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Amnistía Internacional y el caso Venezuela
Por J. Tomás -
Saturday, Apr. 05, 2014 at 2:27 PM
jaime@vp.pl
Análisis sobre el reciente informe de Amnistía Intenacional publicado para el caso venezolano el 1 de abril de 2014 titulado Venezuela: los derechos humanos en riesgo en medio de protestas
Amnistía
Internacional y el caso Venezuela. Por J. Tomás. Amnistía Internacional presentó el 1 de abril
de 2014 el informe titulado Venezuela: los derechos humanos en riesgo en
medio de protestas[1]. Hasta
ahí todo normal. Ingenuamente esperaba encontrar lo siguiente:
una cantidad indeterminada de denuncias, un análisis de las mismas, una
contextualización y, finalmente, afiladas críticas dirigidas a los poderes
públicos. Sobretodo esto último. Al fin y al cabo, el gobierno y el sistema
judicial-penal son los responsables de salvaguardar el estado de derecho. De
hecho, como bien sabemos, sus acciones y omisiones pueden tener consecuencias
fatales para los derechos humanos. Así que, una vez mentalizado, me pongo manos
a la obra. Lo abro, comienzo la lectura y, de repente, no
me puedo creer lo que estoy leyendo. Llego hasta el final, vuelvo a la portada,
reviso los créditos hasta que al final me doy cuenta de lo que pasa. El informe de Amnistía va en otra
dirección. Es más –y cuidado con lo que voy a decir- el texto en sí es un
ejercicio de instrumentalización del discurso sobre los derechos humanos. Un empeño deliberado para proteger del escrutinio público al
bando que está impulsando la crisis de violencia que atraviesa Venezuela. Algo inaudito –y doloroso- para los que
alguna vez hemos confiado en las denuncias e informaciones de Amnistía. Así que
no me queda más remedio: resulta necesario explicitar con detalle en qué
consiste esta triste operación “político-humanitaria” acometida por la insigne
organización. Lo haré revisando 3 elementos del informe: qué
dice, qué oculta y qué subyace en el texto. Antes de nada pido disculpas por lo
extenso de la exposición. Entiéndase que hay ideas que no se pueden resolver ni
en una entrada de blog, ni en una columna de opinión de 500 palabras. 1) Lo que no dice: El informe se aventura en un diagnóstico de la
situación: de sus causas, protagonistas y perspectivas de futuro. En general,
las afirmaciones están respaldadas. Se han recogido diversos testimonios. Se ha
analizado el discurso de varios actores políticos y sociales. Está documentado.
Llama la atención la pluralidad de fuentes y su afinada selección. Por eso, resultan particularmente
inverosímiles las omisiones, algunas muy llamativas. Se sustrae continuamente al lector de elementos clave que
ayudan a entender el fenómeno: no mencionándolos, desviando la atención hacia
detalles irrelevantes, hacia eventos poco representativos u omitiendo evidentes
vínculos causales. Valga el símil, es como si Amnistía hubiese explicado la
crisis económica española sin mentar la burbuja inmobiliaria. Repasemos brevemente las omisiones más graves: a) Sobre el origen de la violencia. A nadie se le escapa que uno de los
principales desencadenantes –si no el más importante- de esta oleada de
violencia son los decepcionantes resultados electorales cosechados por los
sectores que se oponen al Presidente Maduro en las pasadas elecciones
municipales de diciembre de 2013. Tras el sonoro fracaso en la vía electoral, el
pasado 23 de enero, los dirigentes derechistas Leopoldo López y María Corina
Machado llamaron a sus partidarios a la lucha en las calles. La operación
política, que denominaron “La Salida”, se sostendría hasta que fuera depuesto
el gobierno constitucional y tendría su máxima expresión en la movilización del
12F, día en que empiezan a registrarse los primeros fallecidos[2]. Este es el objetivo político de las
“protestas”: una mezcla de movilizaciones –algunas pacíficas y
multitudinarias- y numerosísimos actos de violencia, englobados bajo el lema
“El que se cansa pierde” y al grito –que el 12F resonaba electrizante- de “este gobierno va a caer”. En
definitiva, una operación encabezada por una minoría electoral que pretendía
liquidar el mandato presidencial de Maduro por vías diferentes a las previstas
en el orden constitucional. Apenas un detalle que el informe de Amnistía
prefiere omitir. b) Sobre los grupos políticos que promueven
y protagonizan la violencia. El papel de políticos de oposición, concretos
e identificables, en la puesta en marcha, organización y sostenimiento de esta
oleada también es evadido cuidadosamente[3]. Su implicación es evidente. Tan es así que no
tardaron en abrirse diatribas públicas entre los opositores que apoyaban la
estrategia radical de López y Machado, y aquellos que la rechazaban como un
error que podría tener consecuencias nefastas para la oposición en futuras confrontaciones
electorales. Algunos dirigentes opositores
–afortunadamente solo unos pocos- han resultado incriminados y procesados
judicialmente por delitos cometidos durante las protestas. El informe de AI
omite cualquier conexión; así que las actuaciones de la Fiscalía encausando a
estas personas aparecen como meros actos irracionales y vengativos dirigidos
por el gobierno en su supuesto afán por limitar el pluralismo político. c) Sobre los actos de violencia propiamente
dichos. El elemento central y más delicado del informe
lo constituyen las denuncias concretas. Aquí es donde uno espera encontrar una
radiografía de la crisis, así como casos y testimonios que sean representativos
de la situación. No cabe duda de que durante estos eventos de
violencia han resultado vulnerados los derechos humanos de numerosas personas.
Tampoco cabe duda de que muchas de las denuncias presentadas están siendo
abordadas con celeridad por parte de la Fiscalía y la Defensoría y que están
teniendo consecuencias jurídicas y penales para sus presuntos autores. Es muy
posible que otros delitos estén quedando impunes. Aquí es donde la contribución
de Amnistía podría ser influyente: mediante la exigencia de medidas preventivas
y el procesamiento de responsables; apoyando denuncias no formalizadas,
visibilizando casos no atendidos y circunstancias donde los denunciantes puedan
verse atemorizados. En algunos casos el informe cumple con este
propósito. Sin embargo, el análisis que se hace de la violencia está jalonado
por una cuidadosa selección de denuncias y, como veremos más adelante, por
groseras tergiversaciones de los hechos, que denotan mala praxis. El ejemplo más oneroso es el de las
“guarimbas”. No se caracteriza en ningún momento este fenómeno, protagonista en
las revueltas. Las llamadas “guarimbas” consisten en la colocación de barricadas
en un diseminado de calles o vecindario, incendiando cauchos, muebles y
colocando cualquier otro material que logre obstaculizar el tránsito, como
cables, alambres de púas o aceite quemado. El objeto de la guarimba consiste en
imposibilitar las actividades cotidianas de la población hasta lograr “paralizar
el país”. Esto implica que los vecinos residentes en las urbanizaciones
afectadas a duras penas puedan salir de las mismas. El grupo radicalizado que
controla la barricada se convierte en una especie de “autoridad de facto”. El
que se opone a la barricada o intenta sobrepasarla es agraviado y coaccionado.
Se consolida en la zona dominada por la guarimba un clima de persecución, con
agresiones y amenazas a las personas que son identificadas como “chavistas” y
que residen en su área de influencia. El entorno de la guarimba se ve afectado
por recurrentes ataques a oficinas gubernamentales, instalaciones sanitarias y
educativas, quema de autobuses y destrozos de todo tipo de bienes públicos y
privados en general[4]. A la
barricada hay que sumar el levantamiento de alcantarillas y la colocación de
guayas –cables de acero atravesados en las vías con la finalidad de
generar lesiones fatales a las personas que se circulan en motocicletas. Las guarimbas se han organizado en los
enclaves opositores de las grandes ciudades –fundamentalmente en zonas
residenciales de clase media. Constituyen focos permanentes o cuasi permanentes
de conflictividad. Si multiplicamos el total de barricadas levantadas
–sin duda varios centenares o incluso más- por cada uno de los días que
ha durado la protesta, tendremos como resultado miles de escenarios de
potencial enfrentamiento entre “guarimberos” y fuerzas policiales. Estos escenarios de enfrentamiento, en un país
donde los civiles poseen entre 9 y 15 millones de armas de fuego irregulares[5],
tienen sin duda un alto potencial explosivo. Cada vez que las autoridades
intentaban reestablecer el libre tránsito y liberar a los residentes del
encierro al que eran sometidos, se produjeron enfrentamientos de mayor o menor
entidad. En buena parte de estos encuentros, los agentes eran recibidos con
molotov y disparos. El informe omite explicitar en qué consiste el
fenómeno guarimbero. Menciona, obviamente, “bloqueos de vías” y en menor medida
la presencia de “barricadas”. Desde luego no les da en absoluto el protagonismo
que merecen en esta crisis. Resultan poco relevantes: descarga de
responsabilidad a sus organizadores y, por supuesto, entre sus recomendaciones
no incluye el cese de este tipo de actividades. Algo inaudito si tenemos en
cuenta que la mayoría de fallecimientos
se han producido en las guarimbas –al menos 17 de un total de 39,
hasta donde sabemos. El elemento principal de las protestas –pues las
manifestaciones han tenido un carácter más esporádico y, en su mayoría, menos
conflictivo- termina groseramente opacado. Por otra parte, se omite el papel de los
medios y las redes sociales en la crisis. Por ejemplo, la difusión masiva de
denuncias falsas de violaciones de los derechos humanos. Tanto en medios de
comunicación como en redes sociales, se han difundido multitud de imágenes con
escenas de violencia y torturas que ni siquiera correspondían a Venezuela.
Duras imágenes, sacadas de otros países, que han impactado gravemente a la
población. Una operación psicológica de gran envergadura que no hemos visto ni
en las revueltas de la “primavera árabe” ni en otros eventos similares. Este afán por visibilizar violaciones de los
derechos humanos –algunas reales y otras imaginadas- deja en evidencia
que, en esta crisis, los organizadores de las protestas esperaban obtener
rédito político mediante su instrumentalización. De hecho, los medios se
hicieron eco de un gran número de personas torturadas o maltratadas que,
posteriormente, decayeron, pues carecían de base real. Finalmente, los medios de comunicación
pusieron en riesgo los derechos humanos reiterando la advertencia de que
oleadas de chavistas –los denominados “colectivos”- estarían en
disposición de enfrentar las guarimbas con armas de fuego. Y aunque eventos
puntuales de este tipo sí se produjeron, la difusión continua de este mensaje
conllevaba un claro implícito dirigido a los guarimberos: “los chavistas vienen
armados y van a matarte”. Esta reiteración infundada ha potenciado la actitud
reactiva de los guarimberos, incentivando el porte de armamento, así como una
disposición mayor al empleo de la violencia para rechazar cualquier tipo de
afrenta, real o imaginaria, y que, en algunos casos, ha terminado por costarle
la vida a varias de las personas que intentaban levantar las barricadas. d) Sobre las medidas del gobierno para
enfrentar a la violencia. En comparación con lo que ocurre en otras
latitudes, podemos decir que la Fiscalía venezolana ha tenido una conducta
diligente desde el comienzo de los altercados, investigando y procesando
denuncias –tanto las presentadas formalmente, como algunas de las
reveladas a través de los medios de comunicación- y, en aquellos casos excepcionales
en los cuales se ha explicitado la responsabilidad de funcionarios de orden
público, éstos han sido puestos con celeridad a la orden de la justicia. Por
supuesto, uno no puede darse nunca por satisfecho en este aspecto: es necesario
mejorar los mecanismos preventivos y afinar la represión de los delitos
cometidos por funcionarios contra personas bajo su custodia. En este particular, habría que hacer notar la
escasa confiabilidad de buena parte de los efectivos policiales. En 2009 el
ministerio del interior revelaba que hasta en el 20% de los delitos más graves
cometidos en el país –homicidios y secuestros- se encontraban implicados
funcionarios policiales[6].
Precisamente en 2009, como respuesta a esta situación y como parte de los
planes de reforma policial, el gobierno crea un cuerpo nuevo, la Policía
Nacional Bolivariana, que desde su origen ha procurado una mejora sustancial en
la capacitación de sus integrantes, dando un protagonismo muy destacable a su
formación en materia de derechos humanos. Aun así, en una situación como la planteada
por las guarimbas, no es difícil imaginar a cualquier cuerpo policial de los
países occidentales desbordado por estos centenares de focos continuados de
violencia. En realidad, el número de incidentes graves en relación al total de
operaciones de orden público, posiblemente ha sido bajo. Tomemos el ejemplo de
la policía de España, que ha intervenido de manera absolutamente despiadada
ante protestas pacíficas ¿Cómo hubiese reaccionado ante más de 50 días de
barricadas violentas protagonizadas por personas provistas de cócteles molotov
y armas de fuego? Ello no obsta para que se castiguen las malas
prácticas y las acciones delictivas de manera ejemplar. Se debe exigir –y
en buena medida se está cumpliendo- una reacción implacable y transparente por
parte de los poderes públicos ante las denuncias presentadas, así como un
extraordinario celo de los mandos en la dirección de los operativos y en las
instrucciones que dan a su personal. Sin embargo, el informe prefiere centrarse en
declaraciones singulares y, en algunos casos, desafortunadas de portavoces
gubernamentales, silenciando de manera notable los esfuerzos del gobierno por
contener la violencia de forma efectiva, así como abriendo espacios de diálogo con
todo tipo de sectores críticos con su gestión. Por ejemplo, el pasado 26 de febrero se
instaló la Conferencia Nacional de Paz. El país asistió a un diálogo televisado
entre el gobieno, representantes de signo político adverso, sectores
empresariales y otros destacados actores de la vida social. La participación de
las figuras más relevantes de oposición fue limitada –por ejemplo, no
acudió Henrique Capriles Radonski- por razones de cálculo político y, cómo no,
por las presiones de los grupos más radicales. El foro dedicado al diálogo con
representantes empresariales, por ejemplo, concluyó más de medio centenar de
acuerdos que están empezando a aplicarse. La iniciativa, además, se ha
trasladado a varios estados (Táchira, Carabobo, Zulia, Anzoátegui, Mérida o
Distrito Capital). También desde etapas muy tempranas el gobierno
solicitó la creación de una Comisión de la Verdad, con amplia participación,
que contribuyera al esclarecimiento de los hechos violentos. Esta iniciativa
también ha sido boicoteada por los sectores influyentes de la oposición. Una
oposición dividida en cuanto a su grado de apoyo a la estrategia violenta, pero
unida a la hora de no arrojar piedras sobre su propio tejado. En general, las iniciativas de los poderes
públicos han denotado una actitud receptiva tanto a las críticas como a las
denuncias. En situaciones de este tipo, pocos han sido los gobienos que han
adoptado estrategias de diálogo y de búsqueda de acuerdos con sus antagonistas
políticos, como ha hecho el gobierno bolivariano. 2) Lo que dice: Si graves han sido las omisiones, más graves
son algunas de las afirmaciones que contiene el infome. Aquí es donde la
selección de hechos, así como el lenguaje utilizado, denotan esa mala praxis de
la que hablamos anteriormente. a) Sobre el origen de la violencia. En un primer momento, parece que va a
soslayarse la cuestión del origen de las revueltas, cuando se afirma que: “Amnistía
Internacional pudo evidenciar la dificultad de identificar responsabilidades
en un contexto de polarización política y social como el que vive el país.” Sin embargo, tan pronto dice esto, el informe
se aventura a conjeturar sobre su origen y presenta su particular cronología de
las protestas. Por un lado, tenemos un relato de los hechos que omite cualquier
alusión a “La salida”, al sentido de la movilización del 12F y, en general, a
los sectores que realmente impulsaron la confrontación violenta: “El pasado 4 de
febrero en San Cristóbal, estado Táchira, (…) cinco personas fueron detenidas, acusadas de haber participado en actos
violentos, incluido un ataque contra la residencia del gobernador de estado
Táchira. (…) En Caracas, la capital, los estudiantes culminaron su protesta del
día 12 de febrero, frente a las oficinas del Ministerio Público, donde iban a
presentar una petición pidiendo la liberación de los estudiantes detenidos en
Táchira (…) En el contexto de esta protesta en la capital perdieron la vida
tres personas tras recibir impactos de bala.” Según Amnistía, la renuncia del presidente
constitucional Nicolás Maduro es una reivindicación de las protestas que surge
más tarde. En concreto, ¡50 días más tarde! “Hasta el cierre
de la edición de este informe, [continúan las] manifestaciones, y bloqueos de
vías por parte de ciudadanos críticos al gobierno que piden ahora la
renuncia del Presidente Nicolás Maduro…”. Aparte de una cronología parcializada, el
informe se atreve a abundar en las raíces socioeconómicas del conflicto: “Si bien en la
última década el Estado ha tomado medidas (…) que han beneficiado a los
sectores más desfavorecidos; la actual situación económica, con un
índice de inflación de más del 50 por ciento y la escasez de productos y
servicios básicos, ha puesto en cuestionamiento estos avances.” El desabastecimiento, la inflación y las tasas
de criminalidad están generando un profundo malestar en amplios sectores de la
población. Podrían incluso favorecer una caída anticipada del gobierno de
Nicolás Maduro, en caso de que la oposición convoque un referéndum revocatorio.
Sin embargo, resulta llamativo que estas protestas surjan justo cuando el
gobierno está afrontando con políticas directas estos problemas. Tampoco ayuda
al argumento de Amnistía que las protestas estén siendo protagonizadas por las
clases medias acomodadas, y no por los sectores más desfavorecidos, que
mantienen en mayor medida su apoyo al gobierno. Sin embargo, Amnistía no duda
en calificar lo sucesido como una “oleada de descontento social”. En la búsqueda de causas, el informe ignora
los procesos de pacificación, control de armamento y reforma policial
–políticas imprescindibles para reducir la violencia estructural,
desdeñadas por la oposición durante años. “Amnistía
Internacional considera que la grave situación (…) podría haberse evitado si el
gobierno hubiese (…) fortalecido las instituciones que sustentan el estado de
derecho; y combatido los altos índices de criminalidad, así como la
proliferación de armas y municiones en manos de la población”. Eso sí, la proliferación de armas parece ser
responsabilidad de las autoridades. “Amnistía
Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades venezolanas a (…)
controlar la circulación e impacto de las armas y municiones, que se utilizan
en el país. La Fuerza Armada
Nacional Bolivariana tiene el monopolio de la importación, fabricación,
distribución, venta de armas y balas. Además es la única autoridad de control a las mismas.” Olvida Amnistía que las autoridades cuentan
con esta capacidad efectiva para controlar la circulación de armas legalizadas
desde la aprobación en 2013 de la Ley para el Desarme, Control de Armas y
Municiones. En un país con más de 9 millones de armas ilegales en manos de
civiles y con una extensa tradición de porte ¿Acaso tiene Amnistía certeza de
que los homicidios durante las protestas se han cometido con armas legales y
con munición adquirida después de 2013? Total que, después de divagar un rato, el informe identifica al máximo responsable de los sucesos: la polarización. “37 personas han
perdido la vida y más de 550 han resultado heridas (…) Este es el saldo más
reciente de la creciente polarización que ha dividido a la sociedad
venezolana en la última década” “Una creciente polarización política y
social (…) ha dejado en descubierto la falta de una atención a la protección de
los derechos humanos de todas las personas” Nos abstendremos de prolijos comentarios sobre
este temible enemigo. Solo señalaremos que multitud de países viven y han
vivido procesos de polarización política que no se han expresado de esta
manera. Solo la articulación consciente traduce el legítimo antagonismo entre
fuerzas políticas en una confrontación violenta. b) Sobre los grupos políticos que promueven
y protagonizan la violencia. Como ya advertimos, para Amnistía los sectores
de oposición son irrelevantes en la organización de las revueltas. Así lo
constatamos en el relato del 12F, que no se vincula ni a Leopoldo López ni a su
–nuevamente frustrada- “operación Salida”: “Estudiantes, a
los que se unieron partidos de la oposición, se manifestaron en
varios estados del país, exigiendo la liberación de los estudiantes detenidos y
reclamando por la inseguridad, la crisis económica y la escasez de productos
básicos” Olviden a la oposición. Para Amnistía, en
Venezuela solo hay dos grupos antagónicos relevantes: por un lado, los
manifestantes que “bloquean vías”; y por el otro, los “grupos armados pro gobierno” que reprimen
despiadadamente a los primeros. Llama la atención esta fijación. En sus
primeras páginas, el informe menciona a estos “grupos armados pro gobierno”
hasta en 9 ocasiones. Aparecen en casi todos los sucesos violentos descritos.
Algo sorprendente teniendo en cuenta que a estos grupos se les imputa una parte
importante, pero minoritaria de los de desenlaces fatales –hasta donde
sabemos 5 de los 39 fallecimientos. ¿Cómo es posible que aparezcan mencionados
con tanta reiteración? En cambio, los grupos opositores están
compuestos por “manifestantes” que “cortan vías” y donde solo “algunas
personas” aisladas emplean armas de fuego para matar a otras personas. ¿Por qué
los grupos “pro gobierno” son descritos como “grupos armados”? ¿Acaso todos los
grupos “pro gobierno” van armados? Y ¿por qué los opositores son siempre
“manifestantes” aunque también haya personas armadas? Todo un misterio. “la violencia
durante febrero y marzo, tanto por parte de grupos armados pro gobierno, como por algunos manifestantes, muestran como todavía queda mucho por hacer” Lo correcto y ético sería incidir en la
necesidad de desarmar a todos los civiles de cualquiera de los bandos
antagonistas. Lo correcto y ético sería exigir que todos los actores políticos
se expresen en las calles, libres de armas, sin actos de violencia ni coacciones.
En cambio Amnistía prefiere sumarse a la campaña –con muchos años de
trayectoria- que trata de propagar la especie de que el chavismo basa su poder
en la amenaza de grupos armados que impiden a la oposición desarrollar sus
actividades con normalidad. Algo notoriamente falso. Al otorgarles un
protagonismo que no tienen, se transmite la idea de que el país entero estaría
subyugado por estos grupos, algo que roza lo risible, teniendo en cuenta son un
fenómeno con presencia en apenas unos pocos enclaves. Se llega a afirmar, sin ningún tipo de
sustento, que: “En la última
década, estos grupos armados pro gobierno han profundizado la deteriorada
situación de violencia política en el país” O que, de las más de 9 millones de armas
ilegales que circulan en el país, “muchas de ellas” estarían, por lo visto, en
manos de estos “grupos pro gobierno”: “El alto número
de armas ilegales que circulan en el país, muchas
de ellas en manos de grupos armados pro gobierno, continuará cobrando
vidas.” Por si no nos quedaba claro, el informe
insiste: “Asimismo, el
inexcusable costo de vidas humanas de las últimas semanas hacen aún más urgente
el que las autoridades tomen acciones
para desarmar a los grupos armados pro gobierno.” En fin, un dislate que sería anecdótico si no
se produjera en un contexto donde cada vez más opositores coquetean con la idea
de una guerra civil, y en donde el chavismo –mayoritario en el país- es
descrito como una horda armada que, por tanto, resultará necesario eliminar. En definitiva, hay uso del lenguaje extraño y
sesgado. Por ejemplo, no se emplea en ningún momento la expresión “chavista”.
Tampoco aparece la palabra “guarimba”; y “revolución bolivariana” solo aparece
en una nota al pie y entrecomillada en tono sarcástico. Los guarimberos, son
casi siempre “manifestantes”. Los chavistas, en muy contadas ocasiones son
descritos como “manifestantes”. De hecho, incluso cuando los chavistas se
manifiestan a favor del gobierno, en realidad, no se manifiestan, sino que
“protestan”: “protestas
en distintas partes del país a favor y en contra del gobierno” “Se mantienen
además las protestas en apoyo al gobierno, así como las acciones de
grupos armados pro gobierno” O bien son descritos como “adeptos”: “al menos 37 personas muertas, incluidos manifestantes contrarios y adeptos
al gobierno” “El mismo día en
horas de la noche en enfrentamientos entre opositores y adeptos al gobierno” c) Sobre los actos de violencia propiamente
dichos. En general, el informe presenta una selección
de víctimas de la violencia desequilibrada. Se desplaza a la mayoría de
víctimas del fenómeno guarimbero, para poner el acento en los casos que
sustentan las tesis del “terror rojo”. Se emplea un lenguaje sesgado y una
ambigüedad calculada que confunden al lector, evitando hacer un balance del
total de víctimas mortales: de cuántas han sido provocadas por la violencia
guarimbera y cuántas por las fuerzas policiales y lo que denomina “grupos
armados pro gobierno”. A los guarimberos,
en general, se los oculta, presentándolos como “personas no identificadas”;
incluso se aprovecha para vincularlos a los “grupos armados pro gobierno”
aunque los hechos no tengan relación entre sí. “El 28 de
febrero, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, falleció el Guardia
Nacional Giovanny José Pantoja Hernández, y resultó herido otro funcionario,
(…) Según informes, personas no identificadas habrían disparado contra
los efectivos de la Guardia Nacional.” “Al menos otras seis personas, incluidos manifestantes contra y pro
gobierno, así como otro oficial de la Guardia Nacional, habrían muerto
durante protestas al recibir impactos de bala de personas no identificadas o
por integrantes de grupos armados pro gobierno” En cambio, cuando la persona fallecida es
opositora, aun cuando todavía no están resueltas las averiguaciones judiciales,
se establecen vínculos causa->efecto. Los “grupos armados pro gobierno” son
los responsables del desenlace fatal: “Génesis Carmona
(…) habría recibido un disparo en la cabeza el 18 de febrero en Valencia,
estado Carabobo, cuando un grupo armado pro gobierno que viajaba en moto
presuntamente comenzó a disparar contra los manifestantes. Génesis Carmona
murió un día después.” En cambio, cuando se trata de policias o de
chavistas asesinados, la ambigüedad calculada llega al extremo. Al final no
queda claro si son los mismos “grupos armados pro gobierno” los que asesinan
también a los miembros de la guardia nacional bolivariana, funcionarios del
gobierno al que supuestamente defienden: “el informe recoge reportes de fuentes públicas sobre casos de
personas, incluidos dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, que
habrían perdido la vida presuntamente como resultado de la violencia y el uso
de armas de fuego, tanto por parte de grupos armados pro gobierno, como por
parte de algunos manifestantes, durante las protestas y en el bloqueo de
vías públicas.” Se llega a la paradoja de plantear el
asesinato de un funcionario como parte del “fracaso” de estos guardias
nacionales a la hora de proteger sus propias vidas. “Al menos otras
seis personas, así como otro oficial de la Guardia Nacional, habrían muerto
durante protestas al recibir impactos de bala sin que las fuerzas del
orden actuaran para prevenirlo o contenerlo.” La autoría en estos casos es un misterio.
¿Quién dispara a los funcionarios? Nadie. Los guardias “resultan heridos” o
“reciben impactos de bala”. ¿Quién asesina a los chavistas? Tampoco lo sabemos.
El caso es que aparezca la expresión “grupo armado pro gobierno” en toda
ocasión, incluso cuando se trata del homicidio de uno de sus presuntos miembros
–en el ejemplo siguiente, se trata el asesinato de un integrante de una
cooperativa de mototaxistas que retiraba una barricada: “Otro
funcionario también habría resultado herido de bala en ambas piernas. El
6 de marzo, en otro incidente en el municipio de Sucre, estado de Miranda,
falleció tras recibir impactos de bala otro Guardia Nacional, Acner
Isaac López, y un mototaxista, José
Gregorio Amaris, cuando, según informes,
un grupo armado pro gobierno que viajaban en motocicleta intentó retirar un
bloqueo de carretera por manifestantes de la oposición.” El relato disponible del fallecimiento del
mototaxista José Gregorio Amaris no menciona en ningún momento a ningún “grupo
armado pro gobierno”[7], sino a
motorizados miembros de una cooperativa de mototaxistas que, cansados del
bloqueo de las vías comenzaron a levantar una barricada cuando desde los
edificios adyacentes comenzaron a recibir disparos. ¿Son estos los grupos
armados pro gobierno que identifica Amnistía? A los que mueren mientras retiran una
barricada los mata una “mano invisible”. En cambio, si se trata de opositores
fallecidos sí que se expone un mecanismo causa->efecto que atribuye el
homicidio indefectiblemente a los “grupos armados pro gobierno”, sin importar
que la investigación judicial todavía esté en curso. El siguiente párrafo relata
los asesinatos de Giselle Rubilar Figueroa (chavista) y de Daniel Tinoco
(opositor). Observen el cambio de perspectiva: “Solo tres días
después, la noche del 9 de marzo, murió Giselle Rubilar Figueroa por
disparos cuando estaba retirando los escombros de una barricada cercana a
su hogar en Mérida, Un día después, el estudiante Daniel Tinoco recibió un
disparo mortal (…) cuando grupos armados pro gobierno que viajaban en
motocicletas les atacaron.” Esta es la principal tesis defendida por
Amnistía en su informe: que la guarimba no mata. En la siguiente frase,
vagamente construida, una cuarta parte de los fallecidos son desdeñados y
clasificados como meros “accidentados”, cuando en realidad se están
contabilizando también casos de homicidio: “Entre el 5 de
febrero y el 12 de marzo, según informes, al menos nueve personas, incluido un
funcionario de la Guardia Nacional, habrían fallecido en accidentes al intentar pasar las barricadas o
intentando retirarlas.” La guarimba es no-culpable. Amnistía está
convencida. Tanto que incluso la colocación de “guayas” es irrelevante. Las
guayas son alambres de metal tensados y atravesados en las vías a unos 120
centímetros del suelo. Debido a su dureza y a que son difíciles de ver, son la
trampa idónea para de herir o matar a personas que circulen en motocicletas.
¿Quién tiene la culpa de una muerte en una guaya? ¿Los guarimberos que la
colocaron? No, según Amnistía, la culpa es de la víctima, por no ver la guaya: “El 21 de febrero,
falleció Elvis Rafael Durán de la Rosa en el municipio de Sucre, estado Miranda
cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta y al intentar pasar una
barricada colocada por opositores fue
sorprendido por un alambre metálico tensado que no pudo ver a tiempo.” No sé cuál es la sorpresa que ve Amnistía en
que un motorista en circulación no sea capaz de esquivar un fino cable de acero
atravesado. Sorpresa –y muy desagradable- es la que se lleva el lector
cuando descubre este párrafo infame. Aquí hacemos un alto. Pues en el marco de
estas detenciones se documentan una serie de denuncias graves que sin duda
merecen toda nuestra atención, consideración y respeto. Para todas ellas
pedimos justicia. “Entre el 12 de
febrero y el 12 de marzo, Amnistía Internacional recibió denuncias de violaciones
a los derechos humanos. Entre ellas se incluyen: casos de uso excesivo de la
fuerza por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), otras fuerzas del
orden y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), así como
casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra
manifestantes detenidos, tanto en el momento de la detención, como cuando se
encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad” No sabemos el número total de denuncias que
habrá recibido Amnistía. Lo que sí sabemos es que el informe hace públicos 6
casos de brutalidad en las detenciones, torturas y otros tratos crueles y
degradantes, dos de ellos con resultados fatales. Posiblemente el número real
de estos casos sea significativamente mayor a 6. La protección del anonimato de
los denunciantes, lógicamente, impide ofrecer el detalle exacto de otros casos.
Sin embargo, llama la atención lo inespecífico de la información de Amnistía al
respecto. ¿Cuántas denuncias recibió del 12 de febrero al 12 de marzo? ¿Diez,
veinte, cincuenta o cien? Lamentablemente, el informe prefiere dejarlo en el
aire. Estamos seguros de que han sido más de 6 las
personas que han sufrido malos tratos o torturas. También estamos seguros de
que las 2.100 personas detenidas hasta la fecha no habrán pasado por las mismas
vivencias y circunstancias. Toda detención, aunque sea por breve plazo, es una
experiencia traumática, sobretodo si tiene lugar en un contexto de
violencia. Pero ¿cuántos casos de
este tipo se han dado? Más adelante encontramos una mayor concreción. “Amnistía
Internacional ha recibido decenas de denuncias de torturas y otros tratos crueles inhumanos y
degradantes por parte de oficiales de las fuerzas del orden contra detenidos,
tanto en el momento de la detención, como durante el traslado y en el centro de
detención” En cualquier caso, tras leer el informe, solo
podremos afirmar que el número de denuncias es mayor de 20 y menor de 2.100.
Sin duda, una falta de precisión poco aceptable. Entre las denuncias encontramos prácticas muy
graves, como el abuso sexual, que lamentablemente tampoco podemos precisar si
es una práctica sistemática o si se trata de un caso puntual. Por lo que
sabemos, a medios de comunicación ha transcendido una denuncia de abuso sexual,
una denuncia por amenaza de traslado a una prisión donde la persona detenida
sería violada por los otros presos, así como una denuncia de una persona
retenida en el suelo que fue golpeada brutalmente con un casco. Coinciden estos
perfiles con los denunciados por Amnistía, solo que en el informe se mencionan
en plural, con lo que se da a entender –y esperamos que no sea otra
ligereza de Amnistía a la hora de presentar las denuncias- que han sido varias
las personas afectadas por cada una de estas circunstancias. “Entre las
denuncias recibidas, se incluyen casos de palizas por parte de
funcionarios de la fuerzas del orden, con puños, patadas y con objetos
contundentes, como cascos, incluso cuando la persona se encontraba
restringida en el suelo en el momento de la detención. Asimismo, se han
recibido denuncias de detenidos a los que se habría obligado a permanecer de
rodillas o en pie durante largas horas en los centros de detención, abusos
sexuales o amenazas de violación contra jóvenes detenidos. Entre las
denuncias recibidas se incluyen además casos de amenazas de muerte,
incluido un caso en el que se habría rociado de gasolina a un joven.” También descubrimos alguna denuncia pertinente
adicional, de la que se deberían derivar consecuencias judiciales para los
agentes o mandos implicados. “Las fuerzas del orden habrían hecho uso de gases
lacrimógenos de forma excesiva e indiscriminada, en ocasiones dirigiéndolos
directamente contra el cuerpo de los manifestantes, así como uso de gases
lacrimógenos en espacios cerrados y en zonas residenciales.” d) Sobre las acciones de los poderes
públicos frente a la violencia. El informe plantea dos líneas argumentales en
este punto: por un lado, que el gobierno reacciona mediante la mera adopción de
estrategias represivas; por el otro, que Amnistía estaría recomendando una
serie de medidas para frenar la crisis que, presuntamente, no se estarían
adoptando. Ambos extremos son de escasa veracidad. Así por ejemplo, al lector no avezado le puede
resultar totalmente desproporcionado el número de detenidos. Si las protestas
han consistido en manifestaciones y cortes de vías, ¿Cómo es posible que se
haya detenido a más de 2.000 personas? “Según el
Ministerio Público, hasta el 12 de marzo, más de 2.100 personas fueron
detenidas, de las cuales 168 continúan detenidas. La mayoría de las personas detenidas habrían sido liberadas, pero con
procesos judiciales pendientes, mientras otras 66 personas fueron liberadas
incondicionalmente.” Más adelante entendemos que algo de violencia
sí que puede haber detrás de la mayoría de estas detenciones. Eso sí, hay que
saber leer entre líneas: “Decenas de éstas habrían sido detenidas
sin orden de aprehensión y sin encontrarse cometiendo ningún delito (en
flagrancia).” Si de un total de 2.100 detenidos tenemos a
unas decenas de personas que no estaban cometiendo ningún delito en flagrancia
¿Cuántas sí los estaban cometiendo? Obviamente, si han tenido lugar detenciones
arbitrarias, se debe sancionar a los conductores de las mismas. Pero ¿no es un
saldo llamativo el que haya habido más de 2.000 detenidos? Sí, siempre que
entendamos que tras estas detenciones tenemos centenares de focos de guarimba
violenta. Y por otro lado, ¿no es también reseñable que a la inmensa mayoría se
le impusieran en el acto medidas cautelares sustitutivas a la prisión
preventiva? En lo que respecta a la conducta del gobierno
detectamos en el informe otras referencias de gravedad. Por ejemplo, en su afán
por proteger la imagen de las barricadas violentas, se llega a tergiversar al
Presidente Maduro cuando el 5 de marzo solicita a sus partidarios que levanten
las guarimbas. Para Amnistía, esta referencia es una amenaza tanto hacia la
guarimba como hacia la protesta pacífica. “De gran
preocupación han sido las palabras del Presidente Nicolás Maduro (…) instando a
la población que apoya la gestión de su gobierno a salir a las calles y
parar las protestas y barricadas.” Desde luego que Nicolás Maduro jamás pedi procesovenezolano.wordpress.com/