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Argentina, Brasil y Paraguay: La triple frontera (agro) tóxica
Por Débora Padilla - Monday, Nov. 03, 2014 at 11:27 PM

Agrotóxicos, multinacionales, enfermedad, contaminación y criminalización de la protesta, son algunas caras de la misma moneda que también nos une como países.

Ilustración de Pere Ginard

Ilustración de Pere Ginard


Edición @Melidassano


La muerte invisible e invisibilizada

Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer que aproximadamente mas de  5 millones de personas, anualmente, sufren intoxicación debido a diferentes agrotóxicos. Se estima que de esta cifra fallecen cerca de un millón. Al mismo tiempo, en la mayoría de los casos existe un subregistro de los envenenamientos. Por lo tanto, se estima que por cada incidente notificado, hay 50 que no son identificados por varios factores que van desde, la falta de acceso a los servicios de salud por la población, las dificultades que enfrentan los médicos en la identificación de intoxicación por agrotóxicos, incluso el miedo de los profesionales de la salud a tomar dicha notificación, dado el poder de grandes productores agroindustriales en las áreas afectadas por estos químicos. Cerca del 99% de los afectados, viven en países en vías de desarrollo. Naciones Unidas considera que la tasa de intoxicaciones por agrotóxicos en los países del sur podría ser unas 13 veces mayor que en los países industrializados, por lo cual declaró a los plaguicidas como uno de los mayores problemas en el ámbito mundial.

Ante las medidas de prohibición de muchos productos en Europa como el Glufosinato, Azinfós metil, Diclorvos, Fention, Endosulfán, Malatión entre muchos otros,  y el aumento de los costos de inversión para introducir los nuevos en el mercado de los países desarrollados, las compañías multinacionales han respondido exportando al Tercer Mundo aquellos tóxicos.

Ya en el año 1962, la bióloga Raquel Carson, cuando publicó su libro Primavera Silenciosa, destacó las consecuencias nocivas para el ser humano y el medio ambiente que provocaba el uso de peligrosos venenos químicos para combatir las plagas y enfermedades de las plantas. Tiempo después, las investigaciones demostraron la presencia de plaguicidas clorados en el tejido adiposo de mamíferos marinos y otros vertebrados e incluso en la sangre de los seres humanos y en la leche materna. Y es que los agrotóxicos no fueron creados para la agricultura, ni solicitados por los agricultores: fueron un producto de la guerra, según el informe Los agrotóxicos, El Nuevo Holocausto Invisible, realizado por Graciela Vizcay Gomez, en la actualidad la venta del paquete tecnológico semilla-agrotóxico es la ecuación perfecta para sostener un poder corporativo que ha crecido en las últimas décadas de una forma que no tiene precedentes.

Vizcay Gomez relata que en la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania fue bloqueada y los aliados prohibieron la importación del salitre chileno y otros abonos nitrogenados que podían utilizarse en la fabricación de explosivos, les quedó un enorme stock de nitratos que ya nadie quería. La industria química los recicló y se los impuso al agricultor;  así nacieron los abonos nitrogenados. En otro caso, cuando explotó la primera bomba atómica, en el verano de 1945, viajaba en dirección a Japón un barco americano con una carga de fitocidas, entonces declarados como LN 8 y LN 14, suficientes para destruir el 30% de las cosechas, químicos capaces de eliminar todo tipo de plantas . Más tarde, en la guerra de Vietnam, estos mismos venenos, con otros nombres tales como “agente naranja”, sirvieron para la destrucción de decenas de miles de kilómetros cuadrados de bosques, cultivos y pantas (que no han vuelto a brotar), al mismo tiempo afectó y afecta aún a esa población humana de modo irreversible, siguen naciendo niños con malformaciones congénitas, cegeras, deformidades y  elevadísimos índices de casos de cáncer. Después de las citadas guerras, la agricultura sirvió para canalizar las enormes cantidades almacenadas existentes de éstos tóxicos para mantener funcionando las grandes capacidades de producción que  ya habían sido montadas. En este sentido, no es menos polémico el origen y actual accionar de las principales empresas productoras de estos venenos.

BAYER, la mayor productora de agrotóxicos, de origen alemán, se convirtió en parte de IG Fraben conglomerado de las industrias químicas alemanas que formaron la base financiera del régimen nazi. El gas Zyklon B, que se utilizaba en las cámaras de exterminios, era fabricado por Degesch, una subsidiaria de IG Farben. En el caso de BASF, la empresa química más grande del mundo también de origen alemán, comprende más de 160 subsidiarias y cuenta con más de 150 plantas de producción en todo el globo. Entre sus productos esta el agrotóxico de nombre comercial Opera, que incluye a los extremadamente tóxicos  glifosato (herbicida) y endosulfán (insecticida); el producto cuenta con una publicidad que muestra a un niño sonriente, con una pequeña planta en la mano y con una extensa plantación de soja de fondo.

Por otro lado, la norteamericana DuPont, ya durante la Guerra Civil en los EE.UU., suministraba la mitad de la pólvora usada por el ejército de la Unión, también dinamita. Siguió siendo un proveedor del ejército estadounidense tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda. También colaboró en el Proyecto Manhattan, siendo responsable de la planta de producción de plutonio en el Laboratorio Nacional Oak Ridge. De origen suizo, el anglo-sueco  SYNGENTA/NOVARI  tiene entre sus productos el famoso pesticida Paraquat, vendido en más de cien países con el nombre genérico de “Gramoxone”. Este producto, una vez absorbido a través de la piel o los pulmones, tiene efectos que son irreversibles. No existe ningún antídoto conocido para el envenenamiento con paraquat. Diversas organizaciones de Asia, África y Europa, presentaron una denuncia contra la multinacional ante la FAO. La empresa no respeta su artículo 3.5 que llama a evitar ciertos pesticidas extremadamente tóxicos. En julio pasado, la Corte de Justicia Europea también se pronunció contra dicho producto.

Por su parte, la estadounidense MONSANTO, tiene como parte de su largo prontuario la producción del PCB (bifenilos policlorados) utilizados en los tranformadores eléctricos y causantes  de múltiples patologías sobre todo cancerígenas.  Su colaboración en la creación de armas Nucleares, ya que poco después de que adquirieron Thomas & Hochwalt Laboratories, Monsanto desarrolló un departamento que jugó un papel clave en el proyecto Manhattan de 1943 a 1945, responsable de la producción de las primeras bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. Producción del agente naranja utilizado en la Guerra de Vietnam. Conocida actualmente por su glifosato Round Up, fue condenada  en Francia por publicidad engañosa, al ser demostrado su carácter potencialmente cancerígeno y perturbador del sistema endocrino y de provocar efectos nefastos para el ambiente, a largo plazo. Introdujo al mercado la primera generación de transgénicos, convirtiéndose en el líder mundial en la promoción de biotecnología. Actualmente, es el mayor vendedor mundial de semillas transgénicas en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Sus cultivos representan más del 90 por ciento de todos los cultivos transgénicos del mundo.

Armas nucleares y bomba atómica

En 1936 Monsanto adquirió Thomas & Hochwalt Laboratories en Ohio y lo convirtió en su Departamento Central de Investigación. Entre los años 1943 y 1945 este departamento coordinó sus esfuerzos con el Comité de Investigación de la Defensa Nacional de EE.UU. y se dedicó a la purificación y producción de plutonio, y a refinar las sustancias químicas que se usan como detonantes para armas nucleares.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/sociedad/view/105771-eeuu-transgenicos-monsanto-peligrosos-salud

República Unida de los Agrotóxicos

Ilustración de Pere Ginard

Ilustración de Pere Ginard

El agro-negocio se instaló en nuestros países, corrompiendo las estructuras políticas, económicas y sociales. El actual modelo de producción agrario en América Latina fue marcado por la entrada de la llamada Revolución Verde, a mediados del siglo XX. Luego, se profundizó con el ingreso de la agricultura transgénica en los años 90, la cual requiere de agrotóxicos para existir. Si bien el uso de estos venenos inicia antes, fue en los últimos 20 años cuando se comenzaron a utilizar de forma masiva e indiscriminada.

En el año 2003, la multinacional Syngenta publicó un aviso en los diarios argentinos Clarín y La Nación bautizando con el nombre de “República Unida de la Soja” a los territorios de Sud América, en los que se sembraba soja. Integrados por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, esta región cubre en la actualidad una superficie de más de 46 millones de hectáreas de monocultivo de soja transgénica, fumigadas con más de 600 millones de litros de glifosato y provoca una deforestación, de como mínimo, 500 mil hectáreas por año, que tiene su correlato en las innumerables denuncias que se producen cada día por los daños a la salud, los ecosistemas, la agricultura y a las comunidades. Obviamente, dentro de la lógica del modelo, esta situación siempre afecta, en mayor proporción, a los grupos sociales que viven en vulnerabilidad, dependiendo de su clase, género, grupo étnico o su inserción en determinados sectores y territorios económicos, no sólo por la  mayor exposición a estos tóxicos sino también por las dificultades que estos grupos tienen en reconocer, difundir lo que sucede y hacer frente a los riesgos, junto a su nula influencia y participación en los procesos de toma de decisiones que les afectan.

Los agrotóxicos no “desaparecen” luego de aplicados, sino que persisten en el aire, el agua, las comidas y terminan en el cuerpo humano deprimiendo el sistema inmunitario. Esto hace que las personas sean más sensibles a enfermarse de distintas patologías. Las aguas contaminadas expanden el tóxico a la flora y fauna, produciendo la muerte de especies, el aumento de la intoxicación humana y la contaminación de las reservas hídricas.

Según el informe, publicado en el 2012, titulado Producción de soja en las Américas: actualización sobre el uso de tierras y pesticidas, realizada por la investigadora Georgina Catacora Vargas, Brasil y Argentina son los alumnos más aplicados del modelo de agro-negocios. En relación sólo al cultivo de soja, Brasil esta como el segundo productor mundial y Argentina como el tercero. Ambos concentran el 90% de la superficie de soja de la región: 23 millones de hectáreas en Brasil, 19 millones en Argentina. Por otro lado, aproximadamente el 36% de la tierra arable de Brasil, el 59 (%) de Argentina y el 66 (%) de Paraguay están ocupadas con soja. Cabe recalcar que ya se comprobó la contaminación transgénica: en la zona de Cataratas de Iguazú, un estudio llevado a cabo por el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Renovables (IBAMA) en el Parque Iguazú confirmó que los cultivos de soja transgénica, que abundan en su zona de influencia, son la causa de la contaminación genética de diversas especies vegetales. El cultivo de soja en la zona de resguardo del parque está prohibido por ley, pero en las repúblicas unidas de los transgénicos todo es posible.

Brasil, Campeón Mundial  en el uso de Agrotóxicos

brasil_consumidor_agrotoxicos-610_largeDesde 2009, Brasil es el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo: adquiere el 84% de los agrotóxicos vendidos a América Latina. Por un lado las mayores empresas productoras de estos productos, tales como BASF, Bayer, Syngenta/AstraZeneca/Novartis, DuPont, Monsanto y Dow, se instalaron en el país. Al mismo tiempo importa miles de toneladas de plaguicidas prohibidos en los países que los produjeron como el caso de herbicida paraquat y del insecticida paratión metílico. En la torta de consumos de agrotóxicos mundial, Brasil consume 19% de los productos, Estados Unidos aproximadamente un 17%, y el resto de los países 64%.

Una investigación realizada  por Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil) determinó que el uso de estos productos creció un 93% entre los años 2000 y 2010 a nivel mundial, pero en el caso de Brasil ese porcentaje alcanzó el 190%. Y es que en el vecino país, se da un fenómeno parecido al paraguayo y argentino: un mercado desregulado que  aumenta progresivamente la superficie cultivada con transgénicos, sufriendo un aumento explosivo del consumo de agrotóxicos.

Un informe realizado por la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (ABRASCO) reveló que de los 50 productos más utilizados en los cultivos brasileños, 22 están prohibidos en la Unión Europea. El Ministerio de Salud Brasilero estima que cada año, hay más 500 mil de las personas contaminadas por plaguicidas, con cerca de 4.000 muertes por año. Las mayores empresas productoras de estos venenos, tales como BASF, Bayer, Syngenta/AstraZeneca/Novartis, DuPont, Monsanto y Dow, se instalaron en el país gracias a una política dirigida a proteger los intereses del agro-negocio y de las bancas ruralistas en el parlamento brasileño, que paradójicamente apoyan a un gobierno que había propuesto hacer cambios estructurales, tales como la reforma agraria, que hasta ahora no se produjeron.

Los osos de Bayer en Copacabana

En plena playa de Copacabana-Río de Janeiro, con motivo del Mundial de Fútbol 2014 se encontraban los Buddy Bear, una muestra itinerante de 141 esculturas de osos, denominados como el Arte de la Tolerancia, para promover “la unión de los pueblos”.  Uno de los auspiciantes de esta obra fue Bayer, la transnacional alemana, famosamente conocida y cuestionada por la producción de agrotóxicos y transgénicos.

No es de extrañar que en sus políticas de responsabilidad empresarial, Bayer haya hecho posible este bonito espectáculo para seguir tolerándolo en todos los pueblos, mientras sigue envenenando a millones de brasilerxs y personas en todo el mundo. En los supermercados de Río, se puede encontrar la góndola de productos orgánicos, pero ningún cartel, periódicos o revista que hable sobre los agrotóxicos, los transgénicos y sus consecuencias.

¿Y  ahora? ¿Quién podrá defendernos?

En un país militarizado, no sólo en la época del mundial, hay paramilitares por doquier. En ciudades como Río de Janeiro, es posible ver en el mar buques de guerra, helicópteros policiales que rodean los cielos, ciudades donde se contiene a la gente para que no baje de las favelas y se esconda la realidad de la mayor parte de la población, y que cuando bajan se puede ver en sus ojos, en sus cuerpos, las marcas de la pobreza, el hambre, la droga, la corrupción, la injusticia y la desidia de este sistema, que el extractivismo profundiza cada vez más, pero que tiene una impunidad importante.

Es así el caso de Santa Teresa Oeste, en el estado de Paraná, donde una  milicia armada privada contratada por la multinacional Syngenta llegó a disparar a quemarropa a un predio ocupado por La Vía Campesina en Octubre de 2007, terminando con la vida de Valmir Mota, de 32 años, padre de 3 niños, quien recibió dos disparos e hiriendo de gravedad a otros seis trabajadores rurales. Un año antes, en 2006, Vía Campesina Brasil había ocupado los campos experimentales de transgénicos de Syngenta (ilegal) en ese lugar, por estar en el área de amortiguamiento del Parque Nacional de Iguazú, que alberga las famosas cataratas de mismo nombre. Según la ley de bioseguridad en Brasil, estaba prohibido sembrar transgénicos en una extensión de 10 kilómetros de un área natural protegida. Gracias a la notoriedad de la ocupación y a la denuncia de las organizaciones sociales, la autoridad ambiental, IBAMA, sentenció a Syngenta a pagar una multa de 500 mil dólares, cosa que la multinacional nunca efectuó. Más tarde, el gobierno de Lula da Silva cambió la ley, reduciendo el área de amortiguamiento a solamente 500 metros. Syngenta aprovechó el favor que le hizo Lula para apelar el pago. No existe aún sentencia definitiva en el caso. La ocupación del campo experimental fue una denuncia por la impunidad con que se manejan las multinacionales de los agro-negocios, invadiendo zonas naturales únicas como el Parque Iguazú, con transgénicos y uso intensivo de agrotóxicos. Frente a un orden judicial de desalojo, y en un clima de amenazas y violencia por parte de matones y guardias de seguridad contratados por la empresa Syngenta, las 70 familias que estaban ocupando decidieron abandonar el área en julio de 2007, en espera de la resolución definitiva.

En octubre, volvieron a ocupar el campo para retomar sus actividades a favor de las semillas criollas y la agroecología, como una medida de presión para una resolución legal del conflicto. Es en este momento, cuando fueron atacados salvajemente, con armas de fuego disparadas directamente contra la gente, por la empresa de seguridad NF contratada por Syngenta. Luego del ataque se realizaron las denuncias correspondientes y se lanzó una campaña nacional y mundial de Syngenta fuera de Brasil. Por su parte el ministerio público estatal  realizó una absurda denuncia hacia diez de los trabajadores que se encontraban ese día en el predio, responsabilizados por el ataque del que fueron víctimas.

Paraguay,  impunemente fumigado

monsanto paraguay3En Alto Paraná, justo en la triple frontera, niños y adultos de la comunidad Leopoldo Perrier, distrito de San Cristóbal, están sufriendo las consecuencias de la fumigación realizada a las plantaciones de canola a metros de sus viviendas.

En la escuela, los niños se desmayan con el olor, las mujeres están sufriendo abortos y mueren peces, cerdos y otros animales. Las plantaciones de canola prácticamente rodean a la comunidad y, según denuncias, son tierras que paraguayos están alquilando a colonos brasileños para el cultivo de la planta que luego se emplea para hacer biodiésel.

Un caso emblemático es el de Roberto Giménez quien realizó una denuncia, junto a la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA), por la muerte de su hijo de tres años, Jesús Giménez, quien falleció luego de siete días de padecer una extraña enfermedad, luego que se realizaran fumigaciones de las plantaciones aledañas a su hogar. Denunciaron a las autoridades del hospital, ya que se negaron a dar un diagnóstico de la muerte. Antes de realizarse la denuncia ante la fiscalía, los afectados se reunieron con el intendente de San Cristóbal. Sin embargo, el jefe comunal les dijo que dejar de emplear los avances tecnológicos y las técnicas modernas en el campo sería como retroceder cincuenta años, apoyando así la negligencia médica y encubriendo la situación de salubridad de su comunidad. Posteriormente la  población afectada resistió las fumigaciones, movilizándose en forma pacífica, pero a causa de estas movilizaciones la fiscalía imputó  a cuatro personas, tres de ellas parientes del niño, socios de ASAGRAPA y a su dirigente, Tomás Zayas. La Fiscalía alegó que los mismos conformaron una asociación criminal y realizaron un intento de homicidio por supuesto disparo de arma de fuego al aire. Los pobladores indicaron que ni Zayas estuvo presente en la movilización, ni que hubo disparos de arma de fuego.

Violación de todos los derechos

En Paraguay, la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción informó que el 40% de los niños cuyas madres tuvieron contacto en forma directa o indirecta con los químicos, nació con algún tipo de malformación, en la zona fronteriza con Argentina. Ya en 2007, la Mesa de Concertación para el Desarrollo Rural Sostenible (Mesa D.R.S) presentó una denuncia contra el estado paraguayo, ante las Naciones Unidas, por los atropellos a los derechos humanos de comunidades campesinas e indígenas ante el uso indiscriminado de agrotóxicos por parte de la agricultura monocultivista a gran escala. Las primeras denuncias las realizó la Federación Nacional Campesina (F.N.C), exigiendo al servicio nacional de calidad y sanidad vegetal y de semillas (SENAVE), la planilla de registro de aplicaciones de los plaguicidas de todas las empresas y establecimientos agrícolas ubicados alrededor de lindantes con los latifundios sojeros.

Por su parte, los funcionarios del ministerio de salud han negado los hechos y declarado que las muertes no se producen por causa de la aplicación de agrotóxicos. Al igual que en Argentina, la legislación es muy permisiva y es el Ministerio de Agricultura quien debería regular y hacer cumplir la ley sobre uso de agrotóxicos. Pero no solo no lo hace. Además, instiga al uso indiscriminado repitiendo “que no son peligrosos para la salud”.

El pueblo paraguayo está siendo bombardeado por venenos usados en Vietnam, prohibidos en otros países como el tordón, el 2-4-D y el parathion por nombrar algunos de los tóxicos usados en los campos de sojales paraguayos; el agua de consumo humano es casi cloacal y no hay un mínimo respeto por los pueblos originarios.

Paraguay ocupa el sexto lugar en producción de soja y el cuarto como exportador a nivel mundial. Según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de ese país, en 2007 la pobreza extrema en el campo creció hasta un 24.4%. Según el informe realizado Red por una América Latina Libre de Transgénicos, en febrero de 2014, el incremento de la producción de soja ha significado también la sustitución de cultivos alimenticios de los que depende la soberanía alimentaria del pueblo, por la producción de un cultivo de exportación que beneficia a unos pocos (la mayoría de ellos, no paraguayos) y la desaparición de su bosque nativo y las áreas protegidas donde moran comunidades indígenas.

Un 80% de las tierras de Paraguay se concentran en un 2% de los propietarios. En el ciclo agrícola 1999-2000 se incorporó (de manera ilegal) la semilla de soja transgénica. El ingreso de semillas de soja transgénica al Paraguay es similar al del resto de los países de la región. Aunque Monsanto nunca patentó la soja RR en el país, la transnacional permitió y estimuló su introducción ilegal desde la Argentina y Brasil, para que una vez difundidas y establecidas en suelo nacional los productores empresariales paguen por el uso de la tecnología RR. A partir de ese momento, el área sembrada con soja fue posicionando a Paraguay, como uno de los principales productores y exportadores de soja a nivel mundial. Esta gran expansión de los cultivos de soja, se produjo a costa de la agricultura campesina. De las 27 mil fincas cultivadoras de soja, 45 son de empresas que cultivan más de 5 mil hectáreas, cuyas divisas no se quedarán en Paraguay, sino que van a Brasil porque el capital, la tecnología y los productores provienen de ese país. Esto se debe a que Paraguay tiene algunas “ventajas comparativas” para el agro-negocio, incluyendo el precio de la tierra donde las ocupaciones brasileñas no respetan los asentamientos campesinos, a los que arrinconan y desplazan. Al mismo tiempo, los asentamientos no están protegidos; la gente en sus viviendas queda intoxicada por las fumigaciones y los campesinos tienen que literalmente salir corriendo de sus casas. Lo mismo pasa con las escuelas. El glifosato cae en el agua, la chacra y sobre la gente. En Paraguay la mayoría de los departamentos (provincias) están afectados.

El agronegocio en el centro del Estado

En  junio de 2012, en el distrito de Curuguaty -una zona rural de las más afectadas por el agro-negocio-, se produjo un violento desalojo en tierras de propiedad estatal, reclamadas como propias por uno de los terratenientes más importantes del Paraguay: Blas Riquelme. El desenlace fue la muerte de once campesinos y seis policías. Esto generó una gran campaña mediática donde se tildó a los campesinos de invasores. Luego de esto, el golpe parlamentario dado contra el presidente Fernando Lugo, el 22 de junio de 2012, estuvo atravesado por intereses del agro-negocio internacional que lucran desde hace muchos años en Paraguay, especialmente por las empresas Monsanto y Cargill. Cabe señalar que este hecho se dio luego del nombramiento por parte de Lugo de un nuevo comandante de las fuerzas policiales, involucrado como responsable del operativo en Curuguaty, que aparece recurrentemente en todas las crónicas como aditamento sobre la responsabilidad del primer mandatario en los hechos.

Antes de este acontecimiento, se estaban realizando algunas acciones contra los transgénicos, desde instituciones mismas del Estado como el Senave (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas), que un par de semanas antes había prohibido la introducción de una semilla Monsanto al país. Con el nuevo gobierno, la semilla fue liberada y el Senave comenzó a ser dirigido por un empresario de agrotóxicos, organizaciones campesinas e indígenas habían trabajado, durante dos años sobre un proyecto de ley de regularización de agrotóxicos el cual fue rechazado, y se aprobó la ley fitosanitaria, presentada por los grandes sojeros.

Luego se comenzó a trabajar desde las organizaciones en la reglamentación de ese proyecto y en las leyes de regularización de agrotóxicos en zonas donde están las casas a 100 metros a la redonda, donde están las escuelas, colegios, y se sacó por decreto una reglamentación. Reglamentación que ahora también fue borrada por este presidente del Senave. Ahora, hay vía libre para la fumigación en todas las comunidades campesinas indígenas, o sea que no existe ninguna protección en este momento.

Cargill es una de las principales empresas encargadas de acopiar, transformar y exportar la soja paraguaya. Su principal mercado es el argentino, en donde es procesada. Esta empresa ingresó a Paraguay en 1978 para la comercialización de algodón y soja. Al momento, Cargill en Paraguay se dedicaba al negocio de acopio de la producción, y su posterior transformación y exportación a Argentina, donde es importada como Cargill-Argentina. El primer puerto de la empresa se construyó en 1991. Está ubicado sobre el kilómetro uno del Río Paraná, lo que permitió intensificar su participación en el mercado de granos en el país. En 2008, inició la construcción de un segundo puerto (Puerto Unión), que entró en funcionamiento en 2011. Funciona a 500 metros río arriba de las principales tomas o captaciones de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) La comisión parlamentaria de Salud Pública advirtió sobre los posibles daños a la salud de la población.

Por su parte, Monsanto tiene el “monopoly” de casi el 100% de la soja transgénica que se siembra en Paraguay; está patentada por la empresa transnacional. El poder de Monsanto es tan grande en Paraguay, que Franco, el presidente que ocupó el poder después de Lugo, defendió públicamente a la empresa durante una misa celebrada por el obispo de Asunción.

Argentina, enferma de progreso agrotóxico

 

Imagen de Reduas

Imagen de Reduas

En Argentina, viven actualmente más de 13 millones de personas en áreas que se fumigan con más de 300 millones de litros de agroquímicos por año,  en 22 millones de hectáreas afectadas  y la dosis sigue creciendo, mientras la población enferma y muere en una descontrolada lluvia tóxica. Por su parte, la Cámara de Agrotóxicos Argentina informó que en los últimos 22 años el consumo de pesticidas aumentó 858%, mientras datos epidemiológicos oficiales revelan que, en ese tiempo, hubo un 400% más de malformaciones congénitas y 300% de patologías oncológicas. Un informe del Ministerio de Salud de mayo de 2012 confirma que las poblaciones expuestas a los agroquímicos, tienen un 30 por ciento más de casos de cáncer que en aquellas que no están. Según informó la Red de Médicos de Pueblo Fumigados, después de más de 15 años de fumigaciones sistemáticas, los equipos de salud de los pueblos fumigados detectan un cambio en el patrón de enfermedades en sus poblaciones: los problemas respiratorios son mucho más frecuentes y vinculados a las aplicaciones, igual que las dermatitis crónicas; de la misma manera, los pacientes epilépticos convulsionan mucho más frecuentemente en época de fumigación, son más frecuentes la depresión y los trastornos inmunitarios.

Se registran altas tasas de abortos espontáneos (hasta del 19%) y aumentó notablemente las consultas por infertilidad en varones y mujeres. Los rebaños de cabras de los campesinos y originarios registran, en algunas zonas, hasta un 100% de abortos vinculados a la exposición con pesticidas. Se detecta también un aumento de trastornos tiroideos y de diabetes. Cada vez, nacen más niños con malformaciones en estas zonas, especialmente si los primeros meses del embarazo coinciden con la época de fumigaciones. Síndromes de Down, mielomeningoceles, cardiopatías congénitas, etc. (entre otras) se diagnostican con frecuencia en estas áreas.

Según indica el biólogo Raúl Montenegro, en Argentina la población expuesta a la fumigación no sabe que tiene plaguicidas en sus organismos. Los recibieron por exposición directa, al consumir sedimentos de tanques de agua, partículas de suelo y alimentos contaminados. Y también por vía transplacentaria y lactancia materna cuando eran embriones, fetos y bebés pequeños, pues sus madres almacenaban plaguicidas en sangre y el tejido graso. La agresión química afecta a todas las personas, pero sin duda que las poblaciones más empobrecidas del campo, los peones, sus mujeres y niños son los que tienen menos posibilidades de proteger y recuperar su salud.

En el caso de Misiones, zona fronteriza con Parguay y Brasil, el Hospital Provincial de Posadas comprobó que incluso la población no expuesta tiene al menos 15 agroquímicos circulando en sangre, con el agravante de que sus efectos combinados no se conocen, ya que se sabe cómo actúa el glifosato, pero no cómo lo hace si se combina con el herbicida 2-4-D. Lo que sí sé sabe es que este es uno de los componentes del agente naranja que usaron los norteamericanos en Vietnam y que hay muchos más pacientes con malformaciones en la  zona.

Aun así, las denuncias sobre los efectos de los agroquímicos, utilizados en la explotación de cosechas de alta rentabilidad, suelen perderse entre la polémica. A pesar de todas las denuncias hechas por los vecinos, la información recopilada en los Encuentros de Médicos de las facultades de medicina de Córdoba (2010) y de Rosario (2011), y todos los datos científicos que demuestran la toxicidad de los pesticidas, el Gobierno sigue apostando a aumentar la producción agraria con el mismo modelo. Del sector empresario, académico y gubernamental, que defienden a la agricultura química, se sigue insistiendo que no hay pruebas suficientes. Las grandes empresas nucleadas en CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) niegan que estos productos sean tóxicos, si se usan de acuerdo a las instrucciones y al “uso responsable”.

En nuestro país, no existe una ley que regule el uso de agrotóxicos, existen algunas normativas provinciales cuya aplicación no resulta del todo clara.

Montenegro recalca que la escasa visibilidad de esta problemática se debe a la ausencia de registros y la falta de monitoreo de residuos de plaguicidas, lo que no se mide parece no existir, pero existe y donde el estado nacional, los gobiernos provinciales, las empresas y los productores son responsables. El SENASA sigue autorizando tóxicos sin procedimientos independientes y sus dos organismos de control de plaguicidas, SIFFAB y SICOFHOR, no controlan o lo hacen mal. No se aplica el Principio Precautorio de la Ley Nacional de Ambiente, el cual respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente; no se trata el proyecto de ley nacional que penaliza aplicar estos venenos sobre las personas, se sigue promoviendo el aumento indiscriminado de su utilización y se sigue manifestando que el glifosato es tan inocuo como “agua con sal”.

Un hito frente a esta situación fue en Córdoba. El juicio de las Madres de Barrio Ituzaingó -realizado en 2012, el cual adquirió carácter de histórico ya que fue el primero en Argentina y Latinoamérica, donde la justicia encontró culpable a un productor agropecuario y a un fumigador por contaminación con agrotóxicos- marcó un precedente que abrió una fuerte reflexión en relación a la actual labor agraria y sus más nefastas consecuencias.

Posteriormente, en diciembre del mismo año, un grupo de ciudadanos demandó a varias empresas y al Estado argentino por el uso indiscriminado de agrotóxicos, cada vez más generalizados en el país. La Corte Suprema de Justicia analiza la demanda contra las firmas Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera y Bayer, entre otras productoras de OGM, así como  contra el Estado Nacional y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Los demandantes piden a la Corte que exhorte al Poder Ejecutivo a suspender provisionalmente el uso de OGM y agrotóxicos, hasta que se llegue a una conclusión científica sobre sus efectos para la salud y el medio ambiente. Piden además que el Congreso legisle sobre bioseguridad y condene a las firmas demandadas a reparar el ambiente y pagar las indemnizaciones oportunas. La modificación artificial del genoma de las plantas se aprobó en Argentina en 1996, y desde entonces se ha aprobado el uso de 27 semillas transgénicas, diez de ellas solo en 2013. Aún no hay novedades al respecto.

Desprotegidxs por las Leyes

En los últimos diez años, con la expansión de la frontera extractiva que exige concentración de tierras y ocupación de territorios, la criminalización se ha ampliado a las comunidades indígenas y campesinas, así como a nuevos grupos y asambleas socio-ambientales y organizaciones territoriales. En esta línea, existe una relación directa entre extractivismo, política de concentración de la tierra y deterioro de los derechos. Como consecuencia de ello, la creciente territorialización de los conflictos ha derivado tanto en el desplazamiento de comunidades originarias y campesinas como en una mayor persecución de dirigentes y militantes territoriales y ambientales, en un marco de militarización creciente y de salidas represivas.

En el 2010, se aprobó en Argentina la Ley Antiterrosita. El término “terrorista” cuenta con una larga historia en el lenguaje político, pero se ha utilizado muy especialmente a los efectos de demonizar a los opositores políticos. La sanción de leyes antiterroristas intenta producir dos efectos simultáneos: por un lado, castigar; por otro lado, intimidar, paralizar, dividir, romper lazos de solidaridad. El estrecho vínculo que existe entre la reciente reforma de la Justicia y la ya sancionada ley antiterrorista resulta evidente. La última tiene como principal objetivo mantener bajo amenaza a los militantes populares y luchadores sociales, mientras que la primera se interesa en mantener bajo amenaza a los jueces discordantes. Contradictoriamente, sus defensores sostuvieron que aprobaban la ley pero que nunca la aplicarían, cuestión absurda ya que la ley antiterrorista está en vigor y sus efectos se sienten con independencia de que un juez se decida a imponerla.

Son diversos los casos en los que las autoridades políticas o judiciales amenazaron con aplicar la ley antiterrorista. Las personas que salen a manifestar su legítimo derecho a la protesta se las sustantiva; han dejado de ser miembros de una comunidad, de un movimiento social, de un grupo comunitario: son terroristasEstos procesos de pérdida de derechos incluyen también avance y expropiación del territorio de las comunidades campesinas indígenas y de los bienes naturales. Tenemos el caso  de la extradición de los presos políticos paraguayos, que llegaron a Argentina escapando de la persecución de su gobierno, y a los tres días fueron detenidos negandóseles el refugio político, este fue un precedente e inaguración de la aplicación de la ley “anti” terrorista. Los seis militantes campesinos paraguayos, pertenecientes al movimiento Patria Libre, rechazaron las acusaciones que el gobierno paraguayo les imputaba de terroristas, bajo una falsa acusación de secuestro y asesinato de la hija del ex-presidente paraguayo Cubas. Los campesino indicaron que dicho suceso  fue un ajuste de cuentas entre distintos grupos mafiosos enquistados en el gobierno y denunciaron entre otras cosas  más de doscientos trabajadores, campesinos y militantes  asesinados en Paraguay impunemente.

Otro ejemplo, se advierten en materia de los derechos indígenas, con que el nuevo Código Civil entra en directa contradicción con lo establecido por la Constitución vigente, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El proyecto no aseguró la participación y consulta previa requeridas por la normativa vigente; incorpora el régimen de propiedad comunitaria indígena en un marco de derecho privado regido por principios que le son ajenos; otorga la titularidad del derecho sólo a las comunidades indígenas registradas como personas jurídicas, justificando así los constantes avallasamientos y violaciones a los derechos humanos de las comunidades, en pos de una frontera agropecuaria que quiere seguir expandiéndose. A lo anterior, esto hay que agregar que, en los últimos años, existe una tendencia a la tercerización de la represión a través de la utilización por ejemplo de sindicatos (la UOCRA, sobre todo), guardias blancas y sicarios contratados especialmente por latifundistas y propietarios sojeros como en el caso de Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

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