, por eso comenzaron a ayudar a los indígenas que pasaban frío a la madrugada esperando la salida de los primeros vehículos. Un día, a través de la TINAM, se opusieron al aumento del pasaje y fueron perseguidas y apresadas. En la actualidad, una se encuentra encarcelada y otra fugitiva por formar parte de los grupos guerrilleros EPR y ERPI.

Casi 10 años después del accionar de las hermanas Arenas Agis, surge el movimiento armado del EZLN. Fue entonces cuando las regiones de Córdoba, Zongolica y Orizaba se llenaron de oficiales del Ejército.

El 18 de julio de 2002, Carlos Mazhua Campos, regidor del ayuntamiento de Zongolica y líder de la Organización Indígena Náhuatl denunció que soldados abusaron de 47 mujeres indígenas en la supuesta persecución de células guerrilleras y ubicación de sembradíos de drogas. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez documentó en la misma zona unos 50 casos, pero el gobierno de Veracruz no hizo nada.

El 9 de julio de 2004, el indígena Evaristo Xanahual Xicahual reveló que cuando el Ejército le decomisó madera, los militares se metieron a su casa, en la comunidad de Atlahuilco, donde se encontraban sus hijas y su mujer. Contó también que en esa región existían decenas de mujeres violadas, pero no realizaban denuncian por las amenazas y porque las autoridades no las apoyaban. En octubre de ese mismo año, la ministra Pública Itinerante, Bárbara Rojas Morteo, informó que tenía registradas 14 denuncias por violaciones en la sierra de Zongolica, pero una vez más nadie accionó.

Existen señalamientos por violencia sexual de militares sobre indígenas en Chiapas, Veracruz, Guerrero y Coahuila. En este último municipio 20 soldados violaron a 13 prostitutas el 11 de julio de 2006. No se hizo justicia porque las mujeres fueron amenazadas y retiraron las denuncias.

Las atrocidades que suelen sufrir mujeres y niñas los días francos de los soldados acampados en un lugar próximo a las viviendas fueron referidas a diferentes autoridades, entre ellas a Luis Álvarez, titular de la oficina de Atención de los Pueblos Indígenas. También le fueron entregados testimonios recogidos por el Centro Fray Bartolomé de las Casas, donde los indígenas revelan que militares embarazaron a sus hijas o esposas.

Con todo gobernadores, alcaldes, diputados locales y líderes agrarios niegan las violaciones, inclusive las que fueron denunciadas formalmente en 2002, 2004 y 2006.

Cuado se reglamentó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI) en 2006, unos 742 soldados asentados en las zonas militares de Minatitlán, Xalapa y Tuxpam fueron procesados y sentenciados por deserciones, desobediencia y abuso de autoridad, pero no se castigó a ningún militar por violación.

El lunes 7 de este mes, la tragedia conmocionó nuevamente a la comunidad nahua, porque hallaron un nuevo cadáver, el de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años, empleada de la caja Solidaridad del municipio de Zongolica. Lugareños la encontraron en un camino de terracería, próximo al municipio de Mixtla de Altamirano. El cuerpo de la mujer que estaba desaparecida desde el miércoles 2, presenta rastros de violación y estrangulamiento. Las autoridades del Ministerio Público de Zongolica y el subprocurador de Justicia en la zona centro, Miguel Mina Rodríguez, aún no se refirieron públicamente a este nuevo asesinato en la zona serrana.

Artemisa Noticias/CIMAC

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