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MÉXICO: Comunidad indígena logra suspensión de obras hidroeléctricas
Por Adital -
Friday, Aug. 24, 2007 at 11:33 AM
agencia@adital.com.br
Adital - Tras el amparo presentado por campesinos de comunidad indígena de Bienes Comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, Guerrero, el Juzgado Federal, con sede en Acapulco, ordenó la suspensión provisional de todas las obras del proyecto hidroeléctrico La Parota. La suspensión se otorgó para evitar daños irreparables a los derechos constitucionales al ambiente sano, a la garantía de audiencia y legalidad de los comuneros.
Asimismo, la Juez admitió el amparo en virtud a que la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la concesión de aguas sobre el río Papagayo otorgada por la Comisión Nacional del Agua a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para construir el proyecto hidroeléctrico, podrían violar los derechos antes mencionados.
Los indígenas fueron representados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). Su abogado afirmó que "la suspensión de La Parota es un importante precedente en México, porque antepone la protección del medio ambiente a un proyecto de infraestructura de esta envergadura y permite la protección del interés público".
Agregó que de construirse la presa, se causarían graves e irreparables daños sobre selva baja y mediana caducifolia, impactando cientos de especies de flora y fauna amenazadas y en peligro de extinción. También se afectarían la calidad y cantidad del agua del río Papagayo, aunado a los impactos de las comunidades de la región.
En el amparo se alega la inconstitucionalidad de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley de Aguas Nacionales (Lan), porque en los procedimientos para otorgar las autorizaciones al proyecto, las comunidades afectadas no pudieron participar, violándose sus garantías individuales referentes a que nadie puede ser privado de la vida, la libertad, sus propiedades, posesiones o derechos, sin tener un juicio previo. En este caso esto no ocurrió, pues al emitir las autorizaciones de impacto ambiental y de concesión del río Papagayo, no se notificó a las comunidades a pesar que con estas decisiones se afectan sus tierras y su derecho al agua sobre este río.
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