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El gobierno denuncia desalojo forzoso de aborígenes de sus tierras por dos empresas
Por Diario NORTE -
Thursday, Dec. 22, 2011 at 1:36 PM
Funcionarios del gobierno provincial solicitaron a la Justicia la intervención en la causa que tiene como damnificados directos a integrantes de la comunidad mocoví en la zona de Pampa del Infierno, quienes denunciaron que dos empresas estarían desmontando de manera ilegal varias hectáreas protegidas.
El secretario de Derechos Humanos, José Valenzuela, el presidente y el gerente del Instituto de Colonización, John Paris y Branco Capitanich respectivamente, y el director del Área de Defensa de la Democracia y el Ciudadano, Julio García, denunciaron que dos empresas realizan tareas de desmonte en terrenos adjudicados a personas de la etnia mocoví.
Acompañaron a los funcionarios provinciales la presidenta del Instituto del Aborigen Chaqueño, Andrea Charole, y representantes de las familias desalojadas del predio de 5000 hectáreas que la comunidad posee en la zona.
García denunció el desalojo forzoso de integrantes de estas comunidades y de la forma amenazante en que fueron recibidos funcionarios en la zona hace pocos días cuando intentaron interiorizarse del desalojo.
El pedido es la devolución de las tierras obtenidas por estas empresas en una operatoria fraudulenta y realizada con un “total desconocimiento de las legislaciones vigentes provinciales y nacionales” en lo que respecta a la adquisición de la tierra pública.
“Desde el gobierno acompañamos el pedido a la justicia de las comunidades en la inmediata devolución de las tierras y freno del desmonte” precisó García.
“Denunciamos y repudiamos el desalojo forzoso mediante mecanismos fraudulentos de empresas ajenas a la provincia, a lo que se suma una fuerte resistencia del pueblo mocoví” citó García.
“Estas empresas están trabajando en propiedad de la comunidad indígena”, denunció García, quien pidió la inmediata intervención y celeridad en el tema a la justicia.
La propiedad donde ocurren estas irregularidades denunciadas pertenece a la comunidad aborigen desde el año 1991.
“Llama la atención la presencia de personas armadas en la zona y la lentitud judicial en ordenar el allanamiento e interrogatorio de estos sujetos” precisó García.
El titular del Instituto de Colonización destacó que todos los organismos del Estado trabajan en la protección de las personas desalojadas e intentarán provocar la nulidad de la operación por la que estos grupos habrían adquirido estas tierras.
Funcionarios denunciaron que en la zona hay máquinas topadoras y que las tareas que ejecutan sus operarios son realizadas sin guías forestales y sin permiso alguno.
El gerente del Instituto de Colonización citó que “el tema, ya judicializado, merece una inmediata intervención y esperamos que los magistrados hagan cumplir la ley y la Constitución”.
Valenzuela señaló por su parte que “vamos a actuar donde exista un avasallamiento de los derechos y más aún en este caso”.
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