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Vergonzoso clientelismo
Por La Nación - Wednesday, Jul. 08, 2009 at 7:08 AM

Editorial I

Una comunidad wichi denunció al intendente de Ingeniero Juárez, Formosa, por lamentables maniobras

Martes 7 de julio de 2009 | Publicado en edición impresa

Si no se tratase de un lamentable hecho concreto, hasta podría tratarse de un relato salido de la pluma de Horacio Quiroga: aborígenes wichis de nuestra provincia de Formosa denunciaron que el intendente de la localidad de Ingeniero Juárez, Cristino Vidal Mendoza, se habría apoderado de alrededor de 2000 documentos nacionales de identidad (DNI), pertenecientes a integrantes de esa comunidad, para, según los denunciantes, manipular sus votos en las recientes elecciones parlamentarias.

"El nos encierra y el día de la elección nos devuelve el documento con el voto y nos acompaña hasta la urna; siempre fue así?" La gravísima denuncia efectuada por representantes de la comunidad wichi remite al recuerdo de prácticas fraudulentas que creíamos largamente superadas. Pero, al margen de esa circunstancia y siempre según los propios denunciantes, no se trató de una pícara y oportunista innovación, sino de una actitud compulsiva, reiterada cada vez que esos indígenas debieron sufragar, como en su oportunidad también lo documentaron crudos testimonios visuales y sonoros difundidos por la televisión.

Víctimas propicias de un entorno empobrecido -Ingeniero Juárez está a 480 kilómetros al oeste de la capital provincial, en el límite con Salta-, los wichis, como tantas otras comunidades aborígenes, suelen depender de ayudas no siempre desinteresadas, que aprovechan esas coyunturas para sacar partido del estado de desamparo en que subsiste buena parte de nuestros pueblos originarios.

La autoridad policial receptora de la denuncia, derivada al escuadrón 19 de la Gendarmería Nacional, por tratarse de un delito federal, trató de minimizar el hecho, al reducirlo a "tres denuncias por supuestas entregas voluntarias de DNI a terceras personas": un centenar de documentos, presuntamente entregados a cambio de frazadas y comida. Si así hubiese ocurrido, es evidente que nada cambiaría y seguiría en pie la flagrante violación de la legislación electoral vigente.

Sería lamentable que este episodio quedase reducido a la mera anécdota y pronto fuese olvidado.

Si bien el hecho comentado es otra muestra de cómo, en pleno siglo XXI, la Argentina sigue asistiendo al auge de prácticas clientelistas y corruptas, que someten a quienes viven en situación de extrema pobreza y marginación, es menester que sea esclarecido de manera fehaciente y que sus responsables sean sancionados.

Los wichis, al igual que los miembros de todas las demás comunidades aborígenes de nuestro país, son compatriotas a quienes les asisten los mismos derechos y garantías que al resto de la ciudadanía. Asumir su denuncia e investigarla sin concesiones equivaldría, pues, a empezar a demostrarles, por una vez, aunque más no fuese, que no han sido condenados al olvido.

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