La complicidad de jueces, fiscales y abogados durante el Terrorismo de Estado
Por La Retaguardia - Monday, Mar. 09, 2015 at 7:30 PM

(Por La Retaguardia) Ese es el objetivo del libro ¿Usted también, Doctor?, en el que Juan Pablo Bohoslavsky recopila distintos artículos que dan cuenta del accionar de los distintos integrantes del Poder Judicial, que fueron cómplices del Terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar. Dialogamos con Pablo Salinas, abogado querellante en los juicios mendocinos, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), y autor del capítulo donde se desarrolla el juicio que actualmente se realiza en Mendoza contra jueces y fiscales. La charla se dio en el marco del programa radial Oral Y Público

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“Pero la venda en los ojos que la representa (a la justicia) estaba puesta en esos momentos, no para garantizar imparcialidad e independencia cuando más se necesitaban, sino para permitir las atrocidades que se estaban cometiendo. (…) Funcionarios judiciales, abogados y docentes del derecho también fueron actores fundamentales en aquel contexto autoritario, ya fuera a través del apoyo directo a los mandos militares, participando en torturas o elaborando  leyes que daban cobertura legal a prácticas genocidas,  o del apoyo indirecto, al dejar a un lado su deber de investigar y archivar las denuncias de las víctimas o de sus familiares. Es cierto que el régimen se valió de ellos para legitimarse interior y exteriormente y, a cambio, ellos se erigieron como valedores de la moralidad nacional y, amparados en un ideario conservador y elitista, mantuvieron la ficción de un Poder Judicial independiente, interpretando el derecho no en función de los acontecimientos, sino en la línea del control social impuesto por las Juntas Militares. Fueron, en definitiva, cómplices y complacientes”, dice el juez y magistrado español Baltazar Garzón en el prólogo del libro ¿Usted también, Doctor?

El hilo conductor del libro es la complicidad de jueces, fiscales y abogados con la última dictadura. Al respecto, Pablo Salinas detalló: “tiene prólogo de Baltazar Garzón, con un trabajo impecable de Juan Pablo Bohoslavsky, con gente muy seria del Cels como Andrea Pochak, distintos referentes en la investigación jurídica y en el campo del derecho que sin duda están desarrollando su trabajo también en el ámbito de la acción”.
Salinas escribió el capítulo 10 “Juicio a los jueces y fiscales de Mendoza”, de la sección “Casuística de la Complicidad Judicial en la Argentina” del libro. En diálogo con Oral y Público, el abogado destacó el trabajo de recopilación desarrollado por Juan Pablo Bohoslavsky: “es una persona muy puntillosa y cuidadosa, leyó todos y cada uno de los capítulos y fue corrigiendo, y volvimos a corregir, y volvimos a enviar, y me parece que esta es una tarea que hay que resaltar y que requiere de una enorme responsabilidad por parte de Juan Pablo, y creo también que le va a dar una fuerza enorme al libro, porque cada capítulo está revisado y corregido hasta un punto y una coma, y tiene además imágenes ilustrativas del juicio en Mendoza, que creo que es un juicio que va a quedar en la historia de Argentina; no estoy exagerando porque la foto de todo el aparato judicial sentado en el banquillo cuando comenzó el año pasado el juicio es impresionante”.
Al ser consultado acerca de lo que significó para él escribir el capítulo sobre la experiencia mendocina, el representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos aseveró: “la responsabilidad por un lado de tratar de transmitir la importancia de que se enjuicie a todo el aparato judicial, y la importancia de transmitir esos pequeños aportes mendocinos que pueden ayudar a que en el resto del país también se avance en ese sentido. Sin dudas se está avanzando en ir hacia la complicidad civil, y también por eso me parece que ha recrudecido en este último tiempo todo tipo de operaciones a nivel nacional, porque hay mucho temor por el avance de la justicia hacia la complicidad civil. Además, la importancia que tiene que (Otilio) Romano haya sido extraditado desde Chile. Es decir, la Corte Suprema del vecino país lo extraditó para ser juzgado en Argentina; además el caso Romano es un leading case a nivel internacional hoy, y es un caso que va a ser citado en la jurisprudencia internacional a futuro porque es un acusado civil, ex magistrado, acusado de complicidad con el Terrorismo de Estado que pidió ser un refugiado político y no se le otorgó, que pidió no ser extraditado y no se le otorgó, incluso con el fallo del tribunal superior de Chile. Esto es muy importante porque sienta un precedente para que algún futuro acusado de crímenes contra la humanidad no pueda ampararse en el refugio político”.

El enjuiciamiento de la pata judicial

“Al menos ciento veintinueve funcionarios judiciales han sido vinculados a alguna práctica terrorista del régimen autoritario, lo que representaría el 30% de la composición actual del fuero criminal y correccional de la justicia federal. Noventa de ellos han sido denunciados penalmente, cincuenta y tres están formalmente imputados. Pero hasta el momento, sólo se ha registrado una condena en firme”, señala Baltazar Garzón, en otro fragmento del prólogo.

La condena firme al que hace referente el juez español le corresponde a Víctor Brusa, ex juez federal de Santa Fe. En tanto, desde hace poco más de un año, se está realizando en Mendoza el juicio en el que juzga a más de 30 imputados, entre los que se encuentran ex jueces y fiscales como Otilio Romano, Luis Miret y Guillermo Petra, Rolando Carrizo y Gabriel Guzzo. Pablo Salinas es uno de los abogados querellantes.
“Romano y Miret habían sido designados en su momento por Videla –explicó Salinas a Oral y Público–, y cuando se recuperó la democracia continuaron ejerciendo la magistratura y ocupando los más altos cargos en la provincia de Mendoza, obstaculizando a través de la Cámara Federal que se pudieran producir los juicios en Cuyo, y especialmente en Mendoza. Hay que tener en cuenta que el primer juicio que se produce en la zona de Cuyo es en San Luis, el segundo en San Rafael, y recién cuando se logra destituir a Romano, Miret y compañía es que se puede lleva adelante el primer juicio en la ciudad de Mendoza donde resultaron condenados los asesinados del poeta Paco Urondo. Romano y Miret fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura en un proceso con todas las formas en el que se determinó que no tenían aptitudes como para seguir ejerciendo la magistratura”.
En este sentido, el letrado destacó que el aporte que se realiza desde Mendoza es que, luego de ser la provincia más atrasada, amplió la investigación a la pata judicial: “no en la figura de un solo juez como se había dado en el resto del país, sino de todo el aparato que omitió investigar y de esta manera encubrió el accionar de la fuerza de seguridad cometiéndose en quien cerró la puerta, en quien permitió que los jóvenes militantes quedaran encerrados en el cuarto oscuro de la desaparición, la tortura y la muerte. El juicio sigue avanzando, ya tenemos un año de audiencias. Es un juicio realmente durísimo, yo he estado en todos los juicios en Cuyo y la verdad que cada vez me cuesta más, contrario a lo que podría pensarse, escuchar los testimonios tremendos de las atrocidades que ocurrieron en el D2, esta desvergüenza de quienes ejercían la magistratura y lo hacían encubriendo todo esto a cambio de luego ser ascendidos, porque esta era la recompensa según dice la propia resolución judicial de procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio. La recompensa es lo que dijo Miret cuando declaró, afirmó que él tocó el cielo con las manos cuando Videla lo nombró camarista”.

La experiencia de Mendoza en el juzgamiento a jueces y fiscales por su complicidad con el Terrorismo de Estado es una de las que se desarrollan en el libro ¿Usted también, Doctor? Juan Pablo Bohoslavsky también recopiló artículos que abordan el derecho durante el Terrorismo de Estado y las ideas jurídicas de los profesores de derecho y juristas de la época; las tipologías concretas de complicidad judicial en el país; la manera en que funcionó el circuito institucional de secuestro, apropiación, guarda y adopción ilegal de hijos de desaparecidos, destacando el rol que asumieron los jueces y los secretarios de los juzgados de menores. En relación a los abogados, hay varios textos que debaten a partir de los distintos roles que tuvieron durante la dictadura, ya sea como cómplices del plan político y criminal, como blancos de la represión a partir de su defensa de los derechos humanos y también de presos políticos desde comienzos de los años setenta hasta el retorno de la democracia. Varios capítulos refieren a su vez a la conducta de la Corte Suprema. La última sección, en tanto, problematiza desde distintos ángulos el juzgamiento actual de los cómplices judiciales.