| versión para imprimir - envía este articulo por e-mail |
328 casos de tortura por parte de la Policía o el Servicio Penitenciario
Por Red Eco Alternativo -
Friday, Dec. 27, 2013 at 4:25 PM
26 de Diciembre de 2013 | Es el dato que surge del informe elaborado por el Banco de Datos de Casos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo en cuenta las denuncias registradas entre el 1ro de mayo y el 19 de septiembre de este año. El registro no incluye los casos de La Plata, sin embargo la realidad que viven los detenidos en la capital bonaerense fue denunciada en una carta por el Centro Universitario de la Unidad 9. Red Eco Alternativo
carceles_dib.jpg, image/jpeg, 200x200
(Red Eco) Buenos Aires – El Banco de Datos se creó en 2000, y desde ese año se registraron 8909 casos de torturas en cárceles y comisarías bonaerenses, lo que implica prácticamente dos hechos diarios, de los cuales 4300 son denunciados y 4609 se conocen bajo secreto profesional de los defensores oficiales.
Cabe aclarar que estas cifras no son del todo precisas y podrían ser aún mayores, ya que –según explicó el defensor general de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano– los únicos datos que se tienen en cuenta para la elaboración del Banco son los brindados por los defensores oficiales en su trabajo.
Este informe es recibido por el gobernador Daniel Scioli, los Presidentes de cada Cámara, la Procuradora General, y el Presidente de la Corte Suprema, y los indicadores que se manejan son torturas/malos tratos, superpoblación/agravamientos ilícitos, y prueba falsa/obstaculización del ejercicio de la defensa.
Cien de las 328 víctimas de torturas ocurridas entre el 1ro de mayo y el 19 de septiembre de 2013, fueron menores. De todos modos, debe remarcarse que por segunda vez no aparece en este Banco los datos de La Plata, un hecho no menor si se tiene en cuenta que allí se encuentran las cárceles con mayor cantidad de detenidos: “eso no puede obedecer a otra cosa que a la falta de registro. En realidad habría que hacer actuaciones internas por parte de la Procuración General para que den explicación los operadores de por qué no se registran”, señaló Coriolano.
De todos modos, el Centro Universitario de la Unidad 9 de La Plata elaboró un extenso escrito dirigido a los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires donde detallan la grave situación en la que se encuentran detenidos.
Como observación general, señalan que la situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires continúa siendo preocupante. Aunque a partir del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en mayo de 2005, se han registrado acciones dirigidas a aliviar las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación de las cárceles y comisarías, el problema está lejos de encontrar una solución: “resulta evidente la demora –en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial– en la implementación de políticas que se adecuen a los estándares constitucionales”, agregan.
En la carta aseguran además que la capacidad máxima de alojamiento del sistema carcelario está ampliamente superada y que el hacinamiento es la principal causa de la violación de los derechos humanos: “específicamente, el maltrato grave e ilegal de presos mediante la groseramente inadecuada provisión de cuidados médicos, alimenticios, educacionales, y un largo etcétera. La importancia de los derechos afectados y la gravedad de la situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario que se denuncia, justifican sobradamente la convocatoria a una Mesa de Diálogo a fin de que la cuestión suscitada sea resuelta bajo las máximas garantías de inmediación y transparencia (…). Por la multiplicidad de los actores involucrados (gobierno provincial, administración penitenciaria, legisladores, jueces, fiscales y defensores) se requiere una acción mancomunada de estos, en el marco de sus respectivas competencias, para revertir la situación”, detallan.
A su vez, explican que la provincia de Buenos Aires destina 6.809 de pesos mensuales por cada persona detenida, dinero con el que se debe garantizar seguridad, alimentación, medicamentos, elementos de higiene y limpieza a los 28.000 detenidos alojados en los sesenta establecimientos penitenciarios bonaerenses. Sin embargo, denuncian que gran parte de estas sumas se pierden en los circuitos de corrupción que padecen quienes están privados de su libertad: “el robo de alimentos, medicación, útiles de limpieza, etc. provoca el padecimiento de hambre, nula higiene y desatención médica de los detenidos. Para sostener estas condiciones se apela a la violencia institucional, tendiente a callar los reclamos y denuncias de los detenidos. Existen distintos niveles o dimensiones institucionales en la trama de la corrupción, que coexisten e impactan en la vida de los detenidos”.
En el escrito, los integrantes del Centro Universitario se dirigen a cada uno de los poderes en particular denunciando las falencias que sufren y las obligaciones particulares que incumplen el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Respecto a este último, afirman: “el sistema de justicia parece concentrado sólo en procesar los casos y decidir encarcelamientos, pero se desentiende del modo como se ejecuta esa sanción. Eso se lo deja librado al poder administrador que tampoco ha sido muy responsable en esto, sino más bien todo lo contrario. Si el gobierno no cumple con la obligación de garantizar condiciones mínimas de detención que sea compatible con la dignidad humana, los tribunales tienen la responsabilidad de poner remedio a la violación a los derechos fundamentales”.
A modo de cierre, aseguran que las políticas penitenciarias no pueden pensarse aisladas de las políticas generales de seguridad: “cuántos detenidos hay en las cárceles, de qué origen social son y las condiciones de extrema vulnerabilidad que padecen, son cuestiones asociadas centralmente con un paradigma punitivo clasista y reproductor de la desigualdad social. En esta dirección, debe modificarse de forma drástica el sistema penitenciario. La primera cuestión ineludible es democratizar el Servicio Penitenciario Bonaerense, desmilitarizar su estructura y funcionamiento y adaptarlo a nuestra sociedad democrática. Para eso hace falta reformar la legislación vigente desde la dictadura, que organiza la fuerza y su funcionamiento. Pensar un cuerpo de tratamiento alejado de funciones de seguridad y dotar a las unidades carcelarias de conducciones civiles, que posean otra formación y experiencia, rompan con las lógicas y prácticas institucionales que se han reproducido desde la dictadura hasta acá e intenten transparentar y abrir las cárceles al escrutinio público. Estas transformaciones se tornan indispensables para luchar contra la tortura que, como práctica sistemática, se despliega sobre las personas detenidas. No se trata de prácticas aisladas o particulares, con diferentes modalidades e intensidades; son generalizadas en todos los lugares de detención y se reproducen en el tiempo agravándose cada vez más. A los métodos de tortura más difundidos durante la dictadura (submarino seco y húmedo, golpizas, picana eléctrica) se agregan otros no menos gravosos (duchas o manguerazos de agua fría, bastonazos en las plantas de los pies, aislamiento absoluto por varios meses, traslados constantes, etc.) que persiguen la neutralización subjetiva de la persona y no el tan enunciado fin de la resocialización constitucional”.
Fuente: Cosecha Roja / Agencia Walsh.
www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=12366&Itemid=45