Chile | Clonación de comunidades: La otra táctica mapuche para obtener tierras
Por La Segunda.cl - Saturday, Jan. 12, 2008 at 3:17 PM

Loncos de la IX Región aseguran que erradas políticas indígenas están llevando a su gente a dividirse para recibir los beneficios que entrega el Estado. Comunidades han crecido 5% en último quinquenio. Sospechas de agricultores con predios en disputa.

Por José Pedro de la Carrera

La muerte del activista mapuche Matías Catrileo mientras intentaba quemar unos fardos de pasto en el fundo Santa Margarita de Vilcún -el mismo que ha sufrido una veintena de ataques en los últimos años- volvió a poner en el primer plano las crecientes demandas indígenas por tierras en el sur de Chile.

Catrileo había congelado sus estudios universitarios para irse a vivir a una comunidad de Vilcún y durante sus funerales fue reconocido por un vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) como un activo militante de esta organización, a la cual habría ingresado hace dos años.

En esa calidad es que "apoyaba" a la comunidad que hostigaba al propietario del fundo Santa Margarita, el agricultor descendiente de suizos Jorge Luchsinger.

La Conadi ha entregado desde el año '94 sobre 73 mil hectáreas de terrenos en conflicto a 212 comunidades (ver recuadro).

Pese a toda esa inversión, y la que aún está pendiente y en trámite, el problema de las tierras está lejos de pacificarse en la Araucanía.

Es más, agricultores y loncos acusan directamente a Conadi de aplicar políticas que sólo abren apetitos, propiciando la división y clonación de las tradicionales comunidades. Cada una de las nuevas organizaciones a su vez puede luego hacer nuevas peticiones de terrenos.

Actualmente la Conadi contabiliza 4.122 comunidades y asociaciones mapuches, lo que implica un 5% de aumento en el último quinquenio.

"Se chacreó el tema"

Según señalan los propios mapuches, la base de la proliferación de comunidades está en la Ley Indígena, que data de 1993, que establece que cualquier grupo de 20 o más individuos mayores de 18 años que provengan de un mismo tronco familiar, reconozcan una jefatura tradicional, posean tierras indígenas en común y provengan de un mismo poblado antiguo, tiene derecho a formar una comunidad con personalidad jurídica y luego puede acceder a nuevos territorios.

María Romero, vocera de la comunidad Pedro Currilem, de la comuna de Lonquimay, califica el problema de las comunidades express como "preocupante".

-De repente alguien no está de acuerdo con algo que se dice en la comunidad. Entonces junta a veinte personas, va a la Conadi, y pide que le den una personalidad jurídica como comunidad. Así de fácil, por eso se chacreó este tema. Y también ocurre que si alguien plantea la reivindicación de un territorio y un hermano no quiere sumarse, entonces la Conadi interviene políticamente y le ofrece beneficios para convencerlo de que se mantenga lejos de la causa.

Según explica, entre las herramientas usadas por la Conadi para "pacificar" grupos que podrían verse tentados por el violentismo están programas de riego o de electrificación rural. También funcionarios de la entidad ofrecen ayuda en el trámite para postular a tierras.

Víctor Marilao, lonco de la comunidad Juan Quintremil, ubicada en la comuna Padre de las Casas, cercana al fundo Santa Margarita donde murió Matías Catrileo, señala que lo que está ocurriendo es "muy grave".

Su comunidad estaba conformada por alrededor de 60 familias, pero hace tres años, 11 de ellas decidieron formar Juan Quintremil 2. "Fueron familias que optaron por algo más pacífico, no querían problemas, no quisieron adherir al movimiento que nosotros llevábamos de reivindicaciones. Entonces, la Conadi los reagrupó y les entregó la personalidad jurídica que nosotros teníamos", explica.

Conversa sentado al interior de una ruca donde su comunidad hace reuniones religiosas. Y con aire meditabundo agrega que por culpa de esa división ahora hay dos comunidades con el mismo nombre. "Y nosotros, que somos la original, no tenemos la personalidad jurídica".

En el predio donde han vivido siempre, cuenta Marilao, anteriormente sólo existían tres grandes comunidades, "pero apareció la Conadi y ahora somos siete".

Aucán Huilcamán, vocero del antiguo Consejo de Todas las Tierras, refrenda el problema: "Se otorgan personerías jurídicas indiscriminadamente a cualquier grupo bajo el principio de comunidad, entendida ésta como individuos organizados, pero no toman en cuenta la unidad lingüística, familiar, institucional y territorial que debe existir".

Recalca, en todo caso, que respeta a quienes están fundando nuevas comunidades: "Están ocupando un medio para una necesidad puntual".

Municipios actúan como ministros de fe

La secretaria municipal de la comunidad Padre de las Casas, Laura González, reconoce que el mismo apellido se repite en varias de las comunidades que pertenecen al municipio. "La ley lo permite, las reconocen como comunidades indígenas (aparte) aunque vengan del mismo tronco familiar. Es la Conadi la que les da la calidad de personas jurídicas".

La función de las municipalidades, explica, es básicamente ir a los terrenos como ministros de fe, ahí se les toman los datos a las comunidades, se comprueba que correspondan y se firma el acta de certificación.

Dentro de la comuna Padre de las Casas existen la comunidad Juan Huentelén 1 y 2, Juan Quintremil 1 y 2, Agustín Huechemontero 1 y 2, Antonio Hueche 1 y 2, y Domingo Painevilo 1 y 2. "Todas tienen personalidad jurídica, menos Juan Quintremil 2", afirma González.



Osvaldo Carvajal: "Quieren el dominio total"

El problema de la clonación de comunidades es observado desde una perspectiva mucho más preocupante por agricultores de la zona de la Araucanía.

Osvaldo Carvajal debió vender su hacienda Lleu Lleu, en la VIII Región, luego de que durante una década fuera objeto de unos 50 atentados, varios incendiarios, con destrucción de la casa patronal, bodegas y maquinarias.

Ante las pérdidas, Carvajal traspasó el predio de 242 hectáreas a un banco, abandonando un proyecto turístico de US$ 35 millones. La Conadi lo compró y lo traspasó a los integrantes de la CAM más radicalizados de la naciente comunidad Pascual Coña Lleu Lleu. Los terrenos quedaron en manos de familiares de comuneros procesados y condenados por incendiarios.

Ese no es el único problema. Porque Carvajal sabe que el 2000 ya se le habían entregado 241 hectáreas del fundo El Durazno a la comunidad Pascual Coña (la original).

La compra de El Durazno y Lleu Lleu costó al fisco más de mil millones de pesos.

Carvajal acusa: "Las dos comunidades tienen relación con Avelino Meñeco, un dirigente de la CAM detenido por más de 40 atentados incendiarios. Y Pascual Coña Lleu Lleu sólo surgió para obtener más tierras y lograr un dominio total de la zona. Es una creación ficticia".

Por si fuera poco, en pocas semanas un grupo de comuneros mapuches presentará una denuncia ante la Fiscalía de la VIII Región en contra de la comunidad Pascual Coña Lleu Lleu, por haberlos expulsado sin entregarles los predios que les correspondían.

Otro agricultor, que prefiere no entregar su nombre, cansado de "hablar sin que nada se logre realmente", señala su preocupación porque "no se ha puesto nunca una fecha o una cantidad límite de hectáreas para considerar como terminada la supuesta deuda histórica con los mapuches. Como existe la disposición del Estado de entregarles subsidios y todo tipo de ayudas, nadie sabe hasta dónde se puede llegar en la demanda de tierras".

Lonco: "Están por interés personal, y eso duele"

Nibaldo Romero dirige el consejo Pehuenche que integran cuatro comunidades ancestrales en Lonquimay. Cuenta que hay mapuches "que han perdido el 90% de su identidad, están por un interés personal y eso me da lata y me duele".

Considera que hay una marcada diferencia entre las comunidades ancestrales y las que se han formado en los últimos años. Antiguamente en su territorio existían tres caciques, los cuales se reemplazaban cuando morían, "pero esta maldita ley que da personalidad jurídica a cualquier grupo de personas rige por dos años y la gente lo tomó como un vicio. Cuando hay que renovar lo legal, cambian de loncos simplemente".

Los mapuches no lo dicen , pero tal vez en este creciente desapego por las antiguas costumbres esté la semilla que da origen al nuevo fenómeno que sacude la Araucanía: el surgimiento de mapuches radicalizados que no se sienten parte de comunidades, sino de grupúsculos que buscan caminos propios de reivindicación.

Otras 60 mil hectáreas demandadas

Según datos oficiales de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), desde 1994 hasta el año pasado el Estado adquirió 212 predios para igual número de comunidades, con un total de 73.045 hectáreas asignadas por concepto del artículo 20 letra b de la Ley 19.253. Esto es, terrenos cuya propiedad ha sido puesta en conflicto por mapuches.

Más de 400 mil hectáreas adicionales fueron entregadas en el mismo lapso por concepto de saneamiento de propiedad indígena, traspaso de predios fiscales y en virtud de subsidios de tierras.

Pese a todo lo ya entregado, según un catastro difundido a mediados del año pasado por el Centro de Estudios Ambientales de la U. de Concepción, por encargo de la Conadi, la demanda histórica de tierras es de 59.857 hectáreas. Eso, si todos los terrenos que se compraran fueran de la mejor calidad. En caso contrario, la superficie requerida se debe multiplicar por 10.

Director de la Conadi: "No propiciamos peticiones de terrenos"

Por Renata Robbio

Wilson Reyes asumió como director de la Conadi en mayo del año pasado, luego de que el anterior titular del organismo renunciara tras sólo cinco meses en el cargo.

Ese antecedente explica por qué, en parte de la conversación, Reyes dice que "no puedo asegurarle que a la gente de la Coordinadora Arauco Malleco no se la ha entregado tierras. Yo respondo por lo que ha pasado de mayo en adelante".

Reyes logró un incremento del 25% en el presupuesto 2008 para comprar tierras en conflicto o por demanda social.

Según datos entregados por sus asesores, el 2006 la Conadi dispuso de $13.100 millones para adquirir ese tipo de terrenos en las regiones VIII, IX y X. El año pasado esa cifra había sido de $17.200 millones y para este año tiene $18.500 millones.

Respecto del surgimiento de nuevas comunidades en el sur que a la vez exigen nuevos terrenos, es enfático para señalar que "el argumento más importante es que su demanda sea histórica; es decir, que haya un título de merced. Y la comunidad que reivindica un título -los cuales están completamente definidos- inicia un largo proceso, de 3 o 4 años, con varias etapas. Acá no hay ningún capricho. La Conadi cuenta con un centro de investigación de títulos que verifica si las comunidades dicen la verdad".

-¿Pueden ser infinitas las reivindicaciones?

-No, los títulos están definidos.

-Hay loncos de la IX Región que han señalado a "La Segunda" que si dentro de una comunidad hay un sector beligerante y otro más pacífico, funcionarios de la Conadi se acercan a esos últimos y les ofrecen tierras y beneficios a cambio de que sigan tranquilos, con lo cual están dividiendo a la gente...

-No sé si hay funcionarios que dicen eso, pero el mandato es distinto. El mandato es fortalecer el tema cultural, la identidad, el tronco familiar...

-Pero los loncos han entregado esa información...

-(Interviene el fiscal nacional de la Conadi, Arturo Huenchullán) Muchas veces hay casos históricos donde no se ha podido resolver los conflictos internos de las comunidades. En esos escenarios límite, donde hay de por medio un compromiso del Gobierno de responder por el tema de tierras, la única solución viable es que las mismas comunidades opten por separarse para resolver el problema de terrenos. Pero la Conadi no incentiva la división de las comunidades.

-Aunque son buenas las intenciones, ¿no cree que con este sistema se está propiciando que pidan más tierras?

-No estamos alentando eso, sino que promovemos la reivindicación de derechos, el reconocimiento de las culturas y ayudamos a que la sociedad chilena reconozca que Chile es multicultural.

-¿Cómo es la relación con las comunidades que protagonizan tomas y atentados?

-En esto voy a ser muy enfático: Nosotros no trabajamos con personas que estén en conflicto. Acá se dialoga, se construye y se fortalece el proceso; no podemos avanzar con grupos que ejerzan presión. No dialogamos con personas en conflicto. Ese es un mandato que tenemos desde siempre y si están en toma, no podemos participar activamente con ellos.



Costumbres ancestrales, como el apego a la tierra donde se nació, se están perdiendo con las nuevas leyes, denuncian loncos de la IX Región.

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