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Chile: ONU destaca discriminación a mapuches luego de informe de DD.HH.
Por Radio Universidad de Chile - Tuesday, May. 12, 2009 at 12:20 PM

por Francisco Mardones

En conversación con el programa Semáforo, el especialista indicó que el informe entregado por La Moneda a la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sólo muestra los avances en la materia, pero ignora los abusos que aún se cometen. Del organismo emanó una respuesta que puso sus ojos sobre la situación del llamado conflicto mapuche, los derechos de las mujeres y la situación carcelaria, entre otros.

La semana pasada el gobierno chileno rindió examen ante las autoridades de la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego del informe entregado por la administración Bachelet sobre la materia, en el que también se dio cuenta sobre el cumplimiento de los tratados firmados y adoptados.

Este informe elaborado por el Estado, del cual su máximo representante ante el organismo de la ONU fue el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, es una especie de rendición de cuentas acerca de cómo se respetan los derechos humanos en Chile.

Matías Meza, abogado y asesor jurídico del Observatorio Ciudadano, citó en el programa Semáforo las palabras de Cecilia Medina, presidenta de la Corte Interamericana de DDHH, quien comentó acerca del informe chileno que “es bastante similar al de otros países, pues sólo se limita a dar a conocer la situación desde la perspectiva de la legislación, del deber ser, de cómo serían las cosas si se cumplieran las leyes, pero no de lo que realmente pasa”.

Meza aseguró, en conversación con Vivian Lavín, que si bien el Estado de Chile ha evidenciado avances en la materia, no sólo se puede dar cuenta de esto, pues “hay muchos temas pendientes, sobre en cuanto a respetar los derechos de los pueblos originarios se trata”.

Justamente, la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaboró un informe en el que se comentan los resultados propuestos por Chile y asimismo se realizan sugerencias y preguntas.

Estas recomendaciones abordan temas sensibles, como los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres y la actual situación carcelaria.

En particular, el abogado comentó los alcances del informe en lo que refiere al denominado conflicto mapuche, en el que, según él, se ocultan dos cosas: por un lado una disputa en el que hay otros dos participantes que son el Estado y los privados con intereses en las tierras donde están asentados los pueblos originarios (forestales e hidroeléctricas en el sur, y mineras en el norte).

Por el otro la invisibilización de otros pueblos originarios que también son víctimas de abusos de derechos humanos y que hoy están en peligro de desaparecer como los diaguitas, aymaras y quechuas, quienes luchan por la poca agua que queda en el desierto más árido del mundo y que es casi completamente consumida por la gran industria minera en sus procesos productivos.

Matías Meza, además ahondó en uno de los puntos que más llamó la atención de los comisionados de las Naciones Unidas: la Ley Antiterrorista, que según el informe “no es discriminatoria”, pero según la realidad, “sólo se ha aplicado en aquellos delitos cometidos por los activistas mapuches, que en otras circunstancias nunca serían calificados como terrorismo”.

Según el abogado del Observatorio Ciudadano, organismo que también defendió su informe ante la ONU, los grandes desafíos de hoy son “reconocer y respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, lo que no sólo implica entregar tierras, sino entregar poder político sobre ellas, según los acuerdos firmados por Chile”, lo que implica contar con el respaldo de La Moneda.

Como esta instancia de las Naciones Unidas también recibe informes de civiles acerca de la situación de Derechos Humanos de cada país, Meza indicó que es responsabilidad de la sociedad civil, en todo su conjunto, velar por el cumplimiento de los acuerdos suscritos por Chile

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La FIDH pide a Chile una "señal fuerte" contra la tortura
Por ADN.es - Tuesday, May. 12, 2009 at 1:14 PM

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy a Chile una "señal fuerte" contra la tortura y denunció la reciente tendencia de "rebajar de manera excesiva" las penas a los acusados de crímenes de lesa humanidad.

La FIDH y su organización miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), instó al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas a recomendar a Chile a que reforme su Constitución.

Ambas organizaciones destacaron en un comunicado que la definición legal de la tortura en la legislación nacional chilena sigue sin ajustarse a la Convención de las Naciones Unidas.

Con esta solicitud se pretende que la Carta Magna chilena establezca "un sistema electoral más democrático" e incorpore los derechos humanos "en su plena dimensión", incluido el derecho a no ser víctima de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La competencia de los tribunales militares para juzgar casos de violencia policial, así como la no abrogación del Decreto-Ley de Amnistía 1978 y del principio de obediencia del Código Militar, todavía vigentes, son otras de las "preocupaciones" de este órgano.

Además, la labor incompleta de las comisiones de la verdad, que dejaron fuera a miles de víctimas y la aplicación de la legislación antiterrorista en contra de la población indígena mapuche, son elementos sobre los que las dos organizaciones pretenden que se siga trabajando.

La FIDH lamentó los malos tratos, en algunos casos constitutivos de tortura, que se cometen en la actualidad por parte de las fuerzas de seguridad policial y gendarmería del Estado, en la mayoría de las veces contra grupos vulnerables.

En Chile persiste una "institucionalidad política y social, heredada del régimen de Pinochet", que perpetró las más graves violaciones a los derechos humanos de la historia reciente del país, recordaron.

Además, señalaron que algunos tratados internacionales de "suma importancia" todavía no han sido ratificados por Chile, como la Convención Americana Sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención de 1968 sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

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