Persecución policial contra la comunidad Toba
Por Fuente: enREDando.org.ar - Saturday, Nov. 03, 2007 at 9:16 PM

Cosa de todos los días

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Imagen: Comunidad toba de Travesía y Juan José Paso. Fuente: Indymedia Rosario

Prácticas cotidianas discriminatorias se suceden a diario en la comunidad toba de Travesía y Juan José Paso. La semana pasada tres integrantes fueron detenidos por personal policial de la Seccional Sub 24, quien además, intentó allanar domicilios y el Telecentro Comunitario de la Cooperativa Constructora. Dialogamos con Miguel Medina, referente comunitario y Santiago Bereciartúa, de la Consultoría Jurídica del barrio.

La comunidad toba asentada en Travesía y Juan José Paso sufrió, una vez más, el signo de la impotencia y la bronca de soportar, como muchas otras veces, el poder arbitrario de quienes se valen de la violencia institucionalizada para amedrentar y vulnerar los derechos de las comunidades. El día martes 23 de octubre tres integrantes de la comunidad toba – Carlos Medina, Elbio López y Benito Manuel – fueron arrestados por personal policial de la Seccional Sub 24 ubicada en Juan José Paso y la vía, en el marco de una causa judicial en la que se investiga “un ilícito vinculado a conexiones clandestinas de señal de TV por cable”.

Bajo este marco, los uniformados de la Seccional arremetieron contra los derechos de la comunidad. “Esta clase de trabajo que realiza la policía son avasallamientos a los derechos de la comunidad toba y no se reducen solo a esta comunidad, porque este atropello policial pasa en todas las villas de Rosario. Este es un hecho más de esta historia negra que tiene que ver con la comunidad y la Sub Comisaría 24 que fue puesta a propósito ahí en el barrio, por un arreglo que hubo en su momento con Ortolani y comerciantes de la zona de Empalme Graneros”, explica Santiago Bereciartúa, integrante de la Consultoría Jurídica Barrial de la Comunidad Toba que representa a los tres imputados en la causa y brinda asesoramiento jurídico en el barrio desde hace 4 años. “Si tomas el mapa de Rosario y ves la zona asignada a cada Comisaría se ve que la Sub 24 tiene una pequeña zona que esta dentro del barrio toba”, y que fue declarada hace un tiempo como “zona roja” por los comerciantes del barrio. Bajo esta excusa, se instala, desde hace más de 5 años, una Seccional que cumple con la mera función de amedrentrar a los tobas y responder a los reclamos de “mayor seguridad”. “Esto se viene sucediendo hace mucho tiempo y denunciamos en su momento una serie de irregularidades que comete la policía”. Éstas se traducen claramente en “malos tratos, abusos policiales y extorsión”, entre otros atropellos permanentes y silenciosos que día y noche sufren las comunidades tobas en la ciudad de Rosario.

Discriminación y abuso policial, el pan de cada día

El Juez en lo Penal de Instrucción de la 15ª Nominación ordenó una serie de allanamientos en el marco de la causa caratulada “estafas reiteradas y asociación ilícita” y que le permitieron a la policía - aprovechándose de esta medida - cometer las irregularidades que los vecinos/as denunciaron ante la Consultoría. “Hubo órdenes de allanamientos en algunos lugares y lo que hizo la policía fue tomar esas órdenes y después hizo lo que quiso”: “allanamientos sin orden judicial ingresando o intentando ingresar a domicilios de personas que nada tendrían que ver con la causa, entre otros, se intentó allanar sin orden judicial el Centro Comunitario en el que funciona el Telecentro Comunitario de la comunidad”; “amedrantamiento generalizado a integrantes de la comunidad toba amenazándolos/as con la realización de detenciones y más allanamientos”; “la detención de tres integrantes de la comunidad, imputados de estafa y asociación ilícita, a pesar de que gran cantidad de vecinos manifestaron que las personas detenidas no integraban la “empresa proveedora” objeto de la investigación sino que fueron víctimas de la estafa” y extorsión a los familiares de los detenidos a quienes la policía “les solicitaba quinientos pesos por detenido para desvincularlos de la causa”. En los allanamientos legales ordenados por el juez “plantaron objetos que complicarían la situación procesal de algunos de los imputados del barrio toba”, apunta Bereciartúa y que fueron denunciados por la Consultoría.

El abuso policial en el barrio data desde hace años. En el mes de octubre de 2004, la Consultoría Jurídica presentó ante el Concejo Deliberante, un informe elaborado con el asesoramiento de la Sección de Criminología del CEIDH en el cual se denunciaban éstas modalidades sistemáticas de violaciones a los derechos de la comunidad. “La Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal elevó a la Sesión del Concejo, un proyecto que fue aprobado en dicha sesión y que dispuso realizar un “especial seguimiento de las políticas de seguridad que se instrumente en dicha zona y el desarrollo de una estrategia de seguridad comunitaria”. A partir de la intervención del Concejo Deliberante se removió al personal policial que en ese entonces estaba al frente de la Seccional.

Sin embargo, las persecuciones continuaron, el hostigamiento persistió y el abuso policial se fue convirtiendo en moneda corriente para la comunidad toba. Así lo manifiesta el hecho ocurrido la semana pasada, que no es más, que el detonante brusco de lo que ya la Consultoría denunciaba hace tres años atrás.

Cansada de los atropellos, la Comunidad Toba se organizó el día jueves 25 y realizó una protesta frente a las puertas de la seccional y a la cual se hizo presente la Directora Provincial para la zona Sur de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, Dra. Fernanda Llovet quien intermedió ante el juez y las autoridades policiales y “eso colaboró a que hayan liberado a los compañeros”, remata Bereciartúa.

En el comunicado emitido en conjunto por los vecinos del Barrio Toba, la Consultoría Jurídica y el CEIDH se expresa una severa preocupación por las prácticas violatorias y sistemáticas que apuntan a los sectores populares. “Estas prácticas son fomentadas por segmentos de las culturas ocupacionales de la institución y posibilitadas por su estructura organizacional militarizada, por las estrategias de producción de seguridad urbana desarrolladas por la institución y el poder político y por la falta de controles institucionales adecuados y eficaces por parte de los tres poderes provinciales”.

Al respecto, Santiago cuenta a enREDando situaciones similares que demuestran lo dicho. “Los malos tratos de la Sub 24 con la comunidad ya hace años que se conocen y también hay una discriminación importante cuando va un vecino del barrio toba a solicitar algo a la comisaría y cuando van todos los otros vecinos que están alrededor de la comunidad. Hay una diferencia muy clara en cuanto a la denuncia. Muchas veces la gente de la comunidad fue a denunciar hechos para que se inicien investigaciones policiales y les dicen que no esta el sumariante, siempre tienen un porque y no pueden tomarle la denuncia, a diferencia de cualquier comerciante de Empalme Graneros a quien le toman la denuncia y avanza mucho más y se toman estas medidas como las que pasaron la semana pasada.”

Diversas reuniones se realizaron durante toda la semana para delinear medidas y reclamos conjuntos. En ellas, se vio claramente la unidad de la comunidad toba que esta dispuesta a resistir y denunciar el hostigamiento que sufren.

Resistir para vivir

A Miguel Medina, hombre de trabajo quien lleva sobre su pecho el peso de la comunidad, se lo encuentra en la Cooperativa constructora Toba que se asienta en los terrenos de Travesía y Almafuerte. Con un claro gesto del dolor que le significó la persecución vivida días atrás, conversó con enREDando para dar cuenta de los hechos, de las formas y de las realidades invisibilizadas por los medios de comunicación y el Estado en su conjunto. “Siempre hacen lo mismo, sin ninguna orden judicial, acá es un barrio periférico, las casas son precarias, pueden entrar solo empujando, y siempre hacen lo mismo. En el año 2005, cuando la gente necesitaba más terrenos hicieron lo mismo, empezaron hostigar a la gente, a perseguirlo, a tener más bronca. Y acá la gente del barrio reclama sus derechos”, cuenta Miguel, quien defiende a sus hermanos tobas como quien defiende a la vida misma.

“Acá somos trabajadores, somos humildes, más de $5 o $6 por día nunca ganan, la mayoría son albañiles, y acá la comisaría conoce a cada uno de los vecinos, pero el problema es que no se para qué se puso esa comisaría”, se pregunta Medina. “Supuestamente es para el servicio de la comunidad”, responde al mismo tiempo. En los hechos, la Seccional solo brega por las denuncias que apuntan a vigilar y controlar a la comunidad toba. “Siempre tenemos este problema, de hostigamiento. Y a partir de esto, tenemos dificultad para pedir un papel de extravío, de hacer una declaración jurada, no tenemos ningún servicio que necesitamos, cuando hay algún accidente no están llegando y hacen cualquiera”, manifiesta con bronca, pero con un tono de voz tranquilo y sereno, uno de los referentes de los tobas, Miguel Medina.

La lucha ahora es resistir para vivir. “Nosotros estamos haciendo varias reuniones por este y otros temas, asique en cualquier momento vamos a tener una reunión con el Ministerio de Seguridad por esto, porque acá ya no podemos vivir tranquilos, estamos con mucho temor de que te apunten por nada”. Perseguidos y amedrentrados por la policía viven los hermanos tobas en la periferia de Rosario. “Acá intentaron allanar, esta es una institución comunitaria en la cual hay varios trabajos sociales, hay un centro de informática, de capacitación, una escuela nocturna, apoyo escolar, copa de leche, comedor, y todo eso no le importa nada. El problema es que si entran y se llevan las cosas no las recuperamos más”, explica Medina haciendo referencia al intento de allanamiento de la Cooperativa y el Telecentro que brinda talleres y acceso libre a Internet. “Es una institución que tiene matrícula, que es reconocida por otras instituciones, es lo más humilde que tenemos, que cualquiera la puede conocer, todo es al servicio de la comunidad aborigen y no indígena también, porque viene gente que no es de la comunidad a usar las instalaciones”.

El reclamo de la comunidad es que estos hechos no se repitan, y si es posible, sueña Miguel, “que esa comisaría no exista más porque nos están cansando, siempre hay un pero para acusarnos, para presionarnos.” “Queremos tener un futuro mejor en esta ciudad de Rosario, la cual nos dio la posibilidad de seguir sobreviviendo como comunidad. Lamentamos esto por la sociedad de Rosario, quien nos dio mucho amparo, pero tenemos gente que nos reprime eternamente. Nosotros queremos progresar pero si es así, estamos jugando con la vida de la gente. Estamos bajo presión militar, perseguidos.”

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