Injusticia y después. Censura en el Chaco
Por Polo Legal - Friday, Apr. 01, 2011 at 12:16 AM
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Un injusto e innecesariamente violento desalojo, violación de los derechos humanos de persona con capacidad diferente. El Juez hizo su publico alegato pero hasta el presente los medios digitales no se difunden la respuesta (solo lo publicó diarionala.com y Reporter24.com.) Censura ?

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I.- Primero consigno la nota del Juez, que fue publicada en todos los medios y dice así:

"Contra Ángela Aguirre en Barranqueras
Fundamentan un desalojo realizado en febrero pasado

12:37 El titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 14 de Resistencia, Héctor García Redondo explicó que la orden de desalojo (y su consiguiente ejecución el 25 de febrero) dictada contra la señora Ángela Aguirre se dio cuando “ya estaban agotadas todas las instancias judiciales y luego de haber notificado en reiteradas oportunidades el pedido de asistencia a distintos organismos del Estado provincial”.
En tal sentido el juez recordó que la vivienda donde habitaban Aguirre junto a sus hijos y las familias de éstos había sido rematada el 24 de octubre de 2003 “como consecuencia de una sentencia dictada el 15 de agosto de 2000 en la que se le embargó el inmueble ante el incumplimiento de una deuda contraída por ella”.
El fallo fue en el marco del expediente 8593/99 “Cooperativa Solidaridad de Consumo, Crédito, Vivienda y Servicios Asistenciales Ltda. c/ Ángela Aguirre s/ prepara vía ejecutiva” tramitado ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Resistencia hace más de una década.
A ello siguió la aprobación de la subasta, el 31 de mayo de 2006, y la inscripción del inmueble a favor del comprador, el 30 de abril de 2007.
Esto último, ya en ese año, fue uno de los motivos por el cual la juez que entendía en la causa rechazó el pedido de suspensión de la ejecución de la vivienda única, prevista por la Ley provincial Nº 5525 y sus prórrogas. Decisión que fue confirmado por la Cámara Civil y Comercial de esta ciudad, el 25 de marzo de 2008.
En relación a la discapacidad de su hija, y los derechos que le asisten, ello será tratado en otra causa judicial que recién se ha iniciado este año, y donde por primera vez la señora Aguirre ha acreditado la declaración judicial de incapacidad. Estas cuestiones, ya han sido advertidas en la cautelar resuelta antes de realizarse el desalojo.
ACCIONES
García Redondo explicó que desde su asunción al frente del juzgado en julio de 2008 “se realizaron todos los trámites posibles desde esta sede judicial a los fines de que se facilite la adjudicación de una vivienda a la señora Aguirre, librándose diversos oficios al Ipduv, el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Derechos Humanos”.
Además, el 22 de septiembre del año pasado la señora Aguirre obtuvo de parte del nuevo propietario del inmueble el consentimiento para postergar por 30 días el desalojo, con el fin de conseguir en ese plazo que se le adjudicara una casa. Esto no ocurrió y al fin del acuerdo el nuevo propietario se negó a conceder una extensión.
Por ello, y ante los reiterados pedidos del titular del bien inmueble para que se hiciera efectivo el desahucio a fin de disponer del mismo, el juzgado libró la orden de desalojo el 22 de diciembre del año pasado, con orden de ejecutarla el 4 de febrero de 2011.
Esa primera medida debió ser suspendida porque cuando los agentes judiciales concurrieron a la vivienda se encontraron que la misma estaba ocupada por “casi un centenar” de representantes de movimientos sociales. “Decidimos no actuar porque se hubiese generado un clima de extrema tensión y violencia dado el escenario planteado”, aclaró el juez.
Finalmente la orden se cumplió el 25 de febrero. En esa oportunidad, aclaró García Redondo, que ante la presencia de “un hombre que se había rociado con nafta y tenía en su poder una garrafa”, el Comando de Operaciones Especiales (COE) de la Policía del Chaco se vio obligado a actuar e ingresar por la fuerza a la vivienda, en salvaguarda no sólo de su propia vida sino la de todos los presentes."

II.- A continuación consigno la contestación del Dr.Danilo Legal, actual abogado de Angela Aguirre, que lamentablemente casi no fue publicada en los medios hasta el momento.-

"El desalojo de Angela Aguirre y su familia. Al señor Juez que lo ordenó la medida.-

El señor juez titular del Juzgado Civil 14 Dr. Garcia Redondo realiza un alegado publico expresando que actuó correctamente con forme a derecho en la causa del reciente desalojo de Angela Aguirre y su hija discapacitada en la localidad de Barranqueras, Chaco.-
Habiendo patrocinado a la señora Aguirre en dicha causa me permito algunas consideraciones al respecto.-
Si V.S. había tomado conocimiento de la existencia de una persona discapacitada antes de ordenar el desalojo como lo afirma en su nota, debió darle el derecho de defensa en forma inmediata antes de ordenar seguir con la medida o por lo menos hubiera arbitrado los medios para resguardar la integridad física y síquica de ella en el desalojo, tal vez podía haber evitado que la policía la tire al piso, la espose con la mano atrás y de esa forma la tire a tras de la camioneta presa, o después del desalojo hubiera arbitrado para saber del estado de la joven.
El juez dice que estaba en conocimiento de que había una persona que se roció con nafta y dice que para cuidar a esa persona y la salud de los presentes ordeno el ingreso por la fuerza, pero nunca se dio por enterado que había una persona con capacidad diferente que fue maltratada, que había una menor de 7 años aterrorizada en un ropero, tampoco supo que a la señora Angela la tiraron en la camioneta semi-desnuda esposada convaleciente de una reciente operación y que a toda la familia incluida a Soledad y la ñieta de 7 años de edad los llevaron presos y maltratados mas todavía verbalmente que físicamente. Y menos se entero que se cerraron los accesos y un verdadero grupo de asalto apuntaban con fusiles a los vecinos que se asomaban para que se metan adentro, seguramente para trabajar sin testigos.-
El señor juez dice que cumplió fríamente con la ley ordenando el desalojo, pero, a mi criterio, no aplicó fríamente la ley que ordenaba darle derecho de defensa a una persona con capacidad diferente. A mi critero podía suspender la orden de desalojo hasta que se asegure el cumplimiento de los arts. 59 y 494 del Código Civil y en la causa tampoco se cumplió con la ley 5525 que ordena suspender las ejecuciones en resguardo de las viviendas únicas. O sea se aplica la ley para resguardar el bien material de intereses puramente económicos especulativos pero no se aplica la ley para resguardar el bien jurídico humano de la familia y de las personas con discapacidad. Por estos casos es que se dice vulgarmente, para los pobres no hay ley.-
No es tan sencillo el análisis objetivo del caso, pero el resultado si. A una buena, común, humilde familia que incluye una joven con capacidad diferente le remataron su única casa en pesos $ 4296 y luego los desalojaron mal, todo por una deuda en su origen de $ 3128. El señor juez que podía suspender el desalojo hasta estudiar si tiene verdad el planteo de nulidad efectuado por la actual defensa de la Sra. Aguirre, incluso de oficio debía tomar, a mi criterio, conocimiento de que en la causa al momento tuvo jurisdicción caso en el año 2008 ya constaba la existencia de la persona discapacitada y abrir una ventana para que se revise el caso y se pueda hacer justicia pagando la deuda la señora Aguirre y manteniendo su casa.-
Pero es cierto, las otras partes del ESTADO permiten que pululen COOPERATIVAS FINANCIERAS que en vez de COOPERAR hacen todo lo contrario y ellos mismos después por intermediarios terminan rematándole los bienes a la gente, antes se los llamaba usureros y hacen buen marco al lado de decenas o centenas de casinos y casas de juego. El Ejecutivo Provincial y Municipal de Barranqueras miran el injusto como si fuera que ocurre en Japón. Y nuestra policía que dice que Soledad tenía dos cuchillos en la mano, como justificando que debieron tirarla al piso, esposarla, luego la tiraron boca abajo en la camioneta con las manos atrás y la llevaron presa igual que a un delincuente común, claro que los uniformados no sabían que había una joven discapacitada porque en el mandamiento, ni por teléfono V.S. parece que no les avisó; y pedir que se den cuenta o que escuchen el pedido a gritos desesperados de la madre diciéndoles “déjenla que es enferma” ya es mucho pedir. Una tontera, la señora Ángela dice que Soledad añora su baño.- Dr. Danilo Ismael Legal.-"

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