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Revelan en Panamá caso hidroeléctricas rechazadas por indígenas
Por Prensa Latina / Cuba - Thursday, Feb. 09, 2012 at 4:48 PM

Panamá, 8 feb (PL) Una vez logrado un acuerdo que puso fin a la rebelión de indígenas ngöbe buglé contra una ley minera en Panamá que permite la explotación hidráulica en sus comarcas, surgen a la luz detalles del problema.

El diario La Estrella en su edición de hoy involucra a los empresarios Felipe Virzi y Gabriel Btesh en los acontecimientos por su relación con hidroeléctricas aledañas a la comarca Ngöbe.

Btesh y Virzi son dueños del proyecto hidroeléctrico Tabasará que se levanta contra la voluntad indígena en el río que arranca en la región comarcal de Mune, atraviesa el distrito de Tolé y termina cerca del Puerto Vidal, al sur de la ciudad de Santiago.

Aunque las obras comenzaron en 2003 a un costo superior a los 100 millones de dólares, no se han podido culminar por las objeciones legales que han sufrido, dice el diario. El presidente Ricardo Martinelli se niega a prohibirlas pues, según dijo en base a un informe de la Secretaría de Energía, si se detienen la energía eléctrica aumentaría 30 por ciento su costo.

Sin embargo, Tabasará generará, según proyecciones de Virzi y Btesh, apenas 4,5 por ciento del consumo nacional. En cambio el proyecto pasa por 45 comunidades y afecta a 50 mil personas.

Los ecologistas se oponen a la decisión del gobierno de seguir el negocio hidroeléctrico pese al rechazo indígena pues los efectos que tendría en la cuenca del Tabasará serían devastadores.

Con este tipo de plantas, aseguran, hasta 90 por ciento del agua podría perderse, y al menos 711 hectáreas de potreros, 35 de bosques, 12 de plantaciones forestales y 138 hectáreas que ocupa el cauce del río quedarían inundadas, añade el diario.

El entonces defensor del pueblo Ítalo Antinori, en intervención por los conflictos entre Consorcio Tabasará y los indígenas, aseguró que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no contenía toda la verdad sobre la cantidad de gente que resultaría afectada.

Los indígenas denunciaron que jamás fueron consultados por el Consorcio Tabasará y demandaron ante la Corte Suprema de Justicia que el EIA es débil y no registra los verdaderos daños. Aún así la construcción avanza.

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