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Natalia Sarapura: "El Estado desconoce a las comunidades aborígenes"
Por Jujuy al Momento -
Thursday, Apr. 05, 2012 at 8:55 PM
04.04.2012 - La titular del COAJ, Natalia Sarapura, al analizar lo sucedido en la audiencia celebrada en la Corte, observó que el Gobierno de la Provincia ha definido una política de desarrollo basada en la explotación de recursos naturales.
“Esta política ha sido implementada a través de diversas acciones e instrumentos y en todo ese proceso no hubo participación de las comunidades indígenas”, afirmó la dirigente y ejemplificó: “El Poder Ejecutivo emitió un decreto refrendado después por la Legislatura- que declaró al litio mineral estratégico, donde las comunidades, se enteraron de los hechos consumados. Tampoco participaron en el debate sobre la distribución de las regalías. En todos los casos la Legislatura omitió considerar a las comunidades, en cuyos territorios ancestrales se enclavan los yacimientos, como sujetos de percepción de esos beneficios".
“Tampoco tuvieron participación alguna en la creación del Comité de Expertos que se constituyó como una instancia de revisión de las autorizaciones para la explotación de litio. De hecho no integran ese Comité, porque evidentemente no se reconoce como un saber experto al conocimiento tradicional y ancestral de las comunidades”.
Según Sarapura, no sólo no se ha dado participación, sino que no se ha provisto información suficiente y accesible. “El estado está obligado, en virtud de su deber de garantizar el acceso a la información pública, a tener la iniciativa en brindar datos sobre temas de interés público, como lo es la minería. Y con las comunidades además está obligado a generar los mecanismos para garantizar que esa información sea aprehendida, comprendida, interpretada, porque solo de esa manera es posible emitir opiniones y tomar decisiones”.
La titular del COAJ, observó también que “se ha creado una empresa estatal para el desarrollo de la actividad minera (JEMSE) y en esa empresa no se da ninguna participación a los pueblos indígenas”. Y advierte tajante: “En Jujuy hay una política de estado, que puede verse en los actos del Poder Ejecutivo y del parlamento, que se desarrolla en pos de garantizar la explotación del litio, sin consulta a las comunidades”.
Insiste en que “hay una estructura del Estado garantizando esa explotación y las Salinas Grandes constituyen un territorio con potencialidad en tal sentido. Sin embargo hay una voluntad manifiesta de no discutir con las comunidades que habitan ese territorio y que por eso llegaron a la Corte”.
Sarapura, recordó que “el Estado es garante de derechos, pero en estos territorios indígenas han ocurrido atropellos, sin que el Estado mediara. Hay comunidades en la zona de Salinas Grandes que han sido visitadas por particulares y empresas. Allí hubo perforaciones efectuadas sin autorización estatal, lo que revela una deficiencia en el poder de policía minero” dice y señala que la Provincia no parece estar preparada para poder ejercer controles que garanticen que no se violarán los derechos de las comunidades.
La dirigente indígena aclaró que el debate no es “Litio sí o litio no, ni minería sí o minería no. El debate que pretendemos y el reclamo que están haciendo las 33 comunidades de Salinas Grandes es que deben ser informadas en forma adecuada, deben participar, deben ser consultadas, y cuando los proyectos sean de alto impacto debe requerírsele el consentimiento previo, libre e informado”. Para esto hay que sortear prácticas enraizadas en las instituciones públicas, la opacidad informativa, la falta de pertinencia cultural de la información, la ausencia de asesores o técnicos independientes que puedan acompañar a las comunidades, la subestimación de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y la ausencia, en definitiva de una institucionalildad estatal que permita gestionar la cuestión indígena, en una provincia que es multiétnica y pluricultural.
“Para que las comunidades puedan ejercer en forma autónoma su derecho a expresarse, a consentir o disentir, para que puedan dar una autorización, necesitan que se garanticen procedimientos en base al derecho indígena. De lo contrario, no pueden tomar una decisión libremente” explica Natalia Sarapura.
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