Derechos -Organizaciones Indigenas -Pueblos y Comunidades
Por sirvindi - Sunday, Jun. 10, 2007 at 10:03 PM

Se presentó memoria de la misión de verificación sobre la realidad indígena en Colombia Misión internacional recomienda a Gobierno colombiano no dilatar cumplimiento de acuerdos con indígenas respecto a titulación de tierras y territorios

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Colombia:
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Derechos -Organizaciones Indigenas -Pueblos y Comunidades
Colombia: Se presentó memoria de la misión de verificación sobre la realidad indígena en Colombia
Misión internacional recomienda a Gobierno colombiano no dilatar cumplimiento de acuerdos con indígenas respecto a titulación de tierras y territorios.
Uno de los atractivos de las actividades paralelas que se realizan cada mayo en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, en Nueva York, son las presentaciones de libros, memorias e informes, que ofrecen nuevos enfoques y experiencias sobre la realidad indígena en el planeta.

En este marco se presentó el libro Ustedes Misión, son fuego, agua, viento y plantas, que reúne las memorias de la Misión Internacional de Verificación a la Situación Humanitaria y de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, tras su visita a este país en el mes de septiembre de 2006.

Ante la agudización de la crisis humanitaria que viven las comunidades indígenas en Colombia (1), las organizaciones indígenas agrupadas en el Consejo Nacional Indígena de Paz (CONIP), convocaron a una Misión Internacional de carácter independiente para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, durante la visita oficial realizada a Colombia en el 2004.

La Misión tuvo como propósito verificar la situación actual de los PPII, si se cumplían o no las recomendaciones y producir un informe para que la comunidad internacional inste al gobierno colombiano a cumplir los acuerdos y compromisos internacionales y de orden nacional, en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

La Misión estuvo conformada por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá, con observadores de las agencias de las Naciones Unidas, la embajada de Suiza, la embajada de Alemania, la delegación de la Comisión Europea y la MAPP-OEA.

Visitó cinco regiones: la Sierra Nevada de Santa Marta, el Alto Sinú en Córdova, el departamento de Arauca, el departamento del Cauca y el departamento del Guaviare. En cada región se entrevistó con comunidades indígenas y sus organizaciones, autoridades locales y departamentales, cívicas, militares, con organismos de control del Estado y recibió testimonios de víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Constataciones:

Entre los hechos más notorios de violación a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, la Misión comprobó que los hombres, mujeres, niños, niñas y organizaciones indígenas, es decir, los pueblos indígenas, están siendo víctimas de asesinatos políticos, detenciones masivas y arbitrarias, torturas y tratos crueles, desapariciones forzadas, allanamientos, señalamientos, judicializaciones y acusaciones infundadas, retenes permanentes y limitaciones a la movilidad.

Se viola el derecho al debido proceso, al respeto a su autonomía, costumbres y territorios. Las medidas implementadas en el marco de la política del actual gobierno, tales como: la red de informantes, los soldados campesinos, los batallones de alta montaña, las brigadas móviles, los escuadrones antidisturbios y los grupos de operaciones especiales, agravan la ya difícil situación que enfrentan los pueblos indígenas y sus territorios.

La fuerza pública, los grupos guerrilleros y los paramilitares, es decir, los actores armados en este conflicto interno, han asesinado a hombres y mujeres indígenas y ocupan zonas humanitarias y sitios de asamblea permanente, designados por las comunidades indígenas como lugares de protección frente a los efectos del conflicto. Ejecutan operaciones militares que no guardan los principios básicos de distinción y proporcionalidad, afectando gravemente a la población indígena.

Otro de los hechos constatados por la Misión Internacional de Verificación, es que el actual proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y las normas creadas para ello, tan auspiciado por el gobierno colombiano como uno de sus principales logros políticos, no garantizan la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los paramilitares contra los pueblos indígenas, que continúan en una situación crítica. Hay varios territorios indígenas en donde los paramilitares no se han desmovilizado y siguen cometiendo crímenes e intimidando a la población.

Además, estos paramilitares desmovilizados han conformado nuevos grupos armados y desarrollan las mismas prácticas negativas de antes como el control social, la infiltración, la información y el hostigamiento en contra de las comunidades, organizaciones y líderes indígenas.

La ejecución de megaproyectos en territorios indígenas sin respetar el procedimiento de consulta previa ni los criterios establecidos en convenios internacionales de la OIT, de la ONU y por los propios mecanismos internos de concertación entre el Estado y las autoridades indígenas, es otra de las graves amenazas que la Misión ha comprobado en Colombia.

Estos proyectos inconsultos incluyen: infraestructura vial, fluvial y marítima, extracción de minerales e hidrocarburos, construcción de represas y grandes proyectos hidroeléctricos, control y explotación de la biodiversidad, y proyectos agroindustriales como los monocultivos de palma aceitera y caucho.

Estos megaproyectos, además de generar graves e irreparables impactos ambientales, rompen el equilibrio natural y espiritual que los pueblos indígenas han mantenido por años, desestructuran el territorio, perjudican la salud y afectan los ciclos productivos, alimenticios y la convivencia de las comunidades indígenas.

En el capítulo V del libro “Ustedes Misión…”, se inserta la Declaración Final de la Misión Internacional de Verificación que contiene un significativo valor por cuanto no es un grupo indígena quien denuncia sino una misión internacional la que da cuenta que en Colombia los pueblos indígenas sufren un sistemático etnocidio auspiciado desde el Estado.

La Declaración Final contiene en su última parte unas conclusiones y recomendaciones que transcribimos a continuación.

Conclusiones:

Por las constataciones anteriormente señaladas, la Misión concluye:

1. Que las recomendaciones presentadas por el Relator no han sido atendidas de manera oportuna y eficaz por las autoridades gubernamentales y estatales.

2. Que, desde la visita del Relator (2004), la situación de los pueblos indígenas de Colombia se ha agravado a tal punto que configura un escenario no sólo de una grave crisis humanitaria, sino de amenaza cierta de extinción ante lo cual, la Misión, hace un llamado urgente a la comunidad internacional y al Estado colombiano a que hagan todo lo necesario para detener este riesgo.

3. Que la sistematicidad de las violaciones de los DDHH y del derecho internacional humanitario y de los crímenes de lesa humanidad a los que han sido sometidos los PPII de Colombia prefiguran un genocidio contra estos pueblos, que ni siquiera las Medidas Cautelares y Provisionales, emanadas por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han podido detener.

Recomendaciones:

1. La Misión recomienda al Relator realizar una pronta visita de seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones, con miras a exigir al Estado colombiano respuestas eficaces ante la gravedad de la situación de estos pueblos.

2. La Misión recomienda a la Unión Europea y al G24 hacer un seguimiento más detallado a la situación de los PPII, en el marco de las cumbres de Londres y Cartagena sobre los DDHH y a la cooperación internacional en Colombia.

3. La Misión recomienda al Gobierno colombiano no dilatar el cumplimiento de acuerdos con las comunidades y organizaciones indígenas respecto de la titulación de tierras y territorios e implementar mecanismos de solución negociada antes que los de la represión policial y las judicializaciones.

4. La Misión recomienda al Gobierno colombiano retirar de los pueblos y lugares de vivienda de los indígenas los cuarteles, trincheras y otras formas de ocupación militar que ponga en inminente riesgo a la población civil indígena.

5. La Misión recomienda al Gobierno colombiano considerar los resguardos indígenas como territorios de paz y diseñar una política integral para proteger a los pueblos en riesgo de extinción (2).

6. La Misión recomienda a los grupos armados ilegales respetar los derechos de los PPII a su territorio, vida, autonomía y todos los principios del derecho internacional humanitario.

7. La Misión recomienda a las organizaciones sociales, nacionales e internacionales y a los pueblos indígenas solicitar una moratoria en la implementación de megaproyectos, en territorios y resguardos indígenas, mientras no se cumplan los mecanismos y acuerdos, tanto internacionales como nacionales, entre ellos, la de la consulta real y efectiva a las comunidades y organizaciones indígenas.

8. La Misión recomienda a la cooperación internacional apoyar a los planes de vida, a las estrategias de gobierno propio y autoprotección de las comunidades indígenas.

9. La Misión extiende su solidaridad a las comunidades afrodescendientes y campesinas que enfrentan condiciones similares a las de los pueblos indígenas.

Notas:

(1) Mientras que de enero a agosto de 2005, los casos de violaciones, infracciones y vulneración de derechos colectivos registrados por el Sistema de Información sobre Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia fueron de 86 mil casos, entre enero y agosto de 2006, éstos se triplicaron a más 300 mil, afectando, especialmente a las mujeres y a niños y niñas indígenas entre cero y diez años de edad (alrededor del 59%).

(2) Los desplazamientos masivos de más de 800 mil personas (según el Censo Nacional de 2006), y de más de dos millones (según Acción Social), bajo la estrategia de combatir a la guerrilla y el narcotráfico a través de la guerra y las fumigaciones, contribuirá a que los pueblos indígenas pierdan su derecho al territorio al cabo de cinco años. Como es sabido, estas medidas son parte del Plan Colombia, asociado, a su vez, al desarrollo del TLC. Para el mes de noviembre de este año se celebrará el Sexto Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia.

www.fondoindigena.org/notiteca_nota.shtml?x=11113

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