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Salta: Criollos y aborígenes enfrentan la difícil decisión de mudarse
Por El Tribuno -
Tuesday, Jul. 03, 2012 at 1:02 AM
El Tribuno participó de una negociación entre puesteros y comunidades que voluntariamente aceptaron ser relocalizados.
Por estos días muchas de las más de 450 familias de campesinos criollos de Santa Victoria Este, departamento Rivadavia, analizan la posibilidad de trasladarse voluntariamente de las tierras que ocupan, en algunos casos desde hace más de 120 años.
Se trata de puesteros que comparten con 55 comunidades aborígenes los lotes fiscales 55 y 14 en los alrededores de la triple frontera con Bolivia y Paraguay, que dibuja el movedizo río Pilcomayo. Son más de 700.000 hectáreas en donde, desde hace décadas, se dirime el conflicto por tierras más grande del país.
Muchos criollos intentarán acordar con sus vecinos indígenas los límites de sus establecimientos y otros aceptarán mudarse, con ayuda del Gobierno, a tierras libres del reclamo originario.
Desde el jueves comenzaron las visitas a puestos criollos coordinadas por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), después de los acuerdos con las comunidades para levantar la medida que amenazaba con “barrer” los alambrados de campesinos de Santa María, que a su entender no respetaron el acuerdo de no marcar el territorio sin su consentimiento.
Los momentos de máxima tensión se vivieron hace 15 días cuando aborígenes desenterraron cerca de 250 postes del Puesto Nuevo, de la criolla Ana Virginia Aylán. Las medidas de fuerza terminaron con la condición de generar un cronograma de visitas puesto por puesto entre las comunidades, los criollos, la UEP y las organizaciones de la zona.
Desde entonces la amplia comitiva visitó 3 parajes criollos donde existen cerca de 10 puestos agroganaderos. Se trata de La Invernada, Media Luna y El Quebracho; todos cerca del pueblo de Santa María. Los habitantes de Media Luna y El Quebracho pidieron más tiempo y acordaron una nueva visita para analizar la propuesta del traslado voluntario a un lugar con mejores condiciones y servicios, según les garantizó el Gobierno. El Tribuno participó de las negociaciones en La Invernada, donde cuatro puestos criollos aceptaron la relocalización.
“Lo importante es que la tensión ha disminuido y hay una muy buena voluntad para negociar”, dijo Daniel Barroso, subsecretario de Desarrollo Rural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, que dirige Ricardo Echenique, una de las autoridades de la UEP. Además, 9 familias del paraje El Reloj, kilómetro 70 sobre la ruta provincial 54, aceptaron la relocalización voluntaria.
Los pasos a seguir
“Esta semana empieza la demarcación de las 130.000 hectáreas de la zona libre del reclamo indígena, que será muy importante para poder determinar con exactitud los lugares donde se pueden trasladar, como para que exista una referencia concreta para los que acepten la propuesta aborigen de relocalización voluntaria”, informó Echenique, de la UEP.
“Es un problema de 30 años, pero sin solución. Vamos a negociar con los hermanos criollos para ver si están dispuestos a llevar el ganado a otro lugar y también para que cumplan de no hacer alambrados nuevos. Lo importante es avanzar, porque acá la juventud pide muchos resultados. Si no están de acuerdo con el traslado será la Justicia la que dirá”, dijo Mateo Torres, dirigente aborigen de Misión Anglicana.
La negociación entre las partes
Al menos 40 aborígenes de distintas comunidades y miembros de la UEP visitaron el paraje criollo La Invernada, a unos 15 kilómetros de Santa María. “Queremos dialogar con los paisanos (aborígenes) para ver cómo se arregla esto. Tendría que analizar si conviene movernos, porque tenemos trabajos hechos en este lugar, agua y pasturas”, había dicho momentos antes de la reunión Antonio Barroso, de 42 años, y padre de seis hijos. Su puesto, Sachapera 1, es muy humilde y pequeño.
La propuesta aborigen salió de Rogelio Segundo, dirigente de la organización Lakha Honhat, de estrechos vínculos con Asociana. “Nosotros estamos buscando las 400 mil hectáreas que les corresponden a las comunidades y que tienen que estar conectadas. La propuesta es que, las 900 hectáreas que existen para los puestos criollos, sean de la cañada para el otro lado. Los animales, alambrados y pasturas tienen que estar pasando la cañada”, expuso.
“La UEP, en caso de aceptar un traslado, va a ayudar en ese proceso. Están previstas indemnizaciones si se llega a morir algún animal, la provisión de agua y nuevos trabajos de alambrados y pasturas”, complementó Pablo Fernández, de la UEP.
Rogelio pidió que aborígenes y criollos negociaran solos. Minutos después, Barroso decía conforme: “Es interesante el arreglo porque no nos sacan del lugar. Mientras el Gobierno trabaje nosotros vamos a cumplir también porque allá todavía no hay agua, ni alambrado”
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