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La justicia resolvió a favor de los huarpes
Por Claudio Leiva / Diario de Cuyo - Friday, Aug. 29, 2014 at 3:58 PM

Arancibia hizo lugar a un amparo para frenar el alambrado de unos campos.

El titular del Tercer Juzgado Civil, Luis César Arancibia, hizo lugar a un recurso de amparo que habían presentado representantes de la Comunidad Huarpe que habitan tierras en El Encón, departamento 25 de Mayo, para frenar un proyecto de alambrado de campos que tenía como propósito la reforestación de la zona. Los aborígenes habían decidido ir a Tribunales por el temor de que los terminen echando del lugar y que los animales que crían, principalmente caprinos, mueran de hambre o de sed por no poder desplazarse a las zonas de pasturas y las aguadas.

La resolución judicial impide que continúe el programa de alambrado y de medición de los terrenos, pero no resuelve la cuestión de fondo, que es el derecho a la propiedad de la tierras. Es que los De los Ríos, Mario y su hijo José Luis, son propietarios de una fracción de 6.052 hectáreas y consiguieron un subsidio nacional para llevar adelante su plan, para lo cual ya habían empezado con el cierre perimetral de la zona. Pero integrantes de las comunidades Salvador Talquenca y la Clara Rosa Guaquinchay, sostienen que vienen ocupando las tierras desde hace al menos 500 años. Invocan que tienen la “propiedad comunitaria” del territorio, según dijo la abogada, Andrea López, que los patrocina.

Para terminar de una vez por todas con la cuestión de quién debe quedarse con los campos, desde el sector de los huarpes sugieren una solución política, similar a la implementada en Mendoza. En esa provincia, en el 2010, el Gobierno provincial, durante la gestión de Celso Jaque, expropió y les entregó las escrituras de 72.000 hectáreas a descendientes de la misma etnia (ver aparte).

En su resolución, el magistrado tuvo en cuenta la Ley 26.160, que estableció la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan los descendientes de indígenas. La norma “suspende” la ejecución de sentencias o de actos administrativos cuyo objeto sea el desalojo de terrenos ocupados por “comunidades originarias”. También interpretó lo que señala la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 17, que “reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Ariel Carmona, el cacique de la Comunidad Salvador Talquenca, dijo que “es una decisión muy importante porque los empresarios no podrán seguir avanzando. Es un reconocimiento de la Justicia a nuestra situación”.

Los De los Ríos prefirieron no opinar hasta no conocer detalles del fallo judicial. De todos modos, la decisión todavía no está firme porque pueden apelar.

No es la primera vez que estas comunidades deben pelear por su territorio. A fines de 2012, lograron mediante una resolución judicial del mismo magistrado suspender la ejecución de una sentencia de remate de terrenos ocupados por esta población aborigen. El juez Arancibia reconoció en una sentencia que la comunidad huarpe “ha venido ocupando el inmueble subastado de manera efectiva, actual, pública, pacífica e ininterrumpida desde tiempos inmemorables”.

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