No a todos les sorprendió. Según explicaron a Infobae fuentes allegadas a la causa, unos 500 documentos distribuidos en cinco discos obtenidos en un allanamiento al Centro de Reunión de Información de la Gendarmería en Campo Mayo confirmarían la existencia del Proyecto X, a través del cual se espió ilegalmente durante años a dirigentes sociales y políticos.

A la mayoría de los entrevistados lo que más les llamó la atención fue la magnitud de la maniobra: en la lista figuran Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, familiares de víctimas de Cromañón, Madres del Dolor, estudiantes, punteros del PRO en la villas porteñas, delegados de base, activistas políticos y hasta militantes de agrupaciones afines al kirchnerismo como el Movimiento Evita o un cura que hizo la “opción por los pobres” como José “Pepe” Di Paola.

“No nos sorprende porque sabemos que nos habían investigado, pero sí la magnitud. La Policía Federal, la Bonaerense y las policías de Santa Fe y Neuquén, entre otras, hacen un espionaje similar, pero a estos los agarramos con las manos en la masa y comprobamos que el Estado usa recursos públicos para persecución política”, sostuvo en declaraciones a Infobae el dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y docente de la Universidad de Buenos Aires Christian Castillo. ¿El Objetivo? “Armar causas falsas a partir de datos que acumula la Gendarmería haciendo espionaje ilegal”.

La dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Vilma Ripoll está indignada. Dice que hace un año, cuando una serie de agrupaciones de izquierda denunciaron el caso, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, la trató de mentirosa.

“A mí me iniciaron una causa penal (por los cortes de ruta durante la huelga de Kraft en 2009) y me embargaron por 120 mil pesos. Tuve que vender mi única casa. Y todo se armó en base a pruebas tomadas mediante el espionaje ilegal. Incluso hasta les sacamos fotos a los infiltrados”, recordó a este medio.

“Hoy tenemos 4.500 militantes sociales procesados. Tenemos compañeros con hasta 20 causas penales. En Argentina creció la criminalización de la protesta social”, advirtió Ripoll. Su denuncia se repite entre los consultados por Infobae.

“El Proyecto X es una política estratégica de espionaje del Gobierno. Lo que buscan es presionar el interior de todas las organizaciones sociales, aún aquellas que están dentro del kirchnerismo. Nosotros, por ejemplo, tuvimos el caso de un compañero procesado penalmente en Quilmes con filmaciones hechas por la Gendarmería”, comentó el dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola.

“Intentan asustar a los jóvenes”, coincidió el titular de la CTA opositora, Pablo Micheli. “Ya lo vivimos con la dictadura, los carapintadas y (el ex presidente, Carlos) Menem, pero no nos queremos acostumbrar”, agregó. 

Las víctimas del Proyecto X que más llamaron la atención son los dirigentes del Movimiento Evita que dirige Fernando “Chino” Navarro, puesto que se trata de una agrupación de reconocida filiación kirchnerista. Infobae trató en vano de comunicarse con algún referente. “Estamos con mucho trabajo, preparando un congreso”, argumentaron.

Juicio político, renuncia y guarangadas

El dedo de las víctimas apunta a dos responsables: Garré y el senador Aníbal Fernández, puesto que estaba a cargo de la cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos cuando habría comenzado el Proyecto X.

Ayer, Fernández se despegó del tema, no sin antes denigrar a los denunciantes: “Nunca firmaría algo así. Es de tarados la conclusión a la que nos quieren llevar", disparó. 

“Me sorprende que un funcionario público pueda ser tan guarango como Aníbal Fernández. Debería renunciar y ponerse a disposición de Justicia, porque el 90 por ciento de este proyecto es responsabilidad de él. El otro 10 por ciento es de Garré”, cuestionó en una entrevista con este portal la diputada por el FAP Victoria Donda. “Por qué no explica en vez de insultar”, se preguntó.  

El jueves, Donda presentó junto a su colega Miguel Giubergia un pedido para que Garré dé explicaciones ante el Congreso. Hace un año la ministra había desmentido la existencia del Proyecto X. Dijo que Gendarmería sólo aportaba datos que pedía la Justicia. Los denunciantes aseguran que la mecánica es la inversa.

Por su parte, Pitrola exigió tres cosas: “Primero, que hagan público el proyecto. Segundo, que aniquilen toda la información. Y por último, que eliminen el proyecto”. Asimismo, recordó que los querellantes pidieron el 28 de febrero el procesamiento de cinco jefes de Gendarmería, entre ellos, el titular del cuerpo, Héctor Schenone. Y anticipó: “El pedido de juicio político va a ser tema de campaña del Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Lo vamos a incorporar a nuestro programa político”.

En noviembre de 2011, un artículo publicado en Página/12 daba a conocer una denuncia penal contra la Unidad Especial de Procedimiento Judicial de Gendarmería. Afirmaba que uniformados se “entremezclaron en la multitud vestidos de civil para identificar a los cabecillas” en distintas manifestaciones.

En el expediente, el gendarme Carlos Christian Sanabria reconoció haber identificado a Pitrola y a Ripoll durante la huelga de Kraft. A ambos les iniciaron causas judiciales junto a los delegados Javier Hermosilla y Ramón Bogado.

“A mí me espiaron hasta en mi casa”, detalló Bogado a Infobae. “En la base de datos de Gendarmería aparecen los nombres de mis familiares, mi ideología, dónde vivo, con quién me reúno. Y con todo eso me armaron 16, 17 causas… son tantas que ya no recuerdo”, agregó.  

Jubilados, desocupados y armados

“Le mandamos dos cartas a (el ministro del Interior, Florencio) Randazzo. En la primera le pedimos seguridad, porque nos atacaron a balazos 15 veces en distintas sedes del movimiento. Como no contestó, en la segunda le avisamos que nos armamos”, reveló a Infobae el titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells.

“En Chaco, cuatro personas quisieron entrar a la sede en la que estaba yo. Me buscaban a mí. Pero los compañeros que estaban haciendo la seguridad se tirotearon con ellos”, contó. Y sentenció: “El Proyecto X no es sólo recopilación de datos, sino también hostigamiento”. El responsable de los ataques contra sus seguidores, dijo, es el Gobierno.

"¿A mí?"

El caso de José Di Paola, más conocido como el “Padre Pepe”, salió a la luz durante la misa por la educación de 2010. “Pepe” había sido amenazado en la villa 21, en el barrio porteño de Barracas, luego de suscribir un documento en el que se denunciaba que la droga está legalizada de hecho en los barrios marginales. Aquel día el cardenal Jorge Bergoglio hizo público su caso.

Ahora volvió a ser noticia. Sorprendentemente su nombre figura en los documentos de Gendarmería y hasta lo vinculan a un partido de izquierda.

“Me desconcertó. Encima ni la dirección de la iglesia tenían bien”, bromeó en diálogo con este sitio desde la Villa La Cárcova, en la localidad bonaerense de José León Suárez, San Martín, donde se instaló hace 20 días. “No entiendo por qué espían a gente que hace el bien, en vez de buscar a los que hacen el mal. En la lista hay gente que defiende los derechos de los trabajadores, que busca fortalecer la vida en los barrios pobres. Los que hicieron esto tienen que dar explicaciones”, acotó.

"¡A mí también!"

“La descripción del mecanismo que hacen los querellantes muestra lo que nos pasó”, relató el abogado Osvaldo Fernández, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú. Enterados de la denuncia en Buenos Aires, a fines del año pasado invocaron la Ley de Proyección de Datos Personales para que Gendarmería les diga si tiene datos de alguno de sus activistas. Les respondió que no, que no hay datos suyos en dos de las tres bases de información que tiene. La otra se llama Proyecto X. 

“En los cortes hubo presencia de la Policía Federal y de la SIDE, pero siempre identificados. La Gendarmería, en cambio, no lo hacía”, recordó. Y graficó con un ejemplo: “A mí me pasó de ver en una marcha a una persona vestida de civil que no conocía y al rato me lo encontré en la comisaría, vestido de gendarme. Permanentemente nos han sacado fotos. De hecho, las causas penales contra los asambleístas se armaron en base a datos de la Gendarmería”.

Víctima… otra vez

Victoria Moyano es hija de desaparecidos y milita en la PTS. Junto a sus padres biológicos fue una de las miles de víctimas del Plan Cóndor. En esa causa que actualmente lleva adelante la Justicia se investiga la actuación conjunta de los aparatos de inteligencia de América durante los ‘70.

“Al otro día de presenciar el juicio oral yo denunciaba espionaje. Es una ironía: primero sufrí genocidio y ahora tengo que denunciar esto”, se quejó ante Infobae. Y lamentó que “haya un doble discurso: el Estado dice que impulsa las causas de Derechos Humanos mientras espía”.