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Embrión, familia y derechos aborígenes, los temas que más inquietan del Código
Por Fuente: El Día - Monday, Sep. 17, 2012 at 11:33 AM

La ronda de consulta en torno al proyecto oficial suscitó en nuestra ciudad más de un centenar de planteos y objeciones

Tras dos días de audiencias públicas terminó el viernes pasado a nivel local la instancia de consultas para reformar el Código Civil y Comercial. A lo largo del proceso, que se desarrolló en la Universidad Nacional de La Plata, los más diversos sectores de nuestra comunidad tomaron la palabra para manifestar sus objeciones, inquietudes y propuestas en torno a la iniciativa oficial.

Movimientos aborígenes, grupos de homosexuales, sectores vinculados a la Iglesia Católica, organizaciones de Derechos Humanos, asociaciones de personas con discapacidades, colegios profesionales, entidades de bien público, académicos y vecinos aprovecharon la oportunidad para hacer su aporte a lo que constituirá el instrumento normativo más importante de nuestro país luego de la Constitución.

Coordinadas por la Comisión Bicameral del Congreso, las audiencias públicas -que en los próximos meses se replicarán en las principales ciudades del país- movilizaron en La Plata un total 115 ponencias. Mientras que buena parte de ellas fueron expuestas durante las jornadas, las restantes quedaron registradas para que se las tenga en cuenta al momento de tratarse el proyecto de ley.

Si bien ponencias abarcaron una enorme diversidad de cuestiones, los temas más abordados a nivel local fueron las relaciones de familia, el comienzo de la existencia de la persona humana y la protección del embrión no implantado, los derechos de las comunidades indígenas, las personas jurídicas, los contratos y los derechos de incidencia colectiva, entre otros.

COMIENZO DE LA EXISTENCIA

Un tema recurrente en las audiencias realizadas hasta el momento en distintas ciudades del país, el estatus del embrión estuvo presente también en varias de las exposiciones que pudieron escucharse la semana pasada en La Plata. Tal fue el caso de la ponencia que realizó María Eleonora Jiménez, docente de la cátedra de Derecho de Familia de la Universidad Católica local.

“El proyecto cambia el criterio actual del Código de Vélez Sarsfield y establece que: `la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el cuerpo de la mujer o la implantación en ella del embrión formado mediante técnicas de reproducción humana asistida`. Esto constituye una aberración, porque se está desconociendo que el embrión ya es un ser humano completo desde el mismo instante de la unión extra corpórea del gameto femenino con el gameto masculino”, sostuvo Jiménez.

A su criterio, esta situación “se agrava por el hecho de que las personas que nazcan por estas técnicas (donación de embriones) sólo podrán conocer su origen genético si existen razones debidamente fundadas, luego de un proceso judicial”, lo cual constituye “una flagrante violación del derecho a la identidad especialmente tutelado por la Convención sobre los Derechos del Niño”.

También la médica legista Chinda Brandolino manifestó su preocupación por este aspecto del proyecto de reforma del Código Civil que “deja sin definir la situación de miles de embriones humanos ya crioconservados, negándoles su condición de persona”, y permitiendo así su “descarte, su utilización para investigaciones y su comercialización en un creciente mercado mundial”.

UNIONES CONVIVENCIALES

Entre los temas de familia que fueron abordados durante las audiencias estuvo el de las uniones convivenciales, una de las innovaciones que presenta el proyecto de Código Civil. Y es que sin perjuicio de algunas leyes previsionales o laborales, nuestra legislación no ha regulado aún las uniones de hecho.

En este sentido, Patricia Giovannetti y Eduardo Roveda, profesores en Derecho Civil de la UNLP, plantearon que “el anteproyecto acierta cuando pone en manos de los convivientes la regulación de los efectos personales y patrimoniales de su unión. Y también acierta en la regulación de normas de protección de la vivienda familiar; resolviendo así una cuestión pendiente”.

No obstante, señalaron los docentes, resulta “difícil en cambio explicar aquellas normas que imponen restricciones a la capacidad de obligarse de los convivientes ya que aquí no hay ninguna razón que lo justifique”. Y “tampoco es aceptable que se regule otorgando mayores beneficios a este tipo de uniones en comparación con el matrimonio, que debe ser el tipo de unión fomentada por el ordenamiento”.

Por su parte Roberto Prandini, presidente del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, propuso a los efectos de la protección jurídica de la vivienda, que el proyecto de reforma incluya “expresamente como beneficiarios a los hijos adoptivos y a los afines hasta el segundo grado”; así como también que dé “la posibilidad de que el inmueble afectado se transmita entre los integrantes del grupo familiar beneficiario, o entre herederos forzosos, sin necesidad de desafección previa”.

PROPIEDAD ABORIGEN

Para el Consejo Plurinacional Indígena, un frente que agrupa a distintas etnias aborígenes de nuestro país, “con el actual proyecto de reforma del Código Civil, los derechos ganados en años de lucha, quedarían reducidos a inmuebles rurales o campesinado, sin la esencia y los derechos de las identidades culturales y territoriales”. Así lo manifestó Cayuqueo Nilo, uno de sus integrantes, en las audiencias públicas realizadas en nuestra ciudad.

El proyecto “reduce la existencia cultural indígena a la ruralidad o campesinado y determina el derecho a la propiedad comunitaria únicamente sobre los inmuebles rurales, dejando afuera los espacios urbanos ocupados por grupos indígenas que han sido forzados a migrar a las ciudades y/o generaciones enteras que han nacido en la urbe, que en procesos de recuperación de la identidad se han constituido como comunidades”. Pero además, “obliga a que el inmueble tenga como destino la preservación cultural y el hábitat comunitario, no como una forma de reconocer esos conceptos, sino utilizándolos como limitantes del derecho indígena”, planteó Nilo.

Lo mismo resaltó Paula Alvarado en nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. “En el proyecto se reduce el Derecho Territorial Comunitario indígena al derecho real que recae sobre un inmueble rural, desconociendo que los pueblos indígenas no se restringen al sector rural”, señaló en su ponencia.

ACCIONES COLECTIVAS

Otro de los temas recurrentes durante las audiencias locales fue el reconocimiento de los derechos colectivos, los que permiten a la comunidad reclamar judicialmente medidas en defensa de abusos de grandes corporaciones.

“El anteproyecto de reforma del Código, si bien no planteaba un gran avance en ese sentido, incorporaba los derechos individuales homogéneos y regulaba la forma que deberían asumir las acciones colectivas, tal como lo expresa la Constitución Nacional. Pero esos párrafos fueron eliminados del proyecto por el Poder Ejecutivo al elevarlo al Congreso”, resaltó Andrea Burucua, representante de la Fundación Ecosur, al reclamar en su ponencia que se mantenga el texto original.

En el mismo sentido se expresó Gabriel Stiglitz, jurista y experto en Derecho del Consumidor. “El modo de proteger jurídicamente los derechos de incidencia colectiva es a través de acciones preventivas y resarcitorias de los daños colectivos. Por eso, si el proyecto reconoce los derechos de incidencia colectiva no puede dejar de regular también lo atinente a daños colectivos y acciones colectivas (temas ambos, eliminados por observaciones del Poder Ejecutivo Nacional); pues es ilusorio reaccionar frente a los daños colectivos a través de las herramientas de fondo que son propias de los derechos individuales”, sostuvo.

También Jorge Cuello, abogado y docente universitario, dedicó su ponencia a llamar la atención sobre un retroceso que evidencia el proyecto con respecto a su primera versión. “Se eliminó el artículo 241 que establecía el derecho de todos los habitantes a acceder al agua potable para fines vitales. Frente a este cambio sustancial, debemos movilizarnos para exigir a los diputados y senadores nacionales de distintas bancadas políticas que no dejen pasar esta omisión”, propuso.

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